Detector de humo: contra el desorden informativo (77) Una ley en obra negra

La ley de educación digital pone inteligencia artificial, datos, programación y ciudadanía digital en el centro de la escuela. De aquí a febrero de 2027 deberán definirse los lineamientos para enseñarlas, las condiciones para aplicarlas y el lugar que tendrá en las clases el análisis crítico de las tecnologías.

Quien entre a primero de primaria el año entrante terminará el colegio en 2038. Para entonces usará tecnologías que apenas alcanzamos a imaginar. ¿Qué tendría que aprender durante esos años para usarlas y cuestionarlas? La Ley 2626, sancionada el 24 de agosto de 2026, da una primera respuesta desde la escuela.

La norma actualiza la asignatura de Tecnología e Informática en los colegios oficiales, donde su aplicación será obligatoria. Deja atrás una enseñanza centrada en ofimática y dispone que alfabetización digital, pensamiento computacional, programación, inteligencia artificial, ciencia de datos y ciudadanía digital se enseñen de manera progresiva y articulada por ciclos. También crea una Comisión Nacional, un Observatorio y un programa de formación docente, y ordena revisar los lineamientos curriculares cada tres años. 

Ese mandato exclusivo para las aulas oficiales encierra una paradoja. El colegio público queda sujeto a una malla estricta y, si se interpreta de forma estrecha, a una cláusula de neutralidad. En cambio, los planteles privados tienen la libertad de elegir qué incorporan, y exploran caminos pedagógicos vedados para las instituciones del Estado. Una ley pensada para acortar distancias podría terminar por abrir una brecha inesperada.

La reglamentación y los lineamientos van a definir qué aprende un estudiante en cada ciclo, qué apoyo recibe un docente para enseñarlo y cómo entran en funcionamiento la Comisión y el Observatorio. También dirán cómo se articulan la formación para el trabajo con la capacidad de examinar las tecnologías y de cuestionar sus efectos sobre la salud mental y los derechos.

Lo que se decida en estos meses dará forma a las clases de más de siete millones de estudiantes durante los próximos años. Por eso, antes de febrero, esa discusión tiene que salir de los despachos donde se redactan los documentos y llegar a las aulas, las secretarías, las familias, las universidades y los territorios que deberán hacerla realidad.

Neutralidad y silencio

El artículo 15 exige neutralidad ideológica en contenidos, plataformas y procesos de formación docente. Una lectura restrictiva podría reducir la asignatura al manejo de herramientas y dejar fuera preguntas necesarias para comprender tecnologías que hoy atraviesan la vida cotidiana.

El salón está lleno de preguntas. Los estudiantes quieren saber por qué una pantalla muestra unos videos y esconde otros, por qué el colegio adopta un programa específico o qué pasa con sus datos personales al abrir un perfil. Frente a esa curiosidad, algunos docentes pueden cambiar de tema antes de exponerse a una acusación de adoctrinamiento que no saben cómo enfrentar.

Esa prevención también llega a los territorios con historias y saberes propios. Aunque los artículos 5 y 10 ordenan atender las condiciones de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, vincular la tecnología con la memoria y las necesidades locales podría despertar suspicacias injustificadas.

La neutralidad también entra en el aula por otra puerta. El artículo 13 permite financiar la educación digital con recursos públicos, cooperación internacional y alianzas público-privadas. Una empresa que entrega una plataforma o un recurso puede conocer datos de los estudiantes y tener presencia en los materiales que usa el colegio. El decreto reglamentario deberá fijar reglas que precisen qué información puede recoger, qué tiene que explicar y cómo conservan docentes e instituciones la decisión sobre lo que se enseña.

Leyes que necesitan encontrarse

La Ley 2626 no cae en terreno vacío. La 2489 y su Decreto 769 ya protegen a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. La 2564 atiende la salud mental y la violencia digital. El Conpes 4144 fija los principios para la política nacional de inteligencia artificial. El 15 de julio de 2026, además, se actualizaron los lineamientos curriculares de alfabetización digital. Entre esa fecha y la sanción de la ley pasaron cinco semanas y media. Ninguna de esas piezas menciona a las otras.

Tecnología e Informática han girado alrededor de creación técnica, programación y pensamiento computacional, y las políticas públicas se concentraron durante años en comprar computadores. La Ley 2626 suma ciudadanía digital a esa base. La asignatura puede enseñar a programar y diseñar productos al tiempo que da herramientas para leer la información que circula por las redes, verificarla y entender las plataformas donde se comparte.

Otros países ya han tenido que responder preguntas parecidas. La Unión Europea y Brasil han puesto reglas sobre transparencia algorítmica y datos de menores. Chile trasladó a las escuelas deberes de cuidado y límites al tiempo frente a pantallas. La Unesco, la Fundación Ceibal, el Foro Económico Mundial y la OCDE ofrecen formas de revisar si los estudiantes distinguen una fuente fiable, cuidan su bienestar y conservan capacidad de crear. Esas experiencias no son una receta mágica para Colombia, pero evitan que el decreto tenga que inventar todo desde cero.

