Firmar este tratado sería un camino para resolver los más graves conflictos ambientales en Colombia. ¿Por qué el Gobierno no lo ha firmado?
Camilo Quintero Giraldo*
Una huelga y un tratado
Este será un mes importante para la defensa del medio ambiente en Colombia y en el mundo. Del 20 al 27 de septiembre tendrá lugar la “Huelga mundial por el clima”, convocada por diversos movimientos juveniles en más de 150 países. Y el 26 de septiembre, en el marco de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas, se hará una ceremonia para la firma o ratificación del Acuerdo de Escazú.
Aparentemente, se trata de dos procesos paralelos, pero no es así. Tanto la huelga como el Acuerdo de Escazú son caminos para enfrentar la crisis climática que atraviesa el planeta.
Un acuerdo sin Colombia
Un poco de contexto para entender mejor. Escazú es uno de los cantones de la provincia de San José, en Costa Rica. Allí el 4 de marzo de 2018, 24 países adoptaron este tratado histórico después de cuatro años y nueve rondas de negociaciones:
El Acuerdo de Escazú ha sido firmado por diecisiete países de la región. Pero Colombia aún no lo ha hecho.
- El único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20);
- El primer tratado sobre asuntos ambientales en América Latina y el Caribe;
- Y el primero en el mundo que incluye disposiciones para la protección de las defensoras y defensores ambientales.
El Acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico de carácter vinculante que puede ayudar a solucionar graves conflictos socioambientales. El nombre no dice mucho pero el cumplimiento de lo que allí se acordó puede salvar vidas: el Acuerdo puede contribuir a solucionar los conflictos sociales de manera pacífica y justa; y puede darnos nuevas herramientas para proteger los territorios y las personas ante la crisis climática, las amenazas y la estigmatización.
Hasta el momento, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por diecisiete países de la región. Pero Colombia aún no lo ha hecho.
Foto: Región Central |
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Conflictos y democracia ambiental
En síntesis, el Acuerdo de Escazú consagra de manera sistemática los derechos de acceso en asuntos ambientales enunciados en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, los cuales son:
- Información ambiental;
- Participación pública en la toma de decisiones ambientales;
- Acceso a la justicia.
Además, contiene herramientas para que los Estados protejan adecuadamente a las defensoras y defensores del ambiente, y para que se les reconozca y fortalezca su labor en un país en camino de superar un largo conflicto armado y social, en donde una de las principales víctimas es el medio ambiente.
Colombia es uno de los países con mayor número de conflictos socioambientales y uno de los más peligrosos en el mundo para la defensa del ambiente. Estos deshonrosos reconocimientos se aprecian mejor con ejemplos reales. Cuatro de los grandes conflictos ambientales existentes en Colombia, que han merecido repetidos titulares de prensa y están en permanentemente debate de la opinión pública, en órganos de control y en entornos judiciales son:
- Hidroituango;
- El futuro de los yacimientos no convencionales bajo la modalidad de fracking;
- La deforestación;
- La mala calidad del aire que respiramos en las ciudades.
La discusión pública sobre estos conflictos se presenta en diferentes ámbitos: académicos, sociales, comunitarios, políticos, judiciales. En el fondo, la raíz de estos conflictos está en los derechos de acceso: la poca información pública existente —cuando existe es muy técnica y no está en lenguaje claro—; los ineficientes y dispersos mecanismos para que las comunidades participen antes de tomar la decisión final sobre la viabilidad de un proyecto o política; la falta de justicia ambiental por falta de una jurisdicción especializada ambiental; y la amenaza, intimidación y asesinatos que sufren algunas personas u organizaciones que defienden los territorios.
Es decir, detrás de estos conflictos está la ausencia o la poca aplicación de los estándares mínimos de una democracia ambiental. Estos estándares mínimos fueron sistematizados de manera juiciosa y colectiva por diferentes países, organizaciones y personas en el Acuerdo de Escazú.
Si el debate y la gestión de estos cuatro conflictos socioambientales tuvieran como eje el juicioso cumplimiento de los derechos de acceso en asuntos ambientales, las ya conocidas y graves consecuencias sociales, ambientales, económicas y políticas no existirían o se hubieran dado con una menor intensidad.
Lamentablemente, la realidad hoy es otra: el daño social, ambiental y económico de Hidroituango es evidente; el gobierno de Duque insiste en un modelo extractivo de los recursos naturales; la tala de bosques es alta, y pese a algunos esfuerzos seguimos respirando un aire contaminado que nos enferma.
Foto: Ambiente y Sociedad |
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Una oportunidad única
Pero este panorama puede cambiar si el Gobierno colombiano decide firmar, ratificar y poner en marcha el Acuerdo de Escazú.
Para eso, cuenta con el apoyo de múltiples organizaciones socioambientales, de las universidades, de la comunidad internacional y de las defensoras y defensores ambientales que han manifestado públicamente la necesidad de integrar el tratado en nuestro ordenamiento jurídico.
Entre estos llamados, resalto el del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres; el de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; el de la Red Internacional de Clínicas Jurídicas Ambientales y el de las organizaciones y universidades que hacen parte de Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA).
La democracia ambiental exige una ciudadanía activa y comprometida, y una legislación robusta para garantizar los derechos. El Acuerdo de Escazú busca que las personas participen activamente en las decisiones, que se fortalezcan las capacidades ambientales de las instituciones y que se creen espacios de colaboración entre el Estado, la academia, la sociedad civil y el sector privado.
En síntesis, el objetivo de este instrumento regional es garantizar el completo y efectivo respeto en nuestra región de los derechos de acceso en la gestión ambiental con el fin de contribuir a la protección de los derechos a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras.
Detrás de estos conflictos está la ausencia o la poca aplicación de los estándares mínimos de una democracia ambiental.
Los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales han sido reconocidos por Naciones Unidas como un medio fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Estos tres pilares de la democracia ambiental pueden ser el canal para que Colombia demuestre más avances en el cumplimiento de sus obligaciones.
El país cuenta con una robusta legislación y jurisprudencia ambiental. De hecho, muchas de las disposiciones de Escazú ya están dentro del ordenamiento jurídico interno. Por lo tanto, su firma y ratificación podría armonizar muchas normas que se encuentran dispersas por el enmarañado marco legal.
Foto: Alcaldía de Bucaramanga |
Además, el tratado puede ofrecer una protección efectiva de los derechos de las defensoras y defensores ambientales. Hoy, las normas que tiene el país se proponen prevenir la violencia contra “los defensores de derechos humanos”, en una categoría amplia que puede incluir o no a las defensoras y los defensores ambientales. Por lo tanto, la firma del tratado será un avance para el reconocimiento efectivo y pleno de sus derechos, fortaleciendo la democracia y la justicia ambiental, la cual si bien es reconocida en la normatividad colombiana aún no es efectiva ni se garantiza adecuadamente.
Esperamos que el llamado de los jóvenes en la “Huelga mundial por el clima” tenga eco en los gobiernos para que tomen decisiones de fondo sobre los diversos problemas ambientales. Colombia y los países que no han firmado el Acuerdo de Escazú pueden comenzar por hacerlo en la siguiente Asamblea General de las Naciones Unidas a final de este mes.
* Director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública -MASP- de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.