De la Espriella y la seguridad: de la campaña al gobierno - Razón Pública
Foto: Puestos de control móviles, Gobernación y Fuerza Pública en los límites entre Valle y Cauca

De la Espriella y la seguridad: de la campaña al gobierno

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El estatuto antiterrorista, el proyecto de ley de sometimiento y el nombramiento de Viviane Morales como consejera comisionada de Paz muestran cómo De la Espriella comienza a llevar al gobierno sus propuestas de seguridad y paz. ¿Qué posibilidades tiene de realizarlas y cuáles son sus límites?

Del candidato al presidente

Hace cerca de cinco meses, al comparar en Razón Pública las propuestas de seguridad de los candidatos a la Presidencia, señalé que Abelardo de la Espriella defendía una autoridad estatal fuerte, la recuperación del control territorial y el fortalecimiento de la capacidad coercitiva del Estado. Su propuesta partía de considerar que el país enfrentaba una crisis de autoridad que debía resolverse mediante el fortalecimiento militar y policial y el endurecimiento de la política criminal.

Después, cuando fue elegido presidente, examiné su propuesta de reformar las entidades encargadas de la paz. Advertí que la supresión de oficinas y el traslado de sus funciones podían debilitar las capacidades construidas durante décadas para negociar, cumplir acuerdos y coordinar las políticas de construcción de paz. 

Ambos artículos permitían anticipar una orientación de gobierno: dar prioridad a la respuesta militar y judicial y reducir el lugar de la negociación política frente a los grupos armados.

Ahora, próximo a cumplir tres meses en la Presidencia, es tiempo de revisar cómo se está desarrollando esa orientación. Tres actuaciones permiten hacerlo: la propuesta de estatuto antiterrorista, que busca ampliar las herramientas de persecución criminal; el proyecto de ley de sometimiento, que propone una ruta de entrega a la justicia; y la designación de Viviane Morales como consejera comisionada de Paz, encargada de revisar el cumplimiento de los acuerdos y desmontar lo que el gobierno denomina la “falsa paz”.

Estas actuaciones muestran cómo el gobierno comienza a desarrollar lo anunciado en campaña. Conviene examinar qué propone en cada caso, qué posibilidades tiene de llevarlo a la práctica y cuáles son sus límites políticos, jurídicos y administrativos.

La mano dura toma forma en el estatuto antiterrorista

El estatuto antiterrorista amplía las herramientas para identificar a las organizaciones armadas, perseguir sus fuentes de financiación y endurecer las sanciones contra sus integrantes. Según la información divulgada por la Cámara de Representantes el 17 de octubre, la propuesta recibió el aval del Consejo de Política Criminal para su presentación al Congreso. El aval corresponde a una etapa de preparación de la iniciativa y todavía falta su aprobación como ley.

Entre sus componentes aparecen un registro de organizaciones terroristas, el congelamiento de bienes y nuevas sanciones penales. Se busca actuar sobre las redes económicas que sostienen las actividades armadas, además de perseguir a quienes ejecutan los ataques. 

Este propósito responde a un problema que debe atenderse. Las organizaciones armadas necesitan recursos para reclutar, adquirir armas, controlar poblaciones y mantener sus redes. Por eso, recuperar el control territorial exige combatir las economías ilegales y las relaciones que permiten su funcionamiento. La captura de un jefe o la ocupación militar de una zona pueden tener efectos limitados si esas fuentes de financiación permanecen.

Sin embargo, las herramientas propuestas también plantean preguntas sobre el alcance del poder del Ejecutivo. ¿Quién decidirá la inclusión de una persona u organización en el registro? ¿Qué pruebas deberá presentar? ¿Cómo podrá el afectado controvertir esa decisión? y ¿Qué control ejercerán los jueces? Estas preguntas son importantes porque la clasificación tendría consecuencias sobre los bienes y las actividades de quienes sean incluidos.