La discusión sobre los teléfonos en los colegios muestra para qué sirve esa coordinación. En Bogotá, la Resolución 1037 restringe las pantallas durante la jornada para cuidar la atención. Prohibir del todo olvida que los muchachos se reconectan apenas cruzan la puerta de salida. No poner ningún límite, en nombre de la innovación, ignora la dispersión en clase. Las dos salidas los dejan solos.

La Ley 2626 puede ofrecer una tercera vía. Una restricción escrita sin mirar la ley puede dejar por fuera las competencias que esa misma ley ordena enseñar, porque nadie aprende a usar inteligencia artificial ni a verificar una fuente sin tocar un dispositivo. Coordinadas, las dos normas permiten cuidar el ambiente del salón y, al tiempo, enseñar a producir con criterio, a verificar lo que se lee y a entender las aplicaciones que esperan a los muchachos a la salida.

Una escuela digital para un país desigual

Una regla general no funciona igual en un colegio con fibra óptica en el norte de Bogotá que en una escuela a orillas del río Atrato. La Ley 2626 reconoce esa distancia cuando ordena dar prioridad a zonas rurales y a los indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Falta ver cómo se cumple.

Hay un detalle todavía más exigente. La norma ordena ampliar dotación, conectividad y suministro eléctrico sin crear nuevas cargas fiscales. ¿Cómo cumplir semejante promesa sin recursos frescos? Con presupuestos apretados, la salida sensata consiste en ordenar prioridades para lograr más con lo disponible. Las cifras del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana muestran la dimensión del reto. En Colombia, 21.343 sedes educativas oficiales carecen de conexión a internet, lo que equivale a cuatro de cada diez. Además, una de cada diez sedes ni siquiera cuenta con energía eléctrica.

La respuesta pedagógica no puede esperar sentada a que lleguen los cables o antenas. El pensamiento computacional y la ciudadanía crítica también caben en juegos de lógica en el tablero, actividades desconectadas, intercambio de archivos en memorias USB y proyectos que relacionen la información de redes con saberes de la comunidad.

La tecnología tampoco se enseña sola. Detrás de cada salón hay docentes que tendrán que traducir los lineamientos a actividades, preguntas y materiales. Un curso virtual de fin de semana o una cartilla descargada no garantiza ese cambio. Hacen falta acompañamiento en aula, tiempo remunerado para planear con colegas y guías adaptadas a las realidades de cada municipio.

Ese esfuerzo formativo queda cojo si termina en la reja del colegio. Las pantallas acompañan a los muchachos hasta la almohada y despiertan a su lado. Por eso, una educación digital que se limite a la jornada escolar deja fuera buena parte de la experiencia de los estudiantes. Las familias necesitan entrar en esa conversación, con información y herramientas para acompañar lo que ocurre fuera de clase.

Los acabados que faltan

Antes de febrero, el Gobierno debe resolver tres asuntos. El primero trata de datos e inteligencia artificial en el aula. Qué información pueden recoger las plataformas, qué garantías deben ofrecer los proveedores y cómo se protege a niños, niñas y adolescentes. El segundo, el alcance de la neutralidad para que docentes y estudiantes puedan examinar algoritmos y desorden informativo sin temor a acusaciones de adoctrinamiento. El tercero, las condiciones para las alianzas público-privadas, con reglas sobre autonomía pedagógica, transparencia, privacidad y evaluación de proveedores.

La firma de la ley abre el proceso, pero la escuela cambia después, en las secretarías, los colegios y las casas. El Observatorio Nacional de Educación Digital puede mostrar si esa promesa llega a las aulas o se queda en los documentos. Junto a computadores y conectividad, tendrá que reportar si los estudiantes aprenden a verificar un contenido dudoso, reconocer el funcionamiento de una plataforma y cuidar sus datos. Combinada con la que resulte del Índice de Brecha Digital, esa información permitirá saber qué se enseña, dónde faltan apoyos y qué decisiones requieren ajustes.

Las cinco banderas del Plan TIC 2026-2030 tocan de lleno a la Ley 2626, aunque la educación digital no tuvo allí un capítulo propio. La ministra Alexandra Falla las presentó en Andicom. Conectar significa redes en zonas rurales. Preparar, formación docente continua con respaldo institucional. Proteger, salvaguardas para la intimidad de los niños. Producir y transformar, puertas abiertas para que los alumnos resuelvan problemas de su propio municipio. Facultades de educación, secretarías, redes docentes, familias y estudiantes tienen razones para entrar en esa conversación antes de febrero.

En 2029, las pruebas PISA evaluarán por primera vez competencias de alfabetización mediática y de uso de inteligencia artificial en jóvenes de quince años, que hoy cursan séptimo grado. La prueba de fondo se verá cuando la promoción de 2038 reciba su grado de bachiller y cierre el ciclo que está por comenzar en las aulas de primaria. Lo que el país decida y ejecute en estos meses definirá si esos futuros graduados llegarán a la vida adulta como usuarios indefensos ante la tecnología que esté de moda entonces o como ciudadanos capaces de pensar, crear y decidir por cuenta propia.