Cultura democrática en Colombia: entre la frustración y la esperanza - Razón Pública
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Cultura democrática en Colombia: entre la frustración y la esperanza

Escrito por Óscar Mejía
Oscar Mejia Quintana

Óscar Mejía QuintanaUn análisis penetrante y descarnado de la cultura política bajo Uribe y bajo las FARC, y de su intenso contraste con los valores de la Constitución de 1991.

Óscar Mejía Quintana*

La encrucijada

Para hacer un balance de la cultura democrática en Colombia durante la primera década del Siglo XXI es necesario poner en perspectiva varios hechos.  

– En primer lugar, lo que significó el viraje radical de la Constitución de 1991 frente a la de 1886, un cambio de fondo que no fue bien asimilado por el sedimento que había decantado todo un siglo de conservadurismo que Rawls llamaría nuestra cultura pública[1], al amparo de la Constitución de Núñez, que determinó, precisamente, nuestra identidad política.

En segundo lugar, el carácter mismo de la cultura política colombiana, que intenta ser modificado por la Constitución de l991, abriendo un proceso de democratización que, al frustrarse, produce un "salto atrás" que puso en vilo -y la sigue poniendo- la misma institucionalidad democrática que figuras como el Estado social de derecho y la democracia participativa habían ambientado entre nosotros.

La cultura pública se encuentra en este momento en un cruce de caminos: o se consolida como un proyecto democrático de apertura política, social y de respeto a la institucionalidad, o se consolida la pulsión autoritaria de nuestra identidad, latente en nuestra cultura política, que durante esta primera década del siglo XXI fue catalizada por un gobierno de corte autoritario, que casi desmantela la Constitución. 

La modernización autoritaria  

Como bien lo han planteado no pocos historiadores y politólogos, la Constitución de 1886 fue el proyecto terrateniente, conservador y confesional, que se impuso sobre la Constitución de Rionegro, la de 1863, primer proyecto liberal y moderno que se ve truncado por un propósito de modernización autoritaria -no de modernidad- con la pretensión fallida de consolidar un Estado central, que a la postre sólo logra la coexistencia de unos poderes regionales fuertes con un Estado centralizado débil. Unas elites regionales rurales que convivirían con una apariencia de gobierno central por más de un siglo[2].

Más allá de la genialidad retórica de Rafael Núñez y de Miguel Antonio Caro, que articularon y concretaron ese proyecto de modernización autoritaria, que no logra siquiera arañar un proyecto de modernidad política, es decir, de tolerancia y pluralismo, la Constitución del 86 y la hegemonía conservadora que la consolida, permiten el triunfo en Colombia de lo que Leopoldo Zea llamó el proyecto conservador latinoamericano, frente al proyecto civilizador, que en otras latitudes de América Latina logra resoluciones diferentes, más democráticas y progresistas, así fuera por la vía del populismo.

Este proyecto impone una identidad política oscurantista y clerical, que cataliza las pulsiones más reactivas de un sentido de la ética política propia de una sociedad tradicional, que se resistiría a dar el paso adelante hacia una modernidad democrática y consensual, donde todos pudieran caber.

Por el contrario, las elites regionales, siempre con la complicidad impotente del poder central, imponen una democracia formal restringida y excluyente, con un imaginario de Estado-nación centrado en la religión católica, el conservadurismo antiliberal, el sometimiento a Estados Unidos (respice polum) y la intolerancia a todo lo que no se sometiera al ideal del hombre -macho-blanco-católico-conservador, como bien lo ha planteado Miguel Ángel Urrego[3].

Una cultura súbdito-parroquial

Es posible distinguir tres tipos de cultura política, que podríamos llamar respectivamente la "parroquial", la "súbdita" y la "participativa". Las dos primeras responden a los tipos de legitimación del sociólogo Max Weber, de la legitimidad tradicional y la legitimidad carismática – propias de una sociedad tradicional- y la última a una legitimidad legal-racional, propia de una sociedad moderna[4].

La estructura económico-social y la Constitución de 1886, impuesta durante más de un siglo, pese a la densificación urbana, más forzada y mecánica que natural, consolida en Colombia un híbrido de cultura política súbdito-parroquial, centrada en la defensa de la tradición y del líder, como dramáticamente se vería en los últimos años.

