El Estado colombiano pidió perdón por el asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra a manos de un policía. Qué implicaciones tiene el gesto y qué falta para evitar más casos como éste.
Oscar Murillo Ramírez*
Ejecución extrajudicial
Me asaltan los recuerdos al volver sobre los hechos ocurridos el 19 de agosto de 2011, día que fue asesinado en la calle 116 con avenida Boyacá Diego Felipe Becerra Lizarazo. Eran aquellos los mismos días en los que recorrí el centro de Bogotá buscando pinturas adecuadas, latas de spray que se ajustaran a la necesidad inmediata, la boquilla precisa para lograr el trazo deseado en algún muro de Bogotá. Diego Felipe éramos muchos(as) en las calles de Bogotá y el país.
Diez días después del asesinato del artista y grafitero Diego Felipe Becerra en 2011 escribí algunas líneas sobre este hecho para Razón Pública en momentos previos a una jornada para intervenir muros en la localidad de Engativá. Hoy, a la distancia, encuentro que había por lo menos tres condiciones que, pese a la inmediatez, eran evidentes.
Primero, gracias a la tenacidad de Liliana Lizarazo y Gustavo Trejos para aclarar la verdad, se demostró que Diego Felipe Becerra fue víctima de una ejecución extrajudicial a manos del patrullero de la Policía Nacional, Wilmer Alarcón Vargas.
La necesidad de contar con una fuerza pública capaz de respetar la Constitución y proteger los derechos humanos. El asesinato de Diego Felipe, Tripido, como se le conocía por sus intervenciones en las calles, “(…) nos invita igualmente a pensar que lo legítimo supone el respeto a la vida, el apego a la ley y que las instituciones están para la protección ciudadana y no para la persecución contra la diversidad”.
Vivimos en una sociedad que justifica el crimen. Una suerte de cultura de la muerte que válida el asesinato, admite la impunidad y justifica al victimario.
Pero falta cumplir todavía una parte muy importante que no se dicta en los estrados judiciales y no se emite por decreto: una transformación social y cultural que supere la cultura de la muerte.
Todavía recuerdo a personas cercanas de mi entorno que daban por hecho que Diego Felipe había participado del atraco a una buseta. Un montaje que era creíble a primera vista y hoy es un hecho procesal desaprobado tanto por las contradicciones como por la revelación de la existencia de falsos testigos.
El monopolio de la fuerza legítima
Existe una relación entre hechos como el asesinato de Diego Felipe Becerra y la configuración de la democracia en Colombia. En un texto escrito hace unos años junto con Medófilo Medina, sostuvimos que el monopolio de la fuerza legítima exigía dos condiciones necesarias como presupuesto para la vigencia del sistema político democrático:
- Por una parte, la capacidad del Estado para tener de manera exclusiva la función de coerción, lo cual implica no compartir esta potestad con fuerzas privadas: por eso la relación entre el paramilitarismo y sectores de la fuerza pública debilitó el Estado de Derecho.
- Por otra parte, la acción legítima se delimita por el estricto cumplimiento del orden institucional y jurídico al cual debe sujetarse la fuerza pública.
En el caso de Diego Felipe, la ilegitimidad de la fuerza pública quedó confirmada cuando el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, reconoció que el homicidio fue un acto fuera del servicio, con alteración de la escena del crimen, inclusión de testigos falsos, configurando un homicidio agravado al que llamó “falso positivo urbano”.
Figura retórica para designar lo que en realidad constituye una ejecución extrajudicial de un menor de edad a manos de la policía, en medio de la impunidad que pareció consumarse meses después, cuando el Senado aprobó el ascenso de Francisco Patiño a General de la Policía.
Hechos como estos y las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes de la Policía Nacional en el marco de la protesta social han afectado la legitimidad de esta institución. Podemos citar otros varios ejemplos:
- la muerte de Dylan Cruz en 2019;
- la muerte de nueve personas el 4 de septiembre en la estación de Policía en San Mateo, Soacha;
- el asesinato de Javier Ordoñez el 9 de septiembre de 2020 en medio de un procedimiento policial;
- la respuesta que acabó con la vida de trece personas durante la oleada de indignación.
Afortunadamente estos hechos han llevado a la exigencia ciudadana de acciones efectivas de reparación y no repetición, exigir una reforma a la Policía que permita abandonar el discurso del “enemigo interno” y la sintonice con los nuevos tiempos que vive Colombia.
El buen nombre y la digna memoria
Además de los hechos procesales que estuvieron presentes en los discursos de las víctimas, durante el acto de reconocimiento de responsabilidad en la ejecución extrajudicial hubo un constante llamado a la recuperación del buen nombre de Diego Felipe Becerra.
