Balance razonado sobre el cambio de enfoque, los alcances, los avances, lo que lograron el gobierno y la guerrilla, los requisitos para cumplir el acuerdo y lo que el significaría para Colombia en relación con el fenómeno de las drogas*.
Un hecho trascendente
El acuerdo alcanzado entre el gobierno y las FARC denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas” es un hecho trascendente. Se trata de un avance limitado sobre una cuestión muy compleja que parte de una serie de premisas muy significativas.
En esencia, hay dos postulados básicos que informan el acuerdo: el primero referente al fenómeno de las drogas como tal, y el segundo a los actores claves dentro del ciclo de producción y consumo.
El acuerdo es novedoso en tanto se diferencia del paradigma vigente sobre las drogas ilícitas, cuyo objetivo es asegurar la abstinencia y eliminar el uso de las sustancias psicoactivas declaradas ilegales. Bajo este enfoque el acento se coloca sobre el objeto—la droga—y no sobre el sujeto—la persona humana.
 Niños habitantes de las comunas de Medellín. Foto: Squiggle |
Una guerra desigual
La estrategia actual se orienta a castigar y perseguir selectivamente a determinados participantes (directos e indirectos) y a ciertas fases del fenómeno. Esto significa que, paralelamente, hay una tolerancia relativa hacia las prácticas de algunos actores en algunas coyunturas y de acuerdo con criterios bastante opacos. En general, los más directamente afectados con las prácticas coercitivas son:
- los campesinos y trabajadores temporales vinculados al cultivo de plantíos y la recolección de las cosechas;
- los indígenas y pobres rurales que deben sufrir los efectos de políticas de erradicación forzada (y adicionalmente química) y las tareas de interdicción;
- las “mulas” cargadas con drogas para ser trasladadas a los polos de demanda;
- los habitantes de barrios humildes que son el escenario de pugnas territoriales violentas entre traficantes, cuerpos de seguridad corruptos, políticos deshonestos y organizaciones criminales;
- los sectores populares estigmatizados, especialmente los jóvenes que habitan en zonas de expendio de drogas, y
- en general los grupos más débiles que carecen de capacidad de presión política para que su “visión” del “problema” de las drogas sea tenida en cuenta.
Bajo este enfoque el acento se coloca sobre el objeto—la droga—y no sobre el sujeto—la persona humana.
Así, los grupos vulnerables que son severamente hostigados y penalizados acaban muertos, en las cárceles, sin acceso a la salud y carentes de oportunidades de una vida digna Estos actores constituyen el eslabón débil de una extensa cadena que culmina en un negocio enormemente lucrativo para unos pocos. En general, los que obtienen beneficios jugosos de un emporio ilegal gozan de sus lujos e inversiones intocadas a pesar de la parafernalia de normas y restricciones de diverso tipo; de su fama social entre clases pudientes que suelen darles la bienvenida a los “nuevos ricos”; de su inserción económica y política en los intersticios entre la ilegalidad y la legitimidad y ante un Estado (local, departamental o nacional) parcialmente inmovilizado por la colusión de intereses entre algunos funcionarios y las organizaciones criminales; de su poder de cooptación y corrupción nacional e internacional; y de las garantías de defensa personal que se proveen a través del mercado desregulado de armas ligeras y el avance de los compañías privadas de seguridad.
Este modelo dual, donde las consideraciones sobre el desarrollo son notablemente secundarias, ha servido para ampliar las brechas sociales, las inequidades económicas, las diferencias políticas y las asimetrías internacionales.
Supuestos y novedades
El acuerdo entre el gobierno y las FARC se inspira en la idea de poner en entredicho algunos de los cimientos de este paradigma y procurar políticas públicas alternativas a las que hoy predominan (en Colombia y otros países).
Respecto de la segunda cuestión, el acuerdo supone la disposición, voluntad y capacidad de la guerrilla para desvincularse definitivamente del negocio de las drogas, así como el interés, la determinación y la posibilidad de que las élites y las instituciones afronten el desmantelamiento de ese negocio ilegal que ha permeado por años a la sociedad y el Estado.
El antecedente de la negociación entre el paramilitarismo y la administración Uribe (2002-2010) no constituye un precedente promisorio pues ni los actores armados ni las clases dirigentes, ni sectores estatales, rompieron con la ilegalidad que penetra las instituciones. La expectativa, tanto interna como internacional, es que el acuerdo con las FARC se constituya en el comienzo de la superación efectiva del fenómeno de las drogas.
