Muchos analistas advirtieron sobre el detrimento de la situación en Ituango y la estrategia del Estado parece que no ha funcionado.
Gustavo Wilches-Chaux*
Catástrofe anunciada
En esta misma página se publicó el primer artículo de la serie que vengo escribiendo sobre la situación de desastre permanente que vive la zona de influencia del proyecto Hidroituango, no desde la emergencia que se presentó en la presa a finales de mayo 2018, sino desde hace más de 20 años atrás.
Este artículo de hoy no hace más que reafirmar, ante las evidencias de los últimos días, muchas de las consideraciones que los analistas vienen haciendo sobre los efectos de ese proyecto en el territorio (entendiendo el territorio como el resultado de la interacción indisoluble entre las relaciones naturales y las humanas), y confirmar que, lamentablemente, mucho de lo que desde un principio se advertía que estaba pasando y que podría empeorar, efectivamente hoy está sucediendo.
El título de ese primer artículo —“Hidroituango: el desastre más complejo que ha vivido Colombia en el último siglo”— sí quedó superado cuando en el escenario planetario, nacional y regional, irrumpió la pandemia de la COVID-19 y, entrelazada con el cambio climático, ocasionaron la crisis más compleja que ha vivido la humanidad en su historia. Este, por supuesto, es un factor de escala global que está contribuyendo de manera muy grave a empeorar la crisis en el Bajo Cauca antioqueño y en el resto del país.
Comencemos por aquello de que el control efectivo del territorio lo ejercen los grupos armados al margen de la ley, lo cual quedó —o más exactamente volvió a quedar— en evidencia en Junio 2020, cuando, como lo comenté en otro artículo de esta serie,
la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) denunció que, tras el asesinato del líder social Edier Adán Lopera, grupos armados impidieron que su familia, la comunidad y las autoridades realizaran el levantamiento del cadáver. Según el Secretario de Gobierno (E) del Departamento de Antioquia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Policía Judicial sólo lograron rescatar el cadáver nueve días después “debido a las difíciles condiciones geográficas y de seguridad del terreno”.
A ese mismo artículo pertenece este párrafo que en este momento resulta necesario recordar:
Tan solo un mes después de ocurrido ese crimen, el Estado se vio obligado a llevar a cabo un operativo de evacuación para salvar la vida de 93 excombatientes que, de conformidad con lo pactado en el Acuerdo de Paz, se habían asentado en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicado en el municipio de Ituango. Es importante mencionar que además de otros reincorporados que ya habían sido asesinados en el lugar, cerca de 860 campesinos de 12 veredas ya habían sido desplazados hacia la cabecera municipal el 23 de febrero, por amenazas de esos mismos grupos armados ilegales. Desde 2017 la Defensoría del Pueblo venía emitiendo alertas sobre esta situación. En entrevista publicada el 16 de agosto en El Espectador, el saliente Defensor del Pueblo Carlos Negret afirma que “no se les presta atención política a las alertas tempranas para proteger población civil en peligro”.
Resulta inevitable preguntarse entonces ¿qué ha cambiado desde la fecha de esos artículos hasta hoy 2 de agosto cuando —como todos los medios de comunicación lo están informando—, más de 4000 personas, integrantes de más de 1600 familias de distintos municipios de la zona, se han visto forzadas por grupos armados ilegales a encontrar refugio en el municipio de Ituango, y algunas en el municipio de Peque porque materialmente en la cabecera de Ituango ya no hay cupo para más?
Este año se duplicó el número de los desplazamientos en el país (102 en el primer semestre) con relación al año pasado
Mucho ha cambiado, pero para peor. Ayer, primero de agosto, comenzaron a retornar a sus parcelas algunos de los desplazados que se encuentran en Ituango, pero las organizaciones de DDHH advierten que lo hacen sin garantías suficientes por parte del Estado.
Los sucesos —no aislados— de hace un año ¿no constituyeron una alerta suficiente para las autoridades sobre lo que podría volver a suceder y hoy ya está sucediendo allí mismo, menos de un año después?
