Acuerdo entre congresistas

Este 30 de agosto se realizó la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (cne), donde quedaron incluidos varios aspirantes con serios problemas y que además vuelve a poner sobre el tapete la politización del órgano electoral.

Tras muchas negociaciones, los compromisarios acordaron presentar dos planchas con candidatos. Una, compuesta por nueve candidatos del Pacto Histórico y las bancadas de gobierno e independientes, y otra con un solo candidato propuesto por el Centro Democrático.

Recordemos el artículo 264 de la Constitución ordena que el reparto de las nueve curules se realice mediante el sistema de cifra repartidora en una votación de Congreso en pleno. De esta manera, con un total de 296 congresistas (188 en Cámara y 108 en Senado) cada bancada necesitó 28,22 votos para ocupar una curul.

Sobre la base anterior al Pacto Histórico le correspondieron dos cupos del Consejo, otros dos al Partido Liberal y uno, respectivamente, para el Conservador, ‘la U’, Cambio Radical y Alianza Verde: un subtotal de ocho magistrados para la coalición mayoritaria. La novena curul era para el Centro Democrático, cuya plancha recibió 31 votos.

Escogiendo a sus jueces

El proceso de elección de los nueve magistrados confirma la politización del órgano electoral, un problema que tenemos desde hace mucho tiempo.

La Asamblea Constituyente de 1991 decidió que el CNE reflejara la composición del Congreso, lo cual fue reforzado por la Reforma Política del 2002, que introdujo el sistema de cifra repartidora para la asignación de curules. Eso dio paso a un sistema excluyente y que ha favorecido, desproporcionadamente, a los partidos políticos tradicionales.

Por ese mismo en el CNE han primado los intereses partidistas y, en palabras de la directora de la Misión de Observación Electoral, se ha convertido en una “puerta giratoria que vuelve magistrados a los políticos”. Llegan, entonces, personas no tan idóneas para ocupar un cargo que queda en manos de aliados o personas vinculadas con los políticos y bancadas que deberán investigar más adelante.

Esa falta de independencia implica que el CNE pueda tener motivaciones partidistas, como se pudo ver con

• el archivo de la investigación por el ingreso irregular de dinero a la campaña presidencial de Iván Duque,
• la llamada ‘Ñeñe política’, o
• la investigación de la campaña Santos del 2014 por la presunta financiación ilegal de Odebrecht.

El proyecto de Petro

Ante este escenario, el proyecto de reforma política del gobierno Petro propondría sustituir el CNE por una Corte Electoral y un Consejo Electoral Colombiano. La Corte Electoral sería la máxima instancia del sistema electoral y haría parte de la Rama Judicial.

La Corte tendría cinco miembros permanentes, escogidos bajo las reglas y mecanismos vigentes pata los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, la resolución de controversias electorales quedaría en mano de un órgano independiente de los partidos políticos.

A la espera de conocer el trámite de esta reforma, durante los próximos cuatro años serían magistrados las nueve personas elegidas el pasado 30 de agosto.

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¿Quiénes son los magistrados del CNE?

Los magistrados elegidos son Fabiola Márquez, Benjamín Ortiz, Altus Baquero, Alfonso Campo, Cristian Quiroz, Alba Lucía Velázquez, Maritza Martínez, Cesar Lorduy y Álvaro Hernán Prada. Los tres últimos tienen problemas serios, como señaló la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Veamos:

Fabiola Márquez – Pacto Histórico: es muy cercana al presidente Petro y ya había sido candidata en 2018. Ha sido auxiliar judicial del despacho del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, asesora de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá desde 2015 y parte del equipo directivo de Aguas de Bogotá.

Alba Lucía Velásquez Hernández – Pacto Histórico/Polo Democrático: abogada y militante del Polo Democrático Alternativo. En 2012, cuando el Polo llegó a la alcaldía de Cota, Velázquez fue secretaria general y de gobierno del municipio  y desde entonces ha estado vinculada a la alcaldía; en 2021 fue su asesora jurídica.

Cristian Quiroz Romero – Alianza Verde: abogado penalista que según el directorio del Partido Verde tiene trece años de experiencia y ha sido director jurídico del partido desde 2014. También fue asesor del Seguro Social y Colpensiones. Según Semana, Quiroz es cercano a Rodrigo Romero, director ejecutivo del partido.

