Derechos de propiedad de la tierra y Reformas Agrarias

Uno de los problemas más graves que tiene Colombia es el de la propiedad rural, el cual tiene dos aspectos, su concentración y la ausencia de derechos de propiedad. Por décadas se ha tratado de moderar la concentración con base en procesos de reforma agraria, el último de los cuales, hacia parte del acuerdo de paz, como también un esfuerzo para legalizar y formalizar esos derechos. Problemas de particular gravedad como  el de la seguridad de los desmovilizados esencialmente significan que los gobiernos, por diferentes razones, especialmente por la falta de compromiso, coordinación y control desde el ejecutivo, no le han cumplido a los exguerrilleros que se han comprometido con el acuerdo. Excepcionalmente los varios instrumentos tanto de desarrollo productivo como de lucha contra la pobreza han cubierto esos grupos poblacionales. Lo cual destaca el gigantesco esfuerzo que ha sido necesario de parte de los desmovilizados para cumplirle a gobiernos que no les han estado cumpliendo a ellos.

Una breve consideración de la implementación de AP muestra sus limitaciones como mecanismo implementado para contrarrestar la concentración en la propiedad de la tierra y su inseguridad jurídica. Lo más notable acerca del AP es el severo contraste entre  una muy adecuada concepción del desarrollo rural como basado en el desarrollo productivo y las condiciones necesarias para este y una implementación limitada que revela fallas en varios respectos y varios niveles, empezando por una severa falla de coordinación en su ejecución desde el ejecutivo. No hay forma de realizar el ejercicio más elemental de análisis conjunto comparativo de la asignación de recursos a los diversos mecanismos e instrumentos. El AP es asi un documento notable en su concepción del desarrollo como basado en el desarrollo productivo asi como en su  comprehensividad, la cual se traduce en el objetivo dual de graduar agentes productores viables sostenibles APVS que además a la vez sean  Ciudadanos participantes políticamente CPP. Sin embargo, su implementación no ha sido satisfactoria en ambas direcciones para los desmovilizados . 

Aunque el pivote del proceso son las condiciones del desarrollo productivo  a la base de las cuales esta la propiedad de la tierra, el acceso a los insumos complementarios y a una adquisición de capacidades productivas, el segundo objetivo no puede ser relegado a un factor secundario ya que el derecho a la vida y a la propiedad son condición de posibilidad de ese primer objetivo; y lamentablemente a este nivel básico fundamental los gobiernos le han fallado a los desmovilizados, al punto que la alta comisionada de la ONU clamaba, ¡de por Dios detengan esa matanza!. Es cierto que el AP manifiesta una lucidez notable de las partes con respecto a la Acumulación de Capacidades y Activos Productivos como el eje de este proceso enfatizado   como objetivo, el crecimiento  económico como condición de posibilidad necesaria para el desarrollo. Lo cual incluye las condiciones necesarias para que este desarrollo tenga lugar: financiación, asistencia técnica, mercadeo, capacitación, asociatividad, e infraestructura en adecuación de tierras y vías; además de las condiciones sociales complementarias y relevantes en la lucha contra la pobreza, tales como la acumulación de capital humano, la salud y la educación. Sin embargo, en cuanto a las  condiciones de seguridad, a pesar de ser condición de posibilidad de todo el proceso de desarrollo se da un atraso (en buena parte por lentitud en la fiscalía) que ha resultado fatal para los desmovilizados y sus familias.

Los dos procesos, el dirigido a lograr el surgimiento de APVS mediante el logro de una serie de condiciones económicas (acumulación de capacidades) incluido el derecho a la tierra y los mecanismos complementarios en materia de desarrollo productivo; y el de CPP mediante las condiciones políticas e institucionales, incluida la seguridad y los derechos de propiedad, están relacionados sinergeticamnte. Estos derechos son considerados por la literatura económica como condición de posibilidad del desarrollo ya que lo son de la inversión que es el motor del crecimiento: ningún agente racional invertirá en un proyecto en condiciones de inseguridad jurídica que no le garanticen el beneficiarse de su redito, y la acumulación de capacidades, en la cual consiste el proceso de surgimiento del APVS, conseguida mediante los diversos instrumentos y mecanismos, se frustrará a la base. El hecho es que una evaluación de los logros del acuerdo en estas dos direcciones muestra que estos  han sido más importantes en la acumulación de capacidades para la primera1ª que en la garantía de los derechos constitutivos de la  2ª. Sin embardo con todo y que los mecanismo e instrumentos para el desarrollo productivo han avanzado más que los de participación ciudadana, ellos siguen represados frente a la demanda de tierra y de insumos complementarios debido a varias deficiencias, particularmente en IGAC con el necesario Catastro Multipropósito. 

Volviendo a la relación entre los problemas de concentración y ausencia de derechos de propiedad, han sido comunes en Colombia procesos que combinan los dos problemas en procesos de reforma agraria invertida por los cuales los terratenientes se aprovechan de la inseguridad jurídica para apropiarse de la tierra de los campesinos de manera que esta resulta facilitando expropiación y expulsión por la fuerza del fusil; como tuvo lugar en el Urabá antioqueno y en Cordoba durante los gobiernos de Uribe (incluida su gobernación), de los cuales él y sus amigos se beneficiaron abundantemente. 

Pero ese tipo de procesos de reconcentración o reforma invertida no son solo cosa del pasado. En Cartagena a 10 minutos de Morros por la autopista del mar a Barranquilla, en la zona norte de altísimo desarrollo y valorización (cercanía del nuevo aeropuerto), se encuentra el corregimiento de Arroyo de Piedra  en el cual está teniendo lugar uno de ellos pues los derechos de propiedad de pequeños productores no son protegidos  por funcionarios como la inspectora de policía del área que  le vende un amparo policial a uno de estos delincuentes a pesar de que la tierra de la cual se está apropiando ya tenía un amparo policial previo a favor del verdadero propietario. 

Claro esta situación se ve complicada por la corrupción, en realidad un problema que alcanza dimensiones dramáticas en Cartagena, por el cual no es común lograr una gestión a un plazo razonable en el sector público sin que implique enormes sobrecostos. En Cartagena hasta las escrituras están a la venta al mejor postor, incluso en zonas de altísima  valorización como Punta Canoas. Y en la zona denominada como Púa 2 los propietarios nativos tradicionales están siendo desplazados por matones armados al servicio de potentados.  Pero  en realidad en Cartagena el problema de desconocimiento de los derechos de propiedad por la corrupción se extiende a   atentados contra los bienes públicos privatizándolos para beneficio individual, como el funcionario que le dio la licencia de construcción al edificio que agredió en forma increíble el monumento histórico más importante del país, y otros casos en los cuales un bien público es privatizado abusivamente como el de playa del club  Karibana y los negocios privados en la playa de Bocagrande. Sin protección de los derechos de propiedad de los  ciudadanos tanto individual como comunalmente el desarrollo económico  se frustra en su base. Una severa falla institucional por el cual sus funcionarios no cumplen con su misión de proteger los derechos de propiedad, atraso institucional que frena cualquier proceso de desarrollo.