Este es el fallo internacional a favor de Ecopetrol que parece eximirlo de culpas en el caso Reficar. Quedan algunas dudas, y queda sobre todo la pregunta de si será posible cobrar el dinero que ordenó el tribunal.
Libardo Espitia*
Fallo favorable, cobro en el aire
Ecopetrol informó a la opinión sobre el fallo del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, acerca de la demanda interpuesta por la empresa colombiana en 2016 contra Chicago Bridge & Iron Compañy N.V., CB&I Limited y CB& Colombia por los sobrecostos e incumplimientos de obligaciones en el contrato suscrito para el proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar).
Pero el viacrucis para hacer efectivo el laudo arbitral apenas comienza, toda vez que la empresa CB&I en el 2018 se fusionó con McDermott International, que también ha presentado problemas financieros.
El contrato
En 2006 tras la escisión de Ecopetrol de la Refinería de Cartagena, se constituyó Reficar como una sociedad anónima cuyos máximos órganos de dirección son la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva. A mediados del mismo año se privatizó el 51% a la multinacional Glencore, una sociedad sin ninguna experiencia en modernización de refinerías.
En el año 2007, en medio del desarrollo de las obras de construcción de la nueva refinería, Glencore cerró un trato entre Reficar y Chicago, Bridge & Iron (CB&I), firma holandesa con sede en Texas. El plazo para terminar las obras se calculó para diciembre de 2012, con un contrato bajo la modalidad de costos fijos.
En 2009, ante la crisis internacional, Glencore abandonó el proyecto. Además de no imponerle ninguna sanción, Ecopetrol recompró sus acciones por un valor de 549 millones de dólares.
Pero el viacrucis para hacer efectivo el laudo arbitral apenas comienza, toda vez que la empresa CB&I en el 2018 se fusionó con McDermott International
Así, Andean Chemical –propiedad de Ecopetrol– se quedó con el 50,99% de las acciones de Reficar y Ecopetrol S.A. se quedó con el 49% restante. Desde entonces, únicamente esta empresa adelantaría el proyecto con los costos de la recompra.
Pese a que el contrato tenía una garantía de 75 millones de dólares y una pena diaria de 166.000 dólares por incumplimiento de obligaciones contractuales, la supervisión del Plan Maestro de Desarrollo (PMD) fue contratada hasta el 1 de septiembre de 2009.
Como si fuera poco, el 15 de junio de 2010, Reficar cambió la modalidad de contratación por una de costos reembolsables, la cual permitiría extender sin límite los gastos de inversión. Este sería el mayor dolor de cabeza del PMD.
El 21 de octubre de 2015 el Gobierno Nacional informó que el PDM había culminado y que el país dejaría de importar más de un millón de barriles de combustibles como diésel, gasolina y jet, dado que Reficar los produciría y de mejor calidad gracias a la ampliación.
La renovación consistió en 14 unidades adicionales a las 31 en total, lo cual permitirá mejorar la calidad de los productos y aumentar su producción de 80.000 a 165.000 barriles diarios, de los cuales 75 mil de diésel, 30 mil de nafta, 30 mil de gasolina, 14 mil de jet fuel, 5 mil de propileno, 4 mil de GLP, 270 toneladas de azufre y 75 mil toneladas de coque.
Cabe indicar que el PDM tuvo un costo final de 8.016 millones de dólares, más del doble de los 3.777 millones de dólares presupuestados inicialmente.
El proceso de responsabilidad fiscal (PRF)
El 13 de marzo de 2017 la Contraloría General a cargo de Edgardo Maya Villazón informó de la apertura de un PRF por 6.080 millones de dólares equivalentes a 17 billones de pesos por el daño patrimonial que se presentó en la ejecución del PDM. Esta decisión afectaba a cinco exfuncionarios y trece miembros de junta directiva de Reficar, diez y ocho miembros de junta directiva de Ecopetrol y seis contratistas, entre los que se contaba CB&I.
En el proceso no fueron incluidos todos los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol ni del Comité Interinstitucional que escindieron la Refinería de Cartagena, le adjudicaron a Glencore y ante el posterior abandono el PDM no le impusieron sanción alguna. Tampoco figuran las firmas que ejercieron la revisoría fiscal en las 2 empresas, Pricewaterhousecoopers, KPMG y Ernst & Young Audit.
Llama la atención que los ministros de Hacienda y Minas y los directores del Departamento Nacional de Planeación que recomendaron a Glencore como inversionista para el PDM y abogaron para que a Ecopetrol se le escindiera la Refinería, no figuran en los procesos judiciales abiertos entre 2017 y 2018.
Mención especial merece Mauricio Cárdenas Santamaría, quien fue exonerado por el Contralor General pese a ser parte de la Junta Directiva de Ecopetrol desde 2008, ministro de Minas y Energía entre 2011 y 2012 y ministro de Hacienda y Crédito Público desde 2012.
Así mismo en el 2010, cuando Reficar cambió la modalidad de contratación de costos fijos a costos reembolsables, estaba bajo el control de Ecopetrol y su Junta Directiva, tenía la facultad de tomar medidas correctivas, pero prefirieron no hacerlo. La Junta Directiva estaba integrada por el director del DNP, Esteban Piedrahita, y los ministros de Minas y de Hacienda Hernán Martínez Torres y Oscar Iván Zuluaga; ninguno de ellos figura en el PRF de la Contraloría que finalmente apertura por 2,9 billones de pesos.
Como era de esperarse, una vez conocido el laudo arbitral a favor de Ecopetrol por valor de mil millones de dólares, los exdirectivos implicados solicitaron la revisión del PRF, puesto que el monto equivalente a 4,9 billones de pesos superaba ampliamente el valor determinado por la Contraloría.
Un laudo incierto
En el 2016 Ecopetrol presentó demanda de reparación por los sobrecostos y demoras en el PDM contra los contratistas que adelantaron el proyecto de modernización de la Refinería ante la Cámara de Comercio Internacional, la cual resolvió de manera favorable las pretensiones de la empresa colombiana, condenando a Chicago Bridge & Iron Compañy N.V., CB&I Limited y CB& Colombia a pagar una suma no menor de mil millones de dólares.
Los sobrecostos en el proyecto motivaron a que el 2018 se calificara como el caso de mayor corrupción en 200 años de historia superando lo acontecido en el proyecto hidroeléctrico de El Guavio.
Los servicios por los que CB&I fue reconocida son:
Tecnología: tecnologías de proceso con licencia, catalizadores, equipos especializados y productos de ingeniería para uso en instalaciones petroquímicas, refinerías de petróleo y plantas de procesamiento de gas;
Ingeniería y Construcción: ingeniería, adquisición, fabricación y construcción de importantes instalaciones de infraestructura energética;
Servicios de fabricación: capacidades de fabricación de tuberías, acero estructural, prefabricación y ensamblaje de módulos, así como tanques y recipientes de almacenamiento para las industrias de petróleo y gas, agua y aguas residuales, minería y generación de energía
Brevemente la cronología de los sucesos se describe así:
- En los años 2016 y 2017 los ingresos recibidos por sus actividades fueron menores para 2017, los ingresos de CBI fueron de 6.700 millones de pesos, menos que el año anterior.
- En mayo de 2018, McDermott International adquirió la empresa por 6 mil millones de dólares estadounidenses.
- Después de ser adquirido por McDermott, las acciones de CB&I abandonaron de cotizar en la Bolsa de Nueva York el 11 de mayo de 2018.
- McDermott luchó por integrar su adquisición de Chicago Bridge & Iron Co, y en enero de 2020 se enfrentó a la quiebra. El 21 de enero de 2020, McDermott anunció que se había declarado en bancarrota conforme al Capítulo 11. McDermott tuvo problemas para integrar su adquisición de Chicago Bridge & Iron, la declaratoria se fundamentó a un litigio por asbesto.
Por las razones señaladas, hacer efectivo el cobro de los recursos de la decisión arbitral es incierto toda vez que CB&I es una sociedad que jurídicamente ya no existe, y con quien se fusionó, la también multinacional McDermott, se declaró en bancarrota.
Los sobrecostos en el proyecto motivaron a que el 2018 se calificara como el caso de mayor corrupción en 200 años de historia superando lo acontecido en el proyecto hidroeléctrico de El Guavio. El PDM fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo (2002-2006), así que el gobierno de entonces defendió a toda costa la escisión y privatización de la Refinería de Cartagena al igual que la privatización, bajo la figura de la capitalización de Ecopetrol, acciones que se hicieron realidad durante el segundo gobierno de Uribe.
