La tragedia de Mocoa vuelve a confirmar que la mayoría de las autoridades territoriales tienen poca conciencia sobre la gestión del riesgo y el peligro creciente que implican los cambios extremos del clima en el mundo. Así lo muestran varios sondeos entre alcaldes y gobernadores.
Gustavo Wilches-Chaux*
¿Qué aprendimos de El Niño 2014-2016?
El reciente desastre de Mocoa fue desencadenado por un aguacero excepcional que en tres horas dejó caer sobre el territorio una tercera parte de la lluvia que normalmente cae en un mes. Ante estos sucesos dolorosos, la pregunta que más se ha formulado es si una efectiva gestión del riesgo (incluyendo un adecuado ordenamiento territorial) hubiera podido reducir la magnitud del desastre o por lo menos evitar semejante cantidad de pérdidas humanas.
Entre mediados de 2015 y mediados de 2016 me dediqué a analizar el impacto de la Estrategia Nacional de Educación, Sensibilización y Formación de Públicos frente al Cambio Climático con el fin de aportar elementos para la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático que el gobierno colombiano está elaborando, con la coordinación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para presentar este año ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el tema.
En ese momento nos encontrábamos bajo los efectos del fenómeno de El Niño 2014-2016, “el cual, si bien no es propiamente una consecuencia directa del cambio climático, sí se ha convertido en un ‘simulacro general’ de una realidad que será una nueva ‘normalidad’ para muchos de los territorios colombianos” (como dije en un artículo de Razón Pública).
Las respuestas de algunos sectores estratégicos del país ante las manifestaciones de ese Niño nos dieron pistas para dilucidar qué tanta “educación, sensibilización y formación” tenían en ese momento muchas de las personas responsables de tomar las decisiones sobre el territorio.
En ese mismo período (entre agosto y octubre de 2015), en medio de extremos sucesos climáticos que afectaron a distintos departamentos del país (unos por fuertes sequías, otros por fuertes lluvias), tuvo lugar el desplazamiento de centenares de familias colombianas por decisión del gobierno venezolano. Este hecho le añadió complejidad al ‘simulacro general’, porque demostró que las sociedades y los gobiernos en distintos niveles deberán enfrentar, muchas veces de manera simultánea, los efectos de múltiples tragedias de origen natural y de origen humano.
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Responsabilidades regionales
También por esos días se llevaron a cabo las elecciones para elegir alcaldes y gobernadores en Colombia y resultó muy evidente que, con algunas poquísimas excepciones, la gestión del riesgo y el cambio climático estuvieron totalmente ausentes de las propuestas de los aspirantes a esos cargos.
En ese momento afirmé que “cuando el tema se mencionaba en un escenario político-electoral, era más por un requisito formal que porque constituyera un eje de la visión del territorio que poseían quienes aspiraban a gobernarlo. La educación, sensibilización y formación de públicos debería haber aportado por lo menos unos elementos mínimos para que los equipos que dirigían las distintas campañas de aspirantes a ocupar cargos de elección popular, hubieran desarrollado capacidades para la interpretación y la propuesta en el tema climático y para su inclusión en los programas de gobierno. En algunos casos sí fue así, pero como ya se dijo, fueron la excepción”.
Este diagnóstico fue corroborado con las respuestas que varios gobernantes municipales y departamentales dieron a la convocatoria que realizó la Fundación Colombia Líder en el marco del premio “Mejores gobernantes en la superación de la pobreza”. En el formulario de inscripción a este concurso se incluyeron preguntas específicas sobre la gestión del riesgo de desastres, como:
- ¿Su ente territorial cuenta con un Plan de Gestión del Riesgo o de Manejo de Desastres?
- ¿Su Plan de Desarrollo tiene líneas de conocimiento del riesgo, reducción de riesgo o manejo de desastres (planes departamentales de emergencia y contingencia) que están siendo financiados a través del Plan de Desarrollo de su ente territorial? ¿Cuál es el monto de ese financiamiento?
- ¿Cuáles son los principales resultados de su sistema de prevención de riesgos?
La mayoría de los mandatarios siguen considerando la gestión del riesgo un asunto marginal.
