Los más perjudicados

El despegue de la economía colombiana no ha salido de la zona de turbulencia. Aunque hubo un rebote económico luego de los momentos más críticos, el escenario macroeconómico está caracterizado por dos rasgos verdaderamente preocupantes: estancamiento en la generación de empleo formal y la inflación más alta de los últimos 22 años.

Actualmente hay tres millones de desempleados. La tasa de desempleo en marzo fue 12% –por encima de su nivel prepandemia– y, simultáneamente, la inflación llegó a 9% en abril –superando la meta de 4% del Banco de la República–.

Esta inflación perjudica sobre todo a los pobres. Alimentos, alojamiento y servicios públicos son los rubros que más contribuyen al alza de los precios. Como muestra el DANE, la inflación de los alimentos fue 26% y la inflación para los pobres fue superior al 11%.

Estos resultados macroeconómicos son socialmente indeseables –elevan, por cierto, un indicador conocido como “Índice de Miseria”–. Impiden reducir la pobreza y la desigualdad de manera efectiva, y representan un desafío enorme en el contexto actual del país. Estamos ante malos resultados económicos que se traducen en malestar social y amenazas a la gobernabilidad.

No solo es un asunto coyuntural

Colombia ha tenido tasas de desempleo cercanas al 10% por décadas, con una informalidad de 50% a nivel nacional, que afecta a cerca de 9 de cada 10 trabajadores en el sector rural.

El problema de fondo es la ausencia de un modelo de desarrollo productivo que cuente con los sectores agrícola, industrial y de servicios de alta tecnología como motores dinamizadores de la actividad económica. Estos son sectores estratégicos gracias a su capacidad de “absorber” mano de obra desempleada o subempleada y de aumentar la productividad laboral –para tener salarios más altos–. Tienen además el potencial para avanzar en competitividad internacional, para contar con mayor diversificación exportadora y para adoptar tecnologías ambientalmente sostenibles.

Por el contrario, Colombia puso en marcha por más de 30 años una “locomotora económica” basada en la producción minero-energética –petróleo y carbón–.  Este modelo es cuestionable en materia de generación de empleo. Primero, porque en la locomotora no caben muchos pasajeros –baja intensidad laboral– y, segundo, porque no es claro que los vagones estén unidos –efectos positivos de largo plazo sobre otros sectores–. La estructura productiva y exportadora, en definitiva, al ser poco diversificada y sin alta capacidad de generar empleo formal, deja expuesto al país a los vaivenes internacionales, en particular a los cambios de los precios de las materias primas. Es necesaria mayor autonomía económica, incluso como un aspecto de seguridad nacional –seguridad alimentaria–.

En este panorama, la política económica ha dado prioridad a la estabilidad, antes que al desarrollo productivo. Como consecuencia positiva, el riesgo inflacionario ha sido mínimo desde el año 2000. Un elemento central de la política que ha conducido a este resultado es el esquema de inflación objetivo del Banco de la República. El Banco –en el marco de su independencia– define y anuncia públicamente una meta para cada año, meta que sirve como referente para determinar la tasa de interés de intervención. Si la inflación se aproxima al límite superior de la meta, el banco central eleva la tasa de interés a la que les presta dinero a los bancos comerciales. Las alzas en la tasa de interés encarecen el crédito y se frenan el consumo y la inversión para contener el aumento de los precios.

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Cambio de escenario

Este equilibrio de alto desempleo con baja inflación, al que el país estaba acostumbrado, fue alterado por la crisis de 2020. Primero, se disparó el desempleo al 16% y la inflación se redujo al 2% anual –datos consistentes con el choque negativo de demanda, acompañado del cierre de empresas por el confinamiento. Eso sí, con suficiente disponibilidad de inventarios en varios sectores–. Luego, llegó el aplazamiento de los proyectos de inversión y la ola de empresas quebradas. Se gestó un nuevo choque negativo de oferta, que coincidió con expansiones del gasto público con cierta reactivación del consumo privado. La convergencia de una menor oferta y del aumento de la demanda agravó la escasez y aceleró la inflación. Esta secuencia, que no solo ocurrió en Colombia, llevó a un efecto inflacionario a escala global.

Y cuando se pensaba que la inflación sería transitoria, aparecieron nuevas presiones. En el ámbito doméstico, por ejemplo, se dio el incremento de 10% en el salario mínimo para 2022, cuando la fragilidad del mercado laboral y las señales inflacionarias indicaban la inconveniencia de ese aumento. La medida fue una respuesta del Gobierno al descontento social y a las presiones políticas de cara a las nuevas elecciones. De no haberse aumentado el salario mínimo, dirán algunos, habrían sido peores las pérdidas de capacidad adquisitiva del salario por cuenta de la inflación–. Verdad a medias. El Gobierno pudo haber optado por una política mejor focalizada de subsidios para atenuar los efectos inflacionarios, en lugar de implementar, en primer lugar, una medida de naturaleza inflacionaria con impacto de amplio alcance. No debe olvidarse que los ajustes en el salario mínimo no se limitan a la población que recibe este salario; son usados como guía para ajustar otros salarios –efecto faro– y para determinar otros precios de la economía –indexación–.

