Detector de humo: contra el desorden informativo (71) El decreto vitamina

El MinTIC reglamentó la ley de entornos digitales seguros para menores. Diagnosticó bien los síntomas, pero recetó un tratamiento que alivia sin curar. Los próximos doce meses definirán si las resoluciones técnicas atacan la causa o solo sus efectos.

Todo decreto contiene una teoría sobre el problema que pretende resolver. La del Decreto 0769, que reglamenta la ley de entornos digitales seguros para menores de edad, se resume así: el malestar digital de niños y adolescentes es un asunto de hábitos individuales, y la solución consiste en enseñarles a ellos, a sus padres y a sus colegios a manejarlo mejor.

Esa lectura sería razonable si el insomnio, la ansiedad y la hiperestimulación fueran solo malos hábitos. La evidencia muestra otra realidad. Se trata de determinantes digitales de la salud, tan concretos como el agua contaminada o el aire tóxico. La diferencia es que el daño no proviene de una sustancia, sino de un producto construido deliberadamente para retener la atención el mayor tiempo posible. Ese efecto forma parte del modelo de negocio.

Frente a ese diagnóstico, el decreto ofrece vitaminas: más educación, más controles parentales y más talleres. Son útiles, pero insuficientes mientras la arquitectura que genera el malestar permanezca intacta.

El decreto acierta en varios puntos. Prohíbe la censura previa, el monitoreo generalizado de contenidos y el debilitamiento del cifrado en los mensajes privados. Frena el perfilamiento comercial de menores y blinda su privacidad frente al propio Estado. 

Sobre esa base es posible corregir los vacíos. El riesgo real aparece en la reglamentación técnica, que debe expedirse en los próximos doce meses. Ahí la norma puede quedarse corta o terminar a la medida de las grandes corporaciones.

El casino de al lado

Ver los entornos digitales como una biblioteca de contenidos buenos y malos lleva a soluciones equivocadas. Las redes funcionan hoy como un casino, un espacio pensado para que nadie se levante de la silla. La norma se concentra en impedir que el contenido peligroso llegue el menor y deja abierto el mecanismo que lo retiene.

Ese casino se sostiene en su arquitectura. El desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones y las recompensas variables no son simples elementos visuales. Constituyen el sistema diseñado para que el menor no pueda soltar la pantalla. El decreto no obliga a las plataformas a desactivar esas funciones en las cuentas de menores, justo donde el daño resulta mayor.

Al omitir esa exigencia, la norma debilita uno de sus mayores aciertos, el principio de corresponsabilidad entre Estado, empresas, colegios y familias. La carga recae en el eslabón más débil. Las familias y los colegios enfrentan a los que hoy son los conglomerados más potentes del mundo, con enorme capacidad de cabildeo.

Una demanda pública sostenida, respaldada por organizaciones de infancia, academia y ciudadanía, puede producir obligaciones concretas de diseño sobre las plataformas. Brasil avanzó por la vía legislativa. El Estatuto Digital de la Niñez establece cuentas de menores sin funciones de riesgo activadas por defecto. Atacar la causa implica cambiar la máquina, no pedirle al niño que la resista.

Una puerta peligrosa

El decreto exige verificar la edad, pero aplaza los estándares técnicos a una resolución futura. Mientras esa norma no exista, la opción podríamás barata  ser pedir una selfie, un escaneo facial o un documento de identidad, tanto a un niño de nueve años como a un adolescente de quince, y hacerlo justo en las plataformas de las que se pretende protegerlos.

Surge entonces una contradicción, la famosa paradoja de los datos. El Estado se prohíbe a sí mismo el uso de esos datos, pero abre la puerta a que la industria de verificación biométrica construya, bajo el argumento de la protección, el archivo facial infantil y juvenil más grande del país.

La experiencia australiana debería servir. En diciembre de 2025 prohibieron las cuentas en redes a menores de dieciséis años. Las plataformas cerraron millones de perfiles. Una parte importante de los menores evadió los bloqueos con redes privadas y cuentas falsas. El muro no redujo el riesgo, lo desplazó a espacios sin moderación. Ya existen métodos que confirman la edad sin revelar la identidad ni almacenar el rostro. El reglamento pendiente puede adoptarlos en vez de dejar la decisión en manos del mercado.

La máquina que piensa por los jóvenes

La inteligencia artificial generativa (IA) ya se usa en las aulas y el decreto apenas la menciona. Casi nada dice sobre lo que ocurre cuando un estudiante entrega a un chatbot el trabajo de pensar y acepta como cierto lo que el algoritmo produce, sin que nadie le haya enseñado a distinguirlo.

No es una alarma abstracta. En la Conferencia Internacional de Educación Digital que se reunió en Bogotá la segunda semana de julio, se advirtió sobre la descarga cognitiva; delegar en la máquina la lectura y la escritura termina por atrofiar las mismas destrezas que se dejan de ejercer. Lo que está en juego no es la comodidad de una tarea resuelta, sino la capacidad de pensar por cuenta propia.

El problema supera lo cognitivo. Cada conversación que un adolescente sostiene con un asistente de IA sobre sus ansiedades, sus notas o su vida amorosa alimenta un modelo comercial sin límites éticos claros a ese aprovechamiento de su intimidad. Ese fenómeno crece con rapidez en las escuelas colombianas, y la norma lo deja fuera.

