Domínguez, Colmenares…. o la justicia – espectáculo
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No son los jueces quienes imparten justicia en Colombia: son los medios movidos por el rating y la opinión pública movida por pasiones. Análisis penetrante de dos casos emblemáticos.
No son los jueces quienes imparten justicia en Colombia: son los medios movidos por el rating y la opinión pública movida por pasiones. Análisis penetrante de dos casos emblemáticos.Jorge Ivan Cuervo
 Valerie Domínguez — ex reina nacional de belleza y ahora actriz — absuelta de beneficiarse indebidamente de créditos del programa Agro Ingreso Seguro. Foto: http://tuzonarosa.co/ |
El caso Domínguez
Una de las noticias más resonantes del año en materia judicial ha sido la absolución en primera instancia de Valerie Domínguez — ex reina nacional de belleza y ahora actriz — acusada de beneficiarse indebidamente de créditos del programa Agro Ingreso Seguro, caso que ha permitido a la crónica judicial, gracias al sistema penal acusatorio, tener un nuevo cuarto de hora.
La ex reina optó desde un comienzo por declararse inocente: afirmó desconocer las implicaciones del documento que había firmado por petición de su ex novio, el empresario Juan Manuel Dávila. Esa convicción sirvió a su abogado — el jurista Yesid Reyes — para trazar una estrategia riesgosa pero que habría de resultar ganadora:
-Valerie habría firmado en parte por confianza en su novio y en parte por estar inmersa en una atmósfera de coacción física y sicológica que le impedía apreciar el alcance o consecuencias de su conducta.
-El riesgo consistía en apelar a la exposición mediática de una figura pública: implicaba sacar a relucir aspectos de su intimidad, como el maltrato físico y la correspondencia donde se ventilaban las miserias de la relación de una pareja disfuncional.
El pueblo quiere sangre: la gente no se tragó el cuento de que una mujer de las condiciones socioeconómicas de Valerie Domínguez no haya tenido conciencia de lo que firmaba.
Reyes logró convencer al juez y al representante del ministerio público de que la ex reina obró de buena fe. La Fiscalía fue incapaz de demostrar la avivatada. Es preciso destacar la impecable defensa del abogado: con argumentos jurídicos, logró desvirtuar la endeble imputación de la Fiscalía, y devolvió de paso cierta dignidad a la función del abogado litigante, venida a menos de la mano de los Lombana, De la Espriella y Granados, quienes anteponen el uso de los micrófonos y la afrenta a los códigos y al juicio sereno y reposado del material probatorio.
Pero el pueblo quiere sangre: a juzgar por la airada reacción que provocó la absolución en las redes sociales y en los foros de los periódicos, la gente no se ha tragado el cuento de que una mujer de las condiciones socioeconómicas de Valerie Domínguez no haya tenido conciencia de lo que estaba firmando.
Valerie Domínguez quedó en el imaginario colectivo como la reina que trató de aprovecharse de un programa gubernamental mal diseñado, pero cuando fue descubierta prefirió devolver la plata y hacerse la boba.
La Fiscalía ya apeló y nos aprestamos a presenciar un segundo capítulo de esta telenovela ante el Tribunal Superior.
 En el juicio de Domíguez se ventilaron las miserias de la relación de una pareja disfuncional. Foto: tvynovelas.com.co |
Justicia mediática
Ante la inoperancia de la administración de justicia, y ante una Fiscalía que no es capaz de consolidar imputaciones sólidas, la exposición mediática de los juicios se ha convertido en una suerte de pena alternativa por anticipado.
Así sucede también en el caso Colmenares: más allá de los resultados concretos, los implicados ya han sido sentenciados ante la opinión pública como un grupo de jóvenes alicorados que decidieron tramitar sus conflictos afectivos a punta de violencia extrema, lo cual pudo llevar a la muerte a uno de ellos.
La imagen de una cofradía de ángeles perversos será difícil de borrar: este grupo de muchachos arrastrará por el resto de sus vidas el recuerdo confuso de esa noche de malos tragos. Y no olvidemos que Lombana y Granados han hecho su aporte de perfidia para enredar aún más el asunto.
El tema central es si la muerte de Colmenares fue un homicidio o un desafortunado accidente. Pero la Fiscalía ni siquiera ha podido probar eso y ha sido incapaz de armar un caso sólido, con testigos que van y vienen, dicen y se desdicen: un espectáculo deprimente que durante dos años ha exhibido todas las miserias del proceso penal, de las que hablaba el jurista italiano Francesco Carnelutti.
La figura de Valerie Domínguez y las de los jóvenes del caso Colmenares han resultado bocados de cardenal para los medios de comunicación. Especialmente para los noticieros de los canales de televisión que vieron subir su rating cuando abrían las emisiones con estos casos.
Según el crítico de televisión Omar Rincón, citado por Semana, los canales privados no tienen en realidad la función primordial de informar y mucho menos de formar una opinión pública crítica, sino la de entretener: por eso los melodramas se venden bien y son consumidos por una audiencia que se debate entre las miserias de los poderosos y la glorificación de los asesinos.
Caso Colmenares: los implicados ya han sido sentenciados ante la opinión como un grupo de jóvenes alicorados que decidieron tramitar sus conflictos a punta de violencia extrema. |
El fondo
Valerie solo es una pieza de un rompecabezas más complejo: el caso de Agro Ingreso Seguro.
