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De los “pilos” a las “universidades pilas”

Escrito por Julián De Zubiría
Programa Ser Pilo Paga.

Programa Ser Pilo Paga.

Juan de ZubiriaEstá a punto de aprobarse la Ley que eleva este programa a “política de Estado”. Por eso importa examinar el problema de fondo, que es el acceso masivo y equitativo a la universidad en beneficio de todas las regiones. ¿Qué hacer con el programa?       

Julián De Zubiría Samper*

Un debate encendido

El debate sobre el principal programa del gobierno en materia educativa está al rojo vivo:

  • Durante las semanas anteriores miles de estudiantes llenaron las calles de las principales ciudades coreando la consigna “Ser Pilo no paga, si la pública se acaba”;
  • Diversos medios de comunicación han realizado debates entre sus defensores y sus críticos,
  • Y esta semana los principales líderes estudiantiles se reunieron para fijar una postura en torno al programa “bandera” del actual gobierno y exigir los recursos necesarios para las universidades oficiales, varias de las cuales han tenido que suspender sus actividades mientras no se resuelva su situación financiera.

Para ayudar a este debate, en este artículo esbozaré una propuesta que tuve la oportunidad de presentar ante Comisión Sexta de la Cámara de Representantes para convertir Ser Pilo Paga (SPP) en un programa de fortalecimiento de las universidades públicas regionales.

Un derecho insatisfecho

Universidad pública de Magdalena.
Universidad pública de Magdalena.    
Foto: Universidad de Magdalena

Ese debate no es un asunto menor, porque no se limita a evaluar un pequeño programa sino que aborda seriamente la pregunta de cómo vamos a garantizar el derecho a la educación de las nuevas generaciones: ¿nuestros jóvenes tendrán el derecho efectivo de estudiar, o tendrán que endeudarse para ello, o deberán renunciar a sus sueños?

El reciente Plan Decenal de Educación comienza por afirmar que el primer desafío nacional para estos diez años es “Garantizar el derecho a la educación con calidad de los colombianos, así como la autonomía de las instituciones educativas, conforme lo ordena la Constitución Nacional”.

Costo promedio de cada “pilo” es 19,4 millones de pesos anuales.

Al encuestar a los estudiantes del último grado de los colegios públicos de Suba, hace poco constaté que el 96 por ciento confiaba en poder ingresar a la universidad. Y sin embargo, de los 550 mil jóvenes colombianos que cada año se gradúan de la educación media, 250 mil no logran ingresar a una universidad o a una institución técnica ¿Cómo vamos a decirles a estos jóvenes que tan solo podremos garantizar un derecho que consagra la Constitución a los 10 mil que hoy cubre SPP?

Este dato por sí solo basta para concluir que la educación no ha sido prioridad de este gobierno:  

  • El programa “bandera” de Santos atiende apenas a 1 de cada 25 bachilleres sin acceso a la educación superior.
  • La inversión en educación del 2017 representa el 4,4 por ciento del PIB, cuando al comienzo del actual gobierno representaba el 4,5 por ciento.  

Seamos claros: los recursos que libera el fin de la guerra no están yendo hacia la educación, ni hacia la ciencia y éstas no son, ni han sido prioridades para ningún Gobierno en la historia de Colombia.

Los “pilos” cuestan cinco veces más

SPP tiene proyectado un costo de 740 mil millones de pesos para el 2018, cuando se atenderían 38.200 jóvenes. Por consiguiente, el costo promedio de cada “pilo” es 19,4 millones de pesos anuales.

Y mientas a las universidades públicas se les va a transferir un promedio de 4 millones de pesos por cada estudiante.

O sea simplemente que con los recursos previstos para SPP, el año entrante podrían atenderse cinco veces más estudiantes en las universidades públicas -lo cual implicaría recibir 191.200 estudiantes más de los que hoy tienen estas universidades-. 

Pero este dato tiene el problema de que el valor de las transferencias actuales del Estado a las universidades es en extremo bajo. Por eso, mi propuesta es duplicar el valor de la transferencia actual, de manera que con los recursos de SPP podrían atenderse 95.500 estudiantes en las universidades oficiales en vez de los 38.200 que aspiran a recibir.

Santos optó por la educación privada

Pero el presidente Santos decidió hacer exactamente lo contrario: fortalecer la educación privada y debilitar la educación oficial.