El enfoque de la negociación
En principio había dos vías para abordar el diálogo entre el Gobierno y las FARC en este tercer punto de su agenda. Una era considerar toda la “cadena de valor” (cultivo, producción, procesamiento, tráfico, distribución, comercialización, financiación, venta y uso) y dimensiones asociadas (crimen organizado interno, alianzas delictivas transnacionales, vinculaciones entre economías ilegales de diverso tipo, etc.). Otra era concentrarse en ciertos aspectos puntuales con particular incidencia y significación para Colombia.
Por razones de conveniencia y/o de convicción, los negociadores optaron por la segunda vía. Dadas las circunstancias de Colombia, esta alternativa parece ser más razonable (lo que se puede avanzar dentro del país) y más realista (lo que se ajusta a una paz modesta en virtud de las realidades imperantes). Por eso mismo el acuerdo debe examinarse desde esa perspectiva y no desde una visión más totalizadora.
 El general Jorge Enrique Mora acompañado por la delegación de paz del Gobierno, en el Palacio de Convenciones en La Habana. Foto: Presidencia de la República |
Logros de parte y parte
El gobierno obtuvo una serie de logros:
-Primero, se ratificó una tesis reiterada por la mayoría de las autoridades y buena parte de la comunidad de expertos nacionales y extranjeros respecto del vínculo entre conflicto armado y drogas ilícitas, En efecto, si bien el comunicado indica al principio que “el conflicto interno en Colombia tiene una larga historia de varias décadas, que antecede y tiene causas ajenas al surgimiento de los cultivos de uso ilícito y a la producción y comercialización de drogas ilícitas en el territorio”, señala más adelante que “el cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”. Probablemente, la afirmación inicial satisfizo a las FARC y la aserción posterior ratificó una posición oficial.
-Segundo, no aparece ninguna referencia crítica al papel (tolerancia, connivencia, usufructo) del establishmentcon respecto al fenómeno de las drogas ni a otros actores internos (paramilitarismo, cuerpos de seguridad) o externos (Estados Unidos) entrelazados con esa cuestión. Las FARC eludieron la retórica de la diatriba y el gobierno no pagó ningún costo simbólico, doméstico y externo, por una larga e infructuosa “guerra contra las drogas”.
-Tercero, el ejecutivo (particularmente durante el gobierno del presidente Santos) validó políticas que ya tiene en marcha como parte de una aproximación menos prohibicionista frente al tema. Por ejemplo, se dice que las partes acordaron “que el Gobierno Nacional promoverá una conferencia Internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender”. De hecho, y gracias en parte a las gestiones del gobierno colombiano, ya se ha acordado para 2016 una sesión especial sobre drogas en el marco de la ONU.
Hay una tolerancia relativa hacia las prácticas de algunos actores en algunas coyunturas y de acuerdo con criterios bastante opacos.
-Cuarto, el ejecutivo obtuvo un compromiso de las FARC para abandonar el vínculo con el fenómeno de las drogas. Ello quedó consignado de tal forma que “en un escenario de fin del conflicto” la guerrilla está dispuesta a “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.
Por su parte, las FARCtambién alcanzaron ciertas metas:
-Primero, el acento sobre la atención y el desarrollo social rural y urbano para hacer frente al tema de las drogas. A esos efectos se aprobó un nuevo plan nacional de erradicación de cultivos ilícitos, así como un plan integral sobre el consumo de drogas.
-Segundo, se subrayan estrategias que afectan a sectores económicos y políticos ligados y beneficiados por el auge del negocio de las drogas. De allí un énfasis mayor sobre la persecución de los activos generados y el lavado de dineros, así como una lucha más frontal contra la corrupción asociada con los narcóticos.
Por último, gobierno y FARC han obtenido dos logros compartidos:
Por un lado, para ambos el asunto del territorio era y es clave: uno para recuperar soberanía (una vez conquistada la paz) y el otro para preservar su influencia (una vez convertido en fuerza política legal).
-Por el otro, la gran mayoría de lo convenido en este tercer ítem de la agenda de La habana no necesita pasar por el legislativo ( al menos en el evento de que el presidente resulte reelegido, y aunque a partir de este año deba operar con una mayoría más estrecha en el Congreso). Esto implica que el acuerdo dependerá de las medidas diseñadas y aplicadas por el ejecutivo.
¿Una esperanza?
En síntesis, después de décadas de una fallida “guerra contra las drogas” en Colombia, el acuerdo parece reconocer que la mejor alternativa es recuperar la legitimidad de las instituciones, aumentar la capacidad estatal para combatir el delito, orientarse hacia la protección a los más vulnerables, concebir estrategias eficaces y no efectistas contra los grandes beneficiados del negocio de las drogas, y desplegar políticas públicas integrales centradas en el bienestar de las personas.
*Una versión anterior de este artículo fue publicada por NOREF (www.peacebuilding.no) bajo el título “Drugs and the Peace Process in Colombia: A Moderate Radical Step”.
**Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.
