¿Dónde están los archivos de los grupos criminales?
Foto: Alcaldía de Barranquilla

¿Dónde están los archivos de los grupos criminales?

Compartir:

En medio de las negociaciones con grupos criminales, el gobierno no ha exigido la entrega de sus archivos. ¿Por qué es tan importante tener esta información para el presente y el futuro de Colombia?

Carlos Díaz*

¿Dónde están los archivos?

Un grupo armado suele tener mucha información documental. Por eso el gobierno y la sociedad colombiana deberían preguntarse dónde están los archivos del M-19, el EPL, las AUC, las FARC y demás participantes en procesos de paz o de negociación.

Hasta ahora, ningún grupo armado ha entregado sus acervos documentales. En estos procesos se concertó la entrega de información particular, pero nunca de la totalidad de los archivos.

El Estado adelanta nuevas negociaciones con grupos armados ilegales, pero exigir esta documentación rompería la tradición de los procesos de paz en Colombia.

Como es usual en estos procesos, hay desacuerdos sobre el reconocimiento de las víctimas, el sometimiento a la justicia o la transformación social para ampliar la democracia colombiana. Pero no se ha dicho nada sobre la documentación de los grupos armados acerca de su organización militar, política y social, su presencia territorial, las asociaciones con civiles, las relaciones con funcionarios públicos municipales, departamentales y nacionales y sus delitos.

El Estado debería exigir que las organizaciones ilegales entreguen sus archivos como parte del proceso de reincorporación a la vida civil, para bien de la verdad, la reparación y la construcción del conocimiento histórico.

Puede leer: El legado de la Comisión de la Verdad

Cuál es la información

Este tipo de archivos ocuparían numerosos depósitos o varias teras de discos duros, porque las organizaciones criminales necesitan disponer de:

  • reglamentos de instrucción y disciplina;
  • procedimientos de reparto de bienes y dinero;
  • estados y libros contables de ingresos y gastos por unidades, columnas y bloques;
  • libros de almacenes de vestuario, monturas y armas;
  • revistas de tropa;
  • liquidaciones salariales;
  • recibos de raciones y medicinas;
  • actas del Estado Mayor;
  • diarios y partes de campaña;
  • resoluciones de comisión o licencia;
  • circulares de comunicación de órdenes;
  • expedientes de consejos de guerra;
  • protocolos de tratamiento de prisioneros.

Ahora, apenas contamos con una fracción minúscula de los acervos de los grupos armados, precisamente aquellos que han sido incautados en operaciones de guerra o en allanamientos judiciales.

Foto: Twitter: María José Pizarro - En las negociaciones de paz el Estado debería exigir que las organizaciones ilegales entreguen sus archivos.

El Estado debería exigir que las organizaciones ilegales entreguen sus archivos como parte del proceso de reincorporación a la vida civil, para bien de la verdad, la reparación y la construcción del conocimiento histórico.

Este es el caso de “la mochila de Fabio Vásquez”, un portafolio que el Ejército decomisó al comandante del ELN en junio de 1972 y que es la base empírica de la excelente investigación doctoral de Camilo Pantoja.

De igual modo, durante un cateo del CTI de la Fiscalía a un estacionamiento en Medellín en 1998, se descubrió la contabilidad general de las ACCU, que estaba a cargo de Jacinto Soto, de manera que miles de registros contables quedaron en manos del ente investigador. Tanto el Instituto Popular de Capacitación como la Comisión de la Verdad usaron este archivo.

Por la carencia de estos acervos, los entes judiciales y los investigadores en ciencias sociales acuden a la información proveniente de las oficinas de seguridad e inteligencia del Estado y de los tribunales ordinarios y especiales que llevan los procesos penales de los excombatientes.

De este tipo es el informe Génesis que el Ejército y la Fiscalía entregaron a la Comisión de la Verdad, una colección que reúne documentación de las antiguas FARC.

Por otra parte, en el sitio web de los Tribunales de Justicia y Paz se encuentran las sentencias proferidas contra varios ex paramilitares, mientras que en la página de la JEP están los autos de imputación a miembros de las antiguas FARC.

Por último, los excombatientes han construido relatos sobre su participación en el conflicto colombiano, que de por sí son complicados porque la memoria de las personas es selectiva y cambiante —más todavía cuando han cometido delitos—.

En suma, el vacío archivístico sobre las actividades de los grupos armados es enorme, como lo es el ocultamiento de sus responsabilidades.

