Gana fuerza la idea de que este el momento para vender las acciones restantes del Estado en la primera empresa del país. ¿Es conveniente hacerlo? ¿Cuáles serían los pasos por seguir?
Alejandro Ospina*
Un asunto de todos
El presidente Duque declaró que “no acompaña la propuesta de vender a Ecopetrol como empresa, la totalidad de Ecopetrol como empresa”. Pero con esto y de rebote revivió la idea de vender las acciones del Estado que todavía le permite una Ley que había expedido el gobierno de Álvaro Uribe, y que venía siendo promovida desde el Consejo Gremial Nacional.
Pues bien: no hay que ser un nacionalista a ultranza o un izquierdoso a ciegas para oponerse a la idea de privatizar la empresa más importante del país. Lo dijo el propio presidente Duque: “Ecopetrol debe seguir siendo un símbolo de nuestro país”.
Abundan las razones de tipo estratégico para concluir que sería sumamente inconveniente perder la posición que hoy tiene el Estado dentro de Ecopetrol, una empresa que además de explorar y producir hidrocarburos, participa en actividades como transporte, refinación y comercialización de combustibles y otros derivados.
La Ley 1118 de 2006 modificó la naturaleza jurídica de Ecopetrol y autorizó la venta de las acciones del Estado sin que su participación pudiera ser menor del 80 por ciento. El gobierno de Uribe llevó a cabo la venta mediante un aumento en el capital de la empresa que suscribieron inversionistas privados, de manera que el 11,51 por ciento de las acciones ya están en manos de particulares.
Pero la eventual enajenación de las acciones que aún están en manos del Estado merece un análisis responsable y concienzudo. Hay que tener en cuenta desde qué orilla se observa el asunto, pues a cada colombiano le asiste el derecho de reclamar sus intereses en un proceso de esta naturaleza, ya sea como parte del 88,49 por ciento que le pertenece al Estado, como inversionista privado, como persona natural o a través de alguno de los jugadores del sistema financiero.
Sea cual sea la opción elegida, un negocio que podría llegar a sumar unos 4.288 millones de dólares no ocurre todos los días y debe interesarnos a todos.
¿Tabla de salvación?
 Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país. Foto: Presidencia de la República |
La famosa iguana de Ecopetrol es muy querida por casi todos los colombianos, aunque algunos han caído en el engaño de ver en ella a un enemigo, debido a los señalamientos infundados que le endilgan excesivos impactos ambientales y su supuesta responsabilidad en estragos en las regiones donde opera.
Es todo lo contrario. Ecopetrol es la joya de la corona de la economía colombiana, una de las más grandes empresas del continente y, gracias a la modernización y fortalecimiento que ha tenido durante los últimos quince años, debe ser motivo de orgullo de todos.
Por eso mismo resulta incomprensible el aparente interés del Gobierno en vender sus acciones de Ecopetrol. Mejor dicho: resulta infortunadamente comprensible y hasta predecible que el Gobierno decida rematar la joya de la corona cuando la situación fiscal del país tiene un hueco de dimensiones preocupantes. Muy pocos ven con buenos ojos una reforma tributaria que afecte a los hogares colombianos, desestimule el consumo y frene el crecimiento del sector productivo. Por eso la venta de Ecopetrol aparece como una opción interesante.
Los conocedores podrían afirmar que las condiciones actuales parecen ser las más apropiadas para liquidar esta propiedad estatal.
No cabe duda de que el ataque frontal a la evasión y elusión de impuestos, aunado a la reducción del gasto público, debería ser una prioridad para el Ejecutivo. Pero no resultaría despreciable este ingreso extraordinario, el cual podría representar un 50 por ciento del faltante de recursos para financiar el presupuesto de 2019.
Si aceptamos la hipótesis de que al fisco le caería bien vender ahora el 8,49 por ciento de las acciones (que todavía podrían enajenarse según la Ley 1118 de 2106), también tendría que incluirse la pérdida inmediata –y permanente- de los dividendos que corresponden a esas acciones (precisamente cuando el precio del petróleo y las expectativas del mercado son más bien optimistas). Y en todo caso, una eventual reforma de la Ley no solo tendría visos de inconstitucionalidad (“El Estado es propietario del subsuelo…”) sino que nos acercaría a la pérdida del control societario, de modo que el Estado perdería su principal herramienta para defender los intereses nacionales en materia de hidrocarburos.