También habrá que examinar cómo se define el terrorismo y qué conductas quedan comprendidas en esa categoría. Una definición imprecisa puede extender las restricciones a actividades legítimas y afectar a comunidades, organizaciones sociales y personas que ejercen la oposición o la protesta pacífica. Por eso, la clasificación debe apoyarse en conductas y responsabilidades demostrables.

Esta preocupación también aparece en el análisis de Iván Orozco Abad, “El Tigre y la manada”, publicado en Razón Pública. El autor examina una concepción del enemigo como amenaza existencial que presenta los controles del poder como obstáculos para enfrentarlo. Su advertencia permite situar la discusión del estatuto dentro de un problema más amplio: cómo fortalecer la respuesta estatal y preservar los límites que regulan su ejercicio.

La discusión debe establecer qué facultades necesita el Estado, cuáles ya existen y por qué serían insuficientes. Esa justificación permitirá evaluar si la propuesta corrige dificultades de la persecución criminal o amplía el poder del Ejecutivo sin controles suficientes.

De la negociación política al sometimiento judicial

El proyecto de ley de sometimiento propone que las organizaciones armadas abandonen las armas y se entreguen a la justicia bajo condiciones establecidas por el Estado. Con esta iniciativa, el gobierno busca cerrar la negociación de agendas políticas y ofrecer beneficios penales a quienes cumplan los requisitos legales.

La propuesta marca una diferencia frente a la política de paz total. El gobierno anterior distinguía entre negociaciones con organizaciones a las que reconocía carácter político y conversaciones sociojurídicas con organizaciones criminales. El nuevo gobierno busca que la salida de las organizaciones armadas se tramite mediante el sometimiento, sin reconocimiento político ni mesas para negociar reformas con el Ejecutivo.

Según la información de la Cámara de Representantes del 22 de octubre, las comisiones primeras conjuntas aprobaron la iniciativa en primer debate y la remitieron a las plenarias de Senado y Cámara. Entre las condiciones reseñadas aparecen la dejación de armas, el cese de las actividades ilícitas y la entrega de los menores reclutados. Los beneficios contemplan reducciones de pena de hasta el 50 por ciento para integrantes rasos y del 30 por ciento para líderes o cabecillas. El proyecto todavía puede sufrir modificaciones durante su trámite.

El sometimiento exige mantener canales de comunicación con las organizaciones para organizar las entregas y verificar los compromisos. Lo que cambia es el objeto de esa interlocución: el gobierno propone discutir cómo se cumplen las condiciones de entrega, sin abrir una negociación sobre reformas o reconocimiento político. Así comienza a concretarse otra de las posiciones anunciadas en campaña.

Una comisionada para revisar la política de paz

La tercera actuación es la designación de Viviane Morales como consejera comisionada de Paz, anunciada mediante un comunicado de Presidencia fechado el 22 de octubre. Morales también asumirá, en calidad de encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

Según el comunicado, la nueva consejera revisará el cumplimiento de los acuerdos, evaluará los compromisos y verificará la destinación de los recursos públicos. También deberá identificar fallas en las entidades encargadas e impulsar reformas y el desmonte de aquellas que, a juicio del gobierno, hayan desviado sus propósitos. El encargo se presenta como parte de la revisión de lo que el Ejecutivo denomina la “falsa paz”.

El nombramiento introduce un cambio frente al anuncio anterior a la posesión. Entonces se habló de suprimir dependencias y trasladar sus funciones a varios ministerios; ahora se designa una funcionaria para dirigir dos de ellas y revisar su trabajo. Esto muestra que la reforma también puede impulsarse desde las propias oficinas, modificando sus prioridades, equipos y recursos.

Importa distinguir las responsabilidades reunidas en este encargo. Una cosa es revisar la política de paz total y las conversaciones adelantadas por la administración anterior; otra, coordinar el cumplimiento del Acuerdo Final de 2016. Ambas necesitan evaluación, pero tienen compromisos y alcances diferentes. Presentarlas bajo una misma descalificación puede dificultar la identificación de lo que debe corregirse, de lo que debe continuar y de las obligaciones que el Estado debe cumplir.

