Aunque Duque pretendió defender su administración ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al final delató su negligencia en la defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional. Estas son las razones.
Mauricio Jaramillo Jassir*
El negacionismo del gobierno
Durante el gobierno de Álvaro Uribe, la política exterior fue una extensión de las políticas de seguridad y defensa. La historia parece repetirse con la administración de Iván Duque, quien tiene numerosos señalamientos y advertencias por parte de organismos defensores de los derechos humanos.
El sistema de Naciones Unidas no ha dejado de insistir en la necesidad de una política más efectiva frente a la grave crisis humanitaria que atraviesa Colombia. No obstante, la postura de Duque en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas revela el desprecio de este gobierno por la paz.
Los informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que exponen violaciones graves en Colombia no son nuevos. En febrero de 2019 fue publicado un informe que detallaba el aumento de masacres, desplazamientos y el asesinato de líderes sociales. Ese mismo año, Colombia fue catalogado el país donde los líderes ambientales corren mayor riesgo, pues fue el lugar donde más líderes son asesinados en todo el globo.
Aunque hay evidencia contundente sobre la pérdida de terreno en la protección y garantía de los derechos humanos, el gobierno Duque sostuvo que el informe constituía una injerencia indebida, y rechazó buena parte de los hallazgos y recomendaciones.
El negacionismo es la postura que asume este gobierno frente a la comunidad internacional. Duque pone en duda la autoridad de la mayoría de agencias del sistema de Naciones Unidas, las cuales se encargan de garantizar los derechos seriamente amenazados en estos años.
Fue tal la indignación en el seno del oficialismo que Ernesto Macías —en ese entonces presidente del Congreso, y referente del Centro Democrático— propuso la expulsión inmediata de todas las agencias que operaban en el país.
Una típica retórica autoritaria
En noviembre de ese mismo año ocurrieron protestas en todo el país que acabaron en excesos por parte de la fuerza pública. En aquel momento el gobierno inauguró un discurso estigmatizador que ha mantenido a lo largo de estos años.
Las movilizaciones dejaron de ser interpretadas como un derecho, y se optó por estigmatizar a quienes se manifestaban. Así, todo aquel que se manifestaba era acusado de tener vínculos con algunos grupos armados, o de ser financiados por el gobierno de Nicolás Maduro u otros Estados interesados en la desestabilización de Colombia.
Esta es la típica retórica que utilizan los regímenes autoritarios. No hay una sola dictadura en el sistema internacional que no acuse a terceras naciones de hacer planes para atacar su soberanía. La historia reciente ha demostrado cuán costosa es en términos humanos y humanitarios el discurso que antepone la soberanía a la colaboración internacional —sea con organismos promotores de derechos humanos como la ONU o la Organización de Estados Americanos, o con organizaciones no gubernamentales—.
Aunque dentro y fuera del país es tema de debate el operativo militar en Puerto Leguízamo —donde murieron 11 personas—, el gobierno decidió pasar rápidamente la página y no hacer ninguna alusión al respecto.
En las manifestaciones de mediados del año pasado, el Estado colombiano retomó esta retórica para deslegitimar la protesta. Claudia Blum —ministra de relaciones exteriores— no dio explicaciones sobre las denuncias de desapariciones, torturas y asesinatos que se produjeron en dicho contexto.
Incluso, las voces de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, aliado histórico, pedían presionar más a la administración de Duque para el respeto de los derechos humanos, pero éste siguió sin advertir la gravedad de la situación.
Para corregir la ausencia de un discurso exterior, Duque nombró a Martha Lucia Ramírez como canciller. En ese puesto, la también vicepresidenta aceptó a regañadientes la presencia de un grupo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al final, este grupo confirmó buena parte de las acusaciones contra la fuerza pública, y comprobó la inacción de las autoridades colombianas frente a dichos excesos.
¿Ambigüedad o hipocresía frente a la paz?
Este gobierno no tiene un compromiso con la paz. Por el contrario, traslada al plano exterior todas las quejas que tiene frente al proceso de negociación con las FARC. Injustificadamente, Duque califica el acuerdo de “débil”, e, incluso, Álvaro Uribe sugiere que “es inexistente”.