Ello supone y produce varias consecuencias: la consolidación de una forma de ser conservadora y formalista, reacia a los cambios democráticos, poco tolerante frente a expresiones políticas, culturales y sexuales diferentes, cuyo imaginario gravita en torno al eje de la autoridad y el líder, antes que las del Estado de derecho y la tolerancia democrática[5].  

Del mito conservador al mito democrático

Colombia, un país que en tiempos de la Colonia fue sólo una capitanía y, por razones administrativas, sólo al final de la misma transita al virreinato, pero que por cuya esencia insular nunca dejó de ser la primera, logra, con la Constitución de 1991, vislumbrar los horizontes de la modernidad, que durante los algo más de cien años de la Constitución del 86 le habían cerrado.

Por tercera vez en su historia, después de la Constitución de 1863 y quizás las reformas liberales de 1936 y 1945, el país se asoma tímido a una modernidad política que le había sido esquiva[6].

La consagración de los derechos fundamentales, de los derechos económicos, sociales y culturales; la concepción de mecanismos de garantía y defensa de tales derechos; la concreción de instituciones que efectivamente permitieran un sistema político incluyente, donde las minorías de todo tipo tuvieran plenas posibilidades de respeto y autonomía; la definición de una democracia participativa que hiciera visibles todas las aspiraciones conflictivas represadas durante un siglo y, en últimas, la cimentación de un Estado social de derecho, fue la marca que la Constitución del 91 intentó imprimir en nuestra identidad política[7].

Más allá de sus implicaciones jurídicas, esta Constitución representó para la cultura política colombiana no sólo un proyecto sino un mito de Estado-nación democrático, frente al mito conservador, rural y autoritario de la de 1886. Un país que nunca había logrado consolidar, como lo señala Urrego, un mito democrático de identidad nacional finalmente intentaba arraigarlo a través de la nueva constitución.

El nuevo milenio: la frustración de la paz

En este contexto se concreta, durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el proceso de paz con las FARC, que había sido la bandera con la cual había ganado las elecciones. El país tenía la esperanza de que un conflicto de cuarenta años sería por fin solucionado y no tan sólo por la voluntad de un gobierno sino por los mecanismos democráticos que la Constitución de 1991 había concebido. Para muchos, esa Constitución configuraba el marco perfecto para la paz: el Estado social de derecho era una especie de "revolución institucional"; para muchos juristas y politólogos optimistas, incluso la guerrilla habría podido incorporase al sistema[8].  

No es exagerado decir que aquí se puso a prueba el temple democrático de nuestra cultura política y que, desafortunadamente, no pasó el examen. Las FARC, en un error histórico del que muy seguramente no se recuperará, de manera desleal con el gobierno y con el país, quisieron aprovechar la situación no para concretar la paz, sino a favor de la guerra.

A finales del gobierno de Pastrana se rompe el proceso ante el cinismo de las FARC de continuar los secuestros, los asesinatos y los ataques indiscriminados. En el ánimo del país se produce una intensa reacción contra la guerrilla pero además contra todo el espíritu democrático de la Constitución del 91.

Una reacción ciega, cuya primera expresión será el triunfo de Álvaro Uribe Vélez (AUV) en las elecciones de 2002, que más que por la persona, lo es por el significado que éste entrañaba frente a la guerrilla, su autoridad e incluso autoritarismo a cualquier precio. Ante la incapacidad que la Constitución había mostrado para superar el conflicto en sus doce años de vigencia, la población se inclinó por lo que significaba AUV.  

El Leviathan desatado: seguridad sin democracia

Independientemente del apoyo del paramilitarismo a AUV, confesado por muchos de sus "comandantes", tanto en las elecciones de 2002 como en las de 2006, con más "pruebas-reina" (videos, confesiones legales, nexos evidentes) que las que pudo tener el presidente Ernesto Samper (1994-1998) en el proceso 8.000, lo cierto es que las mayorías, electorales y sociales, en Colombia, castigan de dos maneras a los protagonistas del proceso de El Caguán[9].

