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Derechos de género: avances y retrocesos recientes en Colombia

Escrito por Andrea Naranjo

La reciente denuncia contra la Procuraduría ante la Comisión Interamericana y el resultado de la 57ª reunión de la Comisión de la Mujer de Naciones Unidas demuestran que no todo está ganado… ni perdido.

“Los derechos de las mujeres son derechos humanos y los derechos humanos son derechos de las mujeres”. Declaración de Beijing, 1995

 

 

 

Foto: http://www.flickr.com
 

Sigue el debate

Dos hechos recientes avivan el debate de la diversidad de género, en particular los derechos de las mujeres y los obstáculos para la plena garantía y efectividad de los compromisos asumidos y renovados por el Estado colombiano- que la Constitución define como social de derecho, pluralista y respetuoso de la diferencia:

-De una parte, la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la Procuraduría General de la Nación, por presunta vulneración del derecho a la igualdad y otros actos discriminatorios.

-De otra parte, la aprobación de un documentos muy relevante para configurar el marco internacional de prevención y eliminación de todas las formas de violencia de género en el mundo — durante la 57ª reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas—.

Reconocimientos y olvidos

Si bien se considera a la Revolución Francesa de 1789 como el momento fundador de los derechos humanos, fue un período oscuro para las mujeres: se proscribió su participación en la Asamblea Nacional, en los Estados Generales, en la Asamblea Constituyente, en la Convención Nacional y en los trabajos previos a adoptar lo que sería el núcleo de la legislación europea: el Código Civil Napoleónico de 1804.

Estas limitaciones no acallaron las voces de mujeres como Olimpia de Gouges quien, en respuesta a la declaración excluyente del 26 de agosto de 1789, proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de 1791, manifestando que “Si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, debe también tener derecho a subir a la tribuna política” .

 

 
Andrea Naranjo 2013-15-1genero

Foto: http://www.amnistiainternacional.org 

Larga tradición internacional

En vista de la precaria situación de la mujer -y gracias a las cada vez más intensas demandas de reivindicación- durante la segunda mitad del siglo XX se produjeron avances internacionales significativos: documentos como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina¬ción contra la mujer (CEDAW) de 1979 — que insiste, entre otros temas, en ampliar el acceso a la justicia de las mujeres — o el Plan de Acción de Copenhague del mismo año, que exhorta a los Estados a eliminar los estereotipos de género y a garantizar el acceso igualitario a bienes y servicios.

En las Conferencias Mundiales para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer son reiterados los mandatos sobre temas como la Igualdad, el Desarrollo y la Paz.

En especial, la IV Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, estableció como prioridades la inclusión y la mejora de las condiciones para las mujeres y niñas en materias económica, de salud, educación, medio ambiente y participación. Se asignaron responsabilidades para garantizar el logro de estos objetivos .

La IV Conferencia sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, abordó el tema de salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Paralelamente, en el ámbito regional, se promulgó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará de 1994) , que pregona la búsqueda de una vida libre de violencia, exhortando a los Estados a tomar “medidas, a nivel de leyes y políticas públicas nacionales (…) en el ámbito público y privado” .

El propósito de la reunión más reciente de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer — celebrada el pasado mes de marzo — se concentró en revisar los progresos en la consecución de estos objetivos. Fue la oportunidad para incorporar el concepto de “feminicidio”, partiendo de la concepción de la violencia de género como un “riesgo de salud pública y amenaza global'”. Exhortando a los Estados a eliminar las prácticas lesivas a la integridad de las mujeres, en especial de las defensoras de derechos humanos, reconociendo la necesidad de políticas de género — inclusivas e incluyentes — sobre la base de la educación, orientadas hacia el pleno ejercicio de derechos y con especial atención en aquellos referidos a la salud sexual y reproductiva.

 

 

Foto: http://www.flickr.com 

Un camino tortuoso

En Colombia, hasta bien entrado el siglo XX, las mujeres sufrieron restricciones severas para el ejercicio de su ciudadanía: se las equiparó con los dementes o los menores de edad (incapaces absolutos), se les negó el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos, su domicilio legal era el de los maridos y se les prohibió el control y la administración de sus propios bienes.

Desde la década de 1930, los progresos normativos han sido lentos, pero muestran la presencia de una corriente progresiva en este campo:

  • las concesiones laborales de la ley 83 de 1931, que autorizaron a la mujer trabajadora a recibir directamente su salario;
  • la ley 28 de 1932, que reformó el Código Civil y dio la administración de los bienes a la mujer casada, eliminando además su representación legal en cabeza del marido;
  • el reconocimiento de derecho de sufragio en 1957;
  • el decreto 2351 de 1965, que prohibió despedir a la mujer en estado de embarazo;
  • el decreto 2820 de 1974, que otorga la patria potestad tanto al hombre como a la mujer, modificando las obligaciones de obediencia, convivencia y domicilio legal del matrimonio.
 

 

Foto: http://www.eltiempo.com 

Cambio trascendental

Fueron grandes los obstáculos al avance de los derechos de género en Colombia: la legislación jerarquizada y centrada en el texto de las normas, que impedía hacer interpretaciones más flexibles para su reconocimiento.

