La nueva administración norteamericana ha cumplido sus promesas de campaña: no a la migración, proteccionismo, mano dura para adentro y para afuera. ¿Qué nos espera entonces a los países de América Latina?
Diana Marcela Rojas*
America First
La actual política de Washington hacia América Latina refleja la visión de fondo y las promesas de campaña del presidente Trump.
En lugar de consideraciones de carácter geopolítico o del cálculo sopesado de los intereses y los vínculos existentes entre la potencia del norte y sus vecinos hemisféricos, el Gobierno estadounidense ha enfilado sus baterías hacia la región, reafirmado de este modo su creencia de que los males de su país son atribuibles a elementos foráneos.
Desde la visión de los sectores que Trump representa, problemas como la pérdida de competitividad en la economía global, los niveles de desempleo, la inconformidad de amplios sectores de la población con el establishment político o los índices de criminalidad en las grandes ciudades son atribuibles en gran parte a factores vinculados con la globalización.
En esa perspectiva se destacan dos temas que involucran directamente a Latinoamérica: la migración ilegal y los efectos nocivos del libre comercio sobre la economía de Estados Unidos.
La inmigración y el libre comercio
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En la narrativa trumpiana, los inmigrantes ilegales representan una amenaza que socava el orden y la estabilidad de la sociedad estadounidense.
Resulta ingrato recordar las altisonantes declaraciones del entonces candidato Trump, cuando en el momento mismo de anunciar su candidatura acusó a los mexicanos migrantes de “violadores y traficantes”, prometiendo expulsar a once millones de indocumentados y construir un muro “infranqueable” en la frontera Sur.
Ahora, como presidente, tales imputaciones se traducen en el empeño obsesivo por erigir el controvertido muro, así como en el pulso con el Congreso por el futuro del Programa de Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés). Recordemos que, bajo esta disposición, el Gobierno de Obama había otorgado garantías a los jóvenes migrantes (muchos de ellos latinos) que llegaron ilegalmente al país siendo menores de edad. DACA los ampara temporalmente de la deportación y concede una autorización de empleo por dos años, que puede ser renovada.
Pues hace unos días el presidente Trump amenazó con terminar el programa, lo cual implicaría la deportación eventual de cerca de 800.000 jóvenes, a menos que se llegue a un compromiso con el Congreso para aprobar los recursos necesarios para la construcción del muro.
En la narrativa trumpiana, los inmigrantes ilegales representan una amenaza que socava el orden y la estabilidad de la sociedad estadounidense.
El segundo tema, concerniente al libre comercio, implica de manera inmediata a México y, en el mediano plazo, a toda América Latina.
Trump ha insistido en achacarle la pérdida de empleos y la disminución de la competitividad en Estados Unidos a la deslocalización de la producción y los bajos salarios en los enclaves transnacionales. Tales problemas serían el resultado adverso de los acuerdos de libre comercio y en particular del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
De allí la insistencia en renegociar los términos del convenio establecido hace ya más de veinte años entre Canadá, Estados Unidos y México. Si bien en el pasado estaba prevista la revisión del pacto, las discusiones actuales se desarrollan en un ambiente de creciente tensión ante la amenaza de Washington de acabar definitivamente con el acuerdo si no obtiene sustanciales concesiones en la mesa.
De darse por terminado este pacto, las consecuencias para la economía mexicana serían devastadoras, dado su estrecho vínculo con su vecino del norte. México es el segundo mercado más importante de las exportaciones estadounidenses y el tercer socio comercial de Estados Unidos.
Así mismo, de manera menos directa pero no menos significativa, los términos de renegociación del TLCAN e incluso su cesación afectarían a Latinoamérica, en especial a aquellos países o regiones que cuentan con un acuerdo de libre comercio bilateral (Perú, Colombia, Panamá y Centroamérica), pues sería previsible un giro proteccionista en la política económica de la potencia.
Venezuela y Cuba
 Presidente Juan Manuel Santos junto a el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Presidencia de la República |
Otros asuntos alrededor de las relaciones hemisféricas reflejan el actual enfoque de la Casa Blanca.
