Educación: entre grandes promesas y resultados esquivos

La educación fue una de las grandes apuestas del gobierno Petro. Cuatro años después, el balance combina avances en la educación superior con metas incumplidas, reformas frustradas y escasos progresos en la calidad de la educación básica.

Entre las promesas y los resultados

Cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia en agosto de 2022, la educación ocupó un lugar central en su discurso político. La presentó como uno de los pilares de la transformación social que proponía para Colombia. Frente a los rezagos en cobertura, calidad, financiamiento e inequidad, el país esperaba un impulso capaz de convertir la educación en el principal motor de movilidad social. La designación de Alejandro Gaviria al frente del Ministerio reforzó esa expectativa.

Cuatro años después, el balance obliga a distinguir entre las intenciones, los anuncios y los resultados.

El gobierno logró algunos avances en el financiamiento de la educación superior pública y mantuvo como política permanente la gratuidad para estudiantes de menores ingresos, ampliando una estrategia iniciada durante el gobierno anterior. Estas decisiones ofrecieron mayor estabilidad a las universidades estatales y facilitaron el acceso de miles de jóvenes provenientes de hogares vulnerables.

Sin embargo, esos avances no resolvieron los principales problemas del sector. La llamada deuda histórica de las universidades públicas siguió creciendo y continúa afectando la infraestructura, la investigación, la dotación y la modernización de las instituciones.

Tampoco prosperó una de las principales promesas de campaña: desmontar el ICETEX y reemplazarlo por un sistema completamente diferente. Las restricciones fiscales obligaron a mantener la entidad, reducir subsidios y disminuir la financiación disponible para nuevos estudiantes. Como resultado, el ICETEX termina el cuatrienio en una situación más difícil que la heredada.

Algo similar ocurrió con la meta de crear 500.000 nuevos cupos en educación superior. Muy pronto quedó claro que ampliar la cobertura exigía mucho más que aumentar el presupuesto. Era necesario construir infraestructura, contratar profesores, fortalecer laboratorios y ampliar la capacidad académica y administrativa de instituciones que ya funcionaban cerca de su límite. Por ello, el crecimiento efectivo de la matrícula estuvo muy por debajo de lo prometido y dependió principalmente de la ampliación gradual de programas ya existentes.

Las grandes reformas legales tampoco prosperaron. El Ministerio presentó iniciativas ambiciosas para modificar aspectos centrales del sistema educativo, pero ninguna consiguió el respaldo político suficiente en el Congreso. Buena parte de la agenda terminó bloqueada por la falta de mayorías.

La deuda sigue estando en la educación básica

Si la educación superior concentró buena parte de la atención pública, la educación básica y media constituyen el principal punto débil del balance.

Persisten profundas brechas entre las zonas urbanas y rurales. La infraestructura escolar sigue siendo insuficiente en numerosos municipios, el déficit de conectividad limita el acceso a herramientas digitales y la recuperación de los aprendizajes perdidos durante la pandemia continúa siendo incompleta.

A ello se suma una reducción de la cobertura que no puede explicarse únicamente por factores demográficos. Las tasas de deserción siguen siendo preocupantes y el índice de repetición continúa entre los más altos registrados por las pruebas PISA.

Quizá el mayor vacío del cuatrienio fue la ausencia de una política nacional sólida para mejorar la calidad educativa. Mientras el debate se concentró en el acceso y el financiamiento, quedó en un segundo plano una pregunta fundamental: qué aprenden los estudiantes y cómo fortalecer de manera efectiva sus competencias en lectura, matemáticas, ciencias y pensamiento crítico.

Las evaluaciones nacionales e internacionales siguen mostrando que Colombia mantiene niveles de desempeño inferiores a los de países con desarrollos económicos comparables. En este campo no llegó a consolidarse una estrategia capaz de modificar una tendencia que se arrastra desde hace décadas.

En primera infancia también hubo avances parciales, pero la ampliación de la atención integral fue más lenta de lo esperado debido a limitaciones presupuestales y administrativas.

La gestión: avances parciales y problemas persistentes

La gestión del sector también dejó resultados mixtos. La alta rotación ministerial afectó la continuidad de las políticas públicas. En apenas cuatro años pasaron por el Ministerio varios titulares, cada uno con prioridades distintas y escaso tiempo para consolidar una agenda propia. La falta de continuidad retrasó programas que requerían estabilidad técnica y administrativa.

Uno de los episodios más críticos fue la reforma del sistema de salud del magisterio. Aunque el propósito de mejorar la atención médica de los docentes recibió amplio respaldo, la implementación estuvo marcada por retrasos en la contratación, fallas de atención y problemas administrativos que provocaron un profundo malestar entre los maestros. Paradójicamente, uno de los gobiernos con mayor afinidad política con el sindicalismo docente terminó enfrentando fuertes críticas del propio magisterio.

Tampoco fue sencilla la relación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales. Muchas de las transformaciones anunciadas dependían de gobernaciones y alcaldías para su ejecución, pero la coordinación fue desigual, especialmente en infraestructura educativa, transporte escolar y alimentación escolar.

El Programa de Alimentación Escolar siguió enfrentando problemas de cobertura, calidad y contratación en numerosos territorios. Se trata de dificultades anteriores a este gobierno, pero tampoco puede afirmarse que durante el cuatrienio se hubiera logrado superarlas.

Quizá el mayor error político consistió en convertir con frecuencia la educación en un escenario de confrontación ideológica. El debate público terminó concentrándose en las diferencias políticas, mientras asuntos como la calidad de los aprendizajes, la formación docente o la gestión escolar quedaron relegados.

Un balance moderado

El balance final está lejos tanto del fracaso absoluto como de la transformación anunciada.

El gobierno Petro fortaleció el financiamiento de la educación superior pública, consolidó la gratuidad para los estudiantes más vulnerables y mantuvo la educación como prioridad del debate nacional. Sin embargo, no logró ampliar la cobertura universitaria en la magnitud prometida, las grandes reformas legales no prosperaron y la calidad de la educación básica permaneció prácticamente estancada.

La principal lección del cuatrienio trasciende este gobierno. Transformar la educación exige mucho más que voluntad política o discursos ambiciosos. Requiere continuidad, capacidad técnica, recursos suficientes y acuerdos que sobrevivan a los cambios de gobierno. Ninguna administración, por sí sola, puede reformar en cuatro años un sistema que atiende a más de diez millones de estudiantes y cerca de medio millón de docentes.

El reto del próximo gobierno no será comenzar de nuevo, sino consolidar los avances alcanzados y enfrentar las tareas pendientes, especialmente en la educación básica. 

Colombia necesita menos anuncios espectaculares y más políticas sostenidas capaces de mejorar, año tras año, las oportunidades reales de aprendizaje de millones de niños y jóvenes. Ese será, al final, el verdadero criterio para juzgar el éxito de cualquier política educativa.

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