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Egipto: un proyecto de constitución hacia atrás

Escrito por Angelica Zambrano
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Los desarrollos recientes plantean serias dudas sobre la evolución del complejo proceso político egipcio: aumenta la posibilidad de una involución hacia la discriminación religiosa, el autoritarismo y la ausencia de un poder judicial independiente.

En lugar de consagrar las aspiraciones democráticas de la revolución egipcia, el proyecto de Constitución que se someterá a referéndum el 15 de diciembre tiene graves defectos de redacción, carece de legitimidad y es un retroceso en términos de derechos y libertades. Amnistía Internacional ha hecho pública una dura crítica del borrador desde el punto de vista de los derechos humanos.

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Miles de ciudadanos egipcios se están congregando en las calles para pedir "una constitución para todos los egipcios". Otros miles marchan contra ellos por la 'legitimidad y la ley islámica ". En la profunda crisis política y constitucional en que el Egipto revolucionario se encuentra, una cuestión es cierta: el proceso constitucional se ha cerrado precipitadamente en la semana del 22 al 30 noviembre, y el proyecto de Constitución que surgió el viernes es muy divisivo. El anuncio presidencial de convocar un referéndum el 15 de diciembre para adoptar el texto empeorará la crisis.

¿Cómo comparar el nuevo proyecto constitucional con la Constitución de 1971 que está destinado a reemplazar?

Procedimiento

El procedimiento de adopción del proyecto constitucional (en adelante PC) es importante para la coherencia y atractivo de un texto que se pide al ciudadano que adopte como su principal contrato con el Estado.

En Egipto se está ignorando un principio cardinal en la elaboración de una constitución. Aprobar una ley no es como aprobar una constitución. Si bien basta generalmente una mayoría parlamentaria para aprobar una ley, esta no entra en vigor sin un proceso minucioso y complejo para asegurar que ha sido cuidadosamente discutida. Una constitución es mucho más exigente en términos de legitimidad y consenso que una simple ley. ?

Cuando un texto constitucional es discutido a la carrera en mitad de la noche (literalmente, la noche del 29-30 de diciembre) sin ninguna razón especial para tal urgencia, los constituyentes sustituidos en el último momento, y los representantes de los jóvenes que hicieron posible la revolución, así como de grupos históricamente discriminados, como las mujeres y los cristianos, quedan completamente fuera del proceso, la Constitución se convierte en algo intrínsecamente divisivo e incapaz de hablar en nombre de todos los ciudadanos del país. ?

El borrador constitucional pone de relieve la contradicción fundamental de este procedimiento. Para ser ratificado, los 237 artículos aprobados por la Asamblea Constituyente requieren que una mayoría simple de los votantes lo aprueben como un todo en referéndum (Art. 225 PC). Para que un artículo concreto pueda ser modificado en cualquier constitución, incluyendo el proyecto de Constitución actual, el procedimiento es mucho más complicado, exigiendo deliberaciones presidenciales y parlamentarias, mayorías cualificadas, y una fuerte participación de la sociedad civil. El artículo 225 tiene solo una línea. Por el contrario, el procedimiento de enmienda adoptada en el proyecto de Constitución tiene diez líneas, con un procedimiento complejo que regula debates, plazos, y mayorías antes de cualquier referéndum (Arts. 217, 218 PC). ?

El Tribunal Constitucional Supremo (TCS) de Egipto invalidó una ley electoral que distinguía entre "representantes de partidos que representan 3 millones y los independientes que representan a 50 millones" (TCS, decisión del 14 de junio de 2012). Una asamblea constituyente con un número cada vez menor de representantes de "los muchos grupos que forman Egipto, que luego se precipita en un referéndum que aprueba por mayoría, simple en virtud del artículo 225 PC, no puede adoptar una constitución para todos los egipcios. A la luz de la precedente decisión del TCS, los tribunales egipcios apenas deberían tener dificultades para invalidar un procedimiento tan inusual y divisivo en su urgencia por el proyecto y por ratificarlo. ?

¿Sustancia?