Para conocer el alcance de la revisión habrá que observar qué propone corregir Morales, qué decide conservar y qué pretende desmontar. Allí comenzará a precisarse el contenido de la política de paz del nuevo gobierno.

Foto: Plenaria Senado - Discusión Ley de Sometimiento 22 octubre

Los límites para llevar las propuestas a la práctica

Las tres actuaciones muestran que De la Espriella está desarrollando lo anunciado en campaña. Sin embargo, llevar estas propuestas a la práctica exige superar obstáculos diferentes. Las leyes dependen del Congreso y están sujetas a controles constitucionales; los cambios en las entidades encargadas de la paz necesitan competencias, recursos y coordinación.

El proyecto de sometimiento lleva ventaja en el trámite. Su aprobación en primer debate muestra que el gobierno consiguió los apoyos necesarios para esa etapa, pero todavía debe reunirlos en las plenarias. 

El estatuto enfrenta un camino más exigente: si se tramita como ley estatutaria, necesitará mayoría absoluta, aprobación dentro de una sola legislatura y revisión previa de la Corte Constitucional, según el artículo 153 de la Constitución. Por eso, conseguir su aprobación tampoco garantiza que todas las disposiciones propuestas puedan entrar en vigor.

En el sometimiento, importa precisar qué recibe la sociedad a cambio de los beneficios penales. Deben examinarse las exigencias para integrantes, mandos y financiadores, la verificación de los bienes entregados y las consecuencias del incumplimiento. Una entrega de armas puede reducir el número de combatientes y dejar intactas las redes que permiten reorganizar los grupos. La capacidad de la Fiscalía y los jueces para comprobar los compromisos será tan importante como las condiciones escritas en la ley.

Morales tiene un margen de actuación más inmediato desde la administración, aunque limitado por las competencias de las oficinas que dirige. Puede impulsar revisiones y proponer reformas, pero carece de facultades para intervenir en las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o desconocer las obligaciones jurídicas del Acuerdo Final. La Sentencia C-630 de 2017 recordó el deber de las autoridades de cumplirlo de buena fe, dentro de sus competencias. El riesgo es que, mientras se define qué cambiar, se retrasen compromisos o se pierdan equipos y conocimientos necesarios para cumplirlos.

Pueden producirse avances desiguales: leyes aprobadas con modificaciones, iniciativas detenidas o cambios administrativos que progresen mientras el Congreso delibera. 

Hasta ahora hay correspondencia entre lo que proponía el candidato y lo que impulsa el presidente. Falta establecer cuánto conseguirá realizar y si las herramientas adoptadas permitirán fortalecer la autoridad estatal y conservar las capacidades necesarias para construir paz.

Le recomendamos: El Tigre y la manada.

Acerca del autor

German Dario Valencia
gvalencia@razonpublica.org.co | + posts

*Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Integrante de ISEGORÍA, plataforma digital de seguimiento al proceso de paz con el ELN. Contacto: german.valencia@udea.edu.co

1 comentarios

German Dario Valencia

Escrito por:

German Dario Valencia

*Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Integrante de ISEGORÍA, plataforma digital de seguimiento al proceso de paz con el ELN. Contacto: german.valencia@udea.edu.co

Comentarios de “De la Espriella y la seguridad: de la campaña al gobierno”

  1. El paso de propuestas de campaña a medidas de gobierno obliga a mirar tanto la capacidad estatal como los límites jurídicos e institucionales. El énfasis en recuperar el control territorial y reforzar la coerción puede responder a problemas urgentes, pero el estatuto antiterrorista, el sometimiento y la política de paz requieren reglas claras, supervisión y criterios verificables. La discusión debería evaluar efectos sobre seguridad, derechos y negociación, no solo la contundencia del discurso.

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