Otras piezas centrales son la imputación de cargos a Andrés Felipe Arias y su privación de libertad. El ex ministro de Agricultura del gobierno Uribe ha denunciado que su juicio es político: le estarían cobrando ser uno de los defensores más acérrimos del gobierno de la Seguridad Democrática.
Si bien los otros funcionarios del Ministerio siguen vinculados al proceso, pero con detención domiciliaria, al ex ministro Arias le fue negada la libertad en varias oportunidades, pues la Fiscalía logró demostrar que había tratado de obstruir la investigación al intentar poner de acuerdo las versiones de otros implicados en su favor.
Tanto disciplinaria como fiscalmente la conducta del ex ministro está seriamente comprometida: la Procuraduría lo destituyó y la Contraloría le inició juicio fiscal. Pero aún no está clara su responsabilidad penal. La Fiscalía tendrá que demostrar que una política inequitativa y mal concebida— que resultó beneficiando a unos particulares inescrupulosos, como los Dávila de la novela de Valerie — además constituye un delito.
Ante la inoperancia de la justicia, la exposición mediática de los juicios se ha convertido en una suerte de pena alternativa por anticipado.
Uno de los cargos que deberá esclarecerse es si el ex ministro se favoreció políticamente de beneficiarios de AIS, quienes habrían financiado su campaña para la candidatura en el partido Conservador. De probarse este hecho, se sale del terreno de la mala gestión para entrar en el terreno de la conducta criminal.
Sin embargo, el manejo del caso por parte de la Fiscalía deja el sabor de un celo excesivo, dadas la condición social y política del principal implicado, la presión social sobre el caso y un tufillo de retaliación política, que tendrán que ser desvirtuados en el juicio ante la Corte Suprema de Justicia.
Realizar un contrato con una organización internacional sin el lleno de los requisitos de selección objetiva — una práctica habitual en el sector público colombiano — no parece argumento suficiente como para configurar un caso de alta corrupción política, objetivo que todavía no ha logrado materializar la Fiscalía.
La absolución de Valerie no parece tener ninguna implicación en la solución del caso central: la condena simbólica de Dávila bajo la tesis del engaño — dos años con beneficio de excarcelación — parecería incluso servir a la causa de Arias, pues un ministro enfocado en los asuntos estratégicos de una política pública no puede responder por la mala fe de otros en la implementación de la misma.
 Los melodramas se venden bien y son consumidos por una audiencia que se debate entre las miserias de los poderosos y la glorificación de los asesinos. Foto: contextomanaurero.blogspot.com |
La justicia necesaria
Una sociedad incapaz de hacer juicios de responsabilidad política a sus gobernantes y una administración de justicia incapaz de esclarecer los hechos y asignar las responsabilidades con prontitud y credibilidad abren paso a la llamada justicia espectáculo.
Se trata de un escenario mediático donde se juzga a las personas sin las garantías del debido proceso, y un telón de fondo de sed de venganza que subyace en sociedades como la colombiana, incapaces de trazar una línea clara entre el bien y el mal.
Qué bueno hubiera sido una condena a Valerie Domínguez y a todos los implicados en el caso de Luis Andrés Colmenares, qué bueno será poder condenar a Andrés Felipe Arias, incluso qué bueno hubiera sido una condena a Sigifredo López, parece ser lo que se desprende de estos escenarios de justicia mediática.
La imagen de una cofradía de ángeles perversos será difícil de borrar: este grupo de muchachos arrastrará por el resto de sus vidas el recuerdo confuso de esa noche de malos tragos.
Pero como las pruebas resultaron insuficientes y no dan para tanto en ninguno de estos casos, la sanción social ya ha sido administrada sin posibilidad de apelación: todos ellos ya fueron condenados de alguna manera en el triste espectáculo de los medios de comunicación, que hace mucho tiempo perdieron el norte, y ante la inoperancia de una justicia sometida al vaivén de las intrigas políticas y sociales.
En un horizonte de posconflicto — escenario artificial a donde nos quiere meter por la fuerza el gobierno Santos — la majestad y la eficacia de la justicia deben ser lo primero por reconstruir como garantía de no repetición de todo aquello que nos condujo a semejante desajuste durante los últimos cuarenta años: que sean los jueces quienes definan con serenidad, en conciencia y sometidos única y exclusivamente a las pruebas legalmente recaudadas las responsabilidades individuales de quienes deciden cruzar la frontera de la ley.
Pero resulta fundamental que ese juicio no esté atado a la condición social, económica, religiosa o política de los implicados, ni a la presión de la opinión pública mediante un mensaje desconfigurado de los medios. Es lo básico, lo más elemental, lo que explica el surgimiento del Estado en la modernidad, pero a nuestros fiscales y jueces les da pena obrar en derecho si ello implica contradecir a la opinión pública, y eso compromete de manera grave la independencia y la credibilidad de la justicia.
Esta sociedad carece todavía de esos pequeños consensos básicos: la falta de mínimos que hagan viables la convivencia y el gobierno. Melodramas como el de Valerie Domínguez y el de Colmenares desafortunadamente nos lo siguen recordando… en horario triple A.
* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Columnista y autor de numerosas publicaciones.
@cuervoji
Acerca del autor
Jorge Cuervo
Profesor e investigador de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, columnista de El Espectador y autor de numerosas publicaciones. @cuervoji.
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Jorge Cuervo
Profesor e investigador de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, columnista de El Espectador y autor de numerosas publicaciones. @cuervoji.
