El aborto en Colombia: despenalizado pero estigmatizado - Razón Pública
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El aborto en Colombia: despenalizado pero estigmatizado

Escrito por María Mercedes Vivas

Graffiti en el sector de La Candelaria de Bogotá.

Maria VivasAunque de hecho lo autorizó la Corte hace diez años, el derecho al aborto voluntario sigue estando severamente limitado por razones religiosas, interpretaciones erradas de la ley y reticencias de los servicios de salud. Hay que ampliar el debate.   

María Mercedes Vivas*

La situación jurídica actual  

Se cumplen diez años de la despenalización parcial del aborto en Colombia. Esta es una buena oportunidad para que abrir el debate sobre la legalización total de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), ampliando así la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Las situaciones contempladas por la Sentencia C-355 de 2006 como causales de despenalización del aborto son las siguientes:  

  • Que el embarazo sea producto de violación, incesto o inseminación artificial forzada;
  • Que el feto presente una malformación incompatible con la vida, o
  • Que el embarazo represente un riesgo para la vida o la salud la mujer.

En relación con este último punto, es importante notar que la definición de salud que legal u oficialmente se utiliza en Colombia no se reduce al bienestar físico, sino también al bienestar mental y emocional de las mujeres. Bajo este principio cabe afirmar que la causal salud es integral y podría aplicarse para cubrir todos los casos cuando una mujer determine que tiene un embarazo no deseado.

Las leyes no producen el cambio cultural.

La Sentencia de hace diez años reflejó el interés de la Corte Constitucional por el derecho de las mujeres a acceder a servicios de salud legales y seguros que garanticen la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos. Según el mandato de la Corte, el Estado colombiano está obligado a asegurar el acceso de las mujeres a servicios de aborto (en los casos contemplados por la Sentencia) en todo el territorio nacional de manera oportuna y segura. Por eso mismo se trata de un servicio incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

También según la Corte, son las propias mujeres  quienes  deciden sobre el riesgo que están o no están dispuestas a correr frente a un embarazo indeseado. En otras palabras, las colombianas no tienen que esperar a que se materialice o concrete dicho riesgo para acceder a los servicios de salud. Los médicos deben certificar el riesgo, pero el derecho para  decidir en forma autónoma sobre su cuerpo corresponde de manera exclusiva a la mujer.

Las dificultades reales

Pancarta en contra de la penalización del aborto.
Pancarta en contra de la penalización del aborto.
Foto: Felipe Becerra

Al describir ese marco legal podría pensarse que las mujeres en Colombia pueden ejercer su derecho al aborto y que todas sus solicitudes para un IVE están cobijadas bajo alguna de las  causales que señaló la Corte.

Pero, como suele ocurrir en otros muchos contextos,  las leyes no producen el cambio cultural y lo que está en el papel no siempre implica que realmente se acceda al derecho.  Es más: como en el Código Penal el aborto sigue siendo considerado un delito, garantizar el acceso se ha convertido en una acción contradictoria.

Así, aunque la garantía de los derechos de las mujeres ha mejorado en Colombia, las barreras siguen presentes cuando llegamos a la interpretación de las causales o, más aún, a la prestación de los servicios de salud.

A diez años de la Sentencia, el aborto es todavía un derecho difícil de gozar para las mujeres. La prestación del servicio sigue siendo obstaculizada por barreras impuestas, en su gran mayoría, por las entidades que prestan servicios de salud y, en muchas ocasiones, por los propios prestadores.

Estas barreras van desde la exigencia de requisitos adicionales como autorizaciones judiciales para la práctica de la IVE, hasta el desconocimiento de la autonomía de la mujer en el momento de decidir la conveniencia de practicarse un aborto, o la imposición de trabas administrativas que dilatan de manera injustificada el acceso a los servicios y someten a las mujeres a un maltrato innecesario.  

Los obstáculos impuestos por los diferentes actores involucrados en el proceso tienden a tomar la forma de trabas legales o administrativas, pero muchas veces las razones subyacentes son de tipo moral o son atribuibles al miedo de sufrir el escrutinio de algunas entidades del Estado o de los medios de comunicación.

