El Acuerdo está consumado, empieza la fase de implementación - Razón Pública
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El Acuerdo está consumado, empieza la fase de implementación

Escrito por José Gregorio Hernández

Juan Manuel Santos y representante de las FARC, Timochenko en un Nuevo Acuerdo por la Paz.

José Gregorio HernándezAunque el presidente decidió acudir a las potestades (que siempre tuvo) para firmar el Acuerdo con las FARC, las medidas que lo pondrán en práctica dependen del orden legal vigente en el país. ¿Qué puede hacer el gobierno en estas circunstancias?

José Gregorio Hernández Galindo*

A cumplir el Acuerdo

Después de hacer algunos cambios y adiciones tras los diálogos con los promotores del No, el presidente Santos ha firmado el documento que marca el fin de un proceso de cuatro años para construir una paz estable y duradera con las FARC.

Ahora el gobierno, a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó al Congreso el Acuerdo Final para su refrendación, que no es otra cosa que su respaldo político, y para este que apruebe las normas de naturaleza constitucional y legislativa que lo pongan en práctica, es decir, para su implementación.

Así pues, estamos ante hechos cumplidos. Ya no cabe diálogo alguno con los voceros de sectores políticos para modificar lo convenido y firmado. Esa etapa, como la del plebiscito, ha concluido. Lo que hay ahora es un documento que, como lleva la rúbrica del jefe del Estado, compromete al gobierno y al país en muchos aspectos.

Aunque todavía mantengo reservas sobre algunos de los compromisos pactados, y aunque muchos colombianos se oponen al texto del nuevo Acuerdo Final por considerar que en esencia es el mismo convenio suscrito el 26 de septiembre y rechazado el 2 de octubre, no nos debemos engañar. Estamos ante una nueva realidad, ante un conjunto de obligaciones que el Estado colombiano y los exguerrilleros han asumido y deben cumplir.

El Acuerdo está vigente y obliga a las dos partes. Este ni siquiera depende de la ratificación que el gobierno ha solicitado al Congreso. Aun en la remota eventualidad de que sea rechazado por las cámaras, el documento sería vinculante para el gobierno y para la organización guerrillera porque no hay una condición contemplada al respecto, como sí la había en el Acuerdo del 26 de septiembre.

Más allá de si en el futuro se adelantará un juicio político al actual presidente por haber contraído estos compromisos –y ya algunos lo han planteado-, sus cláusulas deben ser desarrolladas en los planos normativo, económico, judicial y de políticas gubernamentales. A menos que entre las mismas partes se acuerde modificar las cláusulas, todo lo consignado en las 310 páginas del Acuerdo debería convertirse en realidad.

La posiblidad del procedimiento abreviado

Ministro de Interior, Juan Fernando Cristo es quien presenta el Acuerdo Final al congreso.
Ministro de Interior, Juan Fernando Cristo es quien presenta el Acuerdo Final al congreso.  
Foto: Ministerio de interior

Sin embargo, las reformas constitucionales o legislativas que desarrollarán el Acuerdo no dependen de la voluntad del presidente de la República, quien no goza de competencia para aprobarlas. Por ende el gobierno debe limitarse a presentar los respectivos proyectos para la consideración del Congreso. La Constitución de 1991 sigue vigente y el Congreso no está obligado a aprobar los proyectos que le presente el Ejecutivo, y tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado tienen mucho que decir acerca de esos contenidos.

El trámite que tendrá lugar a partir de ahora en el Congreso (a menos que entre a regir el Acto Legislativo 1 de 2016, que contempla un procedimiento especial) tomará tiempo, pues la rama Legislativa debe seguir los procedimientos contemplados en la Constitución  y en la Ley 5 de 1992 (reglamento del Congreso).

Todo lo consignado en las 310 páginas del Acuerdo debería convertirse en realidad.

