Diálogos y negociaciones de paz con las FARC-EMC
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Contra viento y marea, la reunión al comienzo de este mes entre el gobierno y las FARC-EMC, en Suárez, Cauca, otra vez despertó la esperanza de un acuerdo con esta disidencia.
Elizabeth Dickinson*
Los acuerdos
El encuentro entre voceros del gobierno y del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC ocurrió tras largos meses de combates entre esta guerrilla y la fuerza pública, cuando cada lado parecía preferir el escalamiento de las hostilidades.
Pero el documento publicado después de tres días de intensa conversación es un avance significativo —aunque también lo sean los obstáculos para seguir adelante—. El documento anuncia que las partes están trabajando sobre protocolos que permitan instalar una mesa formal de diálogo y un cese al fuego nacional y bilateral (aunque la fecha en que esto empezaría no está definida).
El punto más importante es el compromiso bilateral de buscar un camino para reducir las confrontaciones y proteger a la población civil.
Ahora es el momento de traducir las palabras en acciones. Sería necesario restablecer la confianza, diseñar protocolos robustos para garantizar el cese al fuego, montar un mecanismo de monitoreo y, sobre todo, asegurar un alivio concreto e inmediato para las comunidades asediadas por la violencia. Aunque en Colombia hay una larga historia de negociaciones en medio de la guerra, es claro que el país tiene poca paciencia para entrar en otro proceso de paz mientras las comunidades estén contra la pared.
Los acuerdos del 2 de septiembre representan un avance en dos procesos: la preparación de la mesa de negociación, y la concreción de un cese al fuego nacional y bilateral. La lógica es avanzar de manera simultánea: dado que las negociaciones tendrán lugar dentro del país, la sincronía es clave para garantizar la seguridad de los negociadores y de las comunidades donde las FARC-EMC tienen presencia.
Probablemente, la agenda de las negociaciones se enfocará en las causas del conflicto y las realidades de una violencia que involucra a múltiples actores. Como dijo Andrey, el negociador principal de la guerrilla, “las FARC siempre vamos a existir, mientras existan las causas, con cese al fuego o sin cese al fuego.”
Sin duda, la agenda incluirá temas fundamentales para el grupo, tales como el medio ambiente, la tenencia de tierras y la economía rural. Sin embargo, en adelante, es inevitable que las negociaciones toquen las economías ilícitas de las FARC-EMC, aunque es probable que el tema vendrá después de haber reestablecido más confianza entre las partes.
También es muy posible que las FARC-EMC exijan que el Estado garantice que la fuerza pública no dejará entrar a otros grupos armados o criminales a los territorios ahora controlados por el Estado Mayor Central, durante o después del diálogo.
El nuevo cese del fuego, por su parte, reduciría “la confrontación y la violencia” y asegurar el respeto por el derecho internacional humanitario. Lo que se está planeando es un cese del fuego “plus”, que además de evitar choques entre la guerrilla y el Estado, limite el impacto del conflicto sobre la población civil. Se espera que ese cese incluya el no reclutamiento de menores y la protección de infraestructura crítica, tal como torres de energía (varias de las cuales ha derribado la guerrilla recientemente).
Los acuerdos del 2 de septiembre representan un avance en dos procesos: la preparación de la mesa de negociación, y la concreción de un cese al fuego nacional y bilateral.
Por eso es fundamental la decisión de establecer una comisión accidental, que opere durante el periodo previo al cese del fuego y se convierta eventualmente en el mecanismo de monitoreo una vez se paren los enfrentamientos. La comisión resolvería las contingencias, y es una herramienta clave para reabrir la comunicación entre guerrilla y Estado. Tras los contactos iniciales, se puede volver a generar confianza, prevenir combates, y anticipar malentendidos antes de que perjudiquen el diálogo.
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Contexto difícil
El acuerdo en el Cauca se firmó después de una ola de violencia que dejó decenas de muertos, incluyendo policías, combatientes, civiles y niños como consecuencia de la captura y posterior asesinato de cuatro menores que desertaron de las filas del Frente Carolina Ramírez de las FARC-EMC.