Por eso es común que ciudadanas colombianas tengan que enfrentarse a las actitudes machistas de médicos y enfermeras, o que reciban como consejo médico las posiciones religiosas de quienes deberían estar ayudándolas con un criterio propiamente clínico.

El impacto de estas barreras es mucho mayor para las mujeres de grupos vulnerables como decir las adolescentes, las indígenas y las afrocolombianas. Además, las diferencias regionales son muy marcadas pues el acceso está mucho más restringido por fuera de las grandes ciudades y en las zonas rurales.

Las barreras y los juicios aumentan cuando las mujeres solicitan servicios de interrupción del embarazo en edad gestacional avanzada y son sometidas, en muchos casos, a prácticas de dilación y maltrato por parte del cuerpo médico con el propósito de hacerlas desistir.

Crisis de salud pública como la que hemos enfrentado frente al Zika han puesto en evidencia todas estas dificultades de acceso.

La discusión sigue

En 1988 la Corte Suprema de Canadá sentenció la legalidad del aborto en todos los casos.
En 1988 la Corte Suprema de Canadá sentenció la legalidad del aborto en todos los casos.
Foto: Wikimedia Commons

La legalización del aborto es el primer paso hacia la desaparición de las IVE insalubres  y altamente peligrosas debido a su  carácter clandestino. Es más: la legalización no conduce, como creen  algunos, a un aumento en el número total de abortos en los países que han dado este paso.   

A diez años de la Sentencia, el aborto es todavía un derecho difícil de gozar.

Un claro ejemplo de ello es la experiencia de Canadá, un país donde se prestan ampliamente los servicios de IVE y que tiene sin embargo la tasa más baja de abortos en el mundo: 11 por cada 1.000 mujeres. Estas IVE se realzan bajo protocolos estandarizados que garantizan la seguridad y la salud de las mujeres.

La despenalización parcial del aborto en Colombia, en cambio, no ha logrado garantizar el acceso universal ni desincentivar los servicios inseguros, ya que, a pesar de una regulación favorable, no siempre se garantiza que las mujeres ejerzan su derecho ni se ha podido reducir el estigma de los prestadores del servicio.

Los servicios de aborto en Colombia no son considerados parte integral de los servicios de salud y siguen siendo vistos como un servicio anómalo y problemático que debe ser tratado de manera diferente.

Esto tiene efectos sobre la salud pública y lleva a que todavía no haya estadísticas confiables para saber cuántas IVE se practican en Colombia. El sistema de información que da cuenta de los abortos está a medio andar y desde 2008 no hay fuentes ni hay estudios que ofrezcan datos básicos sobre la incidencia del aborto, la cantidad probable de IVE clandestinas, la edad de las mujeres que acceden al servicio, o la información sobre el inicio de prácticas de anticoncepción después del aborto.

Además, el personal de salud que presta servicios de interrupción legal del embarazo es víctima constante del estigma por parte de otros profesionales y de la sociedad en general. Entre las formas de estigmatización se cuentan los procesos disciplinarios, las amenazas, los cierres de servicios y la marginación de quienes están comprometidos con la prestación de servicios integrales de salud sexual y reproductiva que incluyen el aborto.

Por eso muchos profesionales prefieren no prestar estos servicios y dejan que esta tarea   recaiga sobre unos pocos, lo cual  perpetúa la deslegitimación y la exclusión.

A diez años de la Sentencia C-355 de 2006, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir hace un llamado público para que, desde una perspectiva médica y científica y teniendo como objetivo la salud pública de toda la población, Colombia retome el debate sobre la legalización total del aborto.

Solo así se podrá garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras y oportunas para todas las mujeres y se podrá ofrecer a los profesionales de la salud condiciones laborales dignas y sin estigma. Más legalidad, menos estigma, más autonomía.

 

*Co-cordinadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir

 

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