Un largo y difícil debate precedió a la versión final del proyecto que la Ministra radicará en el Congreso. Recogiendo del saber y la experiencia de muchos estudiosos, los autores proponen un conjunto de estrategias y medidas específicas para mejorar la equidad, la eficiencia y la equidad del sistema de educación superior.
Myriam Jimeno* – Isaac Dyner**
Apoyar sin interferir
Durante los meses pasados la propuesta de reforma de la educación superior ha vivido un álgido debate del que han surgido muchas propuestas, entre otras, la de un nutrido grupo de rectores.
Adicionamos algunos elementos, convencidos de la importancia de una amplia participación y de combinar variados puntos de vista en la nueva versión del proyecto de ley:
- La educación es la más poderosa herramienta para avanzar en lo más débil de nuestra sociedad, la equidad social.
- Para ello hay que mejorar de manera simultánea el acceso a la educación superior y su calidad, pues estas son llaves para el desarrollo.
- La participación estatal es decisiva para regular el sistema educativo con miras a garantizar los intereses de la sociedad en su conjunto, pero el compromiso de otros amplios sectores sociales es imprescindible.
- Hay que inyectar recursos nuevos y asegurarse de que vayan al beneficio colectivo y no al interés individual, para proveer un buen servicio y gastar con eficiencia.
- De allí surge uno de los asuntos más difíciles de resolver: equilibrar la autonomía indispensable para la educación moderna, con metas e indicadores de mejoramiento, crecimiento, transparencia y cumplimiento.
- Es decir, aumentar la inversión estatal y proteger a la comunidad de los abusos ya bien conocidos en educación y salud, sin lesionar la independencia crítica. Difícil pulso el que se avecina.
Las finanzas
La propuesta del Ministerio de Educación contempla acceder a recursos públicos mediante una mayor calificación y producción intelectual de los profesores y una mejor relación con la creación y producción de conocimientos e innovaciones.
Sin embargo, aún es necesario definir con mayor precisión los vínculos entre políticas de educación y el sistema de ciencia, tecnología e innovación, como algunos analistas han propuesto. El Ministerio considera también que la mayor inversión estatal debe encaminarse a crear nuevos programas y cupos estudiantiles, y a la superación de la escandalosa deserción actual. Está previsto un sistema de apoyo económico para los más pobres, pero sería deseable que fueran becas para ellos y préstamos para los estudiantes pudientes.
Para los nuevos recursos estatales a las universidades públicas, el Ministerio acordó con los rectores un aumento del 3 por ciento adicional al Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 2012 y el 2022, lo que significaría una adición del 38,4 por ciento. Son decisivos también los dineros para investigación a través de la Ley de Regalías, que exceden a los presentes en casi un billón de pesos anuales. De acuerdo con lo que indica el proyecto de ley, se han de aumentar aún más los aportes estatales, si se logran avances en los compromisos y metas establecidos.
Proponemos la asignación del financiamiento mediante un sistema diferenciado de instituciones según afinidades relativas:
- Un grupo estaría conformado por universidades con mayor énfasis en investigación, mayor desarrollo y los mejores indicadores de calidad;
- Otros grupos por instituciones de mediano y menor tamaño, trayectoria y dedicación a la formación profesional o técnica.
- Las instituciones públicas recibirían recursos de acuerdo con indicadores y compromisos propios de su categoría, con la mira de modificarlos para cambiarse de grupo, si así lo desearan.
Esto permitiría mayor claridad en los indicadores de desempeño y una mejor asignación de los recursos públicos, reduciendo injerencias indeseables. Los costos del crecimiento en cobertura con calidad irían así a las metas específicas de cada grupo en cuanto a la formación docente, los programas de posgrado, la inversión en infraestructura educativa y de investigación y el fortalecimiento de grupos de investigación.
Mejorar la calidad
Es importante evitar un crecimiento sin compromisos de calidad, pues de no conjugarse ambos, existe el peligro de que lo uno impida lo otro, como ya aconteció recientemente con la reforma en el Brasil.
También es preciso el compromiso mucho más decidido de todos, Estado, agentes educativos y sector productivo. Esto significa obtener más recursos estatales y concertar nuevas fuentes, pero también hay que ofrecer más y mejor información, rendirle cuentas a la sociedad, pues la educación es un servicio público, ya sean públicos o privados sus prestadores.
El amplio y heterogéneo sector privado de la educación superior en Colombia podría hacer un gran aporte en cobertura y calidad sin que sea necesaria la inclusión de instituciones con ánimo de lucro, dados los riesgos de esta iniciativa, las desafortunadas experiencias internacionales, incluyendo la de Estados Unidos y nuestra inveterada debilidad en el control institucional, como lo demuestra el sistema de salud.
Finalmente, la calidad con cobertura exige cambios en el modelo pedagógico que puede acudir a experiencias bien conocidas. Es posible trabajar en una relación estimulante y creativa entre profesores y alumnos, aprovechando el modelo que vincula a profesores, estudiantes de posgrado y a quienes inician sus estudios, en una articulación de clases, talleres, prácticas y seminarios, según especificidades de cada área de conocimiento. Esto permite un mayor número de estudiantes pero con una atención directa a pequeños grupos.
Proteger el interés público
En síntesis, la reforma de la educación superior:
- Debe conjugar calidad y cobertura mediante mejor formación de sus docentes y énfasis en la creación, la innovación y la investigación.
- Debe dar garantías de mayor acceso y permanencia de estudiantes de bajos recursos.
- La mayor inversión estatal debe acompañarse de transformaciones importantes en el modelo de enseñanza, en la ampliación de cobertura y en un mayor rigor y claridad en los criterios de desempeño institucional.
- Va a ser necesario sopesar distintas posiciones hasta alcanzar el difícil equilibrio entre autonomía y regulación.
La libertad inherente a una buena educación superior, aquella encaminada al buen desempeño profesional y a la investigación e innovación, no puede ser contraria a proteger y garantizar el interés público.
* Doctora en Antropología de la Universidad de Brasília, profesora titular Departamento de Antropología e investigadora del Centro de Estudios Sociales CES de la Universidad Nacional de Colombia.
**PhD, London University, en Ciencias de la Decisión en Energía, 1997. Profesor Titular, Universidad Nacional de Colombia Facultad de Minas, Medellín, 1991- 2006, Consultor en ELS.