Este no es un asunto menor porque Tripido fue señalado como un delincuente. Como sostuvo Gustavo Trejos, padre de Diego Felipe, en doce años de lucha social, mediática y judicial por la memoria, pasaron seis directores de la Policía Nacional que se excusaron en la ausencia de fallos judiciales para negarse a reconocer el delito de ejecución extrajudicial.
En este caso, la solución amistosa, mecanismo concebido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como fórmula de acuerdo entre Estados, víctimas y peticionarios, es ante todo la recuperación de la digna memoria de Diego Felipe Becerra. Su buen nombre fue restablecido. Esta es una forma de reconocer a las víctimas, junto con las condenas efectivas de sus victimarios ante la justicia.
El Acuerdo 907 de 2023 del Concejo de Bogotá que reconoce la memoria de Diego Felipe, inauguró el día del arte urbano e instaura la orden civil al mérito con su nombre. Junto con la cátedra de Derechos Humanos, juventud y arte urbano para la Policía Nacional, son las medidas administrativas que acompañan el acto simbólico principal que restableció la memoria digna que reclaman las víctimas de crímenes de Estado.
Arte urbano: entre la estigmatización y el control
Reconocer la memoria de Diego Felipe Becerra mediante la creación de un museo virtual y la declaración del 31 de agosto como el Día del Arte Urbano no oculta las tensiones y contradicciones que rodean a esta manifestación artística.
El grafiti como manifestación cultural surgió en medio de la contracultura emergente de la década de 1960. Los muros de Filadelfia y New York fueron testigos de las primeras escrituras de nombres que se volvieron marcas identitarias de jóvenes que encontraron en hidrantes y vagones del metro los primeros pizarrones del naciente arte urbano.
Pintar vagones de metros no es nuevo. No necesita permisos de las autoridades. Y aunque el alcalde Medellín, Daniel Quintero, se declara defensor de las libertades, censura el arte y la cultura cuando el ataque es contra los vagones del metro de su ciudad.
El grafiti es disruptivo, transgresor y producto cultural de la clandestinidad, que se manifiesta en los paisajes urbanos. Su masificación no deja de crear una tensión entre un intento de regulación y una expresión cultural que se seguirá manifestando libremente. La cultura juvenil que apareció con el punk y los fanzines difícilmente serán cooptados como expresiones culturales, aunque se intente llevar al camino de las galerías y la comercialización.
Colombia fue testigo de una ocupación callejera masiva sin precedentes en la historia reciente. El estallido social fue también una explosión artística que se reflejó en las pintadas sobre calles y avenidas, intervenciones murales y carteles como expresión de resistencia. El poder contracultural del grafiti es su sentido histórico.
El reconocimiento del Estado por la ejecución extrajudicial de Diego Felipe Becerra es también una forma de darle validez a una práctica artística que surgió para contraponerse al poder. Lo positivo de esto está en que el Estado democrático es capaz de reconocer que es posible la diferencia, incluso el antagonismo, sin que este sea eliminado.
¿Y el perdón social?
El reconocimiento de la responsabilidad estatal en la ejecución extrajudicial de Diego Felipe Becerra es sin duda un avance como medida reparadora. Es un primer y muy importante paso en el restablecimiento de la digna memoria de las víctimas y sus familias, es el camino correcto en procura de recuperar el buen nombre.
El reconocimiento del Estado por la ejecución extrajudicial de Diego Felipe Becerra es también una forma de darle validez a una práctica artística que surgió para contraponerse al poder.
Pero falta cumplir todavía una parte muy importante que no se dicta en los estrados judiciales y no se emite por decreto: una transformación social y cultural que supere la cultura de la muerte.
La existencia de la mal llamada “limpieza social”, la impunidad que atraviesa estos casos, revictimizar a quienes han padecido estas violaciones, sólo es posible porque un sector de la sociedad válida y normaliza estas prácticas violentas y las justifica ante debilidades de las instituciones contra la inseguridad y asocia lo disruptivo del arte urbano con el delito.
El perdón estatal llegó, pero a Diego Felipe Becerra le adeudamos el perdón como sociedad. Superar la cultura de la muerte implica que nadie más sea asesinado y que se construya una justificación social alrededor del crimen condensada en la afirmación: “por algo lo mataron”.
Lo anterior, junto con una justicia efectiva que podría darse en el marco del proceso que se lleva ante la Corte Suprema de Justicia contra el general (R) Francisco Patiño por los delitos de fraude procesal y favorecimiento, serían la realización definitiva de la digna memoria que merece Diego Felipe.
