El caso Snowden: crisis diplomática, delito político y reglas de inmunidad - Razón Pública
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El caso Snowden: crisis diplomática, delito político y reglas de inmunidad

Escrito por Walter Arévalo

Walter Arevalo RazonPublicaUn episodio tragicómico revela la fragilidad de los compromisos internacionales más básicos — como la inmunidad de los jefes de Estado y el derecho de asilo político — cuando las complicidades ideológicas se mezclan con la lambonería. 

Walter Arévalo*

Walter Arevalo Caso Snowden escándalo Evo Morales espacio aéreo europa

Foto: Zennie Abraham

 

Del delito común al delito político

Los efectos diplomáticos del  “caso Snowden” ya involucran a naciones de cuatro continentes. Frente al exceso de información de prensa y de opiniones al respecto, se necesita una mirada racional — alejada tanto de los nostálgicos de la guerra fría y sus espías heroicos como del activismo light de moda en estos días—; una mirada que explore las zonas grises de las relaciones internacionales y del derecho internacional.

Dejando de lado el grado de validez y la gravedad de las denuncias hechas por Snowden — y los efectos que los programas de vigilancia a gran escala puedan tener sobre las libertades civiles y políticas — es importante examinar el escenario legal donde se desenvuelve este debate, que ha puesto en una encrucijada a gobiernos que encarnan opciones ideológicas distintas o abiertamente opuestas.

Desde el punto de vista de Estados Unidos, la conducta de Snowden ha violado sin duda su legislación interna, ha sido tipificada con antelación y está por tanto sujeta a persecución legal de las autoridades estatales en el marco del debido proceso.

No se trata estrictamente de espionaje, como ha dicho la prensa internacional: a Snowden se le acusa de conductas tipificadas desde la Primera Guerra Mundial en el United States Code — la compilación más completa de normas federales — como delitos contra la administración, bajo tres cargos precisos, de acuerdo con las secciones 641, 793b y 798:

· robo de propiedad del Estado;

· exposición y comunicación sin autorización de información confidencial;

· transmisión de información clasificada a persona no autorizada. 

Estos tipos penales podrían corresponder a otras acciones punibles de un empleado gubernamental: por ejemplo, robar bienes de una oficina del Estado — como papelería o una impresora — o divulgar, sin permiso, los planes de la Reserva Federal para controlar los flujos macroeconómicos, que solo deben conocer algunos funcionarios para evitar la especulación financiera.

Pero la calificación de las acciones de Snowden se politizó un poco más cuando el ente acusador ante la Corte Suprema norteamericana se basó en estipulaciones del Espionage Act (de 1917) y del Sedition Act (de 1918), leyes que buscaban castigar la traición y la colaboración con el enemigo.

De manera que Estados Unidos y los países inclinados a otorgar asilo a Snowden se enfrentan con un dilema recurrente: clasificar un delito como político o común.

Independientemente del efecto político devastador de las revelaciones de Snowden y del juicio político, que desde ya lo considera como un traidor, para Estados Unidos esos actos son delitos esencialmente comunes, consagrados previamente en la legislación y que el Estado debe perseguir, eso sí, respetando las garantías procesales del acusado.

Si se trata de delitos comunes, esto implicaría — desde la óptica norteamericana — que todos los países con los que Estados Unidos sostiene relaciones diplomáticas estarían por lo menos llamados a no torpedear su captura.

Pero Snowden no es un simple ladrón: en el peor de los casos — o en el mejor — se trata de un activista de derechos humanos. Calificar sus actos como delitos políticos e identificar su causa como la de un perseguido político es la clave para sustentar su demanda de asilo… pero también la clave de la crisis diplomática que ha suscitado.

Papa caliente y alineación ideológica

 

 

Walter Arevalo Caso Snowden Edward Snowden ex-analista NSA  interceptaciones PRISM

Foto: Mike Herbst
 

Países que han manifestado algún interés en darle asilo a Snowden  — y en algunos casos se han retractado posteriormente — como Rusia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua o Bolivia, partirían de considerar los actos del contratista como delitos políticos, como la clásica rebelión o la asonada, donde se pone de manifiesto un enfrentamiento entre el perpetrador y su Estado, que decide perseguirlo, dejando en un segundo plano la ilegalidad de sus acciones.

Calificar tales actos como políticos da paso a considerar su condición como la de un perseguido político y merecedor del asilo como un derecho, de acuerdo con el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Si bien esta calificación es una potestad del Estado que brinda el asilo — y el asilo es en sí mismo un derecho humano — es claro que el otorgarlo suele poner en evidencia un distanciamiento con respecto a las políticas del otro Estado, al que el país que concede el asilo califica como perseguidor: la semilla de una abierta disputa diplomática.

Esta alineación ideológica explica por qué los países del ALBA son los principales involucrados en ofrecer el asilo, de una parte. Y de otra, por qué España, Francia, Italia y Portugal, entre otros, han realizado actos encaminados a facilitar la extradición de Snowden a Estados Unidos.

