Los resultados del 13 de marzo sembraron dudas sobre la organización electoral que pueden ensombrecer las elecciones presidenciales. Qué fue lo que pasó y cuáles pueden ser las consecuencias.
Juan Albarracín Dierolf * y Juan Pablo Milanese **
La institucionalización de la incertidumbre
La organización de las elecciones es crucial para el buen funcionamiento de las democracias contemporáneas, desde sus aspectos más logísticos hasta la resolución de las disputas electorales.
Según el politólogo Adam Przeworski, la democracia es la institucionalización de la incertidumbre. Por eso se necesita una organización efectiva e imparcial del sistema electoral que garantice la confianza por parte de las élites políticas y la ciudadanía en general.
En todas partes existe el riesgo de que las dudas sobre los procesos electorales sean usadas para ganar el espacio político que se perdió en las urnas. Por eso las instituciones electorales deben diseñarse de tal manera que minimicen tales dudas.
El sistema colombiano
Si bien es mejor de lo que muchos piensan, la actual organización electoral de Colombia tiene algunos problemas persistentes. Uno de los más obvios es la ausencia de una verdadera jurisdicción con jueces especializados en asuntos electorales que gocen de autonomía de los partidos políticos. Esto no ocurre con el actual Consejo Nacional Electoral (CNE).
Como en todo proceso político, reclamaciones legitimas se combinaron con rumores en WhatsApp. Por eso primó la desconfianza desde un comienzo.
En Colombia tenemos un sistema que puede responder a controversias y que permite organizar elecciones con un relativo grado de profesionalismo. Sin embargo, las instituciones electorales no están preparadas para responder a contextos altamente polarizados, que son usados irresponsablemente por distintas bancadas para avanzar sus propósitos políticos.
Un mal comienzo
El comienzo de este ciclo electoral estuvo marcado por la polémica selección del nuevo registrador en 2019.
Alexánder Vega, conocido por sus conexiones políticas, llamó la atención por una serie de comentarios desafortunados cuando se pedían más garantías en el proceso electoral. Además, el proceso tardío de selección para el software que consolida los resultados del escrutinio electoral —que no estuvo listo para las elecciones legislativas y que no pudo ser auditado por organizaciones especializadas de la sociedad civil— no auguraba un proceso electoral tranquilo este año.
Esta falta de preparación para las elecciones legislativas era especialmente preocupante dada la complejidad que las caracteriza. La existencia de múltiples circunscripciones —nacional, departamentales, indígena y afrodescendiente— y los distintos tipos de listas partidarias hacen que el conteo sea difícil, incluso para los jurados más experimentados.
Si estos asuntos podían traer fallas y problemas, el nuevo ciclo electoral comenzó a salir mal desde el principio.
Por una parte, el comienzo del proceso de votación en el extranjero estuvo marcado por reclamaciones y acusaciones: puestos de votación en consulados desbordados o mesas que no ofrecían los tarjetones de todas las consultas. Como en todo proceso político, reclamaciones legitimas se combinaron con rumores en WhatsApp. Por eso primó la desconfianza desde un comienzo.
Del preconteo al escrutinio
Pero el punto crítico llegó al finalizar el preconteo. Lo que probablemente fue una falla en el diseño de los formularios E14 —pues hasta hoy no existe evidencia suficiente para hablar de un intento de fraude— produjo un error en la transmisión de los resultados, perjudicando principalmente a las curules del Pacto Histórico en el Senado —así como las de otras fuerzas políticas, en particular aquellas con listas cerradas—.
Cabe destacar que el preconteo no representa el resultado final u oficial de los comicios. Su función es apenas informar “lo antes posible” a los interesados la cantidad de votos alcanzados por las bancadas y por los candidatos. La fase decisiva y legalmente vinculante para transformar votos en curules es el escrutinio. Este ocurre después del domingo electoral y es llevado a cabo por jueces con la presencia de representantes de partidos y candidatos.
Si bien los partidos y los candidatos tienen el derecho de reclamar un posible fraude electoral, dichas reclamaciones deben estar basadas en evidencias y deben presentarse según las reglas establecidas, en vez de hacerlo por Twitter.
Por eso no es raro que existan variaciones entre el preconteo y el escrutinio. Sin embargo, las diferencias no suelen ser muy grandes, o por lo menos no tan grandes como las que se dieron en estas elecciones. Esas diferencias tan notables agravaron las dudas que afectaron la legitimidad de la elección legislativa y también e infortunadamente afectarán los comicios presidenciales programados para mayo y junio de este año.
La sombra de la duda
El escrutinio mostró con mayor fidelidad los resultados de las elecciones y resolvió la preocupación basada en evidencia del Pacto Histórico sobre los votos recibidos.
Pero, como era de esperar, el estrés producido por las circunstancias y el manejo torpe por parte de las autoridades electorales ahogaron o hicieron menos creíble la explicación técnica y perfectamente plausible de la diferencia entre los estimados del preconteo y los resultados del escrutinio.
Otras fuerzas políticas, especialmente de derecha, que perdieron escaños el 13 de marzo, divulgaron rumores sobre un fraude. Si bien los partidos y los candidatos tienen el derecho de reclamar un posible fraude electoral, dichas reclamaciones deben estar basadas en evidencias y deben presentarse según las reglas establecidas, en vez de hacerlo por Twitter.
La situación anterior se agravó como consecuencia del apoyo de altos funcionarios del Estado —desde el presidente hasta el registrador— a una iniciativa de reconteo de los votos, ignorando su inviabilidad tanto en términos legales como en términos logísticos.
¿Un daño pasajero o un daño duradero?
Las elecciones no son una condición suficiente pero sí una condición necesaria para la democracia. Es imperativo que el perdedor de una elección acepte los resultados. Pero la posibilidad de que esto ocurra disminuye si el proceso electoral no es transparente y si las reglas del juego no se aplican con justicia.
La confianza en los procedimientos y en los resultados es la principal garantía de legitimación de un gobierno que comienza y es además la base de la legitimidad de la democracia misma, que hoy atraviesa un momento difícil en Colombia.
En las democracias contemporáneas, incluso aquellas que tienen organizaciones electorales altamente profesionales e independientes, políticos irresponsables están socavando la legitimidad del proceso electoral para su propio beneficio. En Brasil, por ejemplo, el presidente Bolsonaro y sus seguidores atacan continuamente a una de las burocracias electorales más efectivas e independientes del hemisferio —y posiblemente del mundo democrático—.
Esos ataques son más efectivos cuando las organizaciones electorales son débiles y están cargadas de incertidumbres.
Afortunadamente, por ahora, se logró frenar a tiempo un daño que podría haber sido peor. El retiro de la solicitud de reconteo por parte del registrador fue un paso necesario.
Sin embargo, una vez sembrada la desconfianza en el proceso electoral, es difícil revertir el daño. Lo que suceda en las próximas elecciones presidenciales permitirá ver con claridad si vivimos un momento pasajero de convulsión o una crisis más profunda en la democracia colombiana.