Estos hechos, que rompieron el proceso de acercamiento que se estaba llevando a cabo, llevaron a que el 22 de mayo el presidente Petro cancelara el cese al fuego en algunos departamentos del sur. La fuerza pública volvió a adelantar acciones ofensivas contra las FARC-EMC, y la guerrilla se volvió más agresiva al expandirse y demarcar su territorio, incluso en algunos centros urbanos.
Entre julio y agosto el nivel de combate se escaló hasta causar choques en medio de la población civil. Durante enfrentamientos en una zona poblada de La Plata, Huila, a finales de julio, murió una niña de cuatro años. Días después, el 7 agosto, el ejército abatió a Lenyn Quintero Moyano, alias Pedro, comandante del Frente 37 en Yondó, Antioquia.
Pedro era un líder de las FARC-EMC, no solo porque era el mando en una zona clave para las disidencias, donde se enfrentan constantemente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensa Gaitanistas de Colombia, sino porque abiertamente apoyaba las negociaciones. Su muerte prendió las alarmas dentro de la guerrilla.
Las represalias llegaron rápida y ferozmente. En los días siguientes, el comandante de la policía confirmó que la disidencia tenía en marcha un “plan pistola” contra sus integrantes, incluso ofreciendo recompensas para quienes mataran oficiales de este cuerpo. Hubo varios atentados en Cauca, otro en Meta y varios más en Nariño, que dejaron una docena de muertos, secuestrados, heridos y zozobra en ciertas zonas del país.
Detrás de la violencia evidente, se escondieron otras menos visibles. El reclutamiento de menores creció y cada semana llegan denuncias sobre esta práctica. Autoridades locales en el Sur de Bolívar nos contaron en mayo que “se han llevado muchos menores, entre 13 y 15 años, para entrenar”.
En Cauca, el epicentro del reclutamiento de niños y niñas, líderes indígenas han documentado cómo la disidencia ha mandado a menores a otras zonas para combatir, ya que al no conocer el terreno donde operan se les dificulta escapar.
En otras áreas, por ejemplo, en el Bajo Cauca, la disidencia ha derribado torres de electricidad para que la población quede sin conectividad, ha impuesto normas de conducta y penas por “ser chismoso”, y ha sembrado minas antipersonales de manera descontrolada.
En este contexto, el Presidente Petro participó a un consejo de seguridad que se llevó a cabo en el Cauca el 13 agosto, donde dijo que “cualquier negociación que empiece en el territorio nacional con grupos armados debe tener en cuenta que, antes que un cese al fuego, lo que queremos es un cese de hostilidades a la población civil”.
El Ministerio de Defensa ordenó un operativo para retomar control del Caño de Micay, Plateado, y otras zonas con presencia del Frente Carlos Patiño de las FARC-EMC. Cuando las dos partes se sentaron de nuevo el 31 agosto, la posibilidad de acercamientos constructivos era lejana, pero ambas reconocieron la necesidad de desescalar para avanzar sus agendas.
Los pasos a seguir
A partir de ahora, es fundamental que las partes demuestren que pueden frenar la violencia.
El principal escenario para lograrlo es la comisión accidental, que reabre canales entre el Estado y las FARC-EMC para compartir información y prevenir choques. La confianza construida durante el primer cese al fuego en los primeros meses del 2023 se puede reconstituir, aunque se debilitó bastante en los últimos meses.
Otro factor que juega a su favor es que el anterior mecanismo de monitoreo pudo ver que las FARC-EMC tienen una línea de mando clara y que los negociadores pueden dar órdenes que se cumplen de manera inmediata.
El equipo del gobierno llegó a las negociaciones en el Cauca con límites claros que la opinión pública no permitirá que se crucen: no se puede avanzar si la guerrilla sigue asesinando policías y reclutando menores. No puede haber una negociación sobre los requisitos mínimos establecidos por el derecho internacional humanitario; éstos son indiscutiblemente el marco legal del conflicto. Esa debe ser la base sobre la cual se avance en la protección de las comunidades.
El Estado también enfrenta desafíos para lograr un proceso sostenible. Horas después de la firma de los acuerdos preliminares hubo fuertes enfrentamientos entre el ejército y la disidencia en Corinto, Cauca, probablemente porque no llegaron a tiempo nuevas órdenes del gobierno.
