
¿Cultura por decreto?
Compartir:
Uno de los primeros resultados operacionales de la batalla cultural que libra el gobierno de Abelardo de la Espriella contra lo que el propio presidente denomina “wokismo” fue el desmonte de varias exhibiciones del Museo Nacional referentes a los acuerdos de paz y las reivindicaciones de movimientos feministas y LGBTI. Esta decisión ofrece una primera señal de hacia dónde se dirige la batalla cultural del Gobierno y se enmarca en una confrontación más amplia a través de la cual el presidente espera restaurar los valores tradicionales de la sociedad colombiana. Estos valores, según se infiere de sus discursos, están asociados a la familia, el mérito, el respeto por la ley, el amor por la patria y la creencia en Dios, valores que, a juicio del Gobierno, fueron secuestrados por la izquierda y el “wokismo”.
Sin duda, desde hace varios años, temas que tradicionalmente se consideraban del ámbito cultural han entrado en la disputa política. El respeto por la diversidad sexual, los derechos de las parejas del mismo sexo, la protección frente a la discriminación y la violencia contra las personas trans, la lucha contra el racismo y la superación de discursos que consideran que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres son algunos de los principales asuntos que dividen y orientan las preferencias políticas y electorales de los ciudadanos. Se entiende, entonces, que con su batalla cultural el presidente Abelardo de la Espriella está respondiendo a las expectativas de un sector importante de su base social.
Asimismo, no es un secreto que el Estado es un vehículo poderoso de comunicación. A través del sistema educativo, los medios públicos y el sector cultural, tiene la capacidad de influir en la forma como se entiende la historia y de transformar las actitudes y percepciones respecto a diferentes grupos poblacionales. El presidente, entonces, en su calidad de jefe de Gobierno, puede orientar la política de acuerdo de acuerdo a su visión de país, pero sin desconocer que en dicha política deben caber todos los colombianos.
El problema aparece entonces cuando la política cultural se orienta a debilitar valores consagrados en nuestra Constitución Política, como la diversidad étnica y cultural, el pluralismo y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Del mismo modo, a pesar de que la paz es uno de los valores y principios rectores de la Constitución de 1991, la tradición colombiana de resolver conflictos armados a través de negociaciones se convirtión en blanco de la batalla cultural.
El presidente y sus alfiles de la lucha cultural ignoran que las reivindicaciones sociales no entraron a la órbita del sector cultural por el capricho de un “comunista wokista”. De una parte, los logros de los movimientos sociales que reivindican la igualdad de género y el respeto por los derechos de las comunidades LGBTI son asuntos de interés cultural para la nación porque corresponden a procesos políticos y sociales que han contribuido a materializar los principios de la Constitución Política de 1991. Hacen parte de nuestra historia porque han ayudado a construir una identidad nacional y un sistema político que cobija a la gran mayoría de los colombianos e inspiran a las nuevas generaciones a seguir luchando por ampliar la democracia.
De otra parte, las iniciativas de paz, exitosas o fallidas, expuestas en el Museo Nacional no constituyen un esfuerzo por hacerles propaganda a las guerrillas o a los presidentes que las han impulsado. Corresponden a una de las más largas tradiciones políticas de nuestro país: la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos armados. El Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC es el más reciente de los grandes acuerdos de paz del país, pero dista mucho de ser el único. La confrontación entre liberales y conservadores que precedió al Frente Nacional dio paso a un acuerdo político de paz entre los dos partidos, al igual que la Guerra de los Mil Días, que a finales del siglo XIX y comienzos del XX enfrentó a estas colectividades y terminó mediante tratados de paz. La Constitución consagra la paz como un derecho. Esto, por supuesto, no supone que el presidente esté obligado a entablar diálogos de paz como parte de su política de seguridad, pero sí constituye fundamento suficiente para que la política de paz, con sus errores y aciertos, sea parte de nuestra memoria como nación.
La cultura que debe reflejarse en las políticas del Gobierno no es el resultado de un documento elaborado en una oficina. Por el contrario, es una construcción colectiva que recoge la pluralidad de nuestra sociedad. El presidente ha dicho que va a recuperar los valores y tradiciones de la sociedad colombiana. Pues bien, al decretar una visión única de la cultura, el Gobierno corre el riesgo de desconocer uno de los valores fundamentales que consagra nuestra Constitución: la diversidad. Ese valor es justamente el que permite que convivamos en un mismo país, por ejemplo, quienes creen que la religión ocupa un lugar fundamental en sus vidas y quienes no piensan de la misma manera. La historia y la cultura son construcciones colectivas que no están subordinada a la voluntad de los gobernantes. El presidente De la Espriella podrá decidir qué se exhibe en nuestros museo, pero nunca podrá reescribir nuestra historia.
Acerca del autor

Juan Pablo Ossa
*Politólogo e historiador de la Universidad de los Andes y MPhil en Ciencia Política de The New School. Ha trabajado en análisis político, políticas públicas, comunicación estratégica y evaluación de proyectos. Fue editor de la revista Colombia Internacional.
0 comentarios





