¿Dónde están los archivos?

Un grupo armado suele tener mucha información documental. Por eso el gobierno y la sociedad colombiana deberían preguntarse dónde están los archivos del M-19, el EPL, las AUC, las FARC y demás participantes en procesos de paz o de negociación.

Hasta ahora, ningún grupo armado ha entregado sus acervos documentales. En estos procesos se concertó la entrega de información particular, pero nunca de la totalidad de los archivos.

El Estado adelanta nuevas negociaciones con grupos armados ilegales, pero exigir esta documentación rompería la tradición de los procesos de paz en Colombia.

Como es usual en estos procesos, hay desacuerdos sobre el reconocimiento de las víctimas, el sometimiento a la justicia o la transformación social para ampliar la democracia colombiana. Pero no se ha dicho nada sobre la documentación de los grupos armados acerca de su organización militar, política y social, su presencia territorial, las asociaciones con civiles, las relaciones con funcionarios públicos municipales, departamentales y nacionales y sus delitos.

El Estado debería exigir que las organizaciones ilegales entreguen sus archivos como parte del proceso de reincorporación a la vida civil, para bien de la verdad, la reparación y la construcción del conocimiento histórico.

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Cuál es la información

Este tipo de archivos ocuparían numerosos depósitos o varias teras de discos duros, porque las organizaciones criminales necesitan disponer de:

• reglamentos de instrucción y disciplina;
• procedimientos de reparto de bienes y dinero;
• estados y libros contables de ingresos y gastos por unidades, columnas y bloques;
• libros de almacenes de vestuario, monturas y armas;
• revistas de tropa;
• liquidaciones salariales;
• recibos de raciones y medicinas;
• actas del Estado Mayor;
• diarios y partes de campaña;
• resoluciones de comisión o licencia;
• circulares de comunicación de órdenes;
• expedientes de consejos de guerra;
• protocolos de tratamiento de prisioneros.

Ahora, apenas contamos con una fracción minúscula de los acervos de los grupos armados, precisamente aquellos que han sido incautados en operaciones de guerra o en allanamientos judiciales.

Este es el caso de “la mochila de Fabio Vásquez”, un portafolio que el Ejército decomisó al comandante del ELN en junio de 1972 y que es la base empírica de la excelente investigación doctoral de Camilo Pantoja.

De igual modo, durante un cateo del CTI de la Fiscalía a un estacionamiento en Medellín en 1998, se descubrió la contabilidad general de las ACCU, que estaba a cargo de Jacinto Soto, de manera que miles de registros contables quedaron en manos del ente investigador. Tanto el Instituto Popular de Capacitación como la Comisión de la Verdad usaron este archivo.

Por la carencia de estos acervos, los entes judiciales y los investigadores en ciencias sociales acuden a la información proveniente de las oficinas de seguridad e inteligencia del Estado y de los tribunales ordinarios y especiales que llevan los procesos penales de los excombatientes.

De este tipo es el informe Génesis que el Ejército y la Fiscalía entregaron a la Comisión de la Verdad, una colección que reúne documentación de las antiguas FARC.

Por otra parte, en el sitio web de los Tribunales de Justicia y Paz se encuentran las sentencias proferidas contra varios ex paramilitares, mientras que en la página de la JEP están los autos de imputación a miembros de las antiguas FARC.

Por último, los excombatientes han construido relatos sobre su participación en el conflicto colombiano, que de por sí son complicados porque la memoria de las personas es selectiva y cambiante —más todavía cuando han cometido delitos—.

En suma, el vacío archivístico sobre las actividades de los grupos armados es enorme, como lo es el ocultamiento de sus responsabilidades.

Restablecer la memoria y los derechos de las víctimas

En comparación, el Estado, otro participante del conflicto, ha realizado entregas y transferencias a los organismos públicos encargados de la preservación archivística, que han recibido documentos del Ejército, el DAS y la Policía, entre otras oficinas estatales, aunque no ha ejecutado una gestión documental óptima.

La falta de información de las organizaciones ilegales —su desaparición en muchos casos— se debe a que los grupos armados han decidido ocultar o borrar las huellas de sus actividades, pero también a que el Estado no se ha preocupado por exigir que entreguen toda la información en el momento de sellar los acuerdos de paz.

Para muchos funcionarios públicos, los acervos históricos son papeles viejos que se abandonan en un sótano lleno de polvo, humedad y hongos. Esto muestra un desconocimiento sobre la importancia de un archivo.

Importa recordar que los archivos no son apenas objetos de la curiosidad intelectual para los investigadores o materiales con los cuales construimos conocimientos sobre el pasado. Los archivos son garantes del ejercicio de derechos y reservorios de la memoria de la nación colombiana.

Por ejemplo, una historia laboral organizada permite que una persona acceda a la pensión de jubilación, un expediente agrario ordenado facilita la restitución de tierras o un informe judicial bien dispuesto favorece el acceso a la justicia.

La entrega de los acervos de las agrupaciones bélicas contribuiría a restablecer los derechos de las víctimas, que deben ser el centro de todo plan de pacificación social, y desarticular las fuentes de financiación de los grupos armados, pues disolver las economías ilegales es la única manera de acabar con este conflicto que no cesa.

Por todo lo dicho, los negociadores del gobierno deben exigir a los grupos armados que entreguen sus acervos, porque no hay voluntad de paz si persiste el ocultamiento de los archivos.

Necesitamos que el Estado diseñe una estrategia de negociación inteligente que derrote la propensión de las organizaciones bélicas a destruir datos comprometedores, como ha venido sucediendo en toda guerra desde la independencia.

Para facilitar este propósito, podrían considerarse garantía, como que los documentos tengan una reserva de 50 años, que no sirvan para el procesamiento judicial de quienes se han comprometido a abandonar la guerra u otros ofrecimientos que habrán de precisar los especialistas en manejo de información sensible. Tenemos que apagar las hogueras documentales para la paz en Colombia.

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