Del empalme a la polarización: prueba de fuego para la democracia colombiana

La suspensión del empalme plantea una pregunta que va más allá de la coyuntura: ¿cómo tramita una democracia profundamente polarizada la transferencia del poder sin poner en riesgo sus propias instituciones?

De trámite administrativo a confrontación política

Garantizar que la transferencia del poder ocurra dentro de las reglas del Estado de derecho es la condición que permite que la democracia se reproduzca de manera pacífica y estable.

La suspensión del empalme entre el gobierno saliente y el presidente electo, las declaraciones sobre la posibilidad de juzgar al presidente Gustavo Petro y la mención de desconocimiento de la elección de Abelardo de la Espriella por parte del mandatario saliente configuran un momento difícil para Colombia.

No necesariamente estamos ante una ruptura institucional, pero sí ante una crisis de reconocimiento político que, de seguir, puede afectar la estabilidad democrática y económica del país.

En la transición presidencial, un procedimiento administrativo como el empalme se ha convertido en un asunto de confrontación política. Más allá de la valoración que cada ciudadano pueda hacer sobre las actuaciones de uno u otro sector, la pregunta relevante es lo que significa este episodio para la calidad de la democracia colombiana.

La legitimad después de una elección dividida 

Quien ha sido declarado elegido por las autoridades competentes posee plena legitimidad para ejercer la presidencia de la República. Esa legitimidad no depende del margen electoral sino del respeto por las reglas previamente acordadas para la competencia democrática.

Sin embargo, una elección tan estrecha ofrece otra lectura. Revela una sociedad profundamente dividida y exige que el ejercicio del poder se oriente a ampliar la legitimidad política mediante el reconocimiento de quienes no respaldaron al candidato vencedor. 

La teoría ha advertido contra la reducción de la democracia a la simple regla de la mayoría. Tocqueville alertó sobre la “tiranía de la mayoría” como problema institucional: una mayoría sin contrapesos tiende hacia la omnipotencia. Mill, desde otro ángulo, advirtió sobre la tiranía social de la opinión dominante, que oprime al individuo sin mediación del Estado. De estas advertencias se desprende un principio que la teoría constitucional posterior desarrollaría: la democracia no solo cuenta votos; también protege derechos, minorías, instituciones y procedimientos frente al riesgo de que una mayoría electoral confunda su triunfo con apropiación ilimitada del poder.

Un empalme sin ley que lo regule

El empalme suele concebirse como un espacio de cooperación entre gobiernos para asegurar la continuidad administrativa del Estado y la protección del interés general, mediante la transferencia ordenada de información y datos estratégicos, responsabilidades e infraestructura operativa, técnica e institucional. 

Colombia no tiene una ley de transición presidencial. Lo que tiene es una ley sobre la entrega de cualquier cargo público: la Ley 951 de 2005 obliga al servidor saliente a entregar un acta de informe de gestión mediante un acto formal, y obliga al entrante a recibirla y a revisar su contenido, con treinta días hábiles para la verificación. 

Lo que la ley no regula es todo lo demás: las mesas de empalme, las comisiones sectoriales, los cronogramas conjuntos, el encuentro en la Casa de Nariño. Lo acontecido sugiere que Colombia debería avanzar hacia una institucionalización más robusta del proceso de transición presidencial.

El riesgo de politizar el lenguaje técnico

Merece también una reflexión la expresión “empalme anticorrupción”. 

Aunque la lucha contra la corrupción debe ser una obligación permanente, esa denominación sugiere que el propósito principal del empalme consiste en establecer responsabilidades sobre hechos cuya investigación corresponde a las autoridades competentes. Asimismo, el vicepresidente electo alude a la auditoría forense: “El empalme no se detiene; seguiremos con la auditoría forense y el análisis técnico”, afirma. 

Hay que cuidar las palabras. “Auditoría forense” es un término técnico: los estándares internacionales de la materia exigen cadena de custodia, papeles de trabajo, estándares probatorios e independencia del auditor respecto del resultado. Un equipo de transición es, por definición, parte interesada, por lo que, en rigor, no sería el llamado a cumplir el papel de la auditoría forense. 

Lo que corresponde al nuevo gobierno es la debida diligencia: revisar la información recibida, documentar los hallazgos y ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes, si es el caso.

Desde la ciencia política, este tipo de estrategias discursivas podría entenderse como parte de los mecanismos de lo que se denomina construcción de legitimidad de origen. En contextos de alta polarización, subrayar narrativas de lucha contra la corrupción permite reforzar la identidad política del nuevo gobierno y atribuir al pasado los costos de eventuales dificultades de gestión. 

Sin embargo, cuando esa narrativa se convierte en el marco predominante de la transición, existe el riesgo de que el debate público se desplace desde la evaluación objetiva de la gestión hacia la confrontación permanente. Esta instrumentalización del lenguaje puede tener efectos ambivalentes. Por un lado, fortalece la demanda ciudadana de transparencia y rendición de cuentas, objetivos plenamente compatibles con una democracia constitucional. Pero, por otro lado, si el discurso antecede sistemáticamente a la evidencia o presenta como dado lo que debería ser objeto de verificación y debido proceso, puede profundizar la desconfianza en las instituciones y deteriorar la legitimidad de la administración pública como un todo. Eso resulta delicado en sociedades altamente polarizadas, donde la alternancia democrática supone la sustitución legítima de quienes ejercen el gobierno, pero no la interrupción del funcionamiento institucional del Estado.