  • De una parte, los candidatos cercanos al proceso pierden las elecciones contra un aspirante cuestionado, no sólo por sus políticas como gobernador de Antioquia sino por sus vínculos oscuros, tanto con el paramilitarismo como con el narcotráfico.
  • De otra parte, la esperanza frustrada de la paz y el cansancio ante una guerrilla prepotente y torpe se convierten en un odio hacia ella y hacia la izquierda democrática, que la población canaliza a través de la política de seguridad democrática de AUV.
  • Sufrimos entonces un proceso análogo al del Leviathán, de Hobbes. Abjuramos de la libertad, incluso de la democracia, para acabar con el flagelo de la guerrilla, por seguridad.

    Ni siquiera el formalismo jurídico de un siglo de constitucionalidad conservadora logra detener el clamor del país por arrasar con las FARC. Los diques democráticos estallan y Uribe cataliza ese sentimiento a través de una política de mano fuerte y poco corazón, que en ocho años permitió recuperar para el Estado colombiano el espacio territorial y político perdido frente a la guerrilla, durante lustros.

    A las grandes mayorías que se reclamaban "uribistas" poco les importan el Estado de derecho, las garantías constitucionales, los procedimientos jurídicos, las instituciones democráticas, los frenos y contrapesos concebidos por la Constitución de 1991, el ordenamiento legal, nacional o internacional.

    En su sentimiento de rabia contra la guerrilla sólo atinan a apoyar al líder en su guerra frontal, sin límites ni cortapisas: ni jurídicas, ni políticas, ni morales. El fin justifica los medios; el fin es acabar a las guerrillas, y todo el que cuestione u obstaculice ese propósito es estigmatizado como colaborador de la misma.

    La lógica del amigo-enemigo en términos de un adversario que debe ser deslegitimado, combatido y derrotado, se toma a la sociedad colombiana en su conjunto[10]

    Giro de la cultura política

    Lo anterior produce un cambio sustancial en la cultura política colombiana. El gobierno de AUV polariza al país entre unas mayorías totalitarias y unas minorías arrinconadas. Es interesante ver el siguiente gráfico, fruto de una encuesta realizada durante el primer semestre de 2002, antes de las elecciones presidenciales[11].

    Cultura_Poltica
    Ahí se detecta el giro sustancial que se había producido en nuestra identidad política, en una muestra mínimamente representativa pero diciente del sentimiento que se había apoderado del país[12]

    La encuesta daba cuenta de que las mayorías (tanto en el contexto de las universidades como de Bogotá, donde se realizó) se inclinaban hacia los paradigmas políticos tradicional y autoritario. Si a estos se les sumaban franjas del paradigma liberal y neoliberal, comunitarista, postmoderno e, incluso, marxista o neo marxista, tenemos una muestra del espectro de un 80 por ciento que acompañó la favorabilidad del gobierno de AUV durante sus dos administraciones.   

    Uribe Vélez y el "uribismo" en su ramificación rural, íntimamente relacionada con las elites regionales estrechamente vinculadas al paramilitarismo, en general, y a veces también al narcotráfico, potencia lo más oscuro de nuestra identidad política, las raíces más primitivas de una cultura súbdito-parroquial que desprecia lo legal, la tolerancia, la igualdad; que sólo entiende la jerarquía de los privilegios, de la subordinación, de la discriminación al diferente.

    No sólo la guerrilla es vista como enemiga; la intelectualidad, las "elites bogotanas", defensoras pese a todo de la institucionalidad, la comunidad LGBT (lesbianas, gays,  bisexuales y transexuales), las mujeres y sus aspiraciones de equidad, las formas de vida diferentes, las subculturas urbanas nacientes, todo el que no se sometiera a los estándares del ethos dominante del líder, sus métodos, su retórica, era considerado un enemigo y como tal, denunciado. Y en no pocos casos, fueron asesinados por los tétricos e invisibles tentáculos de un régimen que, como diría Boaventura de Sousa Santos, eran la expresión de un "fascismo social" imperante[13].

    Una cultura política mafiosa

    Paralelamente se produce un fenómeno que no debe menospreciarse[14]. A este "fascismo social" se une el surgimiento de una cultura mafiosa, una cultura "traqueta", que aparece de la entraña rural de nuestras tierras, de esa "modernización sin modernidad" que somos en Colombia, de esa carencia de identidad nacional que nunca logró consolidarse: Colombia es mucho pueblo y poca ciudadanía, pues hasta nuestras ciudades son más conglomerados urbanos semi-rurales que ciudades como tales[15].

