
Detector de humo: contra el desorden informativo (83) El control remoto
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Con una conexión a internet pedimos citas médicas, movemos los ahorros sin pisar el banco y hasta manejamos los electrodomésticos a distancia. Esa comodidad crea dependencias que casi siempre descubrimos cuando aparece una falla.
Al alba, los encargados de cerca de setecientos supermercados franceses llegaron a preparar la apertura. En varios locales encontraron charcos de colores en los pasillos y un olor a carne descompuesta que salía de las vitrinas.
Las llamadas de emergencia aclararon pronto lo ocurrido. Alguien había tomado el control del sistema remoto que vigilaba las temperaturas y ajustaba los equipos. Todavía no hay rastro de los atacantes, que se colaron en los controladores de refrigeración de la firma danesa Danfoss y causaron pérdidas por decenas de millones de euros. El estrago deja ver una dependencia de la que hablamos poco. Buena parte de nuestra rutina descansa hoy sobre sistemas que apenas podemos examinar.
En una entrevista, la periodista filipina Maria Ressa, premio Nobel de Paz, ordenó esas dependencias en una progresión. Las redes sociales, dijo, capturaron nuestra atención, y los chatbots entraron en la intimidad. Ahora llegan agentes de inteligencia artificial capaces de actuar en nuestro nombre.
Las neveras francesas anticipan un problema que crecerá con esos agentes. Delegamos tareas diarias a sistemas cerrados. Cuando algo falla, nadie sabe quién responde. En esa disputa siguen los comerciantes afectados la madrugada del 12 de octubre.
A esa desigualdad entre quien maneja el sistema y quien padece sus fallas podemos llamarla asimetría de la observación. Pasa todos los días con los carros. Antes, uno levantaba el capó para intentar adivinar qué se había desajustado. Hoy el diagnóstico ocurre en un taller donde conectan el vehículo a un programa vedado para el dueño.
Servicios sin respaldo
En una nevera apagada el daño salta a la vista. Detrás de una pantalla, es más difícil verlo. Quien pide una cita médica o compra en línea entrega sus datos a computadores que procesan la solicitud. Siete de cada diez sitios web usan para ese trabajo PHP, un lenguaje de programación abierto.
Este octubre, un equipo de investigadores reveló que herramientas de inteligencia artificial le habían ayudado a encontrar en ese código una falla escondida durante catorce años. Con ella, un intruso podía tomar el control del computador central sin contraseña y llegar hasta sus bases de datos y archivos.
El hallazgo puede marcar un antes y un después. Durante décadas, la seguridad informática descansó sobre una premisa sencilla, la de que encontrar un error grave costaba años y un talento escaso. Revisores humanos pasaron catorce años junto a esa línea de código sin notar nada, y la inteligencia artificial dio con el hueco en una fracción de ese tiempo. A finales de octubre, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, admitió que estas herramientas ya superan sus capacidades de programador y calificó de asombroso su avance para detectar fallas de seguridad. La premisa cayó para ambos bandos. Con las mismas herramientas, un intruso puede romper el parche, reconstruir la falla y abrir otra entrada.
En Japón, la primera ministra pidió en X apagar los sistemas que no pudieran actualizarse, y varios gobiernos europeos tomaron la misma precaución. Países Bajos desconectó incluso la página de su agencia de ciberseguridad. El gobierno británico fue más lejos y recomendó guardar comida y agua para tres días ante una eventual caída de los sistemas de pago, igual que ante otras emergencias.
Cuatro silencios
En Colombia, el ColCERT coordina la respuesta a esta clase de eventos. Su alerta identificó 8.699 servicios PHP expuestos en internet, sin precisar vulnerabilidades o ataques. El boletín daba instrucciones para los equipos técnicos. Al público no le decía qué trámites podían interrumpirse, qué alternativas había ni cómo reconocer una falsa oferta de ayuda.
El ciudadano queda atrapado entre cuatro silencios sucesivos. Primero, la plataforma deja de responder. Tampoco dan la cara la empresa contratista que la administra ni el proveedor encargado. Al final, la entidad pública difunde un boletín indescifrable para la mayoría, que es otra manera de callar. En ese vacío prosperan el desorden informativo y las estafas que pescan datos o dinero en medio de la urgencia.
Nuestro país ya sufrió algo parecido. En 2023, un ataque contra IFX Networks, proveedor tecnológico de varias entidades estatales, dejó sin portales al Ministerio de Salud y a la Rama Judicial. Juzgados y trámites médicos quedaron paralizados durante una semana.
Los servicios indispensables deben seguir aunque el servidor caiga. Cada uno necesita una ruta de continuidad, con respaldos accesibles que funcionen sin conexión y protocolos mínimos de urgencia en papel. Y esos respaldos hay que ensayarlos antes, porque guardados y sin probar sirven de poco.