Karem Labrador, directora de Colombia Líder, me contó que la mayoría de los mandatarios municipales expresaron sorpresa cuando encontraron estas preguntas en los formularios y le preguntaron qué tenían que ver esos temas con el de la convocatoria. Las respuestas obtenidas demostraron que efectivamente la mayoría de los mandatarios siguen considerando la gestión del riesgo un asunto marginal y no como algo de la esencia misma de su responsabilidad como gobernantes.
Posteriormente, Colombia Líder convocó el premio Mejores alcaldes y gobernadores 2012-2015. La información que revelaron los postulantes sobre los temas de gestión del riesgo y cambio climático fue bastante heterogénea y mostró el peso que se le otorga a estos temas en ciertas ciudades y regiones.
La pregunta que formuló Colombia Líder fue la siguiente: “¿Qué procedimientos adelanta su Administración para proteger a la población, los bienes, los cultivos y la infraestructura de servicios cuando se presentan catástrofes en el área de su jurisdicción producto de la variabilidad climática (fenómeno de El Niño, de La Niña extremadamente fuertes y prolongados)?”.
Las respuestas fueron muy variadas. La de Barranquilla, por ejemplo, demostró una clara comprensión de la integralidad del tema y de sus relaciones con el ordenamiento territorial. Pero por otro lado estuvieron las respuestas -o ausencia de respuestas- de numerosas ciudades y departamentos que no incluyeron ninguna información al respecto, a pesar de haber sido escenario de grandes desastres en el pasado.
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Por una mejor prevención
Muchas de estas preocupaciones se incluyeron en el Informe Preventivo que presentó en octubre de 2015 la Procuraduría General de la Nación sobre la “capacidad de adaptación de los municipios de Colombia al cambio climático”. Este informe alertó sobre el hecho de que:
- En materia de ordenamiento territorial el balance es muy poco alentador. El 63 por ciento de los municipios (589) aceptan no haber actualizado el instrumento de ordenamiento territorial, y el 82 por ciento (767) reconocen que tienen población asentada en zonas de riesgo.
- Dejan mucho que desear la planeación del uso y el cuidado del suelo rural- que tiene un papel importante en la regulación de los caudales y en el control micro-climático. Más de la mitad de los municipios del país (56 por ciento) reconocieron tener menos de la cuarta parte de su territorio destinado a este grupo de coberturas protectoras.
- Estas y otras cifras alertan sobre el no uso o uso inadecuados de instrumentos de ordenamiento territorial frente al cambio climático. La adaptación a este fenómeno exige prepararse para escenarios en el corto y mediano plazo de lluvias y sequías intensas. Esto incluye repensar el uso actual del territorio y privilegiar coberturas reguladoras que amortigüen las consecuencias que estos eventos extremos puedan tener sobre los sectores productivos y las vidas humanas.
- Especial preocupación causan las cifras de identificación de zonas de riesgo, las cuales demuestran que el instrumento no se está traduciendo en una realidad en el territorio. Es tarea del gobierno nacional revisar la regulación y la instrumentalización de los planes y esquemas de ordenamiento territorial, asegurándose de que los municipios los incorporen efectivamente en su toma de decisiones y estén preparados para hacer una gestión territorial con miras a la adaptación al cambio climático.
Muy seguramente la situación ha evolucionado favorablemente en algunos municipios desde el momento en que se presentó este Informe Preventivo, pero esta radiografía general parece seguir siendo válida. Lamentablemente el caso de Mocoa no es una excepción.
En el país hay algunos municipios planificados y gestionados alrededor de la convivencia entre el desarrollo y las dinámicas naturales del territorio, como es el caso de Pitalito, en el Huila. Y algunas ciudades como Cartagena, con planes de desarrollo elaborados alrededor de la adaptación al cambio climático.
Ojalá el alto costo que ha pagado Mocoa en vidas, en sufrimiento y en pérdidas económicas y de oportunidad, sirva para que todos los gobernantes del país tomen en serio la gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático y el ordenamiento territorial, y estos temas no sean solamente un anexo tecnocrático o formal a sus planes de desarrollo.
*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.
@wilcheschaux
