Explicación resumida del acuerdo entre Inglaterra y la Unión Europea que el parlamento debe aprobar o negar en pocos días, de las profundas divisiones que causa, y de las preguntas todavía más hondas que este proceso plantea para el mundo.
Ildikó Szegedy-Maszák*
Un adiós anunciado
En el Reino Unido se ha discutido la conveniencia de pertenecer a la Unión Europea (UE) desde que este país ingresó a su predecesora, la Comunidad Económica Europea (CEU). Después del referendo de 1975 donde ganaron los pro-europeístas, el debate renació con fuerza en 2013 bajo el gobierno conservador de David Cameron.
En junio de 2016 un segundo referendo decidió la salida de la Unión Europea con casi un 52 por ciento de los votos, provenientes sobre todo de los descontentos por la crisis económica y envenenados por un discurso anti-inmigrantes. La división regional de Gran Bretaña se hizo entonces evidentes: mientras en Inglaterra y Gales ganó el Brexit, Escocia, Irlanda del Norte y Gibraltar votaron por la permanencia.
El nuevo gobierno conservador, bajo el liderazgo de la primera ministra Theresa May, comunicó oficialmente su intención de aplicar el artículo 50 y abandonar la Unión Europea en marzo de 2017. El brexit (british exit o salida del Reino Unido) entraría entonces en vigencia el 29 de marzo de 2019, con o sin acuerdo.
Si hay pacto de salida, este día comenzará un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2020 con pocos cambios en las relaciones para facilitar las negociaciones en temas comerciales. Si no hay pacto, se pronostica una ruptura caótica entre las partes.
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Un acuerdo complicado
 Theresa May Foto: Wikipedia |
Después de 524 días de arduas negociaciones, el 25 de noviembre pasado Theresa May y los 27 jefes de Estado y gobierno de la Unión Europea acordaron a última hora el texto de las 585 páginas del Acuerdo de Salida y una declaración política de 26 páginas. Sin embargo, el parlamento británico debe aprobar o rechazar este pacto.
La frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda —país que por supuesto seguirá perteneciendo a la UE— fue sin duda el tema más espinoso del Acuerdo. El núcleo de la solución fue el llamado backstop, consistente en que todo el Reino Unido seguiría siendo parte de la unión aduanera pero no de las normas restantes de la UE, una fórmula que solo tendría vigencia si las futuras negociaciones entre las dos Irlandas no lograran evitar una “frontera dura” entre ellas. Pero al seguir siendo parte de la unión aduanera, el Reino Unido no podría negociar acuerdos comerciales con terceros países que impliquen la exportación o importación de mercancías.
Los 524 días de discusiones entre Londres y Bruselas dejaran a un país más dividido de lo que había estado antes del referendo.
Otro asunto muy discutido fueron las deudas o compensaciones del Reino Unido a la UE. Esta cifra se estimó inicialmente en la suma exagerada de 100 billones de libras. El Acuerdo finalmente estableció un valor aproximado de 39 billones de libras para cubrir la contribución de Gran Bretaña al presupuesto de la UE hasta 2020 y otros compromisos pendientes.
Como tercer punto importante del acuerdo, el Reino Unido tendrá que ampliar hasta 2022 el periodo de “gracia” para garantizar la libertad de movimiento a los ciudadanos de la UE. Esta cláusula mortifica especialmente al gobierno conservador de Theresa May.
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El Reino Unido inició las negociaciones con la intención decidida de lograr una “declaración política” que fuera la antesala de un nuevo acuerdo comercial con la UE. Pero el texto acordado con Bruselas no ofrece planes concretos sobre el particular.
Además, el acuerdo establece algo muy poco favorable para el Reino Unido en relación con los servicios financieros. En vez de “pasaportes” que les permitan operar en todos los países de la UE, los banqueros y los comerciantes tendrán que depender de “evaluaciones de equivalencia”, un tratamiento idéntico al que reciben los de cualquier país que no sea miembro de la Unión.
Otra desventaja para el Reino Unido sería recibir cooperación, pero no pertenecer a la Agencia de Policía Europea (Europol) y a la Agencia de Cooperación Judicial (Eurojust).
Un Reino desunido
Los 524 días de discusiones entre Londres y Bruselas dejaran a un país más dividido de lo que había estado antes del referendo. Theresa May tiene serias dificultades para lograr la aprobación de un acuerdo con tantas concesiones, en un parlamento donde tanto los partidarios de un brexit “duro” como los partidarios de no salir de la UE se oponen a ese acuerdo.
