De la seguridad nacional a la humana: un necesario cambio de enfoque - Razón Pública
Inicio TemasEconomía y Sociedad De la seguridad nacional a la humana: un necesario cambio de enfoque

De la seguridad nacional a la humana: un necesario cambio de enfoque

Escrito por Camilo González
Policía de tránsito en Bogotá.

Policía de tránsito en Bogotá.

Camilo GonzalesAunque durante muchos años primó en el país la persecución del “enemigo interno” que preconizaba la doctrina de la seguridad nacional, los nuevos tiempos piden la construcción de una paz regional basada en la seguridad humana y ciudadana.* 

Camilo A. González Pacheco**

Universidad de Ibagué

Buscando la paz

La seguridad ciudadana como camino y la seguridad humana como destino son en la actual coyuntura histórica colombiana alternativas conceptuales idóneas para el diseño y proyección de políticas públicas de seguridad a nivel nacional, regional y local. Estas visiones superan la noción (aún vigente) de la seguridad nacional, para pasar a abordar la concepción de seguridad desde una óptica humana y ciudadana.

La seguridad debe concebirse en la actualidad con ejes distintos a los tradicionales: paz, dignidad humana, desarrollo integral, región, participación, democracia, ciudadanía, prevención y convivencia.  

La noción de seguridad nacional está orientada fundamentalmente a conservar la soberanía nacional, la integridad territorial, la seguridad exterior y la estabilidad institucional. Su expresión más emblemática en los últimos años en Colombia fue la “seguridad democrática”.

Esta concepción se formuló a partir de la visión de seguridad de los Estados Unidos, país que marcó en esta materia los objetivos coyunturales y estratégicos desde hace muchos años, como se puede ver desde que se formularon los enunciados de la Carta de la Organización de los Estados Americanos suscrita en Bogotá en 1948, y que consagraron la seguridad colectiva de los Estados americanos.

Laguna La Rusia en el Parque Nacional Natural Las Hermosas en el departamento del Tolima.
Laguna La Rusia en el Parque Nacional Natural Las Hermosas en el departamento del Tolima.
Foto: Eduardo Sandoval

Los enemigos han cambiado

Sin embargo, en la actual coyuntura colombiana los ejes rectores de la política de seguridad de EE.UU. no encajan armónicamente con los objetivos a corto y largo plazo de las políticas públicas en seguridad humana y ciudadana en Colombia.

Para John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, dos de sus principales preocupaciones actuales en estas áreas son: 

  1. Ucrania, donde Rusia ha puesto en peligro la “seguridad” de Europa central y oriental,  
  2. El “ascenso del extremismo violento”, como lo definió Kerry, expresado por el Estado Islámico en Sahel, Nigeria, Iraq o Siria.

Todo esto sin ignorar las amenazas contra la seguridad mundial sobre las que ha advertido Naciones Unidas: crisis financiera y económica mundial, pobreza y desigualdad, migración, inseguridad alimentaria, propagación de enfermedades infecciosas y cambio climático.

Es decir, los enemigos de Estados Unidos en la actualidad no son los mismos nuestros, y será difícil que nos los endosen de la noche a la mañana para combatirlos conjuntamente.

Hasta hace poco el asunto era sencillo: los principales enemigos en el plano internacional eran el terrorismo y el narcotráfico, y estos dos actores de perturbación se combinaban nacionalmente en las FARC.

Pero ahora ni las FARC ni el ELN pueden ser acusados de ser agentes del Estado Islámico, ni de los intereses expansionistas de Rusia, así el narcotráfico siga siendo un motivo de preocupación internacional para el gobierno de Estados Unidos. Mucho menos, la pelea casada entre Obama y Maduro puede llegar a alterar los objetivos estratégicos de seguridad en Colombia.

Las condiciones actuales son muy diferentes: Obama impulsa una apertura diplomática con Cuba y envió a Colombia a Bernard Aronson para apoyar el proceso de paz con las FARC. La presión internacional en el diseño de las políticas internas de seguridad decae, y esto significa que en materia de diseño y proyección de políticas públicas de seguridad tenemos que echar mano a nuestra propia realidad y construir dichas políticas, como decía Estanislao Zuleta: de abajo hacia arriba y desde dentro hacia afuera.

Historia de un concepto

Este resulta un ejercicio necesario académicamente hablando, por cuanto el tema de seguridad poco ha sido tratado de manera profunda en los análisis de los fenómenos de violencia en Colombia. Por ejemplo, en el reciente estudio de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, el tema de la seguridad no jugó un papel relevante.

Esa deuda de análisis histórico sigue pendiente si se tiene en cuenta que en el desarrollo real, constitucional, legal y administrativo de la concepción de seguridad imperante se produjeron muchas políticas que marcaron profundamente nuestra historia.

Por ejemplo, la Resolución VI aprobada en la OEA el 31 de enero de 1962, promovida y liderada por Alberto Lleras y José Joaquín Caicedo Castilla, impulsó la ruptura colectiva de relaciones diplomáticas, consulares y económicas con Cuba.

Este hecho determinó la política pública de seguridad para Colombia durante varias décadas, al declarar una concepción de Estado y sociedad, en este caso el marxismo-leninismo, como incompatible con el sistema interamericano.

Palabras más, palabras menos, lo que hizo esta Resolución fue declarar ilegal y enemigo interno a toda expresión marxista leninista, simpatizante con la Revolución cubana o cuestionadora de la hegemonía de los EE.UU.

Esta concepción definió la adopción de políticas públicas de seguridad a nivel nacional, como el bombardeo a las mal llamadas “Repúblicas Independientes” (incluida la República Independiente de Planadas) que, según Jacobo Arenas, dio origen a las FARC: “Si no hubiesen ocurrido esos cercos militares no habrían nacido las FARC”.

Para ese momento el ambiente estaba además bastante tenso después de la consigna dada por el ministro cubano de Industria, Ernesto “Che” Guevara, ante el Seminario Económico de la Organización de Solidaridad de los Pueblos en Argel (1965) sobre suministrar armas gratis a los movimientos de liberación del Tercer Mundo.

Bajo esta óptica analítica podemos comprender el desarrollo de las políticas oficiales represivas que estuvieron enmarcadas en la concepción de seguridad nacional y que lesionaron gravemente la vida y el futuro de muchas organizaciones campesinas, cívicas, estudiantiles y políticas.

A la final, estas políticas no garantizaron la seguridad para el pueblo colombiano, sino que ofrecieron una reiterada represión gubernamental y sembraron vientos y cosecharon tempestades de inconformidad social y subversión política.

Soldados del ejército colombiano en una calle de Medellín.
Soldados del ejército colombiano en una calle de Medellín.
Foto: Flickr de Globovision

Una nueva seguridad

En el contexto nacional, sin lugar a dudas el avance conceptual más importante en materia de seguridad en los últimos años ha estado en la definición de las políticas públicas en la Alcaldía Mayor de Bogotá.

En efecto, Jaime Castro precisó que en el Distrito la palabra seguridad se refiere a seguridad ciudadana (Decreto 1421 de 1993, artículo 35), para evitar así confusiones semánticas que conlleven visiones distintas de seguridad (seguridad pública, seguridad institucional, seguridad civil, seguridad urbana, seguridad comunitaria).

Mockus definió la seguridad como una condición de libertad para ejercer derechos, libertades y deberes. Peñalosa la orientó a prevenir y sancionar comportamientos que lesionen el bienestar ciudadano. Garzón la vio como bien público que propicia las condiciones para el goce pleno de los derechos humanos. Moreno la trató como bien público y derecho. Y Petro como derecho dentro del marco global de la seguridad humana.

Con estos fundamentos, la visión actual de seguridad ciudadana para Colombia (ligada a la seguridad del individuo, los derechos humanos y la gobernabilidad democrática) debe superar la noción de seguridad nacional y cobijarse con el manto conceptual de la seguridad humana; una visión que implica el diseño y ejecución de políticas públicas de seguridad adaptadas a las condiciones concretas de cada comunidad y región para propiciar el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales.

Según esta perspectiva, el centro de las políticas es la persona. De ahí la importancia de restringir y recortar los gastos militares para estimular el aprovechamiento de dichos recursos en el desarrollo pleno del potencial humano. Más que la protección del territorio y de la soberanía del Estado, el objetivo debe ser la protección del ser humano.

Se debe superar el marco estrecho de violencia y criminalidad con sus tradicionales y cerrados sistemas de medición, para dar paso a políticas públicas de prevención y control de factores generadores de violencia e inseguridad. Más que en la violencia y la criminalidad, el énfasis debe estar en la paz y el desarrollo regional; seguridad en el empleo, seguridad en el ingreso, seguridad en salud y seguridad frente al delito.

Para el caso del Tolima, y en especial con el sur del departamento, se requiere en materia de seguridad la presencia del Estado con una visión distinta a la de la seguridad nacional que imperó en mayo de 1964, cuando se tomó militarmente a Marquetalia con 2.400 hombres y cinco helicópteros.

Actualmente se requiere una visión dinámica de seguridad humana y ciudadana que permita a esa importante zona del Tolima salir de la pobreza, la violencia y el abandono que ha padecido por desesperanzadoras décadas.

En lugar de sembrar violencia, hay que sembrar y cosechar cafés especiales; mantener y conservar el sur del Tolima como una fábrica de agua para la humanidad; guardar y proteger los parques naturales del Huila y Las Hermosas; y fortalecer la producción agrícola como estrategia de seguridad alimentaria.

En una palabra, hay que fomentar en el Tolima la seguridad humana y ciudadana para que los tolimenses puedan disfrutar real y efectivamente los derechos fundamentales.
 

Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad de Ibagué. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.

** Camilo A. González Pacheco, abogado, especialista en Derechos Humanos, asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, integrante del Grupo Tolima Visión 2025 coordinado por la Universidad de Ibagué.

 

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

*Al usar este formulario de comentarios, usted acepta el almacenamiento y manejo de sus datos por este sitio web, según nuestro Aviso de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies