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Curules afro, o la mala integración del espacio nacional

Escrito por Lucía Mina

Imagen del contactoDetrás del melodrama de las curules está el drama de cómo pueden las comunidades negras y poblaciones afrocolombianas ser arte y parte de las instancias donde se decide su futuro. Revisión de los hechos, las normas y las sentencias recientes.

Lucía Mina*

Melodrama con raíces

Al comenzar el nuevo año revivió el melodrama de las curules afro: ¿se posesionan o no se posesionan los congresistas que fueron elegidos en marzo pasado? ¿Su elección fue  legítima, representan o no a la comunidad “negra”, la población “afrocolombiana”,  “raizal¨ o ¨palenquera”? Y sobre todo: ¿qué significa ese melodrama para la inclusión social de los “negros” o “afros” en Colombia?

El pasado 8 de enero se anunció la posesión de María del Socorro Bustamante como titular de una de las dos curules de los afrocolombianos en la Cámara de Representantes, hecho que tuvo lugar ante la Notaría Sexta de Cartagena. Esta candidata y Moisés Orozco, avalados ambos por la Fundación Ébano de Colombia (FUNECO), obtuvieron las dos votaciones más altas en las elecciones del año pasado, cerca de 40.000 votos la primera y unos 14.000 votos el segundo.

La inscripción de las candidaturas de Bustamante y Orozco se ajustó a las leyes vigentes  (artículo 177 de la Constitución y Ley 641 de 2001): ambos son ciudadanos en ejercicio, cumplen los requisitos de edad, y tienen el aval de una fundación incluida en el registro de la Dirección de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior (aunque en principio los propios candidatos debían identificarse como negros, afrocolombianos, raizales o palenqueros).

Y sobre todo: ¿qué significa ese melodrama para la inclusión social de los “negros” o “afros” en Colombia?

El problema consiste en que una gran proporción de aquellos a quienes Bustamante y Orozco deben o dicen representar no los reconoce como tales. Lo cual no quita que un grupo de afrocolombianos hubiese acompañado a Bustamente en su intento de posesión, en   acto que fue negado por la Superintendencia de Notariado y Registro.

No importa mucho preguntar a estas alturas quiénes votaron por Bustamante y Orozco, o por qué razón FUNECO obtuvo en Bolívar o en el Valle del Cauca una votación muy superior a la que obtuvo en Sucre, donde nació esta entidad. Importa sí preguntarse por qué es tan fácil quitarle no solo una sino las dos curules a la población Afro, y cuál ha sido su participación en ese desenlace.

La pregunta verdadera

El caso de las curules no es la primera ocasión -ojalá fuese la última- cuando los afrocolombianos se quedan sin representantes en una instancia que se supone importante para sus comunidades.

Está el antecedente de la Constituyente de 1991, donde a pesar de los  muchos esfuerzos no  en logró elegir un representante de las comunidades afro. En cambio los indígenas lograron incluir tres delgados y establecer alianzas en el seno de la asamblea, con resultados manifiestos en la defensa de sus territorios, el reconocimiento de su cultura y de sus autoridades.

El apoyo de los indígenas, al lado de la mano providente del delegatorio Orlando Fals Borda, permitió que en los últimos minutos de la constituyente se dejara el espacio para una ley especial sobre las tierras de las comunidades afrocolombianas. Y sin embargo los casi veinte años transcurridos entre la promulgación de la Ley 70 (1993) y su Decreto Reglamentario (el 1745 de 1995) parecen  no haber sido suficientes para que los afrocolombianos tomen conciencia de los criterios apropiados para escoger a sus representantes.

Sin duda parte de la responsabilidad recae sobre el gobierno nacional, pero no se puede   desconocer la culpa de los  propios afrocolombianos. En un Estado de derecho corresponde  al gobierno proveer los mecanismos que garanticen la representatividad de los candidatos, pero la comunidad es quien debe utilizar esos mecanismos en su propio beneficio y de manera eficiente.

Ahora bien, en el proceso de elegir los representantes de la población afro, tanto esta como el gobierno han cometido errores que deben subsanarse. Por ejemplo en la elección de los representantes a la Cámara no hay claridad en lo tocante a requisitos que deban cumplir las organizaciones que avalan a los candidatos, no se sabe cuál deba ser su cobertura, ni qué procedimientos deberán seguirse para escoger o inscribir candidatos. El gobierno está en mora de regular estos asuntos.


