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Cuando reglamentar la prostitución es un problema

Escrito por Olga González

Colombia está a punto de aprobar una ley que reglamenta la prostitución, pese a que la experiencia internacional demuestra que estas leyes benefician a los proxenetas más que a las prostitutas. Se necesita una política distinta.

Olga L. González*

Un inquietante proyecto de ley

En 2010 la Corte Constitucional emitió la Sentencia  T-629, buscando subsanar una injusticia: la que discriminaba a una prostituta que había ejercido su actividad en un bar. Con esta medida, la Corte dispuso que incluso si no hay contrato de trabajo, existe la obligación de cumplir con los derechos laborales de quienes, empleados formales o informales, contribuyen al funcionamiento de un negocio. 

La sentencia, que podría aplicarse para muchos casos de abuso de los empleadores, sentó un precedente por tratarse de una mujer prostituta. Al afirmar que ella tenía los mismos derechos laborales que cualquier trabajador, la medida adquirió un carácter no sólo de igualdad de derechos laborales, sino también de dignificación del ejercicio de la prostitución, oficio que ha sido tradicionalmente estigmatizado.

Esta sentencia se convirtió en un antecedente importante para que algunos sectores de izquierda sensibles a los derechos de los trabajadores apoyen un proyecto de ley sobre prostitución que fue planteado en un primer momento por sectores de la derecha colombiana. 

De ser aprobada, esta ley significará un retroceso en los derechos de las mujeres y nos alejará aún más de un ideal de sociedad igualitaria.

Originalmente, este proyecto de ley fue presentado por Armando Benedetti luego del mediatizado “caso Dania”, la prostituta que tuvo un altercado con los guardaespaldas de Obama en Cartagena. Así, esta iniciativa no surgió como producto de ninguna movilización social.  

El proyecto de ley, el 79 de 2013, “por la cual se establece un trato digno a las personas que ejercen la prostitución, se fijan medidas afirmativas a su favor y se dictan otras disposiciones orientadas al restablecimiento de sus derechos”, está ad portas de pasar a segundo debate en el Congreso. 

Desgraciadamente, las buenas intenciones de los legisladores (como la senadora del Polo, Gloria Inés Ramírez, una de las ponentes, junto con Teresa Gómez, del partido PIN, y Astrid Sánchez Montes de Oca, del Partido de la U) no bastan. Es necesario, además, el conocimiento de las políticas públicas referidas a la prostitución. 

Hoy es urgente abordar este tema porque, de ser aprobada, esta ley significará un retroceso en los derechos de las mujeres y nos alejará aún más de un ideal de sociedad igualitaria. Para ello es pertinente comentar la experiencia de países que, animados por la misma causa (brindarles protección a las prostitutas), han legislado en un sentido similar a este proyecto. Muchos de ellos se arrepienten hoy del sistema que ayer impulsaron.


Burdel en Munich, Alemania.
Foto: Spinnerin

El caso alemán

Uno de los casos emblemáticos es Alemania: en 2002 se “reglamentó” la prostitución,  volviendo legales a los proxenetas. Diez años más tarde, el balance es amargo: la ley ha favorecido a estos y no a las prostitutas. 

¿Por qué? Porque todo el dispositivo beneficia a los ahora intachables empresarios: basta tener un permiso rutinario para abrir un burdel, y estos ambiciosos hombres de negocios alquilan pequeños cuartos a mujeres que migran de toda Europa del Este y de países pobres del resto del mundo (el 90 por ciento de las prostitutas son migrantes, muchas sin papeles). 

La falta de papeles de identificación es una de las razones que explican que la aplastante mayoría de las prostitutas en este país no tengan contrato de trabajo. Pero no es la única: incluso quienes tienen sus papeles en regla prefieren no tener un contrato de trabajo legal con su empleador. 

¿Por qué entre el 1 y el 5 por ciento de las prostitutas en Alemania no ha firmado un contrato de trabajo? Básicamente, ellas no lo consideran un “trabajo como cualquiera”. Prefieren que sus nombres no figuren en los registros oficiales y prefieren trabajar en la sombra. 

A los dueños de los establecimientos les conviene que las cosas sean así, porque manejan una masa salarial pequeña, evitan cubrir las cargas sociales y tienen un mayor margen de maniobra para rotar al personal. Se trabaja, pues, en un sistema donde los más poderosos (los dueños de los negocios) explotan todas las posibilidades de la ley, al tiempo que subsisten altas dosis de informalidad, de flexibilidad y de inseguridad laboral. 

Los proxenetas han acumulado un enorme poder, y corrompen fácilmente a muchos sectores. Mientras tanto, buena parte de la ciudadanía duerme tranquila: se imagina que la integración al sistema legal y comercial arregló todas las dificultades de las prostitutas.

