De lo que sucede cuando se confunde, como lo hizo el senador Cepeda, un debate político con un juicio penal. Este episodio tan controvertido tuvo en efecto un solo resultado: ahora los ciudadanos vemos con más incredulidad la política (si cabe).
Hernando Llano Ángel*
Debate lamentable
En lugar del debate político anunciado sobre la relación entre la política y el paramilitarismo, lo que sucedió en el Congreso entre los senadores Manuel Cepeda y Álvaro Uribe fue la debacle de la responsabilidad política, es decir, un “suceso infeliz y lamentable”, según la segunda acepción de la Real Academia Española de la lengua.
Después de este debate se reforzó en la opinión ciudadana la percepción de que la política es una de las actividades más sucias que puede haber. Este resultado lamentable obedeció a la confusión de los contrincantes (vaya a saberse si deliberada o involuntaria), que no pudieron distinguir entre la culpabilidad personal y la responsabilidad política.
Después de este debate se reforzó en la opinión ciudadana la percepción de que la política es una de las actividades más sucias que puede haber.
Precisamente por ello, apenas iniciado el debate por el senador Cepeda, Álvaro Uribe abandonó el Congreso para denunciar a su colega ante la Corte Suprema de Justicia. De esta forma pretendió trasladar un debate político por excelencia del escenario de la deliberación (el Congreso) al foro judicial de la acusación en la Corte Suprema de Justicia.
Parece que siempre da más réditos judicializar la política, que dilucidar la criminalización creciente de la política.
Así las cosas, todo empezó mal y solo podía empeorar en la medida en que el senador Cepeda se obsesionaba en presentar pruebas y testimonios de un entorno criminal contra el senador Uribe, como si se tratara de un juicio penal y no de responsabilidad política por sus ejecutorias como gobernador de Antioquia, Senador y presidente de la República entre 2002 y 2010.
 El caudillo liberal, Jorge Eliécer Gaitán. Foto: Biblioteca Luis Ángel Arango |
¿Responsabilidad política o culpabilidad penal?
El senador Cepeda confundió un debate de responsabilidad política sobre el fenómeno más complejo, degradado y casi primigenio de nuestra historia y cultura política, como es la relación entre el poder político estatal, la violencia y el crimen organizado, con un ajuste de cuentas casi personal contra el senador Uribe.
De allí sus alusiones frecuentes a su entorno familiar y la búsqueda obsesiva de una inexistente prueba reina, de un testigo o un testimonio irrefutables que vincularan al senador Uribe con el narcotráfico, en el pasado remoto o, en el reciente, con el paramilitarismo.
Semejante búsqueda es tan infructuosa como lo fue en el caso del proceso 8.000 la pesquisa de una prueba reina que condenara al expresidente Samper, simplemente porque en el ámbito de lo público (que es el del Estado y sus gobernantes) no hay que esgrimir pruebas penales, basta conocer las acciones u omisiones políticas y administrativas de los gobernantes y funcionarios frente a sus responsabilidades para emitir un juicio de responsabilidad política.
Como es sabido de todos, los hechos públicos no requieren pruebas, ellos por sí mismos son elocuentes. Y frente a dichos hechos, que en su conjunto constituyen la llamada “prueba reina”, los únicos jueces válidos y competentes para emitir un juicio de última instancia somos los ciudadanos, no los jueces, por más encumbrados que ellos sean. Dicho juicio suele expresarse en las elecciones, donde los ciudadanos con nuestro voto elegimos y legitimamos a nuestros representantes.
Entre la civilidad y la militarización
Así las cosas, lo que el fallido debate ha puesto de presente es la profunda crisis de civilidad política que padecemos los colombianos, pues cerca de 7 millones de ciudadanos parecen validar y legitimar la simbiosis entre la política y la violencia, con su variadas y terribles mutaciones, que van desde las “semilegales” cooperativas de seguridad Convivir (cuyo promotor y más ferviente defensor continúa siendo el senador Uribe), pasando por las terribles AUC, hasta las inefables Bacrim, con su secuela repudiable de crímenes contra civiles indefensos y los millones de colombianos desarraigados violentamente de sus parcelas.
Por la misma razón, el senador Uribe no encuentra otro argumento contra el senador Cepeda que endilgarle el ser simpatizante de la criminal “combinación de todas las formas de lucha” y traer a colación la remota presencia en el Congreso de Iván Márquez, durante la fallida transición de las FARC a Unión Patriótica, bajo el gobierno de Belisario Betancur.
Parece que siempre da más réditos judicializar la política, que dilucidar la criminalización creciente de la política.
El senador Uribe olvida así que, lamentablemente, “la combinación de todas las formas de lucha” predominó entre los partidos Liberal y Conservador durante las nueve grandes guerras civiles del siglo XIX que hicieron que se creara un refrán popular según el cual “Colombia es una tierra de cosas singulares, hacen las guerra los civiles y dan la paz los militares”.
Incluso olvida que la última paz entre liberales y conservadores fue posible gracias al “golpe de opinión” del general Rojas Pinilla. Razón tenía don Miguel de Unamuno cuando dijo: “Es más fácil civilizar un militar, que desmilitarizar un civil”.
Ello explica por qué el senador Uribe y sus seguidores se oponen con tanta “razón” a las conversaciones en La Habana entre los comandantes de las FARC y el general Flórez, responsable de la Comisión Gubernamental de Transición: porque son el comienzo de un proceso incipiente por desmilitarizar la política y civilizar su competencia, rompiendo esa funesta trinidad de política, armas y crímenes que es la realidad de toda guerra, y que ha sido la matriz de nuestro degradado conflicto por más de 60 años.
 El Ex-presidente y Senador, Álvaro Uribe. Foto: CIAT |
Una voz del pasado
Al respecto, vale la pena traer a colación una pieza maestra de oratoria y exigencia de responsabilidad política, no gratuitamente pronunciada en la Plaza de Bolívar, ante una multitud silente, cuando Jorge Eliécer Gaitán en su “Oración por la paz”, el 7 de febrero de 1948, dirigiéndose al presidente conservador Mariano Ospina Pérez, dijo:
“Señor presidente: En esta ocasión no os reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen ante propios y extraños. Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por la vía de la constitucionalidad (…) Impedid, señor presidente, la violencia. Solo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. ¡Os pedimos hechos de paz y de civilización! (…) Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de Colombia.
Señor presidente: Nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones solo os reclama: ¡que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como queráis que os traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes!
Os decimos finalmente, excelentísimo señor: bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia!”.
Valdría la pena que no solo en el Congreso, sino en toda Colombia, y especialmente en La Habana, se escucharan, comprendieran y acataran estas civilizadas palabras de Gaitán. Así haríamos un verdadero ejercicio de responsabilidad política, imprescindible para avanzar hacia la reconciliación política y la construcción de la paz política entre todos los colombianos y colombianas, sin excepción alguna.
Entonces empezaríamos a ser ciudadanos, en lugar de víctimas y vengadores, incapaces de asumir nuestras propias responsabilidades políticas, trasladándolas infructuosamente de nuestras propias conciencias a las sentencias judiciales, como pretenden hacerlo equivocadamente en el Congreso.
* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Profesor Asociado en la Javeriana de Cali. Socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca y publica en el blog:
calicantopinion.blogspot.com.