Plaza principal de San Basilio de Palenque en el departamento de Bolívar, Colombia.
Foto: Wikimedia Commons

Autonomía y delegados

La certificación de pertenencia a una comunidad negra o afro se torna aun más compleja tras la sentencia T-576 de 2014, donde  la Corte Constitucional afirma textualmente que “ninguna autoridad pública, ni siquiera el juez constitucional, puede definir si un sujeto hace parte o no de una minoría étnica, pues son estas comunidades las únicas que pueden fijar tales criterios de pertenencia, en ejercicio de su autonomía”.

Esta sentencia ordena que el Ministerio del Interior convoque a las comunidades negras, la población afrocolombiana, raizal y palenquera a un proceso de consulta previa mediante  el cual se conforme “un espacio para definir las medidas administrativas y legislativas del orden nacional que puedan afectar su modo de vida” (sin ir más lejos, esto incluye por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018  o el Código Minero).

La sentencia tiende a corregir los errores derivados de la Resolución 121 de 2012 del Ministerio del Interior, donde se sesga la participación en dicho espacio a favor de quienes   pertenezcan a un consejo de comunidades negras con territorio colectivo titulado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), de los raizales de San Andrés y Providencia, y de los palenqueros.

Importa sí preguntarse por qué es tan fácil quitarle no solo una sino las dos curules a la población Afro.

La comunidad tiene una gran responsabilidad en ese proceso de integración de espacio nacional de consulta previa. Grave sería repetir aquí la situación de las curules Afro. En las asambleas departamentales concebidas para la consulta, se han sugerido algunas pautas para la elección de los representantes: la propuesta del Ministerio y la del protocolo resultante del Primer Congreso Autónomo del Pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, que sesionó en Quibdó en agosto de 2013.

La versión del Congreso propone tres representantes por departamento. El Ministerio asigna a cada departamento un delegado por derecho, considerando la posibilidad de aumentarlos en función del número de afrocolombianos en el censo de 2005 y la existencia de consejos comunitarios con títulos colectivos asignados o por asignar por parte del INCODER.

En no pocos departamentos, la comunidad ha considerado que el número de delegados a elegir es parte de su autonomía, tratando en algunos –pero no en todos los casos- de precisar los criterios que sustentarían aquella decisión. Para citar algunos ejemplos, Putumayo elige 4 delegados, cuando el protocolo de Quibdó le asigna 3 y bajo la propuesta del Ministerio tendría 2. En Atlántico se eligen 9 delegados, frente a un delegado en la propuesta del Ministerio.

Interesante saber cuál será el mecanismo que el Ministerio del Interior adopte para hacer compatible la elección de un número de delegados por departamento con el principio de   autonomía de las comunidades. ¿Qué haría si el número de delegados de un departamento supera el de aquellos donde se concentran las comunidades negras o las poblaciones afrocolombianas?, ¿aceptarán estos últimos que el Ministerio acate la autonomía de las comunidades en cada departamento?

Irregularidades

La elección de delegados ha estado precedida de otra serie de irregularidades, algunas de las cuales constan en las actas de las asambleas, por demás disponibles en la página Web del Ministerio del Interior. Las irregularidades incluyen: poca difusión de la convocatoria (medios utilizados y extensión de la misma), falta de claridad sobre las reglas para las asambleas, ausencia de un proceso formal para inscribir organizaciones de base y consejos comunitarios, y poca claridad sobre quiénes tienen derecho al voto.

El desorden era total en la asamblea de Cali, a dónde asistí el 17 de enero. Inicialmente se disponía de tres computadores para registrar alrededor de mil personas; al percatarse de que eso era imposible, se permitió el acceso del público al recinto, sin explicarnos cómo  podría hacerse claridad sobre quiénes habían asistido, cuántos por organización o consejo, y quiénes podrían votar: semejante caos simplemente me indujo a abandonar el auditorio.

Florecerán sin duda las impugnaciones y las demandas legales. Y mientras tanto los afrocolombianos se quedarán sin representantes en el debate sobre el próximo plan nacional de desarrollo u otros asuntos de muy alta importancia para ellos. En el mejor de los casos estarán en desacuerdo con aquellos que resulten elegidos.

M.A. en Economía y Estudios Sociales de la Universidad de Manchester, consultora independiente y docente en Política Social en la Universidad Javeriana y la Universidad Externado de Colombia.

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