Entre ellos se destaca la posición frente a la crisis institucional en Venezuela. A raíz de la intensificación de las protestas en las calles y la elección de una Asamblea Constituyente que usurpa los poderes del legislativo venezolano, Washington ha ido endureciendo el tono hacia el gobierno de Maduro.
Inicialmente, impuso sanciones en contra de altos funcionarios y, más recientemente estableció restricciones económicas contra el gobierno chavista. Se trata de sanciones que prohíben la compra de deuda pública venezolana y de la petrolera estatal PDVSA, medidas con las cuales se busca estrangular la financiación del régimen.
No obstante, aún está por verse cuál será la efectividad de tales medidas. Entre tanto, las declaraciones intimidantes de Trump sobre una intervención militar en el país caribeño inflaman la retórica de Maduro, lo que le permite seguir justificando la crisis venezolana con el discurso de la amenaza del “imperialismo yanqui”.
Cuba es otro de los escenarios de desavenencia. Trump decidió revertir los esfuerzos de la anterior administración para normalizar las relaciones con la isla. Tales iniciativas se habían orientado a regularizar los vínculos económicos, facilitar los viajes y reestablecer las relaciones diplomáticas. Producto de ello fue la reapertura de la embajada de Estado Unidos en La Habana a medidos del 2015, luego de medio siglo de confrontaciones.
Durante la campaña presidencial, Trump se había mostrado contrario a estas políticas buscando el apoyo de los exiliados cubanos. Su intención de cumplir con esta promesa fue reiterada en junio pasado ante una audiencia anticastrista en Florida. Tras esta vuelta al antagonismo con el régimen cubano ha estado un grupo de congresistas cubanos-americanos, entre quienes se destacan Ted Cruz, Marco Rubio y Mario Díaz-Balart.
Sin embargo, esta postura parece ir en contravía de los cambios en la mentalidad y las necesidades de una buena parte de la comunidad cubana en Estados Unidos. De acuerdo con sondeos realizados por la Universidad Internacional de la Florida, más de un sesenta por ciento de los cubano-americanos de Miami apoya el fin del embargo y un setenta por ciento está de acuerdo con la normalización de relaciones entre los dos países.
La tensión entre las dos naciones ha ido en aumento, como lo muestran los acontecimientos más recientes: los misteriosos ataques sónicos contra diplomáticos estadounidenses en La Habana dieron pie a la expulsión de representantes cubanos en Washington y llevaron a la Casa Blanca a considerar el cierre de su embajada en la capital de la isla. A esto se suma que, en su primer discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, Trump volvió a arremeter en contra del Gobierno cubano, reiterando que el embargo económico se mantendrá hasta que se produzcan las reformas exigidas.
¿Y Colombia?
En las relaciones con Colombia, la actual administración estadounidense ha mantenido, en términos generales, su respaldo al proceso de construcción de paz. Así lo afirmó el vicepresidente Mike Pence durante su visita al país en el mes de agosto.
En sus relaciones con América Latina, el gobierno de Trump ha ido estableciendo un estilo caracterizado más por la confrontación que por el diálogo.
Sin embargo el tema del aumento de los cultivos ilícitos durante los dos últimos años ha generado inquietud en Washington, hasta tal punto, que recientemente Trump amenazó con descertificar a Colombia si no se aplican las medidas correctivas que espera.
La presión para que el Gobierno colombiano acepte reiniciar la fumigación aérea de los cultivos de coca se plantea en medio de la implementación del Acuerdo de Paz, el cual contempla una solución integral en materia de sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos. Con ello vuelve a ponerse sobre el tapete el debate acerca de la eficacia de la fumigación, sus efectos sobre la salud humana y el medio ambiente, y además – o más concretamente- sobre cómo resolver el problema del narcotráfico en el posconflicto.
Así, en sus relaciones con América Latina, el gobierno de Trump ha ido estableciendo un estilo caracterizado más por la confrontación y las represalias que por el diálogo y la búsqueda de soluciones concertadas. Al parecer, este rumbo se mantendrá en la medida en que el empresario continúe al frente de la Casa Blanca. Aplica entonces aquí la famosa frase del caudillo mexicano Porfirio Díaz, ya no solo frente a México, sino para el conjunto de la región: pobre América Latina, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos… de Trump.
*Docente e investigadora del Institutito de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.