Así, el principio que debe orientar la transición es separar el empalme administrativo de las actuaciones de control y de investigación, que deben adelantar las autoridades competentes con independencia, debido proceso y fundamento probatorio. Esa diferenciación fortalece la confianza en las instituciones y evita que conceptos técnicos de alto impacto jurídico aumenten la confrontación política y fracturen la deliberación pacífica de la sociedad.

La confianza institucional es también un activo económico

Las consecuencias trascienden el ámbito político. 

Douglass North explicó que las instituciones (entendidas como las reglas de juego, formales e informales, que estructuran la interacción) reducen la incertidumbre y permiten que hogares, empresas e inversionistas decidan con mayor previsibilidad. Desde esa perspectiva, la confrontación permanente y la inestabilidad de las reglas aumentan los costos de transacción, elevan la percepción de riesgo y dificultan la formación de expectativas estables. La calidad institucional no es únicamente un valor democrático: es también un activo económico.

Más que la orientación ideológica, lo que los mercados castigan con mayor rapidez es la incertidumbre institucional. Una conflictividad permanente puede elevar la percepción de riesgo, aplazar decisiones de inversión, encarecer el financiamiento y dificultar la aprobación de reformas fiscales, sociales y productivas.

La unidad no es uniformidad 

Todo esto conduce a una reflexión final sobre el significado de la unidad nacional. Colombia necesita un llamado a la unidad que no sea retórico ni ingenuo. No se trata de pedir que desaparezcan las diferencias, ni de exigir que la oposición renuncie a su papel, ni de negar el derecho —y el deber legal— de investigar eventuales irregularidades. En una sociedad pluralista no es realista aspirar a la unanimidad ni a la desaparición de las diferencias ideológicas.

Hannah Arendt ofrece elementos de análisis útiles para este momento. En La Condición Humana, sostiene que la política nace de la pluralidad: no existe “el hombre” en abstracto, sino hombres distintos que comparten un mundo común. La pluralidad, para Arendt, no es un obstáculo para la política; es su condición fundamental (no solo la condición necesaria, sino la condición suficiente de la acción y de la vida política).

Esto significa que la unidad nacional no puede entenderse como uniformidad, unanimidad, obediencia o silencio. La unidad democrática consiste en aceptar que existen diferencias profundas, incluso irreconciliables, sin destruir el espacio común donde esas diferencias pueden tramitarse. Ese espacio común se llama Constitución, instituciones, debido proceso, alternancia y reconocimiento del adversario.

Gobierno y oposición: papeles distintos, mismas reglas 

Desde esta perspectiva, tanto el gobierno entrante como el saliente tienen responsabilidades distintas pero complementarias. 

• El presidente electo debe reconocer que su triunfo no elimina la existencia política de quienes votaron en contra. Su liderazgo deberá medirse no solo por su capacidad de imponer una agenda, sino por su capacidad de ampliar legitimidad, reducir temores y garantizar continuidad institucional.
• El presidente saliente y la oposición, por su parte, tienen derecho a impugnar, denunciar y ejercer control político, pero dentro de los límites institucionales. En una democracia, objetar es legítimo; desconocer sin decisión judicial o electoral definitiva erosiona la confianza en las reglas del juego.

Para Linz y Stepan, una democracia se consolida cuando se convierte en “el único juego en la ciudad”, cuando ningún actor relevante persigue el poder por fuera de las reglas y el conflicto se tramita según normas cuya violación resulta ineficaz y costosa (1996). Antes, en su estudio sobre la ruptura de las democracias, Linz había mostrado que el deterioro comienza cuando el adversario deja de ser un contradictor legítimo y pasa a ser tratado como enemigo desleal —lo que él llamó un proceso de deslegitimación recíproca.

Gobernar no es lo mismo que ganar elecciones

La elección define quién gobierna; la democracia define cómo se gobierna. 

Una mayoría, por estrecha o amplia que sea, confiere legitimidad para ejercer el poder, pero cuando el margen electoral es reducido y la sociedad está profundamente polarizada, la fuente principal de legitimidad deja de ser únicamente el resultado de las urnas y pasa a ser la capacidad de gobernar con prudencia, respetar las instituciones, reconocer la dignidad política de quienes piensan distinto y construir acuerdos mínimos que preserven la convivencia democrática.

La polarización puede producir victorias electorales: durante las campañas, la diferenciación política es una estrategia para movilizar electores, fortalecer identidades partidistas y consolidar coaliciones de apoyo. Diversos estudios muestran que la construcción de un “nosotros” frente a “ellos” moviliza al electorado y refuerza la cohesión de los propios simpatizantes (Mason, 2018; McCoy & Somer, 2019). Sin embargo, esos mismos incentivos dejan de ser funcionales una vez concluida la competencia electoral. Gobernar exige producir bienes públicos, coordinar instituciones, generar confianza en la estabilidad de las reglas y construir acuerdos mínimos entre actores con intereses divergentes. La racionalidad política que maximiza votos no necesariamente maximiza la capacidad de gobernar.

Colombia no necesita uniformidad, consenso permanente ni pensamiento único; necesita una democracia suficientemente madura para transformar el desacuerdo en deliberación y la pluralidad de visiones sobre el país en una fuente de fortaleza, no de fragmentación. La unidad nacional exige reconocer que ninguna mayoría electoral agota la representación de la Nación.

El presidente de la República simboliza la unidad nacional y, al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos (artículo 188 de la Constitución). Esta disposición no constituye una fórmula protocolaria ni un ideal retórico. Expresa una de las características esenciales de las democracias constitucionales: el ejercicio de la presidencia debe orientarse al interés general y no exclusivamente al de la mayoría que hizo posible la elección. Esto es, la naturaleza constitucional de la presidencia impone el deber de gobernar para toda la Nación.

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