La elección de Natalia Ángel es una victoria, pero aún hay una deuda histórica: que las mujeres afrodescendientes e indígenas accedan a las altas esferas judiciales.
Yuri Saldarriaga*
Dos nuevas magistradas
En días recientes, dos hitos han marcado la historia de la representación de las mujeres en las altas esferas del poder judicial:
- El 4 de abril de 2022, la abogada Natalia Ángel Cabo se posesionó como nueva magistrada de la Corte Constitucional de Colombia. Con su presencia, las mujeres serán mayoría en uno de los tribunales constitucionales más importantes de América Latina.
- El 7 de abril de 2022, el Senado de Estados Unidos confirmó la designación de la abogada Ketanji Brown Jackson como nueva magistrada de la Corte Suprema. Ketanji es la primera mujer afrodescendiente en ocupar ese cargo en el tribunal más importante de Estados Unidos, donde se discuten, entre otros, los asuntos constitucionales.
Relevancia de la posesión de la magistrada Natalia Ángel Cabo
Históricamente, a las mujeres se nos ha negado el acceso al poder en las relaciones familiares, políticas y económicas. Como grupo social, estamos en una indeseada situación de subordinación frente a los hombres.
De nosotras se espera un determinado lenguaje y una forma de comportamiento, y que nuestra participación se limite a algunos espacios de la vida pública. Debemos aspirar a ser madres, a casarnos; sobre todo, debemos cumplir con todo aquello que la sociedad considera femenino.
No se espera de nosotras que accedamos al poder. Por eso, la posesión de la magistrada Natalia Ángel Cabo es un hecho histórico para la representación de las mujeres en la cumbre de la justicia.
En los últimos 30 años, el Estado ha adoptado algunas acciones afirmativas para que las mujeres accedan a cargos directivos en el sector público —como, por ejemplo, la ley de cuotas, según la cual debemos ocupar el 30 % de algunos cargos de nivel decisorio—.
Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un ejemplo de éxito en la participación equitativa de las mujeres en la jerarquía pública. Ese órgano judicial, a diferencia de sus homólogos, está conformado mayoritariamente por mujeres. Poco más del 50 % de las magistradas de la JEP son mujeres, algunas de ellas indígenas y afrodescendientes. Pero la JEP es transitoria, de allí la importancia de que la equidad de género se vea en otras altas cortes del país.
Ese es el caso de la actual Corte Constitucional. Con la posesión de la magistrada Natalia Ángel Cabo, hay mayoría de mujeres en ese tribunal: se suma a Cristina Pardo Schlesinger, Diana Fajardo Rivera, Paola Andrea Meneses Mosquera y Gloria Stella Ortiz Delgado.
Esto es importante por lo que significa simbólicamente para niñas y adolescentes, que verán a un grupo de mujeres adoptando decisiones trascendentales para el país; aún más, rompe con el llamado techo de cristal.
De acuerdo con un estudio de la US Agency for International Development (USAID) de 2020, las mujeres se encuentran ante un techo de cristal para acceder a posiciones de jerarquía en la rama judicial.
Según esta idea, aunque hay un reconocimiento normativo de la equidad de género, persisten barreras no institucionalizadas y aparentemente invisibles —“de cristal”— que impiden que las mujeres accedan a posiciones de poder judicial. Esto se traduce en que pocas mujeres tengan poder en las principales cortes judiciales del país.
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Relevancia de la confirmación de Ketanji Brown Jackson
Por otra parte, la elección de la jueza Ketanji Brown Jackson en Estados Unidos no solamente es un reconocimiento a su dedicada trayectoria jurídica o al cumplimiento de una promesa de campaña del presidente Joe Biden; su confirmación también es un hito para las mujeres afrodescendientes de ese país, que por más de 200 años estuvieron excluidas de esa corte.
En Estados Unidos, al igual que en Colombia y en muchos otros lugares del mundo, la discriminación en contra de la población afrodescendiente es histórica. Entre otros, esto ha abierto una enorme brecha de riqueza racial. Esta se refleja en el disfrute de derechos civiles como la vida o la libertad, y también en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales: la educación, la salud o el trabajo.
En ese escenario, la designación de la jueza Ketanji Brown Jackson es un logro para los afrodescendientes de Estados Unidos. También es un ejemplo para otros países sobre la importancia de esforzarse para que mujeres afrodescendientes accedan al poder público.
En Colombia, alrededor del 10 % de la población es afrodescendiente y cerca de la mitad son mujeres. Entonces ¿por qué es tan difícil encontrar mujeres afrodescendientes en las altas esferas del poder judicial? La respuesta a esa pregunta es compleja, pero existen dos razones que dan algunas pistas: la discriminación interseccional y la subrepresentación de las regiones.
La discriminación interseccional
Como lo mencioné hace un momento, las mujeres encuentran un techo de cristal para acceder a posiciones de jerarquía judicial en el país, a causa de la desigualdad de género. Pero esa desigualdad es aún más marcada en las mujeres afrodescendientes y en las indígenas: no solo se las discrimina por sexo o género, también por otras razones —raza, clase, nacionalidad, religión, etc.—.
Algunas mujeres están en varios de estos grupos sociales y sufren una discriminación aún más profunda: las mujeres afrodescendientes de zonas rurales, las personas que se reconocen con géneros diversos y las que están en situación de pobreza, por ejemplo.
En el papel, la discriminación está prohibida. Todos los tratados de derechos humanos parten de un principio: el reconocimiento de las personas como iguales ante la ley, independientemente de su raza, sexo, género, idioma, nacionalidad, credo, riqueza económica, etc.
En el papel, todos somos iguales. Sin embargo, el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia, la xenofobia, entre otros, son expresiones de las desigualdades materiales.
A propósito de Francia Márquez Mina —fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro—, hemos observado múltiples expresiones de racismo y clasismo en su contra, durante las últimas semanas, en Colombia. Esas expresiones del lenguaje representan la realidad de la discriminación.
Por todo esto, las juristas afrodescendientes —negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras— e indígenas enfrentan obstáculos adicionales al hecho de ser mujer.
La subrepresentación de las regiones
En el caso de la Corte Constitucional, parece lejana la posibilidad de que una mujer afrodescendiente o indígena ocupe el cargo de magistrada. Esto lo dicen las cifras de los últimos años: las candidatas a magistradas de la Corte Constitucional han sido mujeres blancas o mestizas, graduadas de universidades bogotanas.
Las mujeres afrodescendientes residen en las regiones cercanas a los océanos Pacífico y Atlántico de Colombia: lejos de la capital del país. La mayoría, a su vez, está en situación de pobreza. Según ese panorama, parece que la única opción para que una afrodescendiente ocupe un lugar en la Corte Constitucional es que estudie en una facultad de Derecho en la capital.
Por eso, aunque la elección de la magistrada Natalia Ángel Cabo es una victoria para las mujeres del país, el Estado aún debe cumplir con una deuda histórica: garantizar la participación efectiva de las mujeres afrodescendientes e indígenas en las altas esferas del poder judicial. Para eso, puede tomar como inspiración la elección de la jueza Ketanji Brown Jackson en Estados Unidos.
La elección de la abogada Ketanji Jackson como nueva magistrada de la Corte Suprema no es la panacea para los problemas de racismo de Estados Unidos. Al final, ella es una mujer de clase media que logró acceder a educación formal de alta calidad. Sin embargo, es un paso importante. Un paso que parece estar lejos en Colombia, no solamente por el techo de cristal, sino por la discriminación interseccional y la falta de representación de las mujeres de las regiones.
