La reglamentación para eliminar el desalojo forzoso en Bogotá es fundamental. Pero aún deja más incertidumbre que certezas. ¿Cuáles son sus riesgos?
Liliana Castañeda Morales*
El derecho a vivir en Bogotá está en disputa
La administración de Claudia López está por expedir el decreto que reglamenta la protección a moradores y actividades productivas. Esta es una herramienta de garantía para las comunidades frente al desalojo forzoso en nombre del mejoramiento de la ciudad, la renovación urbana o la construcción de obras de infraestructura.
Esta reglamentación podría representar un avance en garantía del derecho a la vivienda y a la ciudad, pero ha sido objeto de diversas críticas que incluyen la bajísima participación ciudadana en la construcción de la propuesta.
La falta de garantías para quienes residen en áreas de renovación urbana conlleva a que la población rechace estas iniciativas públicas y privadas de mejoramiento o revitalización.
Durante décadas Bogotá ha sido escenario de conflictos entre habitantes tradicionales de barrios populares y de clase media con grandes constructoras, inmobiliarias y gobiernos.
La falta de garantías para quienes residen en áreas de renovación urbana conlleva a que la población rechace estas iniciativas públicas y privadas de mejoramiento o revitalización.
El rechazo y los años de luchas de habitantes de sectores como Las Aguas, Santa Bárbara y amplias franjas de barrios en los Cerros de Chapinero han motivado la creación de herramientas que promueven la protección de los propietarios y moradores originales pero sin alejar del todo el fantasma de la expulsión. De ahí nació el Decreto 448 de 2014.
Sin embargo, es necesaria una política robusta que proteja a las personas que son expulsadas de sus hogares en nombre del progreso cuando el gobierno o empresas planean proyectos de vivienda o infraestructura.
Refugiados del desarrollo en Bogotá
Debido a la afectación masiva de comunidades en todo el mundo en nombre del desarrollo, el derecho internacional ha definido el desalojo forzoso: “hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”.
Definición que debe ser el marco de referencia respecto de las obligaciones de los gobiernos nacionales y municipales antes, durante y después de proyectos de renovación, mejoramiento o megaobras de infraestructura, de manera que se protejan los derechos de todos los grupos afectados independientemente de si poseen un título de propiedad. La legislación nacional tiene aún una deuda importante en esa materia.
Proteger los derechos de quienes habitan tradicionalmente los barrios pero no tienen propiedad sobre el suelo es especialmente importante en ciudades como Bogotá, donde más de la mitad de la población vive en arriendo y tiene ingresos medios y bajos. Además, teniendo en cuenta que la ciudad ha sufrido un constante aumento del costo de vida y fenómenos de gentrificación en varias zonas centrales.
La aparición de lo que podría denominarse “refugiados del desarrollo” es un proceso invisibilizado que no se lleva a cabo de la noche a la mañana. Está marcado por la incertidumbre, pues en muchos casos es producto de decisiones de entes públicos y privados que permiten la especulación en barrios consolidados y habitados. Este tema aparece siempre en los debates de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) con consignas como “mi barrio no se vende”.
La incertidumbre de la especulación –acabe o no en desplazamiento– tiene graves efectos sobre la garantía de derechos fundamentales como la vivienda y algunos derechos conexos como la salud, la vida, la educación, el trabajo, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios.
A lo que se suma la ruptura de redes de apoyo barriales y comunitarias, vitales en las ciudades. Por ejemplo, cuando una mujer cabeza de familia deja de contar con el apoyo de la vecina que cuida de su hijo por un bajo costo y debe abandonar su empleo. En últimas se causa mayor empobrecimiento y las comunidades dejan de invertir en cuidar y mejorar sus barrios.
La redacción del proyecto es confusa frente a la obligación de los desarrolladores públicos, privados o comunitarios de ofrecer canje de metros cuadrados para propietarios que opten por permanecer en las áreas a intervenir
Pese a la grave vulneración de derechos que implica el desarrollo urbano sin garantías a las y los moradores, los gobiernos han defendido históricamente su postura en los problemas sociales que se concentran en los barrios empobrecidos como María Paz, El Amparo o San Bernardo, e incluso en motivos ambientales como en los Cerros Orientales.
Una protección a medias
El POT, Decreto 555 de 2021, adopta lineamientos básicos para promover la permanencia de moradores y actividades productivas en áreas que serán intervenidas por públicos o privados e incluye áreas en tratamientos de renovación urbana, conservación, consolidación y mejoramiento integral.