La urgencia ha afectado también la calidad del texto constitucional. Algunos artículos del proyecto de Constitución están torpemente redactados, como el Art. 117 sobre el presupuesto. El Art. 131 ilustra el problema: "Si estos decretos-leyes no son llevadas de vuelta [a las cámaras nuevamente convocadas], o si se llevan y no son aprobados, pierden retroactivamente la efectividad legal que tenían, excepto si la cámara [singular , no está claro cuál de las dos cámaras] decide que era efectivo para el período anterior, o regula las consecuencias legales del mismo de otra manera". Tampoco hay necesidad alguna de un Consejo Nacional de Seguridad (Art.193 PC) y de un Consejo de Defensa Nacional (Art.197 PC), mientras la niebla persiste en torno al papel de los militares, que el presidente Morsi y la revolución se han unido para sacarlos del proceso político de una vez por todas. ?

Hay varias medidas innovadoras, por ejemplo, la solicitud a los miembros de las dos cámaras (la Cámara Baja, el consejo de diputados o representantes, Majlis al-Nuwwaby la cámara alta, Majlis al-Shura) para proporcionar una declaración de bienes al principio y al final de su mandato, así como anualmente, a sus respectivas cámaras (Art. 88); también obligatoria para el presidente y los ministros, quienes deberán entregar su declaración de bienes a la cámara baja (Art.138 y Art.158). Otro avance útil es que las asociaciones para ser legales meramente tendrán que cumplir el requisito de notificar su existencia (ikhtar, Art.51) a las autoridades, en contraposición al limbo anterior en el que se encontraban porque solo eran consideradas legales después de la aprobación de las autoridades, por lo general el Ministerio del Interior. Por el contrario, la lista de derechos fundamentales no mejora mucho al de la Constitución vigente, e incluso incluye algunas repeticiones innecesarias, por ejemplo, tanto el artículo 35 como el artículo 77 establecen el derecho del acusado a un abogado. ?

Más preocupante aún, en el texto hay por lo menos veinte condicionan a derechos fundamentales mediante una cláusula de aplazamiento hasta su posterior desarrollo por "una ley". Dado que miles de leyes y diversos instrumentos legislativos y ejecutivos tendrán que ser desarrollados en cualquier caso, dicha referencia es inherentemente peligrosa. La utilización por parte de Mubarak y la Junta Militar (SCAF) de leyes para reprimir los derechos constitucionales atestigua la fácil manipulación de la Constitución por medio de cláusulas de aplazamiento. En total, hay más de 50 casos de cláusulas del tipo "esto será decidido posteriormente por la ley." Estas cláusulas de aplazamiento son resultado típico de desacuerdos y prisas cuando los constituyentes abdican de su obligación en importantes cuestiones constitucionales que no han sido capaces de definir correctamente.

En resumen, es difícil encontrar mejoras democráticas a la actual Constitución de Egipto en el nuevo proyecto de Constitución.

También hay serios retrocesos que minan la integridad de la sustancia constitucional que uno espera en un documento fundacional.

Las deficiencias del PC, que debería responder a las aspiraciones de una revolución que unió el final de un perpetuo dictador con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, son especialmente evidentes en dos áreas centrales de definición constitucional: el proyecto de Constitución (1) debilita la administración de justicia egipcia, y (2) revive el fantasma del sectarismo religioso contra el derecho fundamental de los ciudadanos a la igualdad.

El poder judicial socavado

El poder judicial se ve socavada en diversas formas. El proyecto de Constitución lo fragmenta en funciones subalternas diferentes (Artes 168-182 PC). Si bien así ocurría en el régimen de Mubarak, ahora se pretende que los tribunales estén aún más compartimentados, y cada uno se rija por sus propias reglas y su propio presupuesto (Art. 169 PC), dando lugar a inevitables conflictos que desorientarán al ciudadano y debilitarán el Estado de Derecho. Los redactores del proyecto constitucional tampoco han corregido un defecto importante, heredado de la práctica francesa. Toda la legislación deberá ser revisada por el tribunal superior administrativo (Majlis al-Dawla) antes de ser aprobada, a pesar de que la Corte se reserva un poder de revisión judicial en los litigios entre los ciudadanos y la administración (Art. 174 PC). Los tribunales militares se mantienen (Art.198 CC), a pesar de su papel central en el aparato de seguridad represiva bajo el antiguo régimen y bajo el SCAF (la Junta Militar ha juzgado a más de 13.000 personas antes de disolverse). El Presidente Morsi ha actuado para terminar con estos juicios, por lo que el mantenimiento de los tribunales militares en el proyecto de Constitución es un paso en relación con la exigencia revolucionaria de acabar con todos los tribunales especiales. ?