En adición a las presiones de orden nacional, la guerra de Rusia y Ucrania obstaculizó el comercio de granos y agudizó la escasez de fertilizantes. Esto, sumado a las afectaciones en las cadenas globales de comercio, fue la puntada final en la lista de choques inflacionarios. Afortunadamente este año no hubo fenómeno de El Niño. Sí persiste el riesgo de inflación por mayor devaluación cambiaria debido al deterioro de la cuenta corriente.

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Política antiinflacionaria

Hasta aquí, se han enfatizado cuatro puntos:

• Pasamos de un equilibrio de alto desempleo y baja inflación a uno peor: de alto desempleo y alta inflación.
• Es un error ver el escenario macroeconómico actual como si se tratara de un asunto estrictamente coyuntural; también es la respuesta a aspectos estructurales: un modelo productivo ineficiente en materia de empleo.
• Hay presiones inflacionarias, domésticas e internacionales, que están alargando la duración del episodio inflacionario, y
• La política monetaria, basada en un esquema de inflación objetivo, y que prioriza la estabilidad de los precios, depende prácticamente de un solo instrumento para frenar la inflación: elevar la tasa de intervención.

Sobre el último punto, el Banco de la República ha subido la tasa de intervención desde septiembre de 2021, cuando alcanzó el nivel mínimo de 1,75%. Actualmente se encuentra en 6%. La tasa promedio de colocación –crédito– ha subido en consecuencia de 9,5% a 12,3%. De esta manera, el Banco busca enfriar algunos componentes de la demanda agregada para estabilizar los precios. No obstante, es difícil que los aumentos de la tasa de intervención vayan al corazón de los determinantes inflacionarios, puesto que estos incluyen la contracción de la oferta y los precios más altos de los insumos productivos.

Recurrir a incrementos más fuertes de la tasa de intervención es como activar el freno de emergencia en una pista mojada. Si el de pedal no funciona, no queda otra opción, cierto, pero nada garantiza una detención suave y segura. En cualquier caso, debe buscarse que el incremento sea lo más gradual posible, para evitar que las expectativas inflacionarias pierdan su ancla, para enfriar parte del consumo privado sostenido por crédito, pero minimizando a la vez el riesgo de quedar patinando con afectaciones a la inversión y la capacidad productiva. El encarecimiento del crédito para los empresarios puede tener la consecuencia de profundizar la escasez de ciertos productos y obstaculizar la contratación de trabajadores. Qué dilema.

Por estas razones, la nueva situación exige una política antiinflacionaria no convencional. El Gobierno acertó al reducir algunos aranceles, pero nuevamente se quedó corto. Deben impulsarse de inmediato programas de producción de alimentos, incluyendo iniciativas comunitarias, que pueden sintonizarse con programas de empleo de emergencia. Los programas pueden contar con sistemas de planificación de cosechas e información de mercados regionales para alinear oferta y demanda, aprovechar las vocaciones productivas regionales, y evitar sobreofertas de algunos productos agrícolas.

Además, deben ampliarse los créditos subsidiados para los agricultores, condicionados a una producción verificable de alimentos. Tendrán que ser transitorios dadas las restricciones fiscales, porque las condiciones externas de financiamiento han empeorado y porque Colombia perdió su grado de inversión.

Toda la estrategia productiva debe estar integrada a bancos de alimentos y comedores comunitarios para atender las necesidades de la gente, en especial los más vulnerables y evitar así la expansión de una crisis de seguridad alimentaria. 1 de cada 4 hogares del país no llega a tener 3 comidas al día.

Las fallas de mercado no siempre se enfrentan con más mercado. Es necesaria una mejor articulación de lo público, lo privado y lo comunitario para enfrentar este panorama de alta complejidad. Esa articulación tiene, por supuesto, elementos cruciales de orden político, que dependerán de las capacidades técnica y de liderazgo del próximo gobierno. Hay que descarrilar la transición hacia un equilibrio de alto desempleo con alta inflación, no para volver a la situación de la prepandemia, sino para que el país alcance resultados económicos de bajo desempleo y menor inflación. Las políticas antiinflacionarias no convencionales –vinculadas a la expansión productiva– son parte de una receta de emergencia que después debe integrarse a una estrategia de desarrollo productivo de largo plazo para reducir la pobreza y la desigualdad, y para darle así mayor legitimidad a la democracia. Mala idea dejar en piloto automático al país en medio de la turbulencia.