El debate del PDA al ministro de Agricultura se quedó en la forma y favorece a quienes se oponen a la restitución de tierras. Pero el fondo no ha sido discutido: volver al desarrollo rural y reordenar la propiedad sobre la tierra. Son los dos temas que habrá de abordar la Ley de Desarrollo Rural anunciada para el próximo 20 de julio.
Absalón Machado*
Un despiste y un perjuicio
El debate sobre las políticas públicas es sano y necesario para que la sociedad se informe bien sobre las apuestas gubernamentales, sobre las posiciones de los sectores afectados, y sobre la marcha de los procesos, sus dificultades y necesidades de ajuste. Y la política de restitución de tierras es por excelencia el tema que hoy atrae la atención nacional, así como lo hizo la Ley de Víctimas en años anteriores.
 El senador Jorge Robledo lideró el debate en el Congreso. Foto: Moir |
Pero el debate al ministro de Agricultura que tuvo lugar en el Congreso esta semana se limitó a cotejar las cifras sobre entrega de tierras por parte de este gobierno a los despojados, a denuncias sobre el surgimiento de ejércitos anti–restitución, a la entrega ilegal de baldíos a personas vinculadas con el paramilitarismo, a la inseguridad de las víctimas que reclaman sus derechos, y a las inversiones de empresarios nacionales y extranjeros en tierras que fueron objeto de despojo.
Nadie niega que el debate sobre estos temas sea necesario. Pero ante la opinión pública quedó la impresión de que lo más importante es citar a los ministros a debatir sobre las cifras y sobre la capacidad de ejecución del gobierno, y no sobre la política misma.
El debate giró más alrededor de la forma como el gobierno ha presentado las cifras sobre restitución y formalización de la propiedad, que sobre el contenido y el sentido de la política agraria del gobierno Santos, lo que habría sido más adecuado: había que poner esta política en el centro del debate, porque así se ambientaría la discusión sobre el Proyecto de Ley de Desarrollo Rural anunciado para el mes de julio.
Debatir la forma y no el contenido de la política paradójicamente puede hacerles el juego a los opositores de la restitución de tierras, y con ello de toda la política agraria. Y esos opositores no son pocos: además de quienes se apropiaron violentamente de los predios y de quienes se dice tienen grupos armados anti–restitución y han ido asesinando a líderes de los reclamantes, hay sectores agazapados de la sociedad rural y también de la urbana con intereses en el campo que se oponen a ceder los privilegios de manera legal o ilegal.
Silencios elocuentes
El debate tampoco puede quedarse en el legítimo protagonismo de un grupo político opositor al gobierno. Debe ampliarse a todos los sectores de la sociedad, para crear conciencia sobre la necesidad de modificar el estado de cosas, aparentemente inamovibles en la estructura agraria.
¿Cuál es la posición del Consejo Gremial Nacional, de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), de los académicos, de la Iglesia, de los sectores urbanos, de las ONG, de otras organizaciones sociales, de los partidos políticos más allá de sus discursos en el Congreso? Es decir, ¿donde está la sociedad colombiana frente al debate sobre el problema de tierras, la política agraria y el modelo de desarrollo rural?
El fondo del debate
La discusión no debería ocultar ni soslayar lo que hay de fondo:
-Por una parte la defensa de una estructura agraria que en mucho ha sido fruto de la violencia, el atropello, la coacción y la destrucción de la institucionalidad local para fortalecer un ordenan social y una forma de control político territorial;
– Por otra parte la tímida política estatal frente a esa estructura.
Las alianzas entre grupos armados ilegales y políticos, propietarios y sectores de las elites para mantener un orden rural fundado en el poder que todavía otorga la tierra en Colombia, son los opositores a la política agraria que busca restituir derechos ya existentes. ¡Con cuánta más razón va a oponerse al cambio de una estructura de tenencia y propiedad injusta, excluyente e inequitativa como la que hay en Colombia!
El despojo: una cuarta parte de la tierra útil
La magnitud del despojo y del abandono de tierras está por precisarse. Si bien existen estimativos basados en encuestas serias, todavía no se sabe a ciencia cierta cuánta tierra fue afectada, y apenas están empezando a conocerse los métodos usados para expropiar de manera violenta e ilegal los derechos adquiridos y las tierras del Estado.
