Cuando la ley no es la base del Estado - Razón Pública
Inicio TemasLectura Pública Cuando la ley no es la base del Estado

Cuando la ley no es la base del Estado

Escrito por Camilo Castillo
Instituto Nacional de Migración en Tijuana, México.

Instituto Nacional de Migración en Tijuana, México.

Camilo Castillo Una explicación histórica sugerente sobre por qué en América Latina importan más las amistades que las leyes. Y esto se vale incluso para los magistrados de la Corte Constitucional de Colombia.

Camilo Castillo*

Ciudadanos imaginarios
Fernando Escalante Gonzalbo
Colegio de México
9 Edición. 2014.

En las oficinas del Estado

Uno de los rituales que debe sobreaguar un inmigrante a México es ir a la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) a renovar la visa para permanecer legalmente en el país.

El edificio, enorme y rudo, de la Avenida Ejército Nacional lo recibe con una hostilidad reservada a los foráneos. Una requisa, una pregunta por el motivo de la visita, la indicación de hacer una determinada fila y, por fin el inmigrante se encuentra con el funcionario competente que vuelve a preguntarle: “¿a qué viene?”

El migrante responde: “a renovar mi visa, estos son mis documentos”. El funcionario los revisa de manera rápida, medio descuidada, y dice: “Pos no se puede revisar su visa”. “¿Por qué no? Yo hice todos los trámites y tengo todos los documentos que la ley exige”. Replica el funcionario que “es que no se va a poder”. “Pero es que la ley dice que no hay ningún documento faltante, por ende, tengo derecho a que se tramite la visa”. “Mira chamaco, si me citas la ley tenemos problemas, además, ¡si sabes tanto de la ley para que me preguntas!”

Si no es la ley, ¿qué se debe citar ante un representante del Estado? ¿Por qué en un país como México el burócrata que había sido nombrado precisamente para velar por el  cumplimiento de la ley la desprecia de ese modo tan olímpico?

El libro Ciudadanos imaginarios da pistas para entender el abismo que existe entre el ordenamiento jurídico y la realidad social en el México del siglo XIX. Sin embargo, algunas de sus conclusiones pueden extrapolarse a otros países de Latinoamérica cuyas condiciones sociales, políticas y económicas son hoy por hoy similares a las de aquel país.

El magistrado Mauricio González Cuervo.
El magistrado Mauricio González Cuervo.
Foto: Corte Constitucional de Colombia

Instituciones importadas

El autor hace una serie de precisiones sobre lo que debe entenderse como moral pública, y a partir de esta noción establece cuáles son los comportamientos propios de los ciudadanos que integran una comunidad política donde existe una moral pública uniforme.

La moral pública es el conjunto de valores que se consideran provechosos dentro de una comunidad. Gracias a este consenso, las autoridades disponen de los instrumentos jurídicos necesarios para buscar que esos valores prevalezcan y para desincentivar las conductas contrarias a los mismos.

Eso fue lo que pasó en Europa y Estados Unidos. Pero en los países latinoamericanos, el proceso fue distinto. Aquí se intentó imponer una serie de valores que no concordaban con la realidad cotidiana de los habitantes. De allí que en el título del libro figure la palabra “imaginarios”: nuestras instituciones no fueron diseñadas para regular los comportamientos de los habitantes de este territorio.

Esta situación permitió que en la vida real se valorara más la lealtad personal que la lealtad institucional, pues gracias a la primera era posible obtener beneficios del Estado, mientras que la obediencia de la ley no tenía recompensa y muchas veces podía desembocar en problemas con la comunidad.

¿Por qué ocurrió esto? Porque la formación histórica de las “naciones” latinoamericanas implicó recurrir a la negociación con poderosos y diversos actores sociales. Cada uno de ellos buscó entonces obtener algún beneficio del ordenamiento jurídico, pues ninguno deseaba quedar completamente al margen de la legalidad –lo cual le habría traído  consecuencias indeseables, como la persecución o la confiscación de sus bienes-.

En suma, de acuerdo con el libro, las élites latinoamericanas buscaron imponer un modelo que no era adecuado para las diversas moralidades que existían en estos territorios.

Protesta frente al Palacio de Justicia en bogotá.
Protesta frente al Palacio de Justicia en bogotá.
Foto: Carmela María

La moral comunitaria

Una de las características de la moral moderna es la defensa del individuo frente al poder del Estado. Por eso la legislación moderna impuso los tributos y la titulación individual de la tierra. Pero estas formas de actuar eran contrarias a las prácticas de los pueblos originarios de América, quienes por eso resistieron los intentos del Estado por recaudar tributos individuales y reclamaron en cambio la tributación colectiva. 

Por otra parte la moral precolombina permitía la existencia de un líder que representaba a la comunidad frente al Estado y, por tanto, la lealtad de la comunidad estaba con el líder  y no con el Estado. Al fin y al cabo, el líder era una persona reconocida de la comunidad, mientras que el Estado era un gran desconocido que aparecía solo en busca de dinero. En consecuencia, la norma era lo que decía el líder y no lo que dijera el Estado.

Los hacendados eran otro grupo que se resistía al Estado (aunque muchos pertenecieran a él e hicieran sus leyes). Muchos hacendados eran liberales y estaban de acuerdo con los postulados de la moralidad moderna. Y sin embargo muchos se negaban a permitir que la moralidad liberal del cumplimiento de la ley entrara en sus propiedades, porque a la larga  habría implicado la erosión de su poder dentro de la hacienda.

Los hacendados se comportaban como amos y señores, y aunque sabían que su conducta  tenía límites, se debían a la moralidad señorial y no a la coacción del Estado. Si el señor rompía los lazos con sus aparceros o sus peones, el orden instaurado dentro de la hacienda se desharía porque las ideas de libertad y respeto del individuo contradicen la idea de reciprocidad, donde quien obedece recibe a cambio la protección por parte del hacendado. En consecuencia, la lealtad personal es mucho más importante que seguir los dictados del Estado.

La ley no es impersonal

A la luz de lo anterior se entiende por qué la ley en América Latina no es la instancia final o la última razón para tramitar las diferencias entre los ciudadanos, sino apenas uno de criterios que deben tenerse  en cuenta. En la práctica entonces – y regresando al ejemplo del comienzo- lo importante es la simpatía que el ciudadano despierte en el funcionario o, para decirlo en mexicano, tener un “cuate” que ayude dentro de la administración para lograr   un favor que el funcionario pueda cobrar en el futuro.

Decía Carlos Nino que en Argentina la ley era un motivo para abrir una conversación, pero nunca lo era para cerrar ninguna. Este dicho es aplicable a toda América Latina, un lugar donde las lealtades personales superan a las institucionales.

Así lo muestra también una frase de un magistrado ternado por Uribe para la Corte Constitucional. Al resultar elegido, el doctor González Cuervo declaró sin rubores: “El presidente Uribe me dijo que fuera imparcial”. No hizo referencia a la institución o a la majestad del cargo. Lo importante era quedar bien con el jefe. A fin de cuentas, él era juez constitucional porque tenía un buen cuate, y parece que tenía claro que citar la ley como fundamento de una decisión le traería problemas.
 

* Licenciado en Filosofía y letras de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Abogado y Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia. Candidato a doctor en Derecho por la Universidad del Rosario. Profesor de Teoría del Derecho de la Universidad del Rosario.

@cecastillos

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies