En plena bonanza del sector extractivo, poco se ha investigado sobre la intensidad y la distribución geográfica de los atentados a la infraestructura. Las formas cómo las compañías multinacionales producen orden y seguridad en sus áreas de operación, no ha sido objeto de estudio y debate político.
Juan David Velasco*
Intensidad y distribución de los atentados
En un artículo reciente — “La guerrilla se ensañó con Ecopetrol” — la revista Dinero registró que en lo corrido del año 2013 se han perpetrado dos atentados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el oleoducto que va desde Caño Limón (Arauca) hasta Coveñas (Sucre).
En contraste, durante los últimos tres años, empresas multinacionales del sector extractivo como Pacific Rubiales, Cepcolsa y Drummond no han reportado atentados con artefactos explosivos a la infraestructura de transporte de crudo o a la línea férrea, de las que son copropietarias o concesionarias, lo que abre el debate sobre las formas como estas compañías multinacionales generan seguridad y protección en sus áreas de operación.
En el nororiente del Meta y en Barrancabermeja puede observarse la persistencia de varios elementos de paramilitarización de la seguridad, a pesar de las desmovilizaciones masivas del Bloque Central Bolívar y de las Autodefensas de Meta y Vichada.
Los archivos de prensa señalan que la mayoría de atentados se han concentrado geográficamente en zonas históricas de retaguardia de los frentes guerrilleros de las FARC y del ELN: en el Catatumbo, en Arauca, en el Bajo Putumayo y en el andén pacífico nariñense y caucano.
Sin embargo, el hecho de que estas regiones estén ubicadas en la retaguardia de las guerrillas no es razón suficiente para explicar los atentados, pues en La Guajira — donde el frente 59 de las FARC está diezmado — el año pasado quemaron dos camiones dentro del complejo minero de Cerrejón e hicieron seis atentados contra la línea férrea.
 La mayoría de atentados se han concentrado geográficamente en zonas históricas de retaguardia de los frentes guerrilleros de las FARC y del ELN Foto: www.noticias24.com |
Difícil conocer la verdad
Desde esa lógica resulta interesante preguntar, ¿qué explica la intensidad de los ataques a la infraestructura petrolera y minera?, ¿Por qué se da tanta variación regional, esto es, por qué los ataques se concentran en Catatumbo y Arauca, y no en el nororiente del Meta?, ¿por qué la guerrilla “se ensañó” con Ecopetrol?
Estas preguntas no son tan fáciles de responder, pues existen tres limitaciones para acceder a la información:
El subregistro de noticias sobre ataques a infraestructura minera y de hidrocarburos, que impide elaborar análisis estadísticos representativos; la discrecionalidad y la confidencialidad con que manejan sus cifras sobre seguridad las compañías multinacionales del sector; un problema de cuantificación, pues los tipos de contratos que firman las compañías con Ecopetrol determinan qué participación y responsabilidad tiene cada una de las partes sobre la protección de los tramos de los oleoductos.
No siempre resulta fácil estimar de quién y dónde estuvieron las fallas, puesto que existe un componente de interdependencia y de alta corresponsabilidad entre las multinacionales y Ecopetrol.
Por ejemplo, afirmar que la guerrilla se ensaña específicamente contra Ecopetrol podría ser una falacia inductiva, pues Ecopetrol es la propietaria de la mayor cantidad de kilómetros de oleoductos en el país.
Por lo tanto, su propio tamaño aumenta el riesgo de exposición a ataques, a diferencia de otras compañías que disponen de menos kilómetros o que simplemente concesionan la infraestructura de transporte a la propia Ecopetrol.
 Ecopetrol es la propietaria de la mayor cantidad de kilómetros de oleoductos en el país. Foto: www.ecopetrol.com.co |
Paramilitarización de la seguridad
Aclaradas estas limitaciones, uno de los factores que contribuye a explicar tales “variaciones regionales” son las “herencias institucionales del conflicto armado”, es decir, los efectos que produjo la cooptación de gobiernos locales por parte de los grupos armados irregulares.
Por ejemplo, en el nororiente del Meta y en Barrancabermeja puede observarse la persistencia de varios elementos de paramilitarización de la seguridad, a pesar de las desmovilizaciones masivas del Bloque Central Bolívar y de las Autodefensas de Meta y Vichada:
Reciclaje de desmovilizados en empresas de seguridad privada, redes de información e inteligencia producidas y administradas desde las Juntas de Acción Comunal, relaciones de coexistencia tácita entre agencias de seguridad estatales y Bacrim (no necesariamente, las relaciones indican colusión o corrupción sistemática);
gobernantes locales en ejercicio que han sido mencionados en versiones libres por sus vínculos con comandantes paramilitares.
Coincidencialmente, en estas zonas no han ocurrido atentados recientes, o en todo caso ellos no ha sido de conocimiento público. Queda la pregunta si esta es una coincidencia, o si los legados del paramilitarismo incluyen una mayor seguridad para la operación extractiva en estas zonas.
El descontento social con la actividad extractiva facilita el reclutamiento y entrenamiento de mano de obra especializada en poner artefactos explosivos.
 ¿Los legados del paramilitarismo incluyen una mayor seguridad para la operación extractiva en estas zonas? Foto: carlosagaton.blogspot.com |
Otros factores
Sin embargo, este factor no es el único, pues existen varias razones adicionales:
La geografía (la naturaleza montañosa o llanera determina la rapidez del despliegue de tropas y el funcionamiento de mecanismos de control territorial); el gobierno corporativo de las empresas (sí están dispuestas o no a beneficiarse indirectamente de la paramilitarización de la seguridad, así no financien o participen del mando del aparato armado ilegal); la militarización de las zonas (aplicación efectiva de convenios de seguridad con el Ministerio de Defensa para instalar batallones en áreas de operación);
y el descontento social con la actividad extractiva (facilita el reclutamiento y entrenamiento de mano de obra especializada en poner artefactos explosivos, y hace que las comunidades sean desinteresadas o reacias para denunciar hechos “sospechosos”).
Todos estos factores están relacionados con la forma y los dispositivos que emplean las multinacionales del sector extractivo para producir orden y seguridad en sus áreas de operación, y contribuyen a explicar la intensidad y la distribución de la violencia.
Regalías y derechos humanos en peligro
Por ahora el debate está abierto. Sería ideal que Ecopetrol, el Ministerio de Defensa y Colciencias financien investigaciones que permitan dar respuestas a los interrogantes planteados.
No sólo está en juego el futuro de las regalías— pues dependen de la producción y los ataques a la infraestructura disminuyen su volumen — sino también las condiciones de vida de muchos civiles que han visto cómo ante atentados a la infraestructura petrolera y minera, han aumentado os riesgos de ver vulnerados sus derechos humanos: detenciones preventivas sin orden judicial, controles milimétricos a la movilidad física y estigmatización al ejercer su derecho de asociación sindical.
* Politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en gestión pública y estudiante de Maestría en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.