    En ese marco, con un narcotráfico con más historia que la misma nación frustrada que hemos sido, no era extraño que una cultura mafiosa se apoderara del imaginario social, de la sociedad y de las instituciones. La cultura política se desliza no sólo hacia la guerra sino hacia la violencia contra el diferente, la violencia del fuerte, del armado, del vivo, del intolerante[16]. Violencia mafiosa de la desaparición, del sicariato, de los "falsos positivos". Métodos que las mafias emulan unas de otras hasta volverse paradigmas[17].

    Un sistema político basado en el clientelismo[18] de repente ve que los canales de adscripción política devuelven su flujo contra el Estado. La captura mafiosa de las instituciones, que ya venía dándose desde hacía décadas, se consagra como una estrategia triunfante. Los niveles de corrupción que el propio gobierno de AUV detecta son escalofriantes, tanto que terminamos añorando aquella máxima de la que tanto nos burlamos: la de "reducir la corrupción a sus justas proporciones"[19].

    Las proporciones se habían perdido: las mafias se habían apoderado, en buena parte, de la sociedad con su cultura "traqueta" y de instituciones claves del Estado. Hoy comenzamos a ponerlo en evidencia. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), el Ministerio de Transporte y un largo etcétera, dan cuenta de la captura mafiosa del Estado en Colombia[20]

    "Estado de Opinión" versus democracia

    Así pues, a la cultura política súbdito-parroquial que cataliza las pulsiones más conservadoras y primitivas de nuestra identidad política, cultivada durante un siglo de tradicionalismo y clausura política, se suma además una cultura política mafiosa que, desde el Gobierno y el Congreso, coloniza instituciones claves del Estado.

    Sin duda, el punto culminante de ésta, ella sí hecatombe, la constituye la segunda administración de AUV, que consolida tanto el proyecto autoritario como la aceptación del autoritarismo en Colombia, en dos inercias paralelas pero complementarias.

  • De una parte, los golpes implacables a las FARC que el país saluda sin recatos.
  • De otra, la exacerbación de un patrioterismo cifrado en símbolos de guerra, machismo y desprecio a la legalidad, nacional o internacional, donde lo peor de nosotros sale a flote.
  • Se pierden las proporciones para robar lo público y, envalentonados por la figura del líder, que todo lo puede y contra todo pelea, se pierden los escrúpulos para respetar la legalidad y la democracia.

    El "Estado de Opinión" es la opinión de las mayorías, que soportan pero no toleran minorías que busquen ponerse en contravía de sus designios, es la opinión plebiscitaria de la mayoría contra la institucionalidad democrática[21].

    El enemigo está en todas partes. Es el vecino que opina diferente, es el desempleado que seguramente es un vago y un perezoso y por eso tiene que convertirse en un falso positivo, es el miembro de la comunidad LGBT que va contra la "naturaleza humana".

    Son también los profesores y sindicalistas que seguramente tienen todos nexos con "LAFAR"; son los congresistas de la oposición, del Polo y, sobretodo, ¡del liberalismo! que le hacen el juego a la guerrilla con sus críticas al gobierno; son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se han atrevido  a investigar a la coalición "uribista" por sus nexos con la parapolítica y han encontrado evidencias suficientes para judicializarlos.

    Además de este acelerado proceso de desinstitucionalización donde el "uribismo" captura a la gran mayoría de los organismos de control desfasando la capacidad de frenos y contrapesos que concibió la Constitución de 1991, los mismos partidos políticos se convierten en apéndices o enemigos del ejecutivo.

    En los dos casos, apéndices o enemigos, se pierde la posibilidad de un control político efectivo, ya interno del gobierno, ya externo de la oposición, que deja a la sociedad sin mediaciones para hacer frente a un autoritarismo que incluso captura -salvo a escasos columnistas y contadas revistas y periódicos nacionales- los medios de comunicación, los regionales en particular, y no pocos de impacto y circulación nacional[22].      

    Karl Schmitt vs. Francisco de Paula Santander

    El fenómeno que sucedió en Colombia puede denominarse como el de la "constitucionalización de la excepcionalidad", cuando ya no es siquiera necesario acudir al estado de excepción para enfrentar las crisis políticas que ponen en entredicho la seguridad del Estado.