Inquietudes sobre el gasto
- El gobernador (E) de Antioquia “anunció 50 millones de pesos de recompensa por información sobre alias Camilo, del Gao Residual señalado de ser el responsable de las amenazas a los campesinos”; suma que en un consejo de seguridad llevado a cabo el 28 de Julio en Ituango aumentó a 70 millones de pesos, al tiempo que se elevó a 120 millones de pesos la recompensa por Alias Ramiro, exintegrante de las FARC.
- Recordemos que el 26 de junio pasado el ministro de Defensa anunció una recompensa de tres mil millones de pesos por información que permitiera capturar a los responsables del atentado al helicóptero en que se movilizaba el presidente Iván Duque cuando se aproximaba a Cúcuta.
Como se sabe, un excapitán del Ejército aliado con las disidencias de las FARC resultó ser uno de los cerebros de ese atentado y de la bomba contra la brigada 30 con sede en Cúcuta, Norte de Santander.
- De acuerdo con los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el país realizó en 2020 una inversión de USD 9216 millones en 2020, que representó una caída de 9,3 % si se compara con los USD10 169 millones de 2019.
Dependiendo de la tasa de cambio, esa suma invertida en “gastos militares” en plena pandemia equivale a un monto que oscila ente 24 y 30,5 billones de pesos colombianos, que puede ser el equivalente al 117 % de lo que el gobierno aspiraba a recaudar (26 billones de pesos) con la reforma tributaria que encendió la mecha del paro nacional y de todas las movilizaciones sociales que surgieron con él.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo el 13 de julio, antes de los sucesos actuales en el Bajo Cauca, en Necoclí (que son caso aparte) y en Buenos Aires, Cauca, este año se duplicó el número de los desplazamientos en el país (102 en el primer semestre) con relación al año pasado, y aumentó en 256 % el número de personas afectadas. Esto significa que 44 290 personas pertenecientes a 15 349 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Así mismo 36 101 familias de 192 comunidades han sido víctimas de 68 eventos de confinamiento.
Cada vez es más vulnerable en todo sentido la zona de influencia de “el proyecto energético más importante que se ha realizado en Colombia”.
Todo esto sin contar la cantidad de víctimas de masacres que semanalmente ocurren en distintos lugares del país; de líderes sociales amenazados y asesinados, muchos de manera cruel para escarmentar y advertir a la comunidad; y de los asesinatos de excombatientes de las FARC que se acogieron al Acuerdo de Paz, varios de los cuales se encontraban adelantando proyectos productivos.
¿En qué beneficios reales medibles según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y otros indicadores de la calidad de vida en el país se ha traducido esa inversión billonaria en gasto militar?
¿Sirvió siquiera para prevenir los atentados contra el helicóptero presidencial y contra la brigada 30?
¿O para evitar la cantidad de militares y de policías muertos en combates, o en atentados en todo el territorio nacional?
Un territorio cada vez más vulnerable
Para un artículo posterior quedará el análisis de los efectos que está teniendo la temporada de lluvias en los municipios de la zona de influencia del proyecto Hidroituango en términos de desbordamientos de ríos y quebradas, inundaciones, deslizamientos, vendavales y daños que resultaron de esos fenómenos, que si bien no son atribuibles al proyecto, sí demuestran, por lo menos, que la enorme inversión (hoy estimada en 18,3 billones de pesos) que se ha hecho en ese megaproyecto, tampoco ha servido para reducir la vulnerabilidad del territorio frente a esos fenómenos propios de una variabilidad meteorológica seguramente exacerbada por la crisis climática. (Claro que esa suma de 18,3 billones como costo total del proyecto no parece tan exorbitante si se compara con los 24 a 30,5 billones en “gasto militar” del 2020).
¿Se han adoptado de manera efectiva en los municipios planes de gestión del riesgo que incluyan Sistemas de Alerta Temprana basados en la comunidad? ¿Son más resistentes a los cambios hidroclimáticas (y eventualmente a los sísmicos) las poblaciones y las vías de la región?
Los problemas logísticos existentes para responder a las graves emergencias actuales indican que, por el contrario, cada vez es más vulnerable en todo sentido la zona de influencia de ese que ha sido calificado, entre otros por el presidente Duque, como “el proyecto energético más importante que se ha realizado en Colombia”.
Continuará…