La competencia que el decreto invoca una y otra vez, sin definirla, debería incluir la capacidad de distinguir una respuesta generada por un algoritmo de una basada en evidencia. Es la que se conoce como la “quinta A”: una alfabetización algorítmica que se suma a las cuatro clásicas del derecho a la educación (asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad). Su núcleo es enseñar a comprender, cuestionar y no delegar a ciegas el pensamiento a los sistemas de IA.

Una tarea sin manual ni horario

El decreto ordena a las escuelas formar en alfabetización mediática e informacional. (AMI). Lo repite en siete artículos y en ninguno la define. Aplaza el significado y, al mismo tiempo, exige resultados medibles en esa misma alfabetización. Resulta difícil demostrar avances en algo que todavía carece de definición.

Sin una definición clara, la escuela tenderá a contratar lo más barato que quepa bajo la etiqueta AMI, una charla breve sobre contraseñas, detención de noticias falsas y otras sobre como abrir una cuenta en redes sociales y conseguir más seguidores.

Esa formación exige más. Debe permitir que un adolescente comprenda por qué su celular le muestra un video y no otro, quién paga por su atención y qué ocurre con los datos que deja. Ese criterio ayuda a reconocer antes una estafa, una teoría conspirativa o un discurso de odio. Y debe trascender también el ámbito familiar. Tiene que formar frente a problemas colectivos que debilitan la convivencia y dificultan el avance democrático, desde la polarización extrema hasta la normalización de la violencia verbal.

A la falta de definición se suma un problema práctico. El decreto exige actualizar manuales, crear protocolos y dictar talleres, pero no asigna horas ni recursos. Los maestros deben formar a las familias, acompañar a los estudiantes y detectar alertas de salud mental sin capacitación ni reconocimiento en su carga laboral. La política pública llega al salón de clase sin las condiciones básicas para ejecutarse.

El miedo a perder el chat

El decreto crea comités, rutas con la Fiscalía y sistemas integrados de información, y da por sentado que un menor víctima de acoso o extorsión acudirá a denunciar. El comportamiento adolescente apunta en otra dirección. El celular es el espacio donde construyen buena parte de su identidad. El primer temor frente a un adulto no es el agresor, es perder el aparato o la cuenta. Quedar fuera del chat equivale, a esa edad, a quedar fuera del grupo.

Ese silencio se vuelve más frecuente entre los catorce y los dieciséis años, cuando los adolescentes navegan con mayor autonomía. El decreto no contempla canales anónimos ni mecanismos entre pares, y por eso puede terminar alimentando el silencio en vez de romperlo.

La misma lógica explica un abordaje que revictimiza. La norma legisla el material de abuso sexual infantil bajo el supuesto de un depredador adulto, y deja por fuera un fenómeno de muy rápido crecimiento en el mundo, el de menores que producen y comparten sus propias imágenes íntimas por curiosidad, sin medir la gravedad de lo que hacen. 

Ante esas situaciones, los colegios suelen recurrir al castigo o la expulsión. Los estudios indican que el daño para esos jóvenes no proviene de la imagen, sino de perder el control sobre ella. Los enfoques basados sólo en el miedo y la sanción disuaden la búsqueda de ayuda. Colombia tiene experiencia en justicia restaurativa y debería aplicarla también en este terreno.

Los seis años no son los quince

El decreto trata la niñez y la adolescencia como un bloque único. Esa mirada deja por fuera dos realidades distintas. Nada dice sobre el uso de pantallas para calmar a niños pequeños, una práctica que interfiere en el aprendizaje de la autorregulación emocional. Y deja solos a los adolescentes en el momento de mayor búsqueda de aprobación y de menor capacidad de control de impulsos.

Un esquema de acceso gradual por edades, que habilite de forma escalonada funciones como la mensajería privada, la ubicación y la publicidad dirigida, permitiría proteger la primera infancia y reconocer al mismo tiempo la autonomía progresiva que un joven de dieciséis años necesita. Un niño de ocho y un adolescente no habitan el mismo entorno digital y la norma no puede tratarlos igual.

Sin esa distinción, la norma termina dando la misma respuesta a quien apenas empieza a explorar el mundo y a quien ya construye su identidad en él. Tendríamos entonces una protección incompleta en un extremo y un abandono en el otro.

Un año para curar

Ninguno de estos ajustes, ni los demás que reúne la infografía, exige una ley nueva. La mayor parte se puede resolver en la reglamentación técnica que el MinTIC debe expedir en el plazo de un año, un período que recae por completo sobre el gobierno que se posesiona el 7 de agosto.

El decreto cumplió la tarea de nombrar los riesgos. Dejó pendiente convertir ese diagnóstico en reglas capaces de proteger de verdad. Y hacia allá debemos remar todos porque el niño que pasa la tarde solo frente a una pantalla que no lo deja ir, el adolescente que le confía sus angustias a un chatbot, la hija que calla lo que le pasa por miedo a perder el teléfono, están en nuestras casas y en las de al lado. El problema no vive solo en los documentos de especialistas. La discusión debe ampliarse.

Curar ese malestar exige más que vitaminas. Requiere estándares técnicos claros, alfabetización con contenido, rutas de denuncia que no silencien y una vigilancia activa de la ciudadanía, las organizaciones de infancia y la academia sobre cada borrador de resolución. El diagnóstico está listo. El tratamiento se decide en los próximos doce meses y se decide con nosotros o sin nosotros.

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