El acuerdo sobre participación política: ¿cómo será el proceso de apertura democrática? - Razón Pública
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El acuerdo sobre participación política: ¿cómo será el proceso de apertura democrática?

Escrito por Miguel Antonio Galvis

Las delegaciones de Paz del gobierno Nacional y las Farc.

Miguel Antonio GalvisCuando se acerca el fin de la guerra, es útil recordar en qué consisten las garantías y  reformas políticas que convinieron el gobierno y las FARC. Aunque los alarmistas digan otra cosa, sencillamente se trata de robustecer la democracia colombiana.

Miguel Antonio Galvis*

Grupos armados y participación política

La firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto pondrá fin a 52 años de lucha insurgente, y desde ese momento las FARC deberán aceptar y acatar el régimen político, económico y social que establece la Constitución de Colombia.

Una vez desarmados, los exguerrilleros aspiran a mantener su cohesión para convertirse en un movimiento político que buscará respaldo electoral mediante la argumentación y la deliberación democráticas. Que los alzados en armas hayan decidido cambiar el uso de la violencia por la participación política es sin duda la mayor ganancia que ha tenido el país en décadas, en especial para las víctimas.

La participación política de actores armados al margen de la ley no es extraña para los colombianos. Hace apenas unos años, más del 30 por ciento de los congresistas llegaron a representar intereses de los grupos paramilitares, como se pudo comprobar una vez que la Corte Suprema condenó a más de 90 ellos por sus vínculos con esas organizaciones criminales.

Los llamados “parapolíticos” fueron elegidos con el apoyo financiero y militar (constreñimiento a los electores) de los grupos paramilitares. Todos los parapolíticos, en las elecciones presidenciales de 2002, sospechosamente coincidieron en apoyar al hoy senador Álvaro Uribe, lo cual implica que los aparatos armados de estos delincuentes participaron también en la elección presidencial.

El proceso de incorporación a la política de los desmovilizados de las FARC es diferente, pues se trata de un movimiento que emergerá tras la desaparición de esa guerrilla y no de la cooptación ilegal de los partidos políticos y de buena parte de las instituciones. Hoy se dejan primero las armas y luego se participa en política, con unos acuerdos públicos que serán analizados por todos los colombianos y refrendados por el pueblo soberano.

La reforma política que viene

El Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

El Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Congreso de la República de Colombia

Para lograr el propósito de la paz, en el borrador conjunto sobre el punto 2 de la agenda de La Habana se acordaron algunas reformas legales para lograr “una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política”.

Las principales medidas y reformas convenidas son las siguientes:

Garantías para la oposición política. Lo primero que el Estado colombiano (no solo este gobierno) debe garantizarles a quienes dejan las armas es que no va sucederles lo mismo que a los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica. Para esto deben brindarse garantías de seguridad a quienes participen en la actividad política, así como a los dirigentes sociales.

Las FARC deberán aceptar y acatar el régimen político, económico y social que establece la Constitución.

También deben crearse espacios para el diálogo social y la solución de las demandas de las organizaciones sociales.

En este punto y de manera específica el gobierno se compromete a cumplir el artículo 112 de la Constitución que exige consensuar y llevar al Congreso el Estatuto de la Oposición, el cual debe incluir garantías para las minorías (étnicas y políticas) y para quienes se declaren independientes.

Mecanismos democráticos de participación ciudadana. Se pactó establecer un conjunto de garantías para las organizaciones y los movimientos sociales, así como para la movilización y la protesta social.

Esto implica reformar los mecanismos de participación ciudadana para hacerlos aplicables, puesto que después de 25 años de vigencia de la Constitución no se ha podido revocar el mandato de ningún alcalde, no se han podido tramitar iniciativas de carácter normativo, no se ha logrado ejercer el referendo o el plebiscito y se ha debilitado la consulta popular. Esto ha creado una estrecha relación entre “democracia participativa y protesta social”.

También se propone democratizar y crear medios de comunicación para los nuevos movimientos políticos y las organizaciones sociales en el plano local, en el regional y en el nacional.

Reconciliación, convivencia y tolerancia. Las partes acordaron crear el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia y la Cátedra de Cultura Política para la Reconciliación y la Paz como instrumentos para fortalecer la cultura de la paz, la tolerancia, el respeto, la reconciliación y la no estigmatización de quienes se incorporarán a la vida civil.

Se propone también fortalecer las veedurías ciudadanas, la planeación participativa (incluida la adopción de presupuestos participativos) y los Concejos Territoriales de Planeación.