Jeremy Corbyn, el líder de la oposición laborista, calificó el acuerdo como “muy malo para el país”, y sugirió seguir negociando “un plan b”. Los diputados del DUP (Partido Unionista Democrático), de cuyo apoyo depende el gobierno de minoría de May, e incluso más de 90 conservadores han dicho que votarán en contra. May está en campaña por todo el Reino Unido para presionar a los parlamentarios, cuya votación definitiva tendrá lugar el próximo 11 de diciembre.
Tampoco favorece a May el estudio publicado a finales de noviembre por el reputado think-tank National Institute of Economic and Social Research. Según el NIESR, el Acuerdo negociado con Bruselas implicaría una caída de 46 por ciento en el comercio entre el Reino Unido y la UE y una reducción de 21 por ciento en la inversión extranjera directa.
Además, para 2030 se pronostica que el PIB del Reino Unido se reduciría en un cuatro por ciento, algo equivalente al producto total que se origina en Londres o en todo el territorio de Gales. Esta pérdida provendría sobre todo de los impedimentos al comercio de servicios.
El estudio de NIESR fue encargado por People´s Vote, un movimiento ciudadano partidario de seguir en la UE que ahora está tratando de impulsar un segundo referendo. Eso explica su fecha de publicación, cuando el parlamento británico está más dividido que nunca sobre el brexit.
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Qué sigue ahora
 Unión Europea Foto: Flickr |
Aparentemente, si el parlamento rechaza el Acuerdo de Salida, la única alternativa para el Reino Unido sería retrasar la fecha de salida y tratar de renegociar el acuerdo.
Por otra parte, los jueces europeos están considerando un recurso de emergencia presentado por un grupo de parlamentarios de Escocia e Inglaterra sobre si el Reino Unido podría desistir del brexit de manera unilateral.
En caso de rechazo del Acuerdo, lo más probable es la renuncia de May y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias.
Pero el gobierno de Theresa May se opone a cualquier renegociación y rechaza de manera categórica la idea de un nuevo referendo o de convocar a nuevas elecciones. Por eso su único argumento es amenazar con las consecuencias fatales de una salida abrupta de la Unión Europea. Y esta actitud es muy poco constructiva en medio de una situación tan delicada.
Las preguntas de fondo
- ¿Por qué llegó el gobierno de Theresa May a este callejón sin salida?
- ¿Legalmente se puede salir de la Unión Europea pero económica y políticamente es imposible?
- ¿Se puede resolver la contradicción entre mantener la soberanía legislativa o regulatoria (que es el objetivo del brexit) y obtener las ganancias económicas del mercado común?
- ¿Está sobrevalorada la soberanía regulatoria?
- ¿Cuál es la influencia real del sistema político sobre la economía?
- ¿Es una ilusión la soberanía legislativa sobre la base tradicional del Estado- nación?
- ¿Es mejor un sistema multinacional de regulación?
- Y la más dolorosa de todas: ¿es el brexit la manifestación de una crisis generalizada de las instituciones políticas de las sociedades contemporáneas?
A partir de este martes cuatro de diciembre, el parlamento británico debatirá durante cinco días el Acuerdo de Salida. ¿Cuántas de estas preguntas serán discutidas? Probablemente muy pocas. Más bien se buscará una solución pragmática para mantener la continuidad del orden político actual.
En caso de rechazo del Acuerdo, lo más probable es la renuncia de May y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias, donde el partido conservador tiene pocas posibilidades de ganar. ¿Sería ese el fin del brexit? No necesariamente, pero significaría prolongar la incertidumbre política y económica actual.
Sin embargo, ¿qué pasa con las preguntas de fondo en toda esta situación? Un día deben ser confrontadas, antes de que sea demasiado tarde. Y todo esto pasa en una de las democracias más sólidas del mundo.
*Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, abogada de la Universidad ELTE Budapest, LLM de la London School of Economics and Political Science, doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas del Externado de Colombia, profesora del Instituto de Economía Mundial de la Universidad Corvinus Budapest y profesora visitante de Universidad Pontificia Comillas ICADE-ICAI y University of Cincinnati Law School. Cónsul honoraria de Hungría.
ildiko@javeriana.edu.co
