Estos son los principales retos que tendrá el legislativo en asuntos laborales y las diez reformas que debería impulsar.
Equipo editorial de Razón Pública Para la alianza Razón Pública — Friedrich Ebert Stiftung en Colombia*
Las brechas de género
El trabajo decente y la garantía de derechos laborales deberían ser una prioridad para el nuevo Congreso que se posesionará el próximo 20 de julio. ¿Cuáles son los retos laborales en el país después de la pandemia?
Uno de los principales retos en materia laboral son las brechas de género. Estas brechas constituyen un problema estructural, que empeoró a causa de la pandemia. Con la llegada del COVID-19, el acceso al mercado laboral y la distribución del trabajo de cuidado no remunerado se volvieron aún menos equitativos que antes.
La tercera Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), realizada entre septiembre y diciembre de 2020, encontró que, mientras las mujeres dedicaron ocho horas diarias a las labores de cuidado no remuneradas durante la pandemia, los hombres dedicaron apenas tres horas y siete minutos, como se ve en la siguiente gráfica: el tiempo de trabajo a estas labores no varió con la pandemia.
Gráfica 1. Tiempo total diario promedio por participante en actividades de trabajo según género, septiembre-diciembre, 2016 y 2020
Además, antes de la pandemia, ya había más mujeres que hombres sin empleo y la llegada del virus profundizó esta tendencia. Aunque en 2021 la brecha disminuyó ligeramente, sigue siendo más grande que la que existía en 2020.
La persistencia de la brecha entre hombres y mujeres en indicadores como desempleo y participación en el mercado laboral muestra que la reactivación económica no ha tenido enfoque de género y se ha concentrado en sectores masculinizados, como la construcción. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en diciembre de 2021 se habían recuperado 710.000 empleos de hombres y apenas 534.000 de mujeres.
La seguridad social en declive
De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2020, el 45,2 % de la población colombiana estaba en condición de pobreza monetaria ese año, lo que significa que tres millones y medio de personas cayeron en esa condición a causa de la pandemia. Como si fuera poco, el número de personas en condición de indigencia llegó a siete millones y medio.
Estos datos permiten afirmar que los programas sociales impulsados por el gobierno son insuficientes. La lección no podría ser más evidente: el sistema de protección social debe ser reformado.
A la falta de alcance de estos programas hay que agregar la escasa cobertura de la seguridad social derivada de la informalidad laboral. De acuerdo con la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, solo el 38 % de los hombres y el 19 % de las mujeres que cumplen la edad de pensión acceden a este derecho.
Es necesario garantizar que todos los adultos mayores tengan acceso a pensión para que puedan tener una vejez digna. Esto puede lograrse a través de sistemas contributivos para quienes tienen ingresos y mediante subsidios estatales para quienes no.
Precarización laboral y falta de protección
En Colombia, cada vez es más común usar contratos civiles o comerciales y figuras solidarias o falsos sindicatos para ocultar relaciones de trabajo. Numerosas empresas usan la contratación por horas o a través de plataformas digitales para librarse de los compromisos que exige la contratación formal. Estas modalidades desconocen que el trabajo es un derecho fundamental, promueven el aumento de la informalidad y dificultan la afiliación a seguridad social.
En otros países, el seguro de desempleo permitió responder a la pérdida de empleo de los asalariados formales y aliviar la presión sobre los recursos públicos durante la pandemia. Sin embargo, Colombia fue uno de los países latinoamericanos que no contó con ese mecanismo, lo cual contribuyó al aumento de la informalidad, el desempleo y la pobreza.
A lo anterior se suma la violencia en el lugar de trabajo, un fenómeno mundial que afecta especialmente a las mujeres. En la última reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, se aprobó el Convenio 190, que consagra el derecho a un ambiente de trabajo sano, libre de acciones hostiles y violencia, incluyendo la violencia de género. Este instrumento internacional reconoce que la violencia y el acoso en el lugar de trabajo ponen en riesgo la igualdad de oportunidades.
Colombia tiene una legislación que no es compatible con los avances del Convenio en aspectos como la cobertura, el concepto de lugar de trabajo, la carga probatoria y el enfoque de género. Por eso, es urgente que se ratifique el Convenio 190 y se adelanten las acciones legales lograr su cumplimiento mediante medidas reglamentarias y políticas públicas y privadas en las empresas.