El enemigo principal de los redactores de la constitución parece ser el Tribunal Constitucional Supremo. El Art.235 fue añadido en la medianoche del 30 de noviembre, reduciendo el número de jueces del TSC, para disminuir su capacidad de decisión. Además, el TSC está obligado a la supervisión constitucional de los procesos y las leyes electorales, que no podrá tratar posteriormente si hay denuncias particulares de ciudadanos afectados (Art.177). Este es un importante revés para el derecho de voto.

En suma, en lugar de avanzar en el imperio de la ley mediante la consolidación de un sistema judicial coherente, el proyecto de Constitución socava la institución estatal que ha sido la voz más importante de la resistencia pacífica, teórica y activa a los gobernantes autoritarios de Egipto, de Nasser a Mubarak .

Discriminación sectaria

En el proyecto de Constitución no aparece mecanismo alguno para la protección de los grupos históricamente marginados y oprimidos en Egipto, especialmente las mujeres y las minorías religiosas. El artículo 2 de la Constitución de 1971 (modificada en 1980) se mantiene tal cual («los principios de la sharia son la principal fuente de legislación"). Este texto ha sido mejorado por treinta años de jurisprudencia del TSC, lo que demuestra que la ley islámica puede convivir con una constitución moderna, e incluso enriquecer la vida constitucional de los ciudadanos. Con el TSC en peligro, este legado está en peligro. A pesar de la referencia positiva en el artículo 3 a los egipcios judíos, el artículo limita las tradiciones jurídicas de los egipcios judíos y cristianos a la organización de "su estatuto personal» y “la elección de sus líderes comunitarios”. Budistas, hindúes y no creyentes no tienen cabida en el proyecto de Constitución. En su lugar, el artículo 2 declara que "el Islam es la religión oficial" (literalmente, la religión del estado, din al-Dawla). Millones de egipcios no son musulmanes, y el proyecto de Constitución los sigue discriminando abiertamente.

Una adición y una omisión plantean problemas adicionales de mayor sectarismo.

Los redactores han añadido el artículo 219, que estipula que «los principios de la ley islámica comprenden sus reglas generales y métodos jurisprudenciales tal y como los entiende la escuela sunnita. Egipto nunca fue tan sectario como para definir abiertamente el sunnismo como la fuente exclusiva de la tradición islámica. El artículo 219 es claramente contra los chiíes, a pesar de que constituyen una minoría insignificante en Egipto, pero también contra los coptos y cualquier otra denominación que no sea sunnita. En lugar de honrar todas las tradiciones jurídicas de Egipto, el sectarismo queda fortalecido con esta adición inesperada.

La omisión es fruto del desconocimiento de la sustancia de las leyes islámicas y de otras tradiciones del rico corpus jurídico egipcio. A pesar de la apelación a la shariacomo fuente principal jurídica del país, los redactores apenas pueden señalar ningún rastro serio de la ley islámica en el texto que han adoptado. No se puede encontrar en el proyecto de Constitución trazo alguno del legado de los derechos individuales, tan queridos por la tradición jurídica islámica. Un ejemplo de ello hubiera sido la adopción de la específica prohibición del Corán contra toda coacción religiosa (“No coacción religiosa”, la ikrah fil-din). Los ejemplos pueden multiplicarse, incluyendo medidas para la igualdad entre hombres y mujeres, la protección de la vida, la integridad física y de los bienes, o el papel privilegiado del juez imparcial. Los redactores no han hecho el menor esfuerzo por revivir los aspectos mejores y más ilustrados del corpus legal islámico.

Los egipcios merecen algo mejor. En los últimos meses, la elección presidencial en libertad había llenado de esperanza a todos los que apoyaron la Revolución del Nilo de que la nueva constitución traería mas igualdad y libertad. En sólo una semana, el proceso se ha revertido dramáticamente, aumentando los riesgos de guerra civil y la posibilidad de una intervención militar. El TSC y los tribunales deben erguirse para preservar los valores positivos de la Constitución de Egipto, que el nuevo proyecto de Constitución quiere revertir. Sólo los jueces se interponen entre Egipto y el abismo.

* Presidente de la ONG Derecho a la No Violencia, cuyos objetivos son la no violencia, el constitucionalismo y la responsabilidad judicial en Oriente Medio. Es profesor visitante en la Facultad de Derecho de Yale, y un especialista de la ley islámica.

Traducción para www.sinpermiso.es: Gustavo Buste

Tomado de: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5489
 

 

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