Cajas con trampa
El riesgo alcanza también a los aparatos que compramos para protegernos. La firma francesa Ledger fabrica monederos físicos, parecidos a una memoria USB, que autorizan transferencias de criptomonedas sin exponer las claves en internet. Al configurarlo, el dispositivo muestra en su pantalla una secuencia de 24 palabras para que el dueño la copie y la guarde. Esa frase es la llave. Permite recuperar el dinero en otro equipo si el original se pierde, pero entrega todos los fondos a cualquier extraño que logre leerla. Todo depende de que nadie más vea esas palabras, ni siquiera un aparato manipulado antes de llegar al comprador.
El 15 de octubre, Ledger confirmó lo que la prensa italiana bautizó como el robo del siglo. Quizá no sea una exageración. Quien adquiere uno de estos aparatos busca escapar de los bancos y depender menos de la red, convencido de que al llevar los ahorros en el bolsillo, tiene el control absoluto. Los atacantes no tocaron internet. Interceptaron las cajas en el distribuidor, las abrieron con paciencia, soldaron a mano un diminuto chip espía, volvieron a sellar los empaques como recién salidos de fábrica y esperaron meses hasta que los compradores utilizaran sus equipos. Según cálculos de la firma Bitquery, el golpe asciende a US$102 millones.
La promesa de seguridad se rompió en el camino. Cumplirla exigía vigilar el trayecto hasta el comprador. Sin esa custodia, el usuario más precavido puede seguir cada instrucción y perderlo todo por una trampa invisible. Como ocurrió en los supermercados franceses, el daño entró por un objeto que pocos asocian con un computador, y ahora el reclamo se diluye entre fabricante, distribuidor y comprador.
Cajas negras electorales
Una nevera descongelada o un monedero vacío dejan rastros visibles y medibles. Recortar la circulación de un mensaje durante una campaña también deja huella en los servidores, pero su efecto es más difícil de establecer. Sabemos que una publicación llegó a menos pantallas. Medir cuánto pesó eso en las urnas es otra historia.
Durante la contienda presidencial en Brasil la campaña del presidente Lula da Silva denunció ante el Tribunal Superior Electoral que Meta reducía el alcance de sus publicaciones frente a las de su rival, Flávio Bolsonaro. La caída en las métricas de entrega respaldaba el reclamo. Poco después se filtró un chat interno donde un empleado de Meta describía la cuenta de Lula como “limitada”. La empresa reconoció fallas técnicas y negó cualquier favoritismo.
Los indicios muestran que hubo una restricción, aunque su origen sigue sin aclararse. Pudo deberse a un cambio general en las reglas de recomendación, a denuncias falsas coordinadas o a un error humano al intervenir la cuenta. Meta conserva los registros que permitirían despejar la duda, pero abrirlos de par en par tampoco es sencillo. Una revisión sin protocolos estrictos expondría datos privados de millones de votantes y entregaría a los competidores la arquitectura comercial de la plataforma.
Hoy las redes sociales hacen de plaza pública en época electoral, en un sistema cerrado que decide qué contenidos llegan, a quiénes y con qué frecuencia. Cualquier trato desigual entre candidatos compromete la competencia democrática, aunque nadie conozca todavía la causa. Detectar y explicar esa diferencia sin violar la intimidad de los votantes requiere auditores sujetos a reserva y reglas pactadas mucho antes de la campaña.
Esta discusión tiene un antecedente en el Londres de 1851. Allí, el cerrajero estadounidense Alfred Hobbs abrió dos cerraduras británicas consideradas inviolables. Los fabricantes alegaron que divulgar las fallas ayudaría a los ladrones. Hobbs replicó que ya las conocían de sobra. Con ese mismo pretexto, las plataformas invocan hoy el secreto comercial para frenar revisiones externas. Yo comparto la respuesta de Hobbs, con un matiz. Guardar el secreto protege diseños legítimos, pero puede esconder decisiones capaces de inclinar una elección.

Alguien tiene que firmar
La disputa electoral en Brasil y los refrigeradores a cincuenta grados en Francia desembocan en la misma pregunta sobre quién responde por los sistemas a los que hemos entregado tantas tareas. Todo empieza mucho antes de la falla, cuando se redacta el contrato. Automatizar y digitalizar dan réditos políticos o comerciales. Los gastos posteriores no. Por eso el personal y las actualizaciones de toda la vida útil del equipo deben figurar en el presupuesto inicial, junto con el soporte técnico y una ruta de atención para emergencias. Aunque intervenga un proveedor externo, la entidad pública o la empresa sigue respondiendo ante el ciudadano.
Esa obligación debe hacerse visible el día en que el servicio cae. Lo primero es un reporte firmado por alguien con nombre y cargo, que diga qué ocurrió, qué trámites se detuvieron, qué alternativas hay y cuándo llegará la próxima noticia. Una explicación con esas cuatro respuestas quiebra los cuatro silencios y les quita terreno a los estafadores.
De poco vale ese aviso si nadie sabe leerlo ni reclamar con él. Pedir cuentas requiere entender qué ocurre detrás de la pantalla. En octubre, la Unesco celebra la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional, una buena ocasión para recordar que verificar una noticia o una fotografía es apenas una parte de ese aprendizaje. Otra consiste en comprender los sistemas a los que confiamos tareas y decisiones cotidianas, multiplicados por el internet de las cosas, los algoritmos y la robotización. Saber cómo funcionan esos programas y dónde recaen las obligaciones permite reclamar con mejores argumentos.
Esa formación sirve también para examinar dos caras de una misma palabra. En español, remoto significa lejano y también poco probable. Delegamos a distancia con la idea de que un colapso general era una posibilidad remota, un accidente casi imposible. Los hechos de estas semanas demostraron lo contrario. Si los refrigeradores de un supermercado, el acceso a los ahorros o el alcance de una candidatura dependen de servidores ajenos, la falla deja de ser improbable y se convierte en una amenaza inmediata.
Asumir que ese peligro ya no es una rareza define el verdadero costo de delegar, porque nuestra autonomía depende de cuánto control conservamos después de confiar una tarea a una máquina. Esa custodia requiere respaldos probados y revisiones independientes, con responsabilidades fijadas desde el contrato. Sin ellas, el aparato estará en la mano y el control, lejos.
Acerca del autor

Álvaro Duque Soto
*Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Ha sido docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. | @alduque
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