Mientras tanto, las prostitutas siguen ejerciendo una actividad donde la violencia es una amenaza real: los clientes ingresan a esos establecimientos para darles libre desarrollo a sus fantasías, que han sido infladas previamente por una pornografía cada vez más violenta.

Pero en este sistema no es sencillo apelar ante los abusos. En Alemania, varios años después de aprobada esta ley, muy pocas prostitutas han logrado demandar a los clientes o a sus empleadores por abusos laborales. Ellos, en cambio, aprovechan las ventajas del sistema: al ser un negocio perfectamente legal, saben que es muy poco lo que la Policía puede verificar. 


Reeperbahn, la zona roja de Hamburgo en Alemania.
Foto: Borja Iza

Otros ejemplos

Tanto las organizaciones que trabajan sobre el terreno, como la Policía, saben que en los países reglamentaristas ha aumentado la trata de personas. Así, la organización  COMESHA, que contabiliza los casos de trata, muestra que en  Holanda las denuncias se han multiplicado por 5 desde la política de legalización. Pero su margen de maniobra ha disminuido.

Por otra parte, al dispararse la “oferta” (hay actualmente en Alemania cerca de 400.000 prostitutas, mientras que en la vecina Francia, que penaliza el proxenetismo, hay alrededor de 30.000), pueden exigirles más cosas a estas mujeres: cada vez hay clubes más grandes, proponiendo más y más “servicios”. Como dice un anuncio del Pussy Club de Stuttgart: “Sexo con nuestras mujeres, tanto tiempo como quiera, tantas veces como quiera, de todas las maneras que quiera. Sexo. Sexo anal, sexo oral sin preservativo. Sexo de tres formas. 70€ /día o 100€/noche”.

Señalemos que la actual legislación de la ciudad de  Bogotá va en un sentido similar: el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, establece que habrá “centros comerciales sexuales”, con locales de mínimo 3.200 m2.

En este sistema, las mujeres son piezas de un engranaje muy bien aceitado: en los clubes de España (país que ha legislado recientemente en un sentido similar a Alemania) cada 21 días, correspondiente al ciclo menstrual, hay rotación de las mujeres, lo que asegura que haya “carne fresca”. Además, en España, una alta proporción de estas mujeres son colombianas (son el segundo o tercer grupo nacional en este sector). 

¿Reglamentar en favor de los proxenetas?

Este sistema potencia a la industria del sexo: sus ingresos han aumentado de forma considerable (¡este sector representa el 2 por ciento del PIB de España!), y existen ahora ciudades enteras dedicadas a la prostitución (como La Junquera, también en España). 

En Sarbruck, Madrid o Berlín crecen los megaburdeles, ahora llamados “clubes”, mientras que ellas ganan menos dinero que antes de la legalización, y siguen igual de desprotegidas en muchos aspectos. 

Lo que está comenzando a cambiar es la conciencia sobre a quiénes ha favorecido esta ley: varios de los legisladores que ayer aprobaron este proyecto hoy se arrepienten. Recientemente, en  Alemania fue lanzada una gran campaña para exigir un cambio de la ley aprobada en 2002. Y la prensa sigue dando cuenta de más casos de toma de conciencia de los responsables políticos. 

En Sarbruck, Madrid o Berlín crecen los megaburdeles, ahora llamados “clubes”, mientras que ellas ganan menos dinero que antes de la legalización, y siguen igual de desprotegidas en muchos aspectos.

Como afirma el director del Servicio de Investigación sobre la Prostitución de Stuttgart, el sr. Hohmann: “La legalización de la prostitución es un error de construcción decisivo (…) únicamente los proxenetas aprovechan la legalización de la prostitución”.

En otros países reglamentaristas, las  exprostitutas denuncian la violencia del sistema. Pero las posibilidades reales de revertir esta situación son débiles: los proxenetas han acumulado un enorme poder, y corrompen fácilmente a muchos sectores. Mientras tanto, buena parte de la ciudadanía duerme tranquila: se imagina que la integración al sistema legal y comercial arregló todas las dificultades de las prostitutas.

En Colombia, estamos aún a tiempo de tomar conciencia sobre cómo las buenas intenciones pueden ser un camino infernal. Es preciso saber que otras políticas públicas son posibles. Estamos a tiempo de exigirles a nuestros legisladores trabajar por el bien de las mujeres y el bien común, y no por el modelo de sociedad que les gusta a los proxenetas.

 

*Doctora en Sociología de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París, miembro del Grupo de trabajo sobre el proyecto de ley 79.

 

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