Restablecer la memoria y los derechos de las víctimas

En comparación, el Estado, otro participante del conflicto, ha realizado entregas y transferencias a los organismos públicos encargados de la preservación archivística, que han recibido documentos del Ejército, el DAS y la Policía, entre otras oficinas estatales, aunque no ha ejecutado una gestión documental óptima.

los negociadores del gobierno deben exigir a los grupos armados que entreguen sus acervos, porque no hay voluntad de paz si persiste el ocultamiento de los archivos.

La falta de información de las organizaciones ilegales —su desaparición en muchos casos— se debe a que los grupos armados han decidido ocultar o borrar las huellas de sus actividades, pero también a que el Estado no se ha preocupado por exigir que entreguen toda la información en el momento de sellar los acuerdos de paz.

Para muchos funcionarios públicos, los acervos históricos son papeles viejos que se abandonan en un sótano lleno de polvo, humedad y hongos. Esto muestra un desconocimiento sobre la importancia de un archivo.

Importa recordar que los archivos no son apenas objetos de la curiosidad intelectual para los investigadores o materiales con los cuales construimos conocimientos sobre el pasado. Los archivos son garantes del ejercicio de derechos y reservorios de la memoria de la nación colombiana.

Por ejemplo, una historia laboral organizada permite que una persona acceda a la pensión de jubilación, un expediente agrario ordenado facilita la restitución de tierras o un informe judicial bien dispuesto favorece el acceso a la justicia.

La entrega de los acervos de las agrupaciones bélicas contribuiría a restablecer los derechos de las víctimas, que deben ser el centro de todo plan de pacificación social, y desarticular las fuentes de financiación de los grupos armados, pues disolver las economías ilegales es la única manera de acabar con este conflicto que no cesa.

Por todo lo dicho, los negociadores del gobierno deben exigir a los grupos armados que entreguen sus acervos, porque no hay voluntad de paz si persiste el ocultamiento de los archivos.

Necesitamos que el Estado diseñe una estrategia de negociación inteligente que derrote la propensión de las organizaciones bélicas a destruir datos comprometedores, como ha venido sucediendo en toda guerra desde la independencia.

Para facilitar este propósito, podrían considerarse garantía, como que los documentos tengan una reserva de 50 años, que no sirvan para el procesamiento judicial de quienes se han comprometido a abandonar la guerra u otros ofrecimientos que habrán de precisar los especialistas en manejo de información sensible. Tenemos que apagar las hogueras documentales para la paz en Colombia.

Lea en Razón Pública: La lucha por la memoria y la verdad

Acerca del autor

Carlos Diaz

* Doctor en Historia por El Colegio de México, docente de la Universidad Tadeo e investigador del Archivo General de la Nación.

1 comentarios

Carlos Diaz

Escrito por:

Carlos Diaz

* Doctor en Historia por El Colegio de México, docente de la Universidad Tadeo e investigador del Archivo General de la Nación.

Comentarios de “¿Dónde están los archivos de los grupos criminales?

  1. Los acuerdos de paz deben ser justos y transparentes a la hora de realizarse, es por eso que la entrega de los archivos por parte de los grupos armados ilegales es crucial para la construcción de la verdad, la reparación de las víctimas y la construcción del conocimiento histórico. Es preocupante que hasta ahora ningún grupo armado haya entregado la totalidad de sus archivos durante los procesos de paz en Colombia. Estos archivos contienen información valiosa sobre la organización militar, política y social de los grupos armados, así como sus relaciones con civiles y funcionarios públicos. Exigir la entrega de estos archivos como parte del proceso de reincorporación a la vida civil es fundamental para garantizar la justicia y la paz en el país, por lo anterior el estado debe diseñar una estrategia de negociación inteligente que incluya garantías para la preservación y el uso adecuado de esta información sensible. Es necesario romper con la tradición de ocultamiento y destrucción de archivos por parte de los grupos armados y asegurar que estos documentos estén disponibles para la investigación y la memoria histórica. Me gusto mucho la noticia porque toca un tema demasiado importante, muy poco visible y debatido.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Artículos relacionados

Juan Carlos Palou
Conflicto, Drogas y Paz

Lo que dijo Santos sobre el proceso de paz

Conflicto, Drogas y Paz

Las disidencias: ¿anhelo de paz o fachada de tregua?

Conflicto, Drogas y Paz

Colombia se merece un desarme ambicioso y completo

Imagen del contacto
Conflicto, Drogas y Paz

Refrendación, el cabo suelto de la paz

ISSN 2145-0439

Razonpublica.com se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. Basada en una obra en razonpublica.com.