La propuesta de reforma tiene el mérito de haber sido consultada y de avanzar en aspectos como la integración del sistema, pero peca por un exceso de énfasis sobre los controles externos y faltas de precisión. Es un aporte valioso a un debate necesario.
Una propuesta incluyente
El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) ha puesto en circulación el documento Acuerdo por la Educación Superior 2034, donde propone los lineamientos de la política pública para el período 2014-2018 y para el próximo Plan de Desarrollo y el Plan Decenal de Educación que se formularán próximamente.
La nueva ministra de Educación recibe entonces una ruta sugerida para su eventual adopción, ejecución y evaluación de impacto.
La nueva ministra de Educación recibe entonces una ruta sugerida para su eventual adopción, ejecución y evaluación.
El documento demuestra que el gobierno aprendió la lección en materia de metodología para el diseño de políticas públicas, tras el fracaso de las propuestas de reforma de la Ley 30 de 1992 durante el anterior período de Santos.
La propuesta del CESU no refleja tan solo la opinión del gobierno, sino el sentir de diversos agentes y grupos de interés en el sector educativo, lo cual confirma lo que los expertos han señalado hace tiempos: que la política pública forma parte del Estado pero involucra a diversos agentes. Por ende, las políticas requieren una base de consenso y de consultas con quienes se verán afectados por las normas, sin lo cual su ilegitimidad pondría en tela de juicio la ética del gobierno.
El documento del CESU fue ampliamente discutido en distintos momentos, espacios y ámbitos del debate sobre la educación superior. Al construirlo se tuvieron en cuenta las variadas demandas sociales y se contó con la participación de diferentes fuerzas de la sociedad civil.
Es un texto cargado de reflexión, que invita a continuar el debate público sobre el modelo de educación que Colombia necesita.
Cuatro estrategias
Como es posible que algunas de las políticas propuestas por el Acuerdo se adopten y ejecuten en el futuro cercano, conviene llamar la atención sobre los puntos más críticos del documento, por su posible impacto sobre la prestación de este servicio público.
La propuesta del CESU tiene como objetivos mejorar el acceso, la inclusión, la calidad y la pertinencia del Sistema de Educación Superior, así como su articulación con el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para esto, propone cuatro estrategias:
Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad |
a.Regionalización del Sistema;
b.Creación de nuevas modalidades educativas, con énfasis sobre la educación virtual;
c.Internacionalización de las instituciones y desarrollo del bienestar universitario; y
d.Replanteamiento de la estructura actual del Sistema y su gobernanza.
En términos generales hay dos grandes vacíos o insuficiencias en el documento: (1) No contiene una propuesta para mejorar la calidad, y (2) Es débil en cuanto a las acciones concretas para fomentar o estimular el avance del sector.
Controles, más que fomento
La propuesta del CESU en su conjunto parece ir orientada a resolver problemas de funcionamiento del Sistema de Educación Superior, a prevenir fallas sistémicas y a evitar prácticas anticompetitivas, para lo cual privilegia el control sobre el fomento y supone que la calidad se logra a través del control represivo. Por lo tanto es urgente desarrollar más las estrategias positivas o constructivas para la mejoría de este servicio público, puesto que ella no se logra solamente a través de los controles y la fiscalización.
La estrategia de fomento debería incluir una política agresiva de estímulos al “rendimiento de cuentas” por parte de las instituciones, así como una política de formación avanzada para elevar el nivel de los profesores universitarios.
También se deben formular medidas que reduzcan la deserción, hoy cercana al 50 por ciento, y se requiere una inversión sustantiva en materia de infraestructura, de laboratorios y de bibliotecas, así como un gran esfuerzo en materia de internacionalización.
Igualmente necesarias son las políticas de uso intensivo de nuevas tecnologías de información y comunicación en las instituciones de educación superior y un sistema de información robusto que reduzca las asimetrías del mercado.
Si lo anterior es cierto, se echa de menos en el documento del CESU un planteamiento coherente en materia de fomento y calidad.