6 Comentarios
Es impactante como han pasado ya tantos años de esta situación y que aún así se presenten hoy en día inconvenientes relacionados con el abuso de poder y la falta de humanidad por parte de algunas personas de autoridad; es en mi opinión bastante triste, sin embrago, se ha visto un avance parcial dado que las comunidades han desarrollado una mayor cercanía en pro de defenderse de cualquier injusticia. Idealmente esa razón de lucha y equidad puede llevar lejos a un pueblo en aquellas situaciones en que se vea intimidado y abusado, estos lamentables casos son un punto de quiebre en que como sociedad decidimos hacernos ver y respetar, esperando que cada vez se presenten en menor medida y podamos apoyarnos en las fuerzas policiales con la seguridad que merecemos.
Hola Laura. En efecto, se han presentado cambios y el reconocimiento de la responsabilidad es uno de ellos; pero esto ha sido, antes que nada, el producto del esfuerzo sostenido de las víctimas que reclaman por el restablecimiento de su dignidad, la búsqueda incesante de la verdad, y la no repetición. La digna memoria es una compleja trama que incluye lo institucional y lo social que poco a poco se va restableciendo en el país, y este hecho es un avance en ese sentido. Gracias por los comentarios.
Personalmente, considero que es positivo que el Estado colombiano haya reconocido su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Diego Felipe Becerra. Este reconocimiento es un paso importante hacia la justicia y la reparación de las víctimas y sus familias. Sin embargo, sigue siendo triste debido a que aún se presentan estas acciones por parte de personas que abusan del poder que se les fue asignado y luego piden perdón como si eso solucionara algo, pero bueno, es un paso importante que tomen la responsabilidad del hecho. Además, la noticia resalta la importancia del arte urbano y el grafiti como formas de expresión y resistencia contra el poder establecido. Estas manifestaciones culturales tienen un valor significativo en la sociedad, ya que permiten visibilizar problemáticas y generar conciencia social. Sin embargo, también es necesario seguir trabajando para superar la cultura de la muerte y garantizar que estos actos de violencia no se repitan en el futuro.
En la noticia se habla de un tema bastante delicado debido a que se trata del asesinato de un joven grafitero a manos de un policía en Colombia, a pesar de ello, es importante recalcar que hay aspectos por mejorar como lo son el buscar apoyo en personal profesional como lo pueden ser representantes de la Policía Nacional para que se ofrezca una visión más amplia sobre el tema. También se deberían proponer posibles estrategias y/o soluciones que ayuden a mitigar los casos de violencia policial en Colombia. Finalmente, se podrían hacer uso de estadísticas y análisis de otros casos para hacer comparaciones y, a su vez, lograr contextualizar a los lectores del caso que se está tratando.
Es un recordatorio doloroso de los problemas sistémicos que enfrentan muchas sociedades en relación con la violencia policial y la falta de rendición de cuentas. En donde también entra aca una cuestión de prejuicios frente a personas graffiteras, y en general de ciertos grupos de la sociedad, que se pueden vestir y “percibir” de un modo erróneo.
Los sucesos de este tipo reiterados nos lleva a cuestionar no solo la conducta individual de los oficiales involucrados, sino también el entorno en el que operan. ¿Qué lleva a los agentes considerar que era apropiado usar la fuerza letal en respuesta a un acto como el grafiti o la protesta?. La gente ya no cree ni confía en las autoridades, siendo otra de las muchas razones, por la que se ha debatido tanto el tema de una reforma policial, deben implementarse cambios en las políticas y procedimientos para prevenir futuras tragedias.
Superar la cultura de la muerte implica un compromiso colectivo de promover la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Desafortunadamente, Colombia tiene la violencia arraigada en su historia, la muerte violenta, es el diario vivir de este país, no sólo en mano de las instituciones, sino, por la intolerancia y la falta de respeto.
La constitución está llena de leyes, que realmente nunca se cumplen, el derecho a la vida, es un privilegio en uno de los paises con más cifras de violencia a diario.
Las instituciones, como la policía, lo único que hacen es abusar de su poder, justificando sus HOMICIDIOS con palabrerías y revictimizando a las personas que asesinan o torturan, y en vez de proteger a los ciudadanos, utilizan el tiempo, como en este caso, para crear falsos testigos, hacer persecuciones y manchar el buen nombre de sus víctimas, ese abuso de poder se resalta con el hecho de que el ASESINO estaba fuera de servicio, haciéndolo un homicidio de civil a civil, sin ninguna razón.
La «educación» de estas instituciones se basa en el hecho de encontrar al «enemigo interno» que realmente no existe y nunca existió, utilizando temas como la inseguridad y relacionándolo directamente con el arte callejero, dejando en evidencia el retroceso y la falta de libertad,
Puede que haya reconocimiento, y eso sea un avance, y siempre debe haber justicia!, sin embargo se hace justicia de algo que nunca debió pasar.