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¿Derecho al voto para militares y policías?

Escrito por José Gregorio Hernández
impunidad militar

Jose Gregorio HernandezNo están al servicio de un partido o candidato alguno. Siguen las órdenes de quien el pueblo elija para gobernar, cualquiera que sea su orientación política.

José Gregorio Hernández Galindo*

La propuesta

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Gustavo Ferro propuso modificar la Constitución para que los miembros activos de la Fuerza Pública tengan derecho al voto. Según el autor del proyecto, hoy por hoy, “tienen una ciudadanía reducida”.

Ferro sostiene que, con la iniciativa, no habría proselitismo político de los miembros de la Fuerza Pública, sino “simplemente la posibilidad de que ellos puedan ejercer su derecho al voto como cualquier otro ciudadano de nuestro país”.

Esta propuesta debe examinarse a la luz de los antecedentes constitucionales en Colombia y según los propósitos o fianalidades de la Constiución de 1991.

Qué dice la Constitución

La Constitución colombiana -cuya aplicación ha sido pacífica— establece que

“La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”. (artículo 219)

Garantizan la imparcialidad de los miembros activos de la Fuerza Pública y su sujeción a la autoridad civil

Así lo señalaba también la Constitución de 1886 (artículo 168), y se había dicho desde la Constitución de Cundinamarca de 1811: “La Fuerza Armada es esencialmente obediente y por ningún caso tiene derecho de deliberar, sino que siempre debe estar sumisa a las órdenes de sus jefes” (artículo 9 del título IX).

Por qué no deben votar

Las reglas vigentes son apropiadas para una democracia ciudadana: garantizan la imparcialidad de los miembros activos de la Fuerza Pública y su sujeción a la autoridad civil, que en tal sistema de gobierno es la que debe adoptar las decisiones y conducir los destinos de la sociedad.

Los militares y policías no se deben inclinar a favor ni en contra de los partidos y movimientos políticos; no están al servicio de un partido ni de candidato alguno —sea del gobierno o de la oposición—, sino al del Estado colombiano. Siguen las órdenes de quien haya sido elegido por el pueblo para gobernar, cualquiera que sea su orientación política.

Tienen, ni más ni menos, el uso legítimo de las armas; pero no a favor de los partidos ni contra ellos, sino en guarda de la soberanía, la legitimidad y la legalidad.

Permitir la ‘partidización’ de la Fuerza Pública sería, a mi juicio, un grave error. Su independencia de los partidos y su alejamiento de las toldas partidistas hacen de ella una institución civilista, respetable e imparcial.

Autorizar que los militares en ejercicio sean deliberantes y tengan derecho al sufragio, acceso a los procesos electorales y pertenencia a las campañas partidistas los dividiría y los comprometería con intereses distintos de los institucionales, que son los que les corresponden.

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Tienen otras funciones

La Fuerza Pública —integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, según el artículo 216 de la Constitución— cumple una función de apoyo material mediante el uso legítimo de la fuerza y de las armas, para contribuir a los fines genéricos de un Estado Social y Democrático de Derecho:

“…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” ( Corte Constitucional, Sentencia C-872 de 2003).

Promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución

La Fuerza Pública hace parte de la rama ejecutiva del poder público y depende por completo del presidente de la República, a quien la Constitución (artículo 189) confía las trascendentales funciones de proveer por la seguridad exterior de la República:

  • es responsable de defender la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio;
  • puede declarar la guerra con permiso del Senado o, en caso de agresión extranjera, sin autorización;
  • debe velar por el orden público de todo el territorio y reestablecerlo cuando fuere perturbado;
  • se le confía la dirección de las operaciones de guerra o de defensa; la dirección de la Fuerza Pública y la disposición de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.
ciudadanía militar

Foto: Registraduría Nacional
¿Tienen los militares la ciudadanía reducida?

Ahora bien, los artículos 217 y 218 de la Constitución determinan que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no cumplen la misma función, aunque integren la Fuerza Pública y tengan a cargo el uso legítimo de las armas.

Al Ejército, Armada y Fuerza Aérea les corresponde la defensa de la soberanía, la preservación física de la integridad del territorio nacional, garantizar la independencia de la República ante fuerzas internas o externas que puedan conspirar contra ella y preservar materialmente el orden constitucional.

Por otra parte, la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo papel fundamental es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Su meta es institucional por definición. Prestan sus servicios y aseguran los derechos de todos, en cuanto son garantes materiales de la paz, la seguridad, el orden público y la convivencia.