Benjamín Ortiz Torres- Partido Liberal: abogado especializado en Derecho Electoral, con una maestría en Derecho Disciplinario; fue auxiliar judicial del Consejo Superior de la Judicatura (1992-2000), profesional especializado en la Superintendencia de Puertos y Transporte (2000-2002), secretario del Consejo Nacional Electoral (2002-2017), asesor de despacho de la Contraloría Distrital de Barranquilla (2017-2019) y  secretario general de la Registraduría Nacional del Estado Civil bajo la dirección de Alexander Vega. Según El Espectador, Ortiz es una ficha del actual registrador.

Altus Alejandro Baquero Rueda- Partido Liberal: abogado especializado en Derecho Administrativo y en Gestión y Responsabilidad Fiscal, con una maestría y un doctorado en Derecho. Ha sido  profesional especializado, asesor y secretario privado en la Registraduría; director técnico de la Unidad de Víctimas; contratista de la Federación Nacional de Departamentos, y secretario general de la Defensoría del Pueblo.

Alfonso Campo Martínez – Partido Conservador: Es abogado de la Universidad Antonio Nariño, especializado en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Parlamentario y en Derecho del Medio Ambiente. Además, tiene una maestría en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado, de Santiago de Chile. Ha sido asistente judicial y fiscal delegado en la Fiscalía, personero de Valledupar y director de la Unidad Nacional de Protección (unp).

Maritza Martínez Aristizábal – Partido de la U: abogada y magister en Derecho Público de la Universidad Externado, especializada en Derecho Público Financiero de la Universidad Libre. Ha sido oficial mayor y auxiliar del Tribunal Administrativo del Meta, magistrada auxiliar en el Consejo de Estado, asesora de la Organización de Estados Iberoamericanos y docente de la Universidad Santo Tomás. En 2007 obtuvo cerca de 120 mil votos como candidata a la gobernación del Meta impulsada por su esposo, el exsenador Luis Carlos Torres Rueda. Con su esposo investigado, fue su reemplazo en el Congreso con aval del Partido de la U y fue reelegida en 2014 y 2018. Su esposo fue investigado por presuntos nexos con el Bloque Centauros de las auc, su hermano Bayron fue condenado y su madre, Gladys Aristizábal, también ha sido investigada. Maritza Martínez tiene siete procesos de carácter privado en la Sala Penal de la Corte Suprema.

César Lorduy Maldonado – Cambio Radical: es político, empresario y abogado especializado en Derecho Ambiental de la Universidad Externado y en derecho laboral de la Universidad del Norte. Estuvo vinculado a la empresa Colombo-Venezolana Monómeros, fue miembro de la Andi y de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Ha sido la fórmula en Cámara de Arturo Char y pertenece a ese poderoso clan.  Se le acusa de matar a Alicia Mercedes Ribaldo, una joven de 16 años, en 1979, según la madre de la víctima Clara Luz de Ribaldo. En 2018 Lorduy le contó a La W  que había sido detenido y acusado de homicidio culposo pero el caso había prescrito; según Lorduy, la muerte de Alicia fue un accidente.

Álvaro Hernán Prada Artunduaga – Centro Democrático: abogado especializado en Gobierno y Gestión Pública, candidato a la alcaldía de Neiva, asesor de Horacio Serpa, secretario general del ideam y representante a la Cámara por el Centro Democrático hasta que renunció a su curul en el marco de unas investigaciones por manipulación de testigos. Aun así se postuló al Congreso en este año, pero los cerca de 23 mil votos no le alcanzaron para ocupar una curul. Tiene abierto un proceso en la Corte Suprema  aparente manipulación de testigos en el caso de Álvaro Uribe. Se le acusa de intentar que Juan Guillermo Monsalve se retractara de sus afirmaciones sobre presuntos nexos entre Uribe y el llamado Bloque Metro de las autodefensas. Esto habría ocurrido con intermediación de Carlos López, alias «Caliche». Aunque  renunció a su curul para que el caso pasara a manos de la Fiscalía, la Corte Suprema  mantiene el proceso ya que Prada habría utilizado su condición de congresista para acercarse a Monsalve y el pasado 22 de agosto lo llamó a juicio.