Este es un punto de partida importante que atiende décadas de llamados ciudadanos. Además, es un paso para que el Distrito detenga los desalojos forzosos que por definición son planeados y cuentan con participación de los gobiernos.
Sin embargo, la reglamentación propuesta por la Secretaría de Hábitat presenta riesgos importantes:
- La protección a moradores y actividades productivas aplica en instrumentos como actuaciones estratégicas, planes parciales y en licenciamientos directos en áreas mayores a los 1000 m2 de terreno. Es decir que podría estar sin vigencia cuando la renovación es predio a predio como sucedió en Nicolás de Federmán o como se intentó en el barrio El Rosario, así como en los casos de afectación por obras de infraestructura como troncales de Transmilenio.
- Otro vacío de la propuesta, según la información publicada por la Secretaría de Hábitat, es la falta de claridad para una identificación socioeconómica detallada de las necesidades de la población habitante de las áreas donde se llevarán a cabo Actuaciones Estratégicas, teniendo en cuenta que la estrategia de gestión social no contempla un censo por parte de los desarrolladores ni del Distrito (Artículo 12).
- Esa omisión está acompañada de otras como la débil mención de la participación ciudadana en la formulación, socialización y ejecución de proyectos urbanos y la falta de mecanismos que identifiquen y restituyan redes de cuidado barriales y comunitarias.
- La redacción del proyecto es confusa frente a la obligación de los desarrolladores públicos, privados o comunitarios de ofrecer canje de metros cuadrados para propietarios que opten por permanecer en las áreas a intervenir (Artículo 17). De no ser subsanado este punto, habría un retroceso grave frente las luchas de las comunidades y a los avances contemplados en el Decreto 448 de 2014 en materia de compensación económica.
- Para los casos de pago transitorio de arrendamiento no existe mecanismo de objeción en caso de que el monto ofrecido por el desarrollador sea muy bajo, por lo que “en caso de no manifestar su aceptación (…) se entenderá como cumplida la obligación”.
- Los mecanismos para hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas para incentivar la permanencia de moradores y actividades productivas quedan sin reglamentar y se delega su construcción a la Secretaría Distrital de Planeación. Es decir, aún no sabemos cuál será la(s) entidad(es) responsable(s) de evitar los desalojos forzosos en Bogotá ni cómo serán valorados los factores que darán lugar a compensación a las comunidades.
- En el proyecto de decreto no existe un mecanismo que permita evaluar con posterioridad la efectividad de la política. El Distrito debe estar en capacidad de identificar si los moradores y actividades productivas pudieron o no permanecer en la zona con el paso del tiempo.
- Son constantes las inconformidades respecto de la falta de consulta y participación de la ciudadanía organizada y no organizada que se vería afectada por actuaciones estratégicas, planes parciales o que se encuentra en áreas de renovación urbanas.
La ciudad tiene la oportunidad de liderar, junto con Medellín, un proceso de garantía del derecho a la vivienda referente para toda la región. Pero el afán por entregar resultados por parte de la administración de Claudia López puede perjudicarlo.
Es momento de hacer justicia a las luchas barriales de tantos años en Bogotá, crear un mecanismo que de verdad garantice asesoría técnica y legal a quien esté en riesgo de desalojo forzoso y con medidas que prevengan la especulación del suelo e inmobiliaria.
Urge que Bogotá cree una política de protección efectiva contra las presiones físicas o económicas sobre los y las residentes y promueva la asociatividad en las intervenciones urbanas. Sólo así la ciudad podrá ser cada vez más para sus habitantes y menos para los negociantes.
19 Comentarios
El desalojo por obras de renovación urbana en Bogotá es un tema complejo y polémico. Por un lado, estas obras pueden traer beneficios a la ciudad, como una mayor infraestructura, espacios públicos mejorados y una mejor calidad de vida para los habitantes. Sin embargo, también es importante considerar el impacto que tienen en las personas que son desalojadas de sus hogares.
Es crucial que las autoridades y los responsables de las obras de renovación urbana tengan en cuenta los derechos y necesidades de las personas afectadas. Deben garantizar una compensación justa y adecuada, así como soluciones de vivienda alternativas para aquellos que se ven obligados a abandonar sus hogares. Teniendo en cuenta que muchas veces no solo se puede dar dinero a los afectados y así todo se solucionará, sino dar garantías de calidad de vida. Asimismo, es necesaria la participación ciudadana en las renovaciones o remodelaciones que se hacen en la ciudad porque son las personas que realmente van a tener una afectación en su día a día.