    Se adoptó, simplemente, un esquema de seguridad permanente, que en la práctica reduce los espacios democráticos y las garantías constitucionales a partir de la distinción amigo-enemigo que se toma el sistema político y la sociedad en su conjunto[23].

    En ese orden, la democracia sirve sólo si es para perpetuar al líder, como lo comprendió la Corte Constitucional en la primera reelección; el resto son bagatelas.

    A eso se redujo la cultura política durante el gobierno de Uribe; una cultura política autoritaria, intolerante, unanimista, cerrada, arbitraria, patriotera, mafiosa. Todo esto resume ese periodo oscuro de nuestra historia pese a los logros que se alcanzaron frente a una guerrilla miope y políticamente torpe. Los polos se repelen pero se necesitan[24].

    El aplauso espontáneo de periodistas y asistentes cuando el presidente de la Corte Constitucional informó sobre la inexequibilidad de la segunda reelección de Uribe, resume el sentimiento de las minorías porque alguien detuviera el engendro autoritario que este país había encubado.

    Pero esta disputa entre el procedimentalismo de Kelsen y la concepción del presidente como guardián de la Constitución, de Schmitt, la vieja querella de los años treinta en Europa, la gana el primero sobre el segundo en Colombia.

    Y la gana más por los "horrores" formales que el "uribismo" cometió en su afán por sacar adelante la reelección, que por una defensa vertical de la arquitectura del Estado social de derecho y la democracia participativa que esa reelección ponía en peligro, según los estudiosos de la sentencia. Más que la defensa de la democracia constitucional, el talud que detuvo el desmoronamiento institucional en Colombia fue el formalismo santanderista[25].

    El papel de la izquierda democrática

    En términos de cultura política, es decir, en categorías de una política concebida en tanto sistema político, la izquierda no puede ser sino democrática o no ser. La guerrilla no es izquierda, es guerrilla. Sólo en el momento en que ingrese al sistema político puede plantearse como opción de izquierda, de derecha o de centro democráticos[26].

    La guerrilla en Colombia le ha cerrado el paso a la izquierda democrática. La derecha ha utilizado esto para deslegitimar sus propuestas, estigmatizarla, perseguirla y asesinarla.

    El genocidio de la Unión Patriótica (UP) es una vergüenza y una mancha histórica de intolerancia política para Colombia. Como los falsos positivos, como la persecución a la comunidad LGBT, o la violencia contra las mujeres y los niños.       

    No dudo en considerar que hay un momento de legitimidad en las reivindicaciones originales de la guerrilla. Como Antanas Mockus alguna vez lo sostuviera, el discurso de Marulanda que no dio ante la silla vacía frente a Andrés Pastrana, es la voz del silencio de nuestra cultura política. "Nos mataron las gallinas" se mofaba la gran prensa: pero ese era su dolor, ese era el drama campesino, ese era su justo reclamo por la desatención por parte del Estado.

    El cambio de estrategia, el secuestro, el involucramiento de la población civil, el minado de amplias zonas con afectación ostensible de civiles, el narcotráfico, el descuido de propuestas para la juventud, la mujer, las capas medias, las nuevas culturas urbanas, aisló a la guerrilla. El narcotráfico, finalmente, la colocó en la orilla de la delincuencia.

    Pero tampoco nunca transitó a una cultura política tolerante, participativa, crítica, proactiva. Se quedó en los mismos esquemas súbdito-parroquiales de sus adversarios: a su manera, la distinción amigo-enemigo fue también la suya.

    Presos del marxismo estalinista en el que se formaron y crecieron, jamás pudieron superar el autoritarismo esencialista de la ortodoxia, despreciando la democracia por burguesa. El militante de izquierda que dice en un foro público que odia la palabra "ciudadanía" realmente pocas esperanzas ofrece de que desde ahí pueda construirse una cultura política democrática.

    Pero la democracia, como bien lo señaló Habermas[27], no es patrimonio de una clase social y no se reduce sólo a la democracia liberal, como bien lo ha mostrado Amartya Sen[28]. Es una reivindicación social, es el "derecho a tener derechos" como lo recoge Helmut Dubiel del francés Claude Lefort[29].