Pero la Constitución de 1991 y la inserción de los tratados internacionales como parte del “bloque de constitucionalidad”, más la vigencia superior e inmediata de los derechos fundamentales, abrieron posibilidades insospechadas para el avance de los derechos de la mujer en Colombia.

Se adoptaron nuevos métodos de interpretación jurídica. La vieja literalidad, la exégesis o la sistematización como únicos métodos para entender y aplicar el Derecho dieron paso a la armonización, a la ponderación y a los juicios de igualdad. En suma, la interpretación fue erigida en principio.

En el punto específico de los derechos de las mujeres, también se dieron avances por vía jurisprudencial, derivados del derecho a la igualdad y a la participación equitativa, y traducidos en modificaciones procesales y sustanciales.

Por ejemplo, se invirtió la carga de la prueba en procesos de discriminación por género, es decir, solicitando del demandante “probar que su conducta ha sido garantista de la igualdad y alejada de parámetros discriminatorios” .

También se reconocieron derechos humanos derivados o conexos, como los derechos reproductivos y sexuales, y se admitió el procedimiento de aborto en tres casos específicos .

Progresos normativos

Bajo la égida de la Constitución, los avances normativos también han sido importantes:

  • resalta la Ley 1257 de 2008, que establece el marco institucional para definir y atender a las víctimas de la violencia de género, determinando las modalidades imputables y las opciones de las víctimas;
  • la Ley 1482 de 2011, que aborda el tema de la discriminación y tipifica los actos que impiden, restringen u obstruyen el ejercicio de derechos de un individuo o de una comunidad, apoyados en razones de raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual.
  • en esta misma línea, se sanciona la Ley 1542 de 2012, que elimina el carácter querellable de los tipos del código penal referidos a la violencia intrafamiliar (artículo 229) e inasistencia alimentaria (artículo 233) y permite su investigación de oficio.

 

Obstáculos y objeciones

Sin embargo, la operación de las normas no ha estado exenta de presiones y de escollos jurídicos. Para la muestra, un botón: las múltiples cortapisas morales y jurídicas — que imponen tanto los operadores del derecho como los sistemas de atención en salud — para impedir la aplicación de los mandatos constitucionales.

Argumentos como la objeción de conciencia institucional, la supuesta imprecisión de las normas y los interminables debates morales con tintes científicos, han sido algunos ejemplos del camino tortuoso para la reivindicación de las mujeres, en especial sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Estos se vieron recientemente afectados por la sentencia de nulidad del decreto 4444 de 2006, emanada del Consejo de Estado por vicios de forma, que establecía los mecanismos para atender casos de interrupción de embarazo – providencia que, valga insistir, no modifica la orden de la Corte, tal como explican Ariadna Tovar y Santiago Pardo en Razón Pública del pasado 31 de marzo (“Interrupción voluntaria del embarazo, información incorrecta y regla judicial”).

 

 

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Un debate inconcluso

La denuncia interpuesta por representantes de la sociedad civil y grupos de defensores de derechos humanos ante la CIDH por presuntas vulneraciones efectuadas desde la Procuraduría General contra la población diversa sexual y por los intentos de frenar la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó parcialmente el aborto , hacen necesario reevaluar la posición de los Estados y permiten preguntar si Colombia : ¿está dispuesto a cumplir sus compromisos sobre la protección de las mujeres y de la población diversa, más allá de las íntimas convicciones religiosas o morales de sus agentes?

Las nuevas formas de ver el derecho — que lo hacen más garantista — así como el deber internacional de acatar los tratado sobre género, exigen que los Estados y sus funcionarios — en especial los de la Procuraduría — adopten una perspectiva incluyente y velen por la protección irrestricta y el acceso al pleno ejercicio de los derechos de todos y todas, sin distingos de raza, credo o condición sexual.

Notas.

1. Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana. Art. X

2. Declaración de Beijing, Par. 9. aprobada en la 16ª sesión plenaria, celebrada el 15 de septiembre de 1995 (U.N. Doc. A/CONF.177/20/Add. 1).

3. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Belem Do Para, Brasil, 9 de junio de 1994

4. Mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer –CLADEM. Informe 2002.

5. Corte Constitucional Sentencia T-247-10 Magistrado ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

6. Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006 Magistrados Ponentes: Dr. Jaime Araújo Rentería, Dra. Clara Inés Vargas Hernández y T-388 de 2009 M.P. Humberto Sierra Porto.

7. La Corte Constitucional conminó a la Procuraduría a rectificar su posición institucional sobre las campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, interrupción del embarazo y utilización de anticonceptivos orales en Sentencia T-627 de 10 de agosto de 2012 M.P. Humberto Sierra Porto.

 


*  Investigadora independiente y abogada de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, magister en Relaciones Internacionales Iberoamericanas de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. andreanar1900@hotmail.com

 

Andrea Naranjo RazonPublica 

 

Andrea Naranjo Morales *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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