Ante la incertidumbre sobre la magnitud del despojo y abandono de tierras, las metas del gobierno siempre serán indicativas y no pasan de ser un referente para la política, como lo señala el ministro de Agricultura.
 La reorganización de la propiedad rural es uno de los retos pendientes que tiene el país. Foto: Ministerio de Agricultura. |
Las 360.000 familias despojadas o que abandonaron tierras durante los últimos 25 años aspiran a recobrar una extensión cercana a 6,5 millones de hectáreas, según cálculos de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado: estas tierras representan aproximadamente el 12,5 por ciento de la frontera agropecuaria actual (unos 52 millones de hectáreas).
Ello puede compararse con los estimativos hechos por Paul Oquist para los años de “La Violencia” de los cincuenta, que calculó un despojo y abandono en cerca de 394.000 predios, aproximadamente el 11 por ciento de la frontera agropecuaria de ese entonces.
Tenemos así que en los últimos sesenta años casi la cuarta parte de la frontera agropecuaria fue sometida al despojo o abandono para fortalecer una estructura agraria y un orden rural inequitativo y violento.
Una estructura agraria ya altamente concentrada, que registra un índice de Gini de 0,87 —uno de los más altos del mundo junto con Brasil— se fue fortaleciendo mediante la violencia y el desconocimiento de derechos. Y es precisamente la base social de ese orden rural injusto y violento la que aparece oponiéndose a la política de restitución de tierras.
Quienes no están de acuerdo con ese estado de cosas tienen la esperanza de que el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural modifique esa estructura, convertida en un obstáculo al desarrollo humano, al crecimiento y a la democracia.
El diagnóstico está claro, la política agraria no
Denunciar sí, reclamar resultados de la política sí, pero también formular propuestas y promover la reflexión para cambiar ese estado de cosas.
Campesinos, indígenas, afro-descendientes, mujeres y jóvenes han sido las principales víctimas de ese orden rural que mantiene privilegios, no abre oportunidades ni canales de ascenso social, concentra las rentas, conduce a la ineficiencia productiva y al reclamo de subsidios para mantenerse en un mundo abierto, destruye recursos naturales, genera riesgos para la población y los sistemas productivos, estimula los conflictos rurales, castra los intentos de democracia, no permite el surgimiento de una clase media rural y destruye capital social.
Este diagnóstico fue presentado detalladamente en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, Colombia rural, razones para la esperanza. Se ha puesto a consideración del Estado y de la sociedad colombiana para ampliar la conciencia sobre la necesidad de modificar tal estado de cosas y buscar una visión compartida sobre lo rural.
Volver al desarrollo rural
¿Para qué quiere un campesino que se le restituya su tierra, o para qué otorgársela a quienes no la tienen pero aspiran a vivir en el campo dedicados a producir alimentos?
No es para acumular más tierra, en la avidez frustrante que vició Pahom, el protagonista del cuento de Tolstoi “¿Cuánta tierra necesita un hombre?
 Juan Camilo Restrepo ha defendido a capa y espada el proceso de restitución de tierras- Foto: Ministerio de Agricultura |
No, esa necesidad de tierra campesina no se compara con la avidez que tienen las élites, los inversionistas, el capital extranjero, los violentos, los especuladores. El campesinado y las comunidades rurales solo buscan participar en esta sociedad mediante la posesión de recursos y su explotación, de manera que puedan llevar una vida digna en el campo, y ya que Colombia no les brinda otras opciones.
El momento es propicio para profundizar la reflexión sobre la inaceptable realidad que hemos construido en el sector rural y sobre lo que queremos para el futuro. El compromiso del gobierno Santos con una política agraria que rescata la discusión sobre el tema y aboga por las víctimas pretendiendo volver al desarrollo rural, más que ganar la simpatía de los electores, debería mover a la sociedad rural y urbana, con sus órganos representativos, a fortalecer la convicción de que el desarrollo sustentable y sostenible de Colombia y la paz no pueden lograrse con la estructura rural que tenemos.
* Economista y consultor en temas agrarios, director del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, Colombia rural, razones para la esperanza.