Antes de finalizar el 2021, el actual mandatario sorprendió al mundo cuando se comprometió públicamente con Antonio Gutiérrez —secretario general de Naciones Unidas— a concretar la paz. Este aparente cambio causó malestar en los sectores más radicales del Centro Democrático, y la tan aludida traición de Santos fue análogamente atribuida al actual jefe de gobierno.
Sin embargo, en el último tiempo —y con el afán de reivindicar autoridad dentro del uribismo— Duque ha retomado el discurso soberanista para abordar los derechos humanos.
Ahora, tanto el presidente como la improvisada canciller aprovechan la coyuntura de la guerra en Ucrania para reforzar su apoyo a Ucrania y a la OTAN. Lejos de condenar la guerra y clamar por el silencio de los fusiles —tal como lo ha hecho buena parte de las naciones de América Latina y el Caribe—, Colombia optó por la alineación con el discurso de Washington.
Lejos ha quedado la prudencia a la que apeló Duque cuando matizó las acusaciones de su ministro de defensa Diego Molano sobre la cooperación militar Caracas-Moscú, ya que era una amenaza a la seguridad colombiana.
Torpemente, el presidente cree que entre más virulencia haya contra Rusia, más estrecha será la relación con Estados Unidos.
Las incongruencias de Colombia ante Naciones Unidas
Duque decidió reivindicar frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los compromisos del país con la paz. Para ello, mencionó las 16 curules de paz y la ley de víctimas, las cuales son objeto de las más duras críticas por parte del uribismo.
La misión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que verifica los acuerdos de paz expresó a través de su jefe, Carlos Ruiz Massieu, su preocupación por el aumento de la violencia. Por esta razón exigió la aclaración de lo sucedido en el operativo militar en Putumayo, donde las contradicciones y violaciones del derecho internacional humanitario son graves y patentes.
Aunque dentro y fuera del país es tema de debate el operativo militar en Puerto Leguízamo —donde murieron 11 personas—, el gobierno decidió pasar rápidamente la página y no hacer ninguna alusión al respecto.
Recordemos: la paz es un ideal que no pertenece a ningún partido, y constituye una responsabilidad de Estado.
Para acabar de agravar el panorama, el gobierno colombiano alienta una polémica con Rusia a quien acusa de doble rasero. Moscú, cansado de los actos inamistosos de este gobierno, decidió pasar a la ofensiva y criticó la falta de voluntad de la actual administración para defender los derechos humanos en el posconflicto.
La declaración no debe interpretarse como un capricho o un acto de cinismo, como ha ocurrido hasta ahora. Rusia habló en su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad que tiene un mandato en Colombia. Por el contrario, esta declaración es una advertencia sobre las graves consecuencias de ideologizar la política exterior, y hacer eco a las voces de la extrema derecha —estas deliran sobre una nueva guerra fría en la que Rusia revive el proyecto soviético—.
Sí. Colombia debe acceder a la cooperación internacional
Cuando Colombia se ubica en las disputas geopolíticas de Estados Unidos, también se aísla de su tradición de apego al derecho internacional y al principio de no injerencia. En el pasado, esa sumisión incondicional trajo consigo una doctrina de seguridad nacional, en cuyo nombre se violaron derechos humanos de forma sistemática.
La cooperación con agencias de Naciones Unidas en el tema de los derechos humanos no representa ninguna violación de la soberanía colombiana. Por el contrario, ha servido para avanzar en su visibilidad y valoración. No es posible pensar en un posconflicto exitoso sin presencia de organizaciones internacionales, como se pudo comprobar a lo largo de los distintos procesos de negociación en el mundo: tanto los fallidos ocurridos a lo largo de los 90 y comienzos de siglo, como el único exitoso.
Nada más riesgoso para Colombia que revivir la retórica de la soberanía y la negación. Esta no solo nos aísla, sino que agrava la crisis humanitaria por el abandono injustificable de la política de paz.
Recordemos: la paz es un ideal que no pertenece a ningún partido, y constituye una responsabilidad de Estado.