    Mientras la izquierda democrática no deslinde fronteras claras con la guerrilla, una guerrilla que no la ha dejado crecer precisamente, se hundirá cantando La Internacional, sola como los músicos del Titanic, sin contar con las mismas dinámicas clientelistas y mafiosas que en administraciones distritales se terminó reproduciendo como la derecha de la que tanto denigraba[30]

    Cultura política democrática, en cuidados intensivos

    Pero si Uribe se hubiera presentado a una tercera elección, rompiendo a su favor todas las normas y procedimientos constitucionales, lo peor es que hubiera ganado; es decir, entre la Constitución del 91 y la figura del líder-presidente, las mayorías en este país habrían escogido al segundo, frente a la institucionalidad de la primera.

    En términos de Weber, hubiéramos preferido la legitimación tradicional-carismática a la legitimación legal-racional; la cultura política súbdito-parroquial a la cultura política crítica y participativa.

    Salvo por sectores y minorías para quienes la tolerancia y el respeto del pluralismo son  de interés directo por ser ellos mismos los primeros afectados, a las grandes mayorías del país que, aun viviendo en "ciudades" que son más conglomerados urbanos y poseen mentalidades tradicionales muy arraigadas, no les interesa la diferencia, menos si está institucionalizada constitucionalmente.

    Los ocho años de Uribe sacaron a la luz lo más terrible de la identidad colombiana; una identidad fracturada, con símbolos de cohesión endebles, todavía primitivos (ser machos, desafiantes, vivos, frenteros, apasionados) no modernos (tolerantes, pluralistas, consensuales, respetuosos de las diferencias).

    De ahí esa identidad "traqueta" y mafiosa que se tomó la televisión y el cine; cuál García Márquez, cuál realismo mágico[31]. Más bien un realismo mafioso, una estética "traqueta" a la que sucumbieron no pocas mujeres sometidas al gusto "narcoparaco" o al sometimiento del gamonal de pueblo en su 4×4 o su caballo de paso, así como las elites cultas[32]

    Una cultura política del garrote y el desafío ("le voy a dar en la cara, marica"), el terrible Urstaat, el Estado de Ur, del que hablaban Deleuze y Guattari[33]; la conquista del territorio y la construcción de la nación por la brutalidad de la fuerza, desde los dos extremos del espectro político, no por el consenso[34]

    Confiemos en que los vientos encontrados que soplan en este gobierno permitan definir una nueva dirección para el navío y, como en un artículo anterior lo planteé en Razón Pública el clamor por la institucionalidad y por la tolerancia haga posible  recuperar la brújula de una cultura política democrática, que tanta falta le hace al país, para superar los arcaísmos del "Ancien Regime" y conquistar los horizontes de una modernidad propia.

    * Profesor Titular de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.  omejiaq@unal.edu.co

    Notas de pie de página


    [1] Rawls, John: "Una revisión de la idea de razón pública". En: "El Derecho de Gentes", Paidos. Barcelona. España. 2001.

    [2] Leal Buitrago, Francisco: "Formación nacional y proyectos políticos de la clase dominante en el siglo XIX". En: "Estado y Política en Colombia", Siglo XXI. México. 1984. Páginas 92-135.

    [3] Urrego, Miguel Ángel: "Un estado nacional inconcluso y en crisis". En: "La Crisis del Estado Nacional en Colombia". Universidad Michoacana de Hidalgo. Morelia. 2004. Páginas 63-100.

    [4] Almond, Gabriel: Verba Sydney: "La cultura política". En: Varios, "Diez Textos Básicos de Ciencia Política". Ariel. Barcelona, España. 1992. Páginas 171-202.

    [5] Palacios, Marco: "El (des)encuentro de los colombianos con el liberalismo". En: "Parábola del Liberalismo".  Bogotá. Norma, 1999. Páginas143-236.

    [6] Jaramillo, Rubén: "Colombia: la Modernidad Postergada". Temis. Bogotá. 1994. Páginas 3-70.

    [7] Yunis, Emilio: "Sobre la formación de la mentalidad del colombiano". En: "Por qué Somos Así". Temis. Bogotá. 2003. Páginas 103 a 138.

    [8] Uprimny, Rodrigo; García, Mauricio: "Corte Constitucional y emancipación social en Colombia". En Boaventura de Sousa Santos; Mauricio García (eds): "Emancipación Social y Violencia en Colombia". Norma. Bogotá. 2004. Páginas 463-516.