En su primer periodo intentó una reforma que establecía el ánimo de lucro en la educación universitaria, y que fue derrotada por las movilizaciones entonces lideradas por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). En su segundo periodo, mantuvo la idea de robustecer la educación privada, pero decidió presentarla de manera más sutil y disfrazada. Esto se observa en tres decisiones recientes:

  • En el programa SPP las universidades privadas quedan exentas de cualquier cofinanciación, algo que no se había hecho en ningún otro país donde existen programas similares. El Estado colombiano optó por asumir el 100 por ciento del costo de las matrículas en las universidades y carreras que libremente eligieran los beneficiarios.
  • SPP se organizó de manera que los recursos necesariamente se desplazarían hacia las universidades privadas – y en efecto el 90 por ciento de los fondos se han girado a éstas-.
  • El gobierno aumentó los recursos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), que sobre todo llegan al sector privado. Es así como para el 2018 se proyectan 1,7 billones de pesos para créditos – más del 80 por ciento de los cuales irán hacia las universidades privadas.

Y estas son solo tres muestras recientes y palpables de una política montada sobre la transferencia masiva de recursos del Estado hacia el sector privado.

Por ejemplo – y según explicó el Vicerrector de la Universidad del Magdalena ante la Comisión de la Cámara- a esta universidad pública le transfirieron 23 millones de pesos por los 23 “pilos” que recibió el año pasado en Medicina, mientras que la Universidad del Norte recibió 19 millones por cada “pilo” matriculado en Medicina. La del Norte tiene un total de 3.362 “pilos” y la del Magdalena apenas 26.

Algo parecido sucede en Bogotá, donde la Universidad Pedagógica ha recibido 3 “pilos”, en tanto la Universidad de los Andes cuenta con 1.903.

Un SPP para las universidades públicas y las regiones de Colombia

Estudiantes universitarios
Estudiantes universitarios
Foto: Urna de Cristal

Mi propuesta ante la Comisión de la Cámara va en el sentido contrario. Se trataría de hacer lo que hace tiempo hacen las democracias más consolidadas: fortalecer la educación oficial, para que el éxito no dependa de la cuna, sino del esfuerzo de cada ciudadano.

La manera de hacer esto es simple y es radical: canalizar todos los recursos de SPP hacia las universidades oficiales. Es la idea que sustenté en un artículo anterior en esta misma revista y que por tanto no voy a repetir.  

Pero dada la importancia del desarrollo regional equilibrado y de la “paz territorial”, insistiré en este ángulo – también controversial- del actual SPP y de su reestructuración necesaria para servir mejor los intereses de Colombia.    

SPP fue concebido en una universidad privada bogotana y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) adoptó un enfoque centralista al diseñarlo. De allí que el criterio para escoger beneficiarios del “crédito condonable” sea el mismo para Guaviare, la Alta Guajira o Medellín. Todos tienen que alcanzar el mismo puntaje. Esta es una idea abiertamente inequitativa, ya que los egresados de zonas rurales y deprimidas están en desventaja frente a los habitantes de las grandes ciudades, quienes tienen acceso a mejores colegios y sistemas educativos y culturales.

De una política montada sobre la transferencia masiva de recursos del Estado hacia el sector privado.

La solución sería introducir cupos regionales, de modo que cada departamento cuente con un determinado número de cupos. Dada la deuda histórica con la educación rural, sería conveniente que dichos cupos no fueran proporcionales solo al número de sus habitantes, sino además al peso de las poblaciones rurales o apartadas.

Una tercera reforma pretendería evitar que los “pilos” abandonen definitivamente sus regiones de origen para quedarse a vivir en las grandes ciudades (Bogotá, Medellín y Barranquilla concentran hoy a casi todos los beneficiarios de SPP).

La alternativa podría consistir en escoger unas diez universidades públicas regionales y dedicarse en serio a mejorarlas en términos académicos, pedagógicos y por supuesto financieros. Si los nuevos “pilos” llegaran a estas universidades, estaríamos sembrando talento en las regiones porque se trata de estudiantes de origen Sisbén 1 y 2 que sin embargo alcanzan percentil 90 en las pruebas de Estado.  Las universidades regionales recibirían por ejemplo el doble de lo que hoy reciben por cada alumno “pilo”, y de este modo también podrían elevar su calidad académica, convirtiéndose en “universidades pilas”.

Con esto haríamos algo similar a lo que hizo Ecuador en la última década al crear cuatro universidades de alta calidad para impulsar el desarrollo regional. En nuestro caso, hay un propósito incluso superior: fortalecer la paz que, a pesar de los acuerdos, sigue amenazada por todos aquellos que se beneficiaban política y económicamente de la guerra que mantuvimos durante cinco décadas.

Para seleccionar estas universidades regionales, muy seguramente los criterios serían de calidad y autonomía respecto de los políticos locales. Se trataría de fortalecer en ellas la reflexión pedagógica, la innovación, la formación, la independencia y la calidad.

En la Cámara de Representantes cursa un proyecto de Ley para convertir SPP en política pública. Si logramos reestructurarlo, los representantes tienen la oportunidad de fortalecer la democracia, la equidad, la descentralización y la paz. El país debe estar muy pendiente de cómo vota cada representante en la plenaria.

* Director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación de Naciones Unidas. @juliandezubiria – blogpedagogiadialogante.com

 

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