El documento acordado afirma que la fuerza pública seguirá con su misión de hacer cumplir la constitución. Pero, por parte de la Comisión Accidental, se puede intentar prevenir y resolver las disputas por medio del dialogo, y al decidir solo ordenar combates militares si es indispensable.
La prevención de daños es indispensable para la protección de la población, dado que las confrontaciones pueden exponer la misma comunidad al fuego cruzado o confinamiento. Igualmente, será clave que el Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Defensa estén totalmente alineados, para que las acciones de uno no socaven las acciones del otro.
El equipo del gobierno llegó a las negociaciones en el Cauca con límites claros que la opinión pública no permitirá que se crucen: no se puede avanzar si la guerrilla sigue asesinando policías y reclutando menores.
La guerrilla está involucrada en disputas territoriales con otros grupos armados en la frontera con Venezuela, en el Sur de Bolívar, Antioquia, Cauca, Nariño, y Putumayo, entre otros. Dado el impacto que estas confrontaciones tienen en la población civil, sería conveniente que se considere la posibilidad de acercar a los negociadores del ELN y de las FARC-EMC para buscar una tregua entre los dos grupos.
Lo más urgente de todo, sin duda, es sacar a la población del medio del conflicto. Los compromisos de “respetar a la población” y “proteger a las comunidades” que fueron pactados en Cauca son parte fundamental del acuerdo, que también planea llevar misiones humanitarias a ocho departamentos.
Estas misiones son de gran importancia, pero es complicado enviar la señal de que el acceso humanitario es parte de las negociaciones: es parte central del derecho internacional humanitario, y no un tema que se pueda negociar. Por ello, tanto actores armados como la fuerza pública deberían guardar distancia de las entregas de ayuda y misiones médicas, para salvaguardar su neutralidad.
Aún existe la esperanza de una salida negociada con las FARC-EMC, incluso si el camino está nublado. Estos compromisos iniciales son oportunidades para poner en práctica la paz.
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Acerca del autor
Elizabeth Dickinson
*Analista senior para Colombia de International Crisis Group, donde se enfoca en el seguimiento del conflicto y la puesta en marcha del Acuerdo de Paz.
2 comentarios
Escrito por:
Elizabeth Dickinson
*Analista senior para Colombia de International Crisis Group, donde se enfoca en el seguimiento del conflicto y la puesta en marcha del Acuerdo de Paz.
Se destacan los avances logrados en las conversaciones, como la preparación de la mesa de negociación y la concreción de un cese al fuego nacional y bilateral. Además, se mencionan los desafíos que enfrentan ambas partes, incluyendo la necesidad de restablecer la confianza, el cual este es algo complicado porque las víctimas les costará tener confianza en personas que le hicieron tanto daño a ellos y a sus familias.las recientes conversaciones entre el gobierno y las FARC-EMC representan un avance significativo en la búsqueda de un acuerdo de paz. Que en un país como colombia es lo único que estamos anhelando, paz.
Es claro que, durante años, Colombia ha sido esclava de un verdugo tan feroz como la violencia, la cual ha traído y sigue provovando consecuencias sin presedentes; muerte, desolación, expropiación, atraso y ante todo terror por la inseguridad tan alta a la que se expone cualquier individuo que pise Colombia. Para muchos, volver a hablar de paz les parecerá una historia bastante ambiciosa e idealista, más aún cuando después de cada nuevo intento, termina habiendo el mismo resultado; la violencia como triunfadora. Pero por otra parte están aquellos que aún confían en un proceso trasparente que nos lleve a salir de la crisis que hemos estado por años. Cuando ELIZABETH DICKINSON dice, «No se puede avanzar mientras la guerrila siga matando policias y reclutando menores», muestra en sí, el pilar fundamental que requiere cualquier acuerdo: VOLUNTAD. Voluntad por respetar la vida, Voluntad para aportar al avance y crecimiento de la nación, Voluntad para desarmarse de la guerra y armarse en la paz, en la reconciliación.
Mientras en Colombia, un hogar o un individuo sea vulnerado por la violencia, seguirá siendo un país condenado al estancamiento social y económico.