    [9] Contreras, Joseph: "El candidato de los paras". En: "El Señor de las Sombras". Oveja NegraBogotá. 2002. Páginas 111-150.

    [10] Schmitt, Carl: "El Concepto de lo Político". Alianza Editorial. Madrid. 1999.

    [11] Mejía Quintana, Oscar: "Elementos para una reconstrucción del estatuto epistemológico de la cultura política". En: Varios, "Estatuto Epistemológico de la Cultura Política". Universidad Nacional de Colombia (UNIJUS). Bogotá. 2008. Páginas 29-93.

    [12] Encuesta realizada por estudiantes de la asignatura de Cultura Política del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.

    [13] De Souza Santos, Boaventura: "La reinvención solidaria y participativa del Estado". En: "Ensayos para una Nueva Cultura Política". Trotta. Madrid. 2006. Páginas 311-372.

    [14] Mejía Quintana, Oscar:"¿Estado y Cultura Mafiosa en Colombia?", Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.  DC. 2010.

    [15]  Alfredo Molano, "Cultura mafiosa". En: El Espectador. Bogotá DC, 28 de marzo de 2008.

    [16] Cajiao, Francisco: "La traquetización de los ricos". En: El Tiempo. Bogotá.  9 de diciembre de 2008

    [17] Gaetano Mosca, Gaetano: "¿Qué es la Mafia?". FCE. México. 2003.

    [18] Leal Buitrago, Francisco: "El sistema político del clientelismo". En: Varios, "Democracia y Sistema Político". IEPRI. Bogotá. 2003. Páginas 63-140.

    [19] Duncan, Gustavo: "Las redes mafiosas en las ciudades". En: "Los Señores de la Guerra". Editorial Planeta. Bogotá. 2006. Páginas 333-348.

    [20] Ver "4 billones pierde el país cada año por corrupción". En: Revista Cambio, Bogotá. 1 al 7 de  octubre  de 2009.

    [21] Garay, Luis Jorge: "A los colombianos se nos corrió la frontera moral". En: Revista Semana, Bogotá DC, 31 de marzo de 2008.

    [22] Mejía Quintana, Oscar: "Cultura Política Democrática y Cobertura Informativa en Colombia". UNC. Bogotá. 2009.

    [23] Schmitt, Carl: "Teoría de la Constitución". Alianza Editorial. Madrid. 1982.

    [24] Agamben, Giorgio: "El estado de excepción como nuevo paradigma de gobierno". En :"Estado de Excepción". Pretextos. Valencia. España. 2004. Páginas 9-50.

    [25] Kelsen, Hans: ¿Quién debe ser el Defensor de la Constitución?. Tecnos. Madrid. 1995.

    [26] López de la Roche, Fabio: "Izquierdas y Cultura Política".  Bogotá: Cinep. 1994. Páginas 305-314.

    [27] Habermas, Jurgen: "La soberanía popular como procedimiento". En: "Facticidad  y Validez". Trotta.  Madrid. 1998. Páginas 589-618.

    [28] Sen Amartya: "Razón pública y democracia". En: "La Idea de Justicia".  Taurus. Bogotá. 2009.

    [29] Dubiel, Helmut: "Democracia". En: "Que es el Neoconservadurismo". Anthropos.  Barcelona. 1993. Páginas 45-70; y, Lefort, Claude: "La cuestión de la democracia". En "La Incertidumbre Democrática." Anthropos. Barcelona. 2004.Páginas 36-51.

    [30] Wellmer, Albrecht: "Condiciones de una cultura democrática". En: "Finales de Partida". Madrid, 1996. Páginas 77-101.

    [31] Spitaletta, Reinaldo: "Una (In)cultura mafiosa". En: El Espectador, Bogotá. 23 de septiembre de 2008.

    [32] Cajiao, Francisco: "La traquetización de los ricos". En: El Tiempo, Bogotá. 9 de diciembre de 2008

    [33] Deleuze G. y Guattari F: "El Urstaat" en "El Antiedipo".  Barral. Barcelona. 1974. Páginas 224-247.

    [34] Rawls, John: "La idea de un consenso entrecruzado". En: "El Liberalismo Político". Crítica. Barcelona. 1996. Páginas 165-205.

     

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