Competitividad, ahorro e inversión

En la primera parte de este artículo, mostré que el desempleo y la informalidad han llevado a la desigualdad y la pobreza en América Latina, y que para solucionar estos problemas se necesita replantear el modelo económico que ha imperado hasta ahora y construir una nueva economía y de esa manera generar pleno empleo.

Además de tomar las medidas señaladas, construir una nueva economía requiere resolver el problema de la competitividad. Hacer que la producción de un bien o servicio sea competitiva es hacer que se pueda vender en los mercados y, para ello, es necesario que el precio de venta supere el costo de producción. Es decir, la producción y la venta deben dar una utilidad: nadie produce y vende para perder.

Pero esa rentabilidad no llega automáticamente. Muchas veces, la rentabilidad es consecuencia de la abundancia del recurso, que hace que sus costos de producción sean bajos; en otros casos, la rentabilidad se debe a los elevados precios internacionales del bien o servicio.

Pero hay otro camino para llegar a la rentabilidad, que no depende de las condiciones naturales ni de los precios internacionales: una política económica que haga que los bienes y servicios sean competitivos internacionalmente y, de esa manera, las empresas den utilidades. Eso significará aumentar el ahorro de la economía. En Colombia, las tasas de ahorro e inversión son reducidas y, por lo tanto, las empresas colombianas suelen no ser competitivas.

Según datos del Banco Mundial, entre los años 2010 y 2017, la tasa colombiana de ahorro promedio fue del 19.1% del PIB y la tasa de inversión fue del 22.7%. En el mismo período, la tasa de ahorro e inversión de China fueron del 49% y el 46.3%, respectivamente.

Algunos han dicho que para aumentar el ahorro de las empresas es necesario reducir los salarios. Pero esa solución es ineficaz porque muchas veces el salario no representa una proporción significativa de los costos totales. Además, se trata de una medida contraproducente, pues la política económica debería mejorar la situación de los trabajadores y no empeorarla.

También se ha afirmado que aumentar el ahorro requiere reducir los impuestos directos de las empresas. Pero esto tampoco es suficiente para mejorar su competitividad, porque la relación entre los precios de venta y los costos de producción sigue siendo la misma. Además, la mayor disponibilidad de recursos no garantiza más inversión: los accionistas pueden simplemente repartirlos como dividendos.

Por eso, una reducción deseable de los impuestos a la renta de las empresas requiere un aumento en los impuestos sobre los dividendos. Así, las utilidades aumentarán la inversión y la productividad. También es necesario que la tasa de cambio sea elevada y estable, para que los precios domésticos sean altos y puedan competir con las importaciones, y que las tasas de interés y los precios de insumos sean reducidos, para que los costos empresariales también bajen.

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La política económica

Pero en Colombia, la tasa de cambio es inestable y generalmente está apreciada. Esta apreciación puede tener varias causas, entre ellas:

• La abundancia transitoria de divisas causada por el financiamiento internacional del déficit.
• La restricción de la expansión monetaria, que reduce la demanda y las importaciones.
• El alto precio internacional de las materias primas, que beneficia a un sector económico, aumenta sus exportaciones y crea una abundancia de divisas.

Por otro lado, las tasas de interés y los precios de los insumos intermedios (como los fertilizantes) son elevados, porque sus mercados no son competitivos. Como lo señala el Banco de la República, los mercados de créditos colombianos funcionan en “competencia monopolística” y, algunos, como los mercados de crédito de consumo y de vivienda “son las que más se acercan a una estructura monopolística o colusiva.”

Superar estos problemas requiere una mezcla de diferentes políticas económicas:

• una política monetaria razonablemente expansiva, que aumente la disponibilidad de medios de pago y de créditos;
• una política regulatoria, que induzca la competencia en los mercados; y
• una política tributaria, basada sobre impuestos directos, progresivos, a la renta y a los patrimonios de las personas naturales, que produzca los recursos suficientes para financiar una política de gasto público adecuada.

El papel del Estado

En esta nueva economía el Estado debe tener un rol activo, con mayor gasto público. Esto, a su vez, requiere aumentar los ingresos tributarios.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el ingreso tributario promedio de los países que hacen parte de esa organización es de aproximadamente el 34.3% del PIB. Mientras que en países como Suecia este ingreso llega al 43.9%, en Colombia es del 19.4%.

Con mayores ingresos tributarios y mayor gasto público, el Estado puede hacer inversiones que el sector privado no haría, por ejemplo, en:

• la infraestructura necesaria para conectar las áreas rurales y los centros poblados, y para exportar a los mercados internacionales (carreteras de tercer nivel, puertos y aeropuertos, etc.); y
• ciencia y tecnología para los sectores económicos que liderarán la economía del futuro.

