Educación: agenda para el 2015 y más allá - Razón Pública
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Educación: agenda para el 2015 y más allá

Escrito por Víctor Manuel Gómez

El patio de un colegio oficial con muchos niños en su momento de descanso

Víctor Gómez​Al comenzar un nuevo año vale la pregunta de si estamos realmente en el camino de convertir a Colombia en “el país más educado de América Latina en 2025”. La inversión -y los cambios- tendrían que ser enormes.

Víctor Manuel Gómez*

Falta inversión y faltan capacidades

El 2014 se apaga con una pesada herencia de carencias educativas, de mayor cobertura con calidad y equidad, no solo insatisfechas sino con baja probabilidad de avance en 2015, dada la falta de voluntad para aumentar la inversión pública en educación a niveles del 6 o el 7 por ciento del PIB, como hacen los países miembros de la OCDE,  a la cual aspira a sumarnos el presidente Santos.

El MEN como un 'cuerpo de elefante con cabeza de ratón'

Además de esta limitación presupuestal no existe en el Ministerio de  Educación Nacional (MEN) la capacidad para formular una política coherente, ni orientada a lograr las necesarias metas de cobertura con calidad y equidad. En un artículo anterior sugerí la metáfora del MEN como un 'cuerpo de elefante con cabeza de ratón' para designar su debilidad al formular políticas y su poca capacidad  administrativa y operativa.

Educación básica: apenas nueve años

Tanto la Constitución del 91 como la Ley General de Educación (115 de 1994), nos legaron la reducción al 'mínimo' de nueve años de la educación básica obligatoria y gratuita (Artículo 11 de la Constitución) y el definir como 'post básica' la educación media (grados 10 y 11), correspondiente a la secundaria superior en el contexto internacional. Mientras el estándar internacional es de doce años de educación básica obligatoria y gratuita para alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades intelectuales generales necesarias para la inserción social y laboral adecuadas de los jóvenes, en Colombia se define como básico lo que no es sino el 'mínimo', mientras los grados 10 y 11 se miran como 'post básicos' y por lo tanto exentos de financiación pública.

Esta situación tiene importantes consecuencias sociales:

1. Se privatiza la educación media porque su costo le corresponde a las familias, aunque la matrícula sea en instituciones públicas. Solo unos pocos municipios ricos pueden subsidiar la educación media para sectores de bajos ingresos, mientras las clases media y alta educan a sus hijos en colegios privados. Esto resulta en alta desigualdad en acceder al ciclo medio, sin el cual no es posible aspirar a educación superior ni a una inserción laboral calificada. Desigualdad que algunos han descrito como un verdadero 'apartheid' social en Colombia.

2. La privatización del nivel medio se traduce en escasa cobertura, sobre todo entre sectores de bajos ingresos y en áreas rurales, y explica el lento aumento de la matrícula – prácticamente nulo bajo el gobierno de Santos. La tasa neta de cobertura en grados 10 y 11 se calcula en apenas 39 por ciento, y esto explica por qué más de 15 millones de jóvenes no habían acabado su bachillerato en 2013. Entre los grados 6 y 9 la matrícula se reduce en casi 300.000 estudiantes y en 434.000 en grado 11.

3. Millones de jóvenes sin secundaria completa condenados a la marginalidad social y laboral, caldo de cultivo de las otras ‘violencias’: delincuencia, narcotráfico, prostitución, extorsión, etcétera. No habrá ‘paz’  en Colombia  mientras a un alto porcentaje de su juventud se le niegue el derecho a la educación y a la capacitación laboral de calidad.

4. Otra consecuencia es el bajo nivel educativo de la población económicamente activa (PEA), con sus secuelas de baja productividad laboral y escasa capacidad de innovación: 50, 3 por ciento de los ocupados no tiene ningún título, 29,1 por ciento tiene bachillerato, 10,1 por ciento son técnicos o tecnólogos y 7,2 por ciento cuenta con título universitario. El perfil intelectual de una población es el mejor indicador de la capacidad de progreso económico, social y político, del potencial de innovación. Y el perfil intelectual de la PEA colombiana es muy pobre e inadecuado ante las exigencias de la economía y la sociedad globalizadas, lo que anticipa décadas de atraso, pobreza y desigualdad social.

5. El acceso temprano a la primaria y apenas nueve de escolaridad básica han dado pie a una disminución en la edad de quienes acceden al nivel medio, lo cual  implica que a educación superior accedan muchos jóvenes sin suficiente madurez intelectual y socio-afectiva, lo cual incide sobre las tasas de deserción y cambio de carreras, y desmejora los indicadores de eficiencia del gasto público en educación superior (en 2012, el 54, 3 por ciento de la matrícula de educación media estaba compuesta por jóvenes de 15 y 16 años; el 24.8 por ciento por jóvenes de 17 y 18 años, y el 7, 5 por ciento por menores de 15 años).