Le recomendamos: ¿Es posible hacer fracking en Colombia?
¿Es oportuna la venta?
La pregunta es pertinente porque la oportunidad es un factor fundamental al decidir sobre cualquier negocio. Más aún en el caso del petróleo colombiano, que a través de su historia ha presentado un comportamiento que podríamos llamar anti-cíclico: durante los picos de mayor producción nacional se han registrado los menores precios internacionales. Solo a comienzos de la presente década se pudo aprovechar la coincidencia entre un máximo nivel de producción y los mejores precios de la historia.
Vista desde esta perspectiva, la curva de precios de las acciones de Ecopetrol, según algunos inversionistas, está mostrando un repunte sostenido que coincide con el comportamiento similar del precio mundial del crudo, después de su caída vertiginosa del 2013. El precio está llegando al límite superior de la mayoría de los pronósticos de mediano y largo plazo, ante la perspectiva de un nuevo mercado mundial donde la OPEP redujo su hegemonía frente al cambio de posición de Estados Unidos, que pasó de importador neto a ser autosuficiente con buen potencial de exportación.
Puede leer: Ecopetrol se recupera.
Pero es imposible predecir el comportamiento futuro del valor de las acciones de Ecopetrol. Los conocedores podrían afirmar que las condiciones actuales parecen ser las más apropiadas para liquidar esta propiedad estatal, atendiendo a una necesidad real del país y asegurando a todos los interesados el mejor resultado posible.
No es tan fácil
 Logo Ecopetrol Foto: Razón Pública. |
Sin embargo el proceso puede ser muy complejo porque, a diferencia del que tuvo lugar en 2007 (tras la Ley 1118), en esta oportunidad no se trataría de una operación de capitalización, sino de enajenar parcialmente la propiedad estatal que deberá seguir los criterios y procedimientos establecidos en la Ley 226 de 1995.
Esta Ley desarrolla el artículo 60 de la Constitución, que somete las privatizaciones a los principios de democratización y preferencia para que todos los colombianos podamos tener acceso a las acciones que eventualmente venda el Estado, con preferencia por los trabajadores activos y pensionados de la empresa, las asociaciones y fondos de empleados, los sindicatos, los fondos mutuos de inversión, los fondos de cesantías y pensiones y las entidades cooperativas.
Así mismo la cotización de las acciones de Ecopetrol en las bolsas de Colombia y Nueva York haría mucho más transparente el proceso en esta oportunidad, y velaría porque la operación no pudiera efectuarse por debajo de los precios de mercado. El patrimonio público estaría mejor protegido.
Lo que sigue
Si el presidente Duque lo decide, procedería a presentar ante el Consejo de Ministros el programa de enajenación correspondiente que, una vez aprobado, pasaría al Congreso para avanzar en su ejecución no antes de comenzar el año entrante.
Si el Gobierno logra formar mayoría (lo cual no le es tan fácil, según explicó Javier Duque en Razón Pública) la oposición no tendría medios legales para frenar la iniciativa, pero tampoco resultaría despreciable la presión que pudieran ejercer las protestas ciudadanas.
De concretarse esta decisión, el Gobierno debería ser consciente del reto que se sigue: invertir los recursos con acierto y de manera que la operación sea percibida como un aporte al desarrollo del país y no como una dilapidación más del patrimonio público -como las muchas que han sucedido recientemente-.
Le recomendamos: Reficar: El desfalco donde triunfó la impunidad.
A los trabajadores del sector de hidrocarburos, y en particular a los que han hecho de Ecopetrol la empresa viable, rentable y grande de todos los colombianos, nos corresponde asumir la responsabilidad de ser parte y ejemplo del debate serio y responsable sobre este tema, apartándonos de la polarización que ha caracterizado los últimos años.
Los colombianos necesitamos un consenso que maximice los beneficios que podemos esperar de Ecopetrol y de los recursos petroleros que tenemos. Eso sí: los beneficios tienen que ser para todos.
*Ingeniero de petróleos, magister en Gestión de Industria de los Hidrocarburos, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional Seccional Hidrocarburos.