Además, el Estado también debe regular el mercado para corregir sus distorsiones y fallas. Los mercados no tienen la capacidad de autoregularse y, por eso, el Estado debe intervenir para evitar los monopolios y los oligopolios, y para promover la competencia: es decir, la libre entrada y salida de los agentes en los mercados, la transparencia de los precios y la simetría de la información.

Por último, el Estado debe garantizar los derechos fundamentales de todos. Algunas veces, los derechos fundamentales no se satisfacen por su diseño institucional. Ese es el caso de las pensiones, que en el régimen privado han sido diseñadas como un ahorro individual. Pero la pensión que resulta de ese ahorro es tan bajo, que muchas personas de clase media se vuelven pobres. Por eso, se requiere modificar ese diseño y volver a la solidaridad intergeneracional para garantizar una pensión que les permita a las personas mantener su calidad de vida.

Otras veces, el problema es de orientación, como sucede en el caso del derecho a la educación. Los malos resultados que ha tenido el país en las pruebas PISA no se deben a problemas de cobertura ni de calidad. El problema es que los estudiantes no están entrenados para identificar problemas, buscar soluciones y finalmente aplicar a ellas sus conocimientos.

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La política monetaria y fiscal

Pero eso no es todo. El Estado también debe orientar sus políticas monetarias, fiscales y regulatorias para lograr pleno empleo.

Actualmente, la mayoría de países latinoamericanos suelen excluir de sus políticas de planeación las cuestiones monetarias. Eso debe cambiar: el Estado debe orientar su política monetaria para lograr mayor competitividad, e incentivar el ahorro y la inversión

En materia de política fiscal, el gobierno se ha autoimpuesto una regla fiscal que limita su acción. Al respecto, no cabe duda de que no debe gastarse más de lo que ingresa, pero la autorregulación, como la de los mercados financieros, puede caer en un círculo vicioso: no se gasta más porque no hay suficientes ingresos, y no se buscan más ingresos porque no se requiere gastar más. Esa autorregulación justifica una tributación baja para los patrimonios e ingresos altos.

En ese contexto, el papel de la banca central también debe cambiar. Desde la economía tradicional se afirma que la función principal de los bancos centrales es controlar inflación, y que para esta función la política monetaria debe ser independiente. Pero esto no tiene por qué ser así.

Por ejemplo, el principal objetivo de la Reserva Federal de los Estados Unidos es “conducir la política monetaria nacional para promover máximo empleo”. En Noruega, por ley, quien define los objetivos de la política monetaria es el parlamento y el gobierno; el rol del banco central noruego es contribuir a alcanzar dichos objetivos y nadie discute su independencia en el ejercicio de esa función.

Los desafíos de la descentralización

En la nueva economía también se deben solucionar los desafíos de la estructura territorial del Estado.

Los gobiernos territoriales conocen las verdaderas necesidades de la población, por lo que la descentralización es una clara ventaja. Pero si las entidades territoriales van a asumir la educación escolar o la gestión de la salud pública, deben tener las herramientas suficientes para hacerlo.

Para ello, deben proveerse mecanismos de gobernanza eficientes y un financiamiento adecuado. Esto significa, por ejemplo, ceder los recursos del impuesto al valor agregado o a las ventas a las entidades territoriales

Adicionalmente, se requiere aumentar la productividad de los territorios históricamente relegados del país.

En general, quienes definen la tasa de cambio son las regiones donde tienen lugar los mayores flujos de comercio o de capitales. Pero esa tasa de cambio suele ser incompatible con las actividades de menor productividad en los demás territorios.

Por eso los territorios y las regiones más pobres, con menores stocks de capital y conocimiento y, por lo tanto, con menor productividad, son al mismo tiempo las que menos actividad económica desarrollan.

En ese escenario, para aumentar la productividad de todas las regiones es necesario que las contribuciones de los territorios más ricos financien a los más pobres. Esto permitirá construir la infraestructura de transporte, energía, agua, comunicaciones y educación de la que carecen estas regiones.

En todo caso, la descentralización no impide que el desarrollo de algunas regiones se impulse desde la capital. Un ejemplo de una forma adecuada de lograrlo es la Autoridad del Valle de Tennesse (TVA), en Estados Unidos, una empresa pública federal creada durante el New Deal. En pocas décadas, esta autoridad logró el desarrollo del sur estadounidense, hasta entonces marcadamente atrasado respecto al resto del país.