Es pertinente añadir el interrogante sobre 'profesionales' de 19, 20 o 21 años, y sobre su 'competencia profesional' -que no puede reducirse a unos cuantos conocimientos, métodos y técnicas-.

De lo anterior se sigue la necesidad del grado 12, o de extender la escolaridad obligatoria y gratuita a doce años, en consonancia con los estándares internacionales y con el ingreso a la OCDE.  ¿Existe una política al respecto en el MEN? ¿Hay recursos para adoptar el grado 12 o para extender el ciclo básico? Esta sería una agenda educativa deseable para el 2015.

Colegio San José de Castilla en Bogotá.
Colegio San José de Castilla en Bogotá.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Postsecundaria: alta demanda  y pocas oportunidades

Cada semestre aumenta el número de egresados del nivel medio, en su mayoría provenientes de estratos bajos, con necesidades de formación postsecundaria, algunos en las universidades tradicionales, la mayoría en ofertas postsecundarias de educación técnica moderna que los capacite para su inserción al mundo del trabajo.

En el 2013, aproximadamente 600.000 jóvenes egresaron del nivel medio. La mayoría no puede comprar educación privada, pocos desean endeudarse para comprarla, y muchos no pueden ni desean una formación académica larga sino una formación técnica de calidad que los califique para un buen trabajo.

Pero no existe un sistema público de educación técnica postsecundaria, con financiación adecuada y con estándares de calidad internacionales. Existen solo 15 instituciones públicas técnicas y tecnológicas en Colombia, con un total de 91.117 estudiantes matriculados (en 2011), es decir que menos del 5 por ciento de los alumnos en centros técnicos o tecnológicos asiste a instituciones públicas – y estas reciben una mínima parte de los aportes de la Nación para la educación superior-.  

Los grados 10 y 11 se miran como 'post básicos' y por lo tanto exentos de financiación pública. 

Por otra parte existen 65 instituciones privadas de carácter técnico o tecnológico, con graves problemas de calidad y pertinencia laboral, pues este tipo de formación no puede financiarse a punta de matrículas baratas. La mayoría de sus programas no son ni 'técnicos' ni mucho menos 'tecnológicos', en el sentido moderno de la expresión, puesto que suelen concentrarse en las áreas de administración, contaduría y finanzas, donde la formación se basa en 'métodos' y aplicación de software, no en saberes técnicos ni tecnológicos. Todo lo cual revela el fracaso de la política educativa, desde la ley 30, en la conceptualización y en el fomento de este tipo de formación.

Dada esa realidad, la mayoría de egresados de la media -que no pueden comprar educación superior privada ni competir por los pocos cupos en las universidades públicas, ni ingresar a los programas titulados del SENA – acceden al mercado de trabajo sin calificación ni competencias adecuadas, típicamente en el sector informal, al rebusque y los empleos terminales de baja productividad y remuneración.

Estudiantes de la Universidad del Valle en Cali.
Estudiantes de la Universidad del Valle en Cali.da
Foto: WATERLAT GOBACIT

Educación superior: escasa y concentra

La tasa de cobertura oficial de 45 por ciento en el 2014, queda reducida aproximadamente  a 32 por ciento una vez que se excluyen los estudiantes del  SENA- que de manera irregular y arbitraria se cuentan como alumnos de la educación superior-. Ya sea con el 45 o con el 32 por ciento es evidente la brecha entre los cupos  y la demanda por educación superior, dada su importancia creciente para lograr movilidad social, inserción laboral calificada y formación de una ciudadanía creativa y participativa. Por estas razones, en otras sociedades, la tasa de cobertura es de 60 o aun de  80 por ciento sobre este grupo de edad.

A la escasez de cupos en las instituciones públicas, derivada de la estrechez financiare que acarrea la Ley 30, cabe añadirle otros dos problemas:

  • Ochenta por ciento de la matrícula se concentra en unas pocas áreas (Administración, Contaduría, Economía, Derecho, Ingenieras y formación de docentes), y solo 2,5 por ciento en Matemáticas y Ciencias Naturales, y 1,5 por ciento en Agronomía, Veterinaria y afines.
  • La alta concentración geográfica de las ofertas: 58 por ciento de los programas técnicos profesionales y tecnológicos y el 48,1 por ciento de los cupos universitarios son ofrecidos en las tres entidades territoriales que concentran el 38 por ciento de la población entre los 18 y 24 años.

 

*Profesor de Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia.

 

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