Desafortunadamente, en este punto el derecho de asilo pierde su condición de mecanismo de protección de derechos y pasa a la categoría de instrumento utilizado algunas veces como arma de confrontación ideológica por ciertos países.

Lo anterior explica por qué Snowden se convirtió en una verdadera papa caliente: quien acabe por brindarle asilo, manifestará abiertamente una diferencia ideológica con Estados Unidos.

Como siempre en el ámbito de las relaciones internacionales, el país que decida otorgar el asilo político deberá calibrar cuidadosamente los costos políticos de su decisión, tal como ya lo hizo Ecuador, al “engatillar” y “paralizar” lo que parecía una segura concesión del asilo, tras la visita del embajador ecuatoriano al Aeropuerto de Sheremetievo, en Moscú.

Inmunidad de segunda

 

 

Walter Arevalo Caso Snowden asilo político respaldo Edward Snowden

Foto: OEA – OAS 
 

El juego ideológico en torno al asilo político alimentó — y alimenta aun hoy — las sospechas sobre ciertos países — como los del ALBA —.

De tales conjeturas fue víctima el presidente Evo Morales: su viaje de retorno desde una ubicación cercana al paradero de Snowden, sumado a su constante discurso en contra de Estados Unidos, explica la humillante situación que ningún presidente debería vivir y que ha provocado una innecesaria crisis diplomática entre países latinoamericanos y europeos.

Mediante decisiones apresuradas y temerarias, autoridades de Francia, España, Portugal e Italia cancelaron simultáneamente los permisos de sobrevuelo del avión presidencial boliviano, bajo la sospecha de que Snowden volaba en la nave, que llevaría eventualmente a un destino donde se le concedería el asilo político a quien consideran un delincuente requerido por Estados Unidos, en virtud de tratados de extradición vigentes.

Ante todo, la medida fue desmesurada e innecesaria: en caso de que el avión efectivamente llevará a Snowden, las autoridades europeas no habrían tenido ningún tipo de responsabilidad, precisamente debido a la inmunidad soberana que protege a la persona y a los bienes de un jefe de Estado y que les impedía registrar el avión… aun queriendo.

En lugar de apegarse estrictamente a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas — que literalmente los facultaba para mirar para otro lado — optaron por una medida que puso en riesgo a un jefe de Estado y que se basó en información no confirmada, cuyo origen aparentemente fue una fuente suiza.

Incluso, en caso de haber llevado a Snowden, la medida de restricción también hubiese sido ilegitima:

i. en virtud de la facultad de asilo en cabeza de cada país, el transporte del asilado por parte del presidente hubiese sido legal;

ii. en virtud de la inmunidad soberana del presidente y de la inviolabilidad del avión presidencial, que impide su allanamiento, no se hubiese podido evitar tal traslado mediante una búsqueda no autorizada.

Pero además, los países europeos no tenían nada que ganar con la medida de restricción. Por el contrario, el hecho ha alimentado innecesarias pugnas políticas entre ambos hemisferios, que han alertado a organizaciones como la OEA, la UNASUR y la ONU y que por lo general acaban por perjudicar a los nacionales de los países involucrados, al cerrarse embajadas y servicios consulares.

La reciente declaración de Cochabamba será una fuente de futuras discordias: la exigencia de una disculpa explícita por parte de las naciones suramericanas y la subsecuente renuencia europea, como ya ocurrió con España.

En medio de tanta torpeza y sapería, conviene resaltar el tratamiento magistral dado a la crisis por Heinz Fischer, presidente federal de Austria: sin tomar parte en el affaire Snowden, asistió a su homólogo boliviano durante las tediosas y tensas trece horas que tuvo que esperar en el aeropuerto de Viena. …Y según fuentes europeas — aunque Bolivia lo niegue — facilitó una respetuosa inspección (solo legal mediante autorización del presidente boliviano) encaminada a confirmar la ausencia de Snowden, lo que explica por qué finalmente el gobierno español otorgó el permiso de sobrevuelo y autorizó la escala técnica en las Islas Canarias.

La crisis diplomática entre algunos países de Latinoamérica y otros de Europa, y la tensión entre Estados Unidos y los posibles países que siquiera consideren o concedan el asilo de hecho constituyen el único resultado que ha dejado el caso Snowden, por ahora.

Algo parecido ocurrió con el caso Assange–Wikileaks: pocos cambios concretos se han derivado de las monumentales revelaciones. Fundamentalmente ha consistido en un vitrinazo a escala global para un pseudohéroe de la libertad de prensa y para el presidente ecuatoriano que jura protegerla en el extranjero, pero que suele ponerla en jaque en  su propia casa.

En fin, estos casos — en lugar de reivindicar la libertad de expresión — parecen confirmar que las pugnas ideológicas siguen primando sobre los compromisos internacionales más básicos, como la inmunidad estatal o el derecho de asilo político.

* Abogado, politólogo especializado en Derecho Constitucional, profesor de Análisis Político Internacional – Derecho Internacional, miembro del Grupo de Investigación de Derecho Internacional de las facultades de Jurisprudencia y de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario;  walterarevalo.com

twitter1-1@walterarevalo

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