El decálogo
En ese contexto, es necesario que el próximo Congreso se comprometa, al menos, con el siguiente decálogo de reformas laborales:
- Democratizar las relaciones laborales
Para lograrlo, es necesario priorizar el diálogo social para la legislación laboral en todos los ámbitos; proteger y promocionar la reparación colectiva del movimiento sindical; ampliar el ejercicio de la negociación colectiva a toda persona que preste sus servicios a otra; garantizar el derecho de huelga y derribar los obstáculos legales para su ejercicio.
- Tomar medidas contra el desempleo
Se deben fortalecer las políticas de empleo en cabeza de los servicios públicos de empleo nacionales y locales con enfoque territorial y poblacional; reducir la jornada laboral sin reducir los salarios; aumentar la duración de las vacaciones; y elevar la edad de ingreso al trabajo (garantizando educación para las personas jóvenes sin edad de trabajar).
- Avanzar en el enfoque de género y reducir las desigualdades en el trabajo
Esto solo será posible mediante la creación de un sistema nacional de cuidado; la promoción de la inclusión laboral de mujeres en sectores históricamente masculinizados y en los mejor remunerados; y la implementación del enfoque diferencial.
- Impulsar la transformación necesaria para el trabajo del futuro
Es importante invertir en las capacidades de las personas, en infraestructura social y de servicios públicos con el fin de avanzar hacia el futuro. Hay que ampliar las garantías laborales a las nuevas formas del trabajo, como el trabajo remoto y mediante plataformas digitales.
Para contribuir a la transición energética es importante invertir en economías verdes y reubicar a las personas que perderán su empleo por la descarbonización. En todos estos procesos, es necesario darles un lugar importante a las voces de las y los trabajadores.
- Garantizar la seguridad social
Es indispensable garantizar la cobertura plena de servicios de salud con enfoque territorial y diferencial. También es importante volver al sistema público y solidario de reparto en pensiones y reemplazar los beneficios económicos periódicos (BEP) por subsidios a la cotización de trabajadoras y trabajadores informales o de ingresos bajos.
Finalmente, habrá que eliminar los obstáculos que dificultan acceder a las prestaciones asistenciales y económicas del sistema de riesgos laborales y sancionar efectivamente a los empresarios y aseguradoras que no cumplan con la prevención y el tratamiento de los riesgos en el trabajo.
- Garantizar la protección social para la población más vulnerable
Es necesario adecuar un verdadero piso de protección social que siga la Recomendación 202 de la OIT e incluya seguridad en el ingreso para la población de bajos recursos. Esto podría incluir una renta básica, atención esencial en salud e ingreso básico para los adultos mayores que no tengan pensión.
- Garantizar el derecho al acceso a la justicia laboral
Para conseguirlo, es necesario descongestionar la justicia laboral mediante la inversión en recursos humanos y físicos para los despachos laborales especializados. También se debe diseñar e implementar un sistema de inspección laboral rural, aumentar las inspecciones laborales reactivas in situ e imponer sanciones efectivas por violación de normas laborales.
- Darle primacía a la laboralidad
Es necesario reconocer el estatus de trabajador y trabajadora de todas las personas en condición de vulnerabilidad, como las empleadas domésticas, los domiciliarios de plataformas digitales, los trabajadores informales y los migrantes.
- Fortalecer la estabilidad laboral
Es indispensable ratificar y cumplir el Convenio 158 de la OIT; darle primacía a la contratación a término indefinido por medio de incentivos tributarios; crear sistemas de seguro al desempleo que garanticen la permanencia en el sistema de seguridad social; y preferir la contratación directa sobre la tercerización laboral.
- Erradicar el acoso y la violencia en el mundo del trabajo
Es fundamental ratificar y cumplir el Convenio 190 de la OIT y reconocer el concepto amplio de “mundo del trabajo” para garantizar el disfrute del derecho de toda persona a una vida libre de violencia y acoso.
*Este texto forma parte de la alianza entre Razón Pública y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol) y se basa en el documento titulado “Decálogo para una agenda laboral 2022-2026” de Mery Laura Perdomo, Alejandra María Trujillo e Iván Daniel Jaramillo Jassir. El documento original puede consultarse en este enlace.