El desalojo por obras de renovación urbana en Bogotá es un tema complejo y polémico. Por un lado, estas obras pueden traer beneficios a la ciudad, como una mayor infraestructura, espacios públicos mejorados y una mejor calidad de vida para los habitantes. Sin embargo, también es importante considerar el impacto que tienen en las personas que son desalojadas de sus hogares.
Es crucial que las autoridades y los responsables de las obras de renovación urbana tengan en cuenta los derechos y necesidades de las personas afectadas. Deben garantizar una compensación justa y adecuada, así como soluciones de vivienda alternativas para aquellos que se ven obligados a abandonar sus hogares.
Además, es importante que se realice un proceso de consulta y participación ciudadana adecuado, donde se escuchen las preocupaciones y opiniones de los habitantes de las áreas afectadas. Esto ayudará a generar confianza ya encontrar soluciones equitativas para todos los involucrados.
El gobierno en este tipo de situaciones solo piensa que al comprar la propiedad ya se estan interesando por el morador, pero realmente no y esto es complicado ya que al querer mejorar la infraestructura de Bogotá dejan a muchas personas sin garantía de una vida digna. Esto también es falta de información por parte de los afectados ya que ellos deberían exigir buenas condiciones para poder asegurar una nueva vivienda, junto con el acompañamiento del gobierno.
El tema de desalojamiento es un tema muy complejo, y en este momento no hay nada que pueda evitarlo, los ciudadanos deben vender y dejar sus hogares por ley, ya que primero esta el bien de todas las personas que el bien propio. Pero esto causa que muchas personas se estén quedando sin vivienda y sin oportunidades en donde vivir. Se deben preocupar por eso también ya que todos tenemos derecho a una vivienda, pero al gobierno realmente no le importa. Se deberían organizar espacios en donde se pueda conocer la opinión y las necesidades de las personas, y claro, tenerlas en cuenta.
He sido testigo del desalojo en barrios de la ciudad de Bogotá, y es que, además de ser una vulneración de los derechos de las personas son propuestas estatales que toman mucho tiempo para su ejecución, y esto desencadena muchos más problemas sociales y económicos para los habitantes de estos sectores, tanto los que desalojan y quedan muchas veces insatisfechos con el pago de sus predios y la adquisición tan costosa de otros predios en Bogotá, como para los habitantes del sector que enfrentan problemas de inseguridad y problemas de salud al tener estos lotes de los predios desalojados.
Es un tema complejo que resalta la urgencia de un equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección de los derechos de los residentes. Si bien es necesario avanzar en proyectos de infraestructura para el progreso de la ciudad, es fundamental que se realice de manera considerada, con previos estudios sociológicos. La reubicación debe llevarse a cabo con la debida atención a sus necesidades y derechos, garantizando compensaciones justas.Este proceso debería ser una oportunidad para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Bogotá, sin dejar a nadie atrás, ni pasar por encima de las comunidades.
Hacer desalojos y solo pensar en el bien politico y social que pueda beneficiar a un gobierno sin tener la mas minima idea de ayuda y soporte necesario y real que se le pueda brindar a las personas habitantes de estos predios, no se puede solo pretender hacer un desalojo sin haber pensando en las consecuencias sociales que trae para las familias habítantes, muchos problemas de fondo nacen por estas decisiones, seguramente en unos meses problemas de mendicidad y mas gente habitante de calle se harán visibles si no se ofrecen soluciones efectivas para una población vulnerable. si hacen esto siendo completamente inconscientes de la difícil situación de adquisidor de vivienda en la que se encuentra bogota, es hacer las cosas sinn fundamentos ni ideas morales básicas.
Bajo mi punto de vista considero que es necesario el desalojo y la destrucción de las viviendas que impiden el desarrollo de la ciudad, porque gran parte de estas viviendas son invasión o fueron construidas en territorio de la ciudad que tenían un propósito distinto y si queremos que la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá mejore estas medidas son necesarias, aun así la Alcaldía debe proveer una vivienda justa y digna a los habitantes desalojados o un pago de la vivienda que sea negociado. De esa forma considero que habrá menos inconformidades.