Regionalización e integración del Sistema
Aunque parten de un diagnóstico acertado, las propuestas sobre regionalización son relativamente genéricas o escasas, porque no incluyen o precisan mecanismos que aseguren una descentralización con calidad de los programas académicos, o garanticen la participación regional movilizada por el interés general y la eficacia en la gestión, sin captura del Estado en cuanto a los procesos de planeación, gestión e intervención.
El documento hace énfasis sobre la estructura del Sistema. En este punto logra un avance importante en identificar los problemas o limitaciones actuales, y en buscar alternativas que aseguren mayor flexibilidad, articulación entre modalidades y mejor vinculación con los niveles previos de educación y con los mercados laborales.
La propuesta, aunque falta afinarla, constituye un avance sobre los proyectos de reforma que planteó el gobierno entre 2011 y 2012. De aplicarse la propuesta del CESU, el país avanzaría hacia un Sistema de Educación Terciaria que trascienda el ordenamiento de las modalidades tradicionales de educación superior para abarcar todas las modalidades conocidas como “educación para el trabajo y el desarrollo humano”.
Controles y autonomía
Si bien es cierto que en la definición de las tres primeras estrategias no hay mayor novedad, no ocurre lo mismo en relación con la última que implica la reestructuración del Sistema y de su gobernanza.
La propuesta, aunque falta afinarla, constituye un avance sobre los proyectos de reforma que planteó el gobierno entre 2011 y 2012.
En efecto, un aspecto particularmente importante del documento del CESU son las siguientes propuestas en materia de control de calidad:
a.Creación de una Agencia de Calidad de la Educación Superior, a la cual se integrarían el Consejo Nacional de Acreditación (CONACES) y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES);
Estudiantes del SENA en La Ceja, Antioquia. |
b.Creación de una Superintendencia de la Educación Superior, encargada de las funciones de inspección, control y vigilancia del sector (tareas que hoy competen al Ministerio de Educación), y
c.Avanzar hacia la acreditación obligatoria en el país.
Todas estas iniciativas pueden atentar contra la autonomía de las universidades consagrada en la Constitución de 1991, pues desestiman el valor de la “autorregulación” como expresión del ejercicio de la autonomía responsable de las instituciones de educación superior (IES) y aumentan la intervención fiscalista del Estado sobre la educación superior.
Velar por la calidad no significa crear más organismos de control y aumentar la burocracia, sino, por el contrario, mejorar la competencia técnica del Ministerio para orientar y coordinar la acción de las instituciones.
Hay que cualificar la articulación entre los organismos que ejercen la función de inspección, control y vigilancia, y crear los mecanismos que permitan la tarea, que ciertamente corresponde al Estado, para que el servicio público de educación superior o terciaria se ofrezca en la cantidad y calidad necesarias, buscando eficacia, calidad y buena orientación.
No hay que cambiar la Ley 30
Una consecuencia que se deriva del documento CESU y de los lineamientos de política allí consignados es que no se necesita reformar la Ley 30 de 1992. Dentro del marco jurídico vigente, es posible actualizar la respuesta del Sistema de Educación Superior a los nuevos escenarios en que operan las instituciones, el cambio en el modelo de financiamiento de las instituciones estatales, la reestructuración del Sistema, su internacionalización y la búsqueda de mayor inclusión, equidad y pertinencia.
Los cambios necesarios podrían llevarse adelante si el gobierno tiene voluntad política, capacidad técnica y liderazgo para lograr consensos entre los diferentes agentes que intervienen en proveer la educación superior que requiere el país.
Esta puede ser una mala noticia para algunos grupos de interés fuera y dentro del gobierno para los cuales la modificación de la norma se ha vuelto un caballo de batalla. Pero también podría considerarse que, quitado el pretexto del combate y más allá del mito de la reforma, Colombia podría asumir de modo realista la discusión de manera pausada y seria sobre los temas centrales de una reorientación de la política pública en materia de educación superior.
*Profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.
