El aplazamiento del Censo Agropecuario es injustificado e inconveniente. Sin información confiable las políticas agrarias se seguirán basando en mitos o en intereses mezquinos que impiden aprovechar ese inmenso potencial de desarrollo.
Absalón Machado C.*
Cuentas pendientes
Llevar a cabo el censo agropecuario es un asunto de alta prioridad.
Existen muchos argumentos para reclamar el censo y ponerlo en el centro de la agenda pública, destinarle los recursos que requiere y emprender su ejecución lo antes posible. Las razones técnicas, administrativas, financieras o políticas para no realizar el censo o para aplazarlo son injustificadas. Colombia necesita información básica para tomar decisiones sobre la reconfiguración de una estructura agraria que clama su adecuación a las exigencias de un desarrollo que beneficie a toda la sociedad.
Llevar a cabo el censo agropecuario es un asunto de alta prioridad.
El censo agropecuario se ha venido aplazando a los largo de 42 años, unas veces por razones financieras, otras por motivos administrativos y, quizás la más importante, por una oculta razón política: la estructura de la tenencia de la tierra se convirtió en un inamovible de la política pública desde el Pacto de Chicoral en 1972 -podría decirse que desde antes- y todos los intentos redistributivos de la propiedad han fracaso por la oposición de las elites rurales y su entronque con la política.
En estas circunstancias el Estado se dedicó a diseñar políticas sin información básica sobre el mundo rural, abandonando la planeación y la definición de estrategias con fundamentos ciertos, y optando en su lugar por la casuística.
Argumento inaceptable
|
Foto: SIG |
Suspender el censo agropecuario con el argumento de que coincidiría con las elecciones presidenciales y parlamentarias es muy mal precedente. Estaría indicando que el DANE no tiene la independencia ni la capacidad administrativa y técnica suficientes para llevar a cabo estos procesos. Sería un golpe a la credibilidad de la agencia estadística, un golpe aun menos admisible para una entidad con tanta experiencia acumulada en levantar encuestas de muy diverso tipo, incluso en zonas y épocas de conflicto.
No hay razón para suspender el censo con el argumento peregrino de que los empadronadores pueden ser influidos por políticos, pues su labor es recoger datos y entregarlos, y se supone que la entidad tiene todos los controles y la supervisión necesarios para que no los distorsionen. ¿Cuándo se han suspendido la Encuesta de Hogares, el Censo de Población, la Encuesta de Calidad de vida, o la Manufacturera, porque haya eventos políticos de orden nacional o regional?
El censo agropecuario tiene una mayor envergadura y se realiza en un contexto rural nada fácil, pero no cabe usar el argumento de las elecciones para aplazar su realización. Como tampoco los eventos electorales pueden ser un argumento para suspender o aplazar las conversaciones de paz de la Habana.
Por qué el censo
Hace más de cuatro décadas no tenemos información básica sobre el sector rural.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no maneja datos ciertos sobre producción y uso de la tierra. Se limita a procesar la información que se recoge a través de las Secretarías de Agricultura o las UMATAS (Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria). No hay control sobre la calidad de los datos y muchas veces está supeditado a informes o estimativos interesados de los gremios, o de los vendedores de insumos y semillas.
Suspender el censo agropecuario con el argumento de que coincidiría con las elecciones presidenciales y parlamentarias es muy mal precedente
Un sector sin información es objeto de burlas de la política macroeconómica que le asigna recursos sin criterios y por sustracción de materia. Y el Ministerio de Agricultura no tiene como defender el sector en la asignación del gasto público, pues carece de información que le permita mostrar su importancia, y el tipo de dificultades que lo aquejan.
Sin el censo agropecuario no se pueden adelantar las políticas serias que, en un país tan diverso como Colombia, tendrían que partir de las diferencias regionales en vez de optar por la vía más fácil: uniformar los instrumentos y las estrategias.
El censo sería la fuente sólida de informaciones cruciales para entender y transformar el campo:
· Permitirá conocer cuál es la verdadera estructura agraria del país, aclararía quiénes son los propietarios y cuánta tierra tienen.
· Brindará información sobre los usos de la tierra y los sistemas productivos.
· Permitirá saber qué tan extensiva es la ganadería y dónde se ubica.
· Dará información sobre la formalidad e informalidad de los derechos de propiedad.
· Permitirá cuantificar y ubicar las tierras baldías y su estado.
· Servirá para conocer los ingresos que reciben los diferentes tipos de propietarios, el tipo de latifundios existentes y las diferencias regionales de la estructura agraria.
· Dará información sobre el grado de suministro de asistencia técnica y de crédito, el uso de maquinaria, la cantidad y calidad de los empleos que genera, los nexos con otras actividades productivas, las vinculaciones con el mercado, y otros datos relevantes.
El censo es la mejor herramienta para recuperar la planificación que se ha perdido en el sector, para reorientar las políticas públicas y diseñarlas de acuerdo con la realidad.