El desalojo forzoso en Bogotá es un tema que suscita una profunda preocupación en la sociedad debido a las complejas implicaciones que conlleva. Si bien es innegable que en algunas ocasiones se hace necesario para garantizar la seguridad pública o el desarrollo urbano, es esencial abordar esta práctica con un enfoque humano y garantizando los derechos fundamentales de las personas afectadas. El desalojo forzoso, cuando se lleva a cabo de manera indiscriminada o sin una debida planificación, puede resultar en la violación de los derechos a la vivienda digna, al debido proceso y a la propiedad. Por lo tanto, es crucial que se implementen políticas que busquen soluciones alternativas, como la reubicación adecuada de las personas afectadas, para evitar las consecuencias devastadoras que pueden surgir de un desalojo forzoso mal gestionado.
La ciudad en pro de desarrollo civil, busca mejorar las urbanizaciones, sin tener en cuenta la población que hace parte de cada territorio, generando problemas como el desalojo forzoso, perdida de comercio en el sector, cambios que generan poca estabilidad económica. La alcaldía en busca de soluciones apresuradas, con decretos que no tienen en cuenta a toda la comunidad, dando soluciones para los propietarios de los inmuebles sin proteger a la ciudadanía que debe pagar arriendo en las comunidades por el bajo nivel de ingresos, igualmente los censos no están ayudando a identificar las condiciones de vida de cada hogar, por lo cual no existen garantías necesarias para llevar a cabo del desalojo de la sociedad vulnerable.
El tema del desalojo forzoso es un tema de suma importancia a tratar ya que genera como se mencionó en el mismo texto problemas asociados al mismo. Más importante es la generación o aumento de la pobreza en los ya vulnerables sectores poblacionales. Esto en aras de un supuesto mejoramiento de la ciudad que en muchos casos solo atiende a las necesidades de los más ricos dejando a cientos de personas sin un hogar. Así la certificación que se está generando en distintos sectores de la ciudad genera en muchos casos más daño que beneficio a las poblaciones que habitan en esos lugares.
En la noticia se puede ver una preocupación sobre el desalojo forzoso en Bogotá. Sin embargo, es pertinente mencionar que se deben proteger los derechos de las personas afectadas por este tipo de proyectos donde también juega un papel importante el progreso y mejoría de la infraestructura. Por otro lado, es bueno considerar a las personas que no son propietarios sino arrendatarios de vivienda, a los cuales también se les debe asegurar sus derechos. Es por ello que se debe hallar un balance que busque el beneficio entre el desarrollo urbano y los derechos de la ciudadanía
El asunto del desalojo es sumamente complejo, y en la actualidad no existe una solución inmediata que pueda evitarlo. Los residentes se ven obligados a vender y abandonar sus hogares debido a leyes que priorizan el bienestar de la comunidad sobre el bienestar individual. Sin embargo, esta situación ha dejado a muchas personas sin vivienda y sin oportunidades de un lugar donde residir. Es esencial prestar atención a esta problemática, ya que todos tienen el derecho fundamental a una vivienda adecuada, aunque lamentablemente, parece que al gobierno no le preocupa lo suficiente. Sería beneficioso establecer espacios de diálogo donde se pueda escuchar la opinión y las necesidades de la población afectada, y por supuesto, tomar en consideración estas perspectivas en la toma de decisiones.
El desalojo que se esta presentando últimamente en la cuidad de Bogotá en su mayoría por barrios populares.
Se convierte en una situación un tanto precaria no solo hacia los numerosos propietarios de estas viviendas que tiene que desalojarla con un monto monetario que en algunos casos no es ni la quinta parte de lo que cuesta una vivienda actualmente en Bogotá debido a la inflación de los costos de la vivienda. Si no que también a la gran cantidad de ciudadanos que se encuentran en arrendamiento en estas casas, los cuales se tendrán en la obligación de abandonar dichas casa, sin ningún apoyo debido a que estos no son propietarios de la vivienda a demoler, pero si son personas afectadas por estas demoliciones. Esto no solo genera que ciertas familias queden sin un hogar estable se podría decir en un lapso de tiempo. Si no que esta situación desemboca mayores problematicas.
Como el que varias personas tengan que cambiar de trabajo, debido a que no cuentan con lo recursos para llegar al trabajo, puesto que antes estaban cerca de este.