Pero en este momento la Corte Constitucional examina varias demandas contra el Acto Legislativo 1 de 2016, que está aprobado pero no ha entrado en vigor porque su artículo 5 condicionó su vigencia al mecanismo de refrendación, es decir, al plebiscito del pasado 2 de octubre. Si la Corte declara inexequible este artículo (algo posible puesto que fue introducido en el último de los ocho debates, en abierta transgresión del principio de consecutividad), se tendría un procedimiento abreviado (prefiero llamarlo así que “fast track”, como lo han bautizado) donde el presidente gozaría de amplias facultades extraordinarias para implementar el Acuerdo. Este procedimiento abreviado puede resumirse así:

  1. Los proyectos serían de iniciativa exclusiva del gobierno nacional;
  2. Estos proyectos tendrían prelación sobre cualquier otro asunto en el orden del día;
  3. El primer debate de los proyectos de ley se surtiría en sesión conjunta de las Comisiones Constitucionales Permanentes respectivas, sin que el texto se apruebe primero en la plenaria de la corporación que dio inicio al proceso.
  4. Los proyectos de ley serían aprobados con las mayorías previstas en la Constitución y la ley según su naturaleza;
  5. Los actos legislativos serían tramitados en una sola vuelta de cuatro debates. El tránsito del proyecto entre una y otra Cámara tardaría 8 días.
  6. Los proyectos de actos legislativos serían aprobados por mayoría absoluta;
  7. Los proyectos de ley y de actos legislativos solo podrían tener modificaciones que se ajustaran al contenido del Acuerdo Final y que contaran con el aval previo del gobierno nacional;
  8. Todos los proyectos de ley y de actos legislativos podrían tramitarse en sesiones extraordinarias;
  9. En la comisión y en las plenarias se decidiría sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el gobierno en una sola votación;
  10. Los proyectos de ley y de actos legislativos tendrían control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia. Las leyes estatuarias tendrían control previo, como ocurre actualmente.
  11. El control de constitucionalidad de los actos legislativos solamente tendría lugar por vicios de procedimiento en su formación

No sobra repetir que este procedimiento abreviado entraría a regir solo si el Acto Legislativo 1 de 2016 es decir, si la Corte declara inexequible su artículo 5.Entre tanto se aplicará el régimen actual, la Corte conservará su jurisdicción constitucional, y ante ella podrán ser demandadas l reformas constitucionales, las leyes y los decretos con fuerza de ley que expidan el Congreso o el presidente.

Una implementación concertada

Congreso de la República respaldo político de los acuerdos.
Congreso de la República respaldo político de los acuerdos. 
Foto: Ministerio de Justicia

No hay que olvidar que el Acuerdo Final podría ser demandado ante el Consejo de Estado porque es un acto administrativo firmado por el presidente de la República.

También se ha propuesto en los últimos días la revocatoria del Congreso, porque –dicen los proponentes- este carece de legitimidad para refrendar acuerdos de paz. Sin embargo, la revocatoria de congresistas o del Congreso no está prevista en la Constitución. Solo cabe la revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes.

Revocatoria de congresistas o del Congreso no está prevista en la Constitución.

Por otra parte, el nuestro no es un régimen parlamentario donde se puedan disolver las Cámaras y convocar a nuevas elecciones. Por el contrario, como dice el artículo 114 de la Constitución, el Congreso sí puede respaldar políticamente los acuerdos de paz puesto que tiene a su cargo el control político de los actos del gobierno y de la administración.

Pero todavía será necesario que el gobierno presente a consideración de las Cámaras el complejo paquete de proyectos de orden constitucional (proyectos de actos reformatorios de la Constitución) y legislativo en las materias que contempla el Acuerdo.

Por eso los efectos de lo convenido no se verán inmediatamente. Por ahora, se ha disfrutado el cese del fuego bilateral y definitivo. Pero sigue la aprobación de las demás normas, y el Congreso goza de todas sus facultades para discutir y aprobar, reformar o rechazar lo que le presente el Ejecutivo.

Aun con las reservas que mantengo sobre los textos firmados, el país debe asimilar con madurez y tranquilidad este momento histórico y estar a la altura de los compromisos gubernamentales y las objeciones de la oposición dentro de las reglas de la Carta Política.

Sabemos que es muy alto el precio de este Acuerdo en términos institucionales y patrimoniales. Lo hemos comenzado a pagar desde ahora y no se sabe hasta cuándo. Lo único que puede justificar este sacrificio es que, de verdad, se consiga la paz. Solo el tiempo dirá si todos estos diálogos, debates y acuerdos han servido a la nación y si en verdad dejaremos un legado de paz a las nuevas generaciones. Todos hacemos votos por una verdadera paz, al menos con las FARC, y por que ella se prolongue por mucho tiempo.

 

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

 

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