Actúan bajo la dirección del jefe del Estado y con ese carácter instrumental que subraya la Corte. Su imparcialidad, obediencia y sujeción a la autoridad civil son características de la naturaleza civilista de nuestros cuerpos armados.

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La tradición y la jurisprudencia

En 1958, así se manifestaba Alberto Lleras Camargo:

“La política es el arte de la controversia, por excelencia. La milicia es la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política, lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación política no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función”

A comienzos del presente siglo, se pronunció la Corte Constitucional:

“…la misión que están llamados a cumplir los integrantes de las Fuerzas Militares es de carácter instrumental, en el sentido de que se trata de cuerpos armados destinados, a la luz del artículo 217.2 superior, a la defensa de la soberanía nacional, la independencia, la integridad del territorio y del orden constitucional, cuyo soporte básico y fundamental lo constituye la defensa y la protección de los derechos humanos” (Sentencia C-082 de 2018)

El uso de la fuerza

Infortunadamente, a causa de políticas erróneas de algunos gobiernos, esa diferenciación constitucional se ha desdibujado en ocasiones: han puesto a la Policía a hacer lo que les corresponde a las Fuerzas Militares y a los militares a desempeñar en las ciudades funciones propias de la Policía.

En todo caso, aunque existen las aludidas diferencias funcionales, todos los integrantes de la Fuerza Pública están puestos por la Constitución al servicio del Estado, de la sociedad y de los Derechos Humanos, bajo el mando de quienes ejercen el poder civil en un sistema democrático y de derecho. En consecuencia, el presidente de la República es su jefe máximo, y a él están subordinados.

La Corte Constitucional ha interpretado así el monopolio de la fuerza:

“El titular exclusivo del uso legítimo de las armas es el Estado, a través de los órganos que integran la Fuerza Pública, instancias a las cuales la Constitución subordina al poder civil del Gobierno y delimita de manera precisa su actuación con base en las reglas que prevé el orden jurídico” (Sentencia 082 de 2018).

Abuso de autoridad militar

Foto: Alcaldía de Urumita
Se trata de evitar cualquier abuso de autoridad.

Por lo tanto, actualmente las Fuerzas Armadas no pueden ejercer el derecho al sufragio, participar en debates y campañas políticas y deliberar. De esta manera, defiende el principio de imparcialidad de la función pública, mucho más exigente con los militares y policías, que pueden hacer uso de las armas, por lo que deben servir a objetivos institucionales y subordinarse a la autoridad estatal, en beneficio de todos y no de corrientes, candidatos o partidos.

En resumen, históricamente se ha procurado que prevalezca el interés general sobre el interés particular, partidista, sectorial o grupal.

Beneficios de unas fuerzas armadas apolíticas

El objetivo básico de esas restricciones en tiempo de servicio activo reside en la seguridad jurídica, la libertad política y la plena igualdad de los electores, quienes no deben ser coaccionados por las armas; ni siquiera debe existir el riesgo o temor de que lo sean.

Igualmente, esta es una garantía para los partidos, movimientos y organizaciones políticas: todos, sin discriminación alguna, deben gozar del libre ejercicio político y proselitista.

Toda tendencia política tiene derecho a confiar en que la Fuerza Pública está al servicio de la Nación, de las instituciones, del orden y de la libertad de todos, no de orientaciones afines a las inclinaciones o simpatías de sus miembros o de aquellos superiores a quienes tales miembros deban obediencia.

Los miembros de la Fuerza Pública son guardianes de la libertad, la igualdad y los derechos humanos; de la intangibilidad del interés colectivo; de la integridad del territorio; ejecutores de las órdenes presidenciales despojados de toda inclinación partidista.

Lo que se ha demostrado a lo largo de la historia de Colombia es que la restricción ha sido sana, útil y bien concebida: lejos de significar una discriminación contra los militares y policías, resguarda su respetabilidad, credibilidad y la independencia de sus altos mandos frente a intereses ajenos a los fines fundamentales de la organización estatal y de su servicio.

Por último, debemos recordar que las aludidas limitaciones solamente permanecen durante el tiempo de servicio. Culminado este, los militares y policías retirados pueden ejercer libremente sus derechos políticos, divulgar sus criterios partidistas, promover su ideología y hasta aspirar, como ya varios lo han hecho, a las más altas investiduras dentro de la democracia.

* Abogado de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho Público. Fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, magistrado y presidente de la Corte Constitucional. Ha sido profesor de Derecho Constitucional en varias universidades. Dirige las revistas Juris dictio y Elementos de juicio. Autor de múltiples publicaciones

 

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1 Comentario

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c marzo 13, 2020 - 5:33 pm

están preparándose para la reelección desde ya. eso es nada más.

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