O que tengan que disminuir sus gastos, puesto que no encontraron un arriendo igual al de la casa anterior.
Lo de la demolición de viviendas no se podrá evitar puesto que algunas de estas son necesarias para el desarrollo de Bogota, que recordemos es una cuidad que constantemente necesita obras y no podremos evitar eso. Pero bien es cierto se podrían implementar ayudas con un lapso de tiempo para las familias que se encuentran viviendo en estos hogares sin importar si son dueños o no.
El poder implementar ayudas o alternativas hacia estas familias, en estas situaciones tan vulnerables que en cierta manera se viven de la noche a la mañana.
El tema de la urbanización en Bogotá se ha vuelto especialmente controversial en los últimos tiempos, con la propuesta e implementación para el futuro establecimiento del metro de Bogotá, nuevas calles o renovar las ya antiguas y quebradizas calles. Sin embargo, aunque es un tema en boca de los ciudadanos, muy pocos tienen conocimiento real acerca de dichas renovaciones o no tienen noción de algo tan fundamental en este caso, como el POT o plano que cubre toda la estructura para el metro. Esto hace que las personas, aunque estén enteradas de estos proyectos y pidan resultados a la brevedad, olviden un tema tan importante como lo es el desplazamiento de los habitantes de los sectores donde se efectuarán estas modificaciones estructurales. Este artículo es un gran «chasquido de dedos» para todo el que lo lee, porque es un concientizador casi inmediato de parte de una persona que entiende plenamente, para quienes creemos entenderlo.
La baja participación ciudadana en la construcción de esta propuesta es un punto crítico. La voz de la comunidad es esencial para garantizar que las políticas reflejen las necesidades y preocupaciones de quienes serán directamente afectados por ellas. Además, la falta de claridad en cuanto a la identificación socioeconómica de las necesidades de la población y la falta de mecanismos efectivos para la participación ciudadana en la toma de decisiones son preocupantes.
La baja participación ciudadana en la construcción de esta propuesta es un punto crítico. La voz de la comunidad es esencial para garantizar que las políticas reflejen las necesidades y preocupaciones de quienes serán directamente afectados por ellas. Además, la falta de claridad en cuanto a la identificación socioeconómica de las necesidades de la población y la falta de mecanismos efectivos para la participación ciudadana en la toma de decisiones son preocupantes.
Considerando lo presentado en el texto y como nos expone una temática social tan conflictiva como el desalojamiento forzoso en pro del desarrollo de las grandes ciudades, y como actualmente este proceso no genera la seguridad y la credibilidad necesaria para los miembros de los inmuebles directamente afectados así como en este caso un tercer sujeto (arrendatarios) los cuales no son tenidos en cuenta en la ecuación de esta gestión, genera una problemática social donde la calidad de vida todos los implicados por el lado de la población se ve abrumadoramente afectada, las propuestas y las soluciones que proponen no resguardan a los ciudadanos a no ser que se cumplan con ciertas condiciones que pueden ser fácilmente eludidas por las grandes corporaciones, desde mi punto de vista pienso que las opciones que se le brinden a los ciudadanos sean lo mas cercana a mantener una estabilidad a una alteración mínima en su calidad de vida tanto en los dueños del terreno como los arrendatarios de ellos, es entendible que muchas de las obras van en pro de una mejoría general para la ciudad y todos sus habitantes, pero eso no es una excusa o razón valida para despojar a gente de su tranquilidad y del que podríamos llamarlo también sus méritos que son los que llevan a estas personas a estar en contra de las pocas medidas que refuercen la estabilidad económica y emocional la población en general.
El artículo nos habla de un problema grande en Bogotá: cómo los proyectos de desarrollo urbano y renovación que buscan mejorar la ciudad pueden dejar a la gente sin hogar. Menciona que es urgente cuidar los derechos de todos, sin importar su situación, asegurando que estos proyectos sean beneficiosos para todos los ciudadanos por igual. Por otro lado, es preocupante la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones de los gobiernos y empresas, que como consecuencia se tienen decisiones injustas. Además, como se dice en el artículo es importante contar con una reglamentación clara y efectiva que evita la incertidumbre y la confusión en cuanto a las obligaciones de los desarrolladores y los derechos de los moradores. En general, el artículo nos recuerda que debemos proteger los derechos de las personas en Bogotá y asegurarnos de que los cambios en la ciudad nos beneficien a todos.