El censo es la mejor herramienta para recuperar la planificación que se ha perdido en el sector, para reorientar las políticas públicas y diseñarlas de acuerdo con la realidad.
Claro que el censo no lo es todo, y no puede incluir todos los datos que quisiéramos. Por eso debe complementarse con muestras especializadas para profundizar sobre temas relevantes de una manera sistemática y continúa. También debería existir una “misión” o un grupo de especialistas que aproveche la información y suministre al Estado insumos analíticos para tomar decisiones.
La propiedad de la tierra
|
Foto: Federación Colombiana de Municipios |
Uno de los hechos más importantes que habrá de confirmar o negar el censo es si conservamos una estructura de tenencia de la tierra del tipo latifundio-minifundio, o si el mito del latifundio quedó atrás.
Las cifras del Atlas de la Propiedad Rural del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para 2012 dan un panorama inicial e indican que la estructura actual es en promedio de tipo multimodal y no latifundista, o sea donde la gran propiedad controla más del 50 por ciento de la tierra.
La conclusión se basa en la clasificación del IGAC, que considera la pequeña propiedad como aquella que tiene menos de 50 hectáreas, la mediana entre 50 y 200 hectáreas y la grande con más de 200 hectáreas. La gran propiedad tendría entonces el 43,9 por ciento de la tierra (en manos del 1,6 por ciento de los propietarios), la mediana el 38,5 por ciento (con 13,4 por ciento de propietarios) y la pequeña el 17,6 por ciento (con el 85 por ciento de los propietarios) [1].
En la clasificación por tamaños la gran propiedad está sobre-representada pues muchos predios que parecen grandes son en realidad pequeños si se convierten en UAF (Unidades Agrícolas Familiares), es decir en su capacidad de generar ingresos con los sistemas tecnológicos actuales. Una explotación en la Orinoquia, o en la altillanura de 1.000 hectáreas puede ser pequeña – o si acaso mediana- porque la calidad de la tierra es baja y sus conexiones con los mercados son precarias.
Si se convierten los tamaños de los predios a UAF usando información del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), se llega a resultados sorprendentes: las grandes propiedades solo tendrían el 30,4 por ciento de la tierra, las medianas el 29,4 por ciento y las pequeñas tendrían casi el 40 por ciento. Una estructura que definitivamente no puede tildarse de latifundista, sino multimodal, donde el espacio rural se comparte entre los tres tamaños.
Sigue siendo claro que pocos propietarios tienen mucha tierra, y el índice de Gini aumentó de 0,85 en el año 2000 a 0,87 en el 2011.
Pero esa multimodalidad no significa que no exista concentración de la propiedad, o latifundios en la geografía nacional. Sigue siendo claro que pocos propietarios tienen mucha tierra, y el índice de Gini aumentó de 0,85 en el año 2000 a 0,87 en el 2011. Ello marca una desigualdad en el acceso a la tierra aberrante para un país con los desequilibrios y conflictos de Colombia.
Según los tamaños que usa el IGAC el 85 por ciento de los predios privados están en manos del 15 por ciento de los propietarios. El latifundio es básicamente ganadero y agroindustrial. El primero hace muy mal uso de la tierra, usa poca tecnología, y no genera casi empleo; el otro explota la tierra intensamente, tampoco genera mucho empleo, y entre uno y otro existen círculos de uso de la tierra como factor especulativo y de poder.
El censo nos aclarará este tipo de situaciones y procesos y situaciones para que no sigamos haciendo y escuchando discursos sin fundamentos.
El censo y las políticas públicas
El censo entonces nos pondría en condiciones de acabar con los mitos que venimos arrastrando desde el siglo XIX y repensar, con cifras, las políticas de tierras.
Un punto de especial interés es caracterizar de manera adecuada la estructura agraria. Los datos de tamaño de los predios y números de propietarios deberían combinarse con información sobre el uso del suelo, los sistemas productivos y sus relaciones con los mercados, además de las relaciones de poder que se derivan de la tierra y de sus nexos con el Estado, la política y el conflicto. Esto refuerza la sugerencia de que el DANE constituya un grupo para el análisis de la información estadística que agregue los otros componentes de la estructura agraria y asesore al Estado en el mejor diseño de las políticas de tierras y reforma agraria.
Semejante información sería crucial en esta coyuntura de posibles acuerdos de paz y de una fase de postconflicto, donde el Estado tendrá que rediseñar todos sus instrumentos y estrategias hacia el campo.
[1] Esta nueva información controvierte la que usó el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, Colombia rural, razones para la esperanza. El Informe tomó los datos del Proyecto de Protección de Tierras de Acción Social, el cual mostraba que la propiedad grande tenía el 51% de la tierra. En esa información había cálculos equivocados que sobre-representaban la gran propiedad.
* Consultor en temas de desarrollo rural.