Medidas para promover la participación política. El acuerdo incluye una reforma electoral y política que contemple, entre otros, los siguientes puntos:

  • No condicionar la personería jurídica de los partidos a la obtención de un mínimo de votos.
El Presidente Santos junto a Rodrigo Londoño Echeverri en el marco del acuerdo del cese al fuego.
El Presidente Santos junto a Rodrigo Londoño Echeverri en el marco del acuerdo del cese al fuego.
Foto: Presidencia de la República

Este acuerdo llevaría a eliminar el umbral como condición para tener curules en el Congreso, lo cual llevaría a prescindir de la cifra repartidora. De esta manera volver al sistema de cuociente electoral que es mucho más democrático e incluyente, pues el que rige hoy premia las grandes votaciones y castiga a las minorías.

También aparecerán otros requisitos para evitar la proliferación y dispersión de partidos y movimientos políticos, tomando como base el número de afiliados y la existencia de elegidas democráticamente en un determinado número de municipios.

Por último, se definir un número de concejales y diputados para obtener la personería jurídica nacional.

  • Diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos.

Los partidos podrán tener carácter local, regional o nacional, y se creará un sistema que les permita ir progresando desde ser movimientos municipales a movimientos departamentales o regionales, hasta llegar a ser partidos nacionales. Estos partidos nuevos podrían competir con los actuales partidos nacionales y de este modo los obligarían a tener más sintonía con las comunidades y problemas locales o regionales.

  • Financiación de la política.

El sistema actual de financiación por parte del Estado está diseñado para perpetuar a los partidos mayoritarios en el poder, lo cual tiende a reducir la posibilidad de la alternación democrática. El acuerdo entre el gobierno y las FARC propone hacer más equitativa la distribución de los recursos, así como fomentar la inclusión de mujeres y jóvenes, y promover las buenas prácticas electorales. También se castigar a los partidos cuando sus elegidos resulten condenados por delitos contra la administración pública. 

El acuerdo no establece la asignación de curules directas para los integrantes de las FARC.

Además de destinar sumas adicionales para el fondo de financiación de los partidos, el borrador abre la posibilidad de financiar las campañas electorales con recursos exclusivamente estatales, de manera anticipada y directamente a través de los partidos, no de los candidatos. Esto impedirá que los candidatos obtengan recursos de actores privados o que busquen beneficios de la administración pública.

  • Régimen transitorio para promover y estimular los nuevos movimientos políticos.

El acuerdo establece la creación de Circunscripciones Especiales de Paz en zonas gravemente afectadas por el conflicto armado, para que elijan un determinado número de representantes a la Cámara por varios períodos electorales, es decir, de manera transitoria.

Los candidatos por esas Circunscripciones deben ser de la región e inscribirse a nombre de organizaciones de campesinos, de víctimas, de mujeres, de promotores de paz, de movimientos sociales o ambientales. No podrán inscribir candidatos los partidos con personería jurídica.

El acuerdo no establece la asignación de curules directas para los integrantes de las FARC, pero por otra parte en los círculos políticos se habla de la posibilidad de asignarle curules a la Unión Patriótica como parte del proceso de reparación colectiva por el genocidio del cual fue víctima.

  • Reforma del sistema electoral.

El acuerdo incluye una misión electoral especial que presentará sus recomendaciones para asegurar una mayor autonomía de la organización electoral. De esta manera se ampliaran las garantías para la participación política en igualdad de condiciones y se mejorará la calidad de la democracia. Dentro de este proceso podrían darse la reorganización y la democratización del Consejo Nacional Electoral. Igualmente se menciona un nuevo Tribunal Nacional de Garantías Electorales y se plantea la reorganización de la Registraduría.

También se eliminar los llamados “cupos indicativos”, diseñados para dar ventajas a los actuales congresistas. Si la Constituyente de 1990 eliminó los auxilios parlamentarios, hoy se hace imperativo que la reforma política de 2017 elimine los cupos indicativos, que son más peligrosos y antidemocráticos. 

Gracias al Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, recientemente aprobado como parte del Acto Legislativo para la Paz, el gobierno nacional tendrá la oportunidad (durante seis meses) de tramitar rápidamente actos legislativos, leyes estatutarias, orgánicas y ordinarias que permitan adelantar la reforma política.  

Esta reforma no será una intervención cosmética. Por el contrario, el próximo año se podría practicar una cirugía de alta complejidad para extirpar de nuestro sistema el cáncer de la corrupción, la politiquería, el clientelismo, la exclusión y los privilegios abusivos de la clase política.

 

* Veedor nacional del Partido Alianza Social Independiente (ASI).

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