Durante los últimos meses se han presenciado abusos por parte de la Fuerza Pública que destruyen la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Estos han sido los hechos.
César Niño*
El manejo represivo de las protestas sociales
Pese al final del conflicto armado entre el Estado y la guerrilla de las FARC, los asuntos de seguridad no van muy bien en Colombia.
Este último año se ha visto marcado por la atomización y mercantilización de la violencia, por infortunios estratégicos, debacles operacionales e ilegitimidades rampantes en cabeza de nuestras Fuerza Pública.
El estallido social de finales de abril de 2021 demostró la torpeza o los instintos represivos del gobierno Duque. Reclamos legítimos sobre la educación, la desigualdad, la pobreza, los impuestos y la violencia llevaron a la ciudadanía a un paro que fue respaldado por el 75 % de la población. Esto dio pie a la erosión del nexo cívico-policial, puesto que varios miembros de la Policía incurrieron en acciones criminales contra los manifestantes.
El gobierno no supo leer los acontecimientos ni comprender que los reclamos sociales no desparecen simplemente por obra de la represión. Además de la cadena de errores por parte del gobierno, tales agentes del Estado cometieron actos criminales que no se pueden excusar por el hecho de que algunos de los manifestantes también hubieran cometido delitos.
Los hechos violentos o desproporcionados, en algunos casos por parte de agentes del Estado, llamaron la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya tenía un informe detallado con recomendaciones específicas en junio.
A partir de ese informe, el Estado reportó que entre el 28 de abril y el 4 de junio se llevaron a cabo 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos. Es importante notar que el 89 % de las protestas se desarrollaron sin registrar hechos de violencia y contaron con el acompañamiento de las personerías municipales, gestores de convivencia, funcionarios de la defensoría del pueblo y agentes policiales.
Mientras las ciudades se militarizaban en nombre de la seguridad, paradójicamente aumentaban la inseguridad y la violencia en los territorios.
El problema se debió al 11 % restante de las protestas, donde sí hubo violencia de lado y lado. En estas hubo enfrentamientos entre la ciudadanía y la policía y violaciones evidentes de los derechos humanos.
El 28 de mayo de 2021, mediante el Decreto 575, la administración Duque autorizó a las Fuerzas Militares a acompañar los operativos de la Policía en ocho departamentos. Una acción anacrónica, llena de vacíos y muy peligrosa, pues la ciudadanía queda así declarada como enemiga del Estado. Y viceversa.
Renacer de las violencias
Mientras las ciudades se militarizaban en nombre de la seguridad, paradójicamente aumentaban la inseguridad y la violencia en los territorios.
Según Indepaz, el año pasado se registraron 88 masacres y 313 personas asesinadas. En lo corrido del 2022 han sido asesinados 52 líderes sociales y defensores de derechos humanos, y 14 excombatientes firmantes del Acuerdo de paz.
Por otra parte, se han fortalecido las organizaciones y gobernanzas criminales. El ELN ha aumentado su presencia territorial hasta el punto de hacer un paro armado en el departamento de Arauca mientras el presidente y la cúpula militar se encontraban a 18 kilómetros del lugar.
Mientras esto ocurre, el gobierno hace gala de sus éxitos operacionales, pues entre 2018 y 2021 logró desmovilizar 994 miembros del ELN y remanentes de las FARC. Además, ha logrado reducir de 173.000 a 143.000 las hectáreas de cultivos ilícitos y aumentar en 33 % las acciones contra la minería ilegal. También ha presentado como logro las capturas de cabecillas como Darío António Úsuga (Otoniel), las incautaciones de toneladas de cocaína y operaciones militares de alto valor.
Pero en los territorios la realidad es diferente. Además de los ya mencionados homicidios, según Indepaz hubo 72. 300 personas desplazadas por la violencia el año pasado, lo cual implicó un aumento del 200% en relación con 2020.
Existe pues un espacio vacío entre lo que entiende el gobierno por seguridad y lo que viven los habitantes de los territorios.
Una ciudadanía preocupada
Puede decirse sin dudas que estamos ante una crisis de confianza de la ciudadanía en la Fuerza pública. En términos generales, América Latina no tiene una buena percepción sobre sus fuerzas del orden, pero Colombia es el país con el mayor grado de desconfianza en su policía.
Los abusos y desproporciones de la fuerza pública en manifestaciones sociales ocasionan esa falta de confianza. En lugar de percibirlos como un alivio o una solución a la violencia, la ciudadanía percibe al Estado y sus instituciones como un factor más en las hostilidades que padece dentro de sus territorios.
En marzo de 2021 en Calamar (Guaviare) tuvo lugar una operación militar contra alias Gentil Duarte, líder de las disidencias de las FARC. Como producto de esta incursión murió un menor de edad, hecho que revivió lo ocurrido en 2019, cuando murieron al menos siete niños en un campamento de grupos criminales a consecuencia de otra operación del Ejército. La indignación de la ciudadanía, los defensores de derechos humanos y los propios congresistas llegó inclusive a motivar la renuncia del ministro de Defensa del momento, Guillermo Botero.
Pero esta vez el ministro Diego Molano dijo que los niños reclutados por los grupos armados eran “máquinas de guerra”. En otras palabras, la idea de seguridad del gobierno Duque es apenas una versión trasnochada de la Guerra Fría que no responde a las realidades de hoy y carece de altura estratégica o política.
Otra razón para desconfiar en la Fuerza Pública fue su afirmación en el sentido de que los colados al transporte público son un problema de seguridad mientras que el ELN y los remanentes de las FARC dejaban un saldo de 25 muertos en la frontera con Venezuela.
Existe pues un espacio vacío entre lo que entiende el gobierno por seguridad y lo que viven los habitantes de los territorios.
El 28 de marzo, el Ejército llevó a cabo una operación militar en Puerto Leguízamo, Putumayo, que ha sido analizada con detalle en esta misma revista y que ha venido a reforzar la desconfianza de la ciudadanía en sus fuerzas militares.
No obstante, la ciudadanía y la opinión reclaman mayor transparencia y ven con mayor preocupación lo que sucede en materia de conflicto y violencia. Esto puede ser un logro no anticipado del Acuerdo con las FARC: una ciudadanía más preocupada.
La ausencia del Estado
El Estado no abarca todo el territorio colombiano. Por ejemplo, el Ejército y la Policía Nacional hacen patrullajes en las zonas veredales y rurales, pero su presencia no es permanente ni ha sido acompañada por acciones integrales del Estado. Pese a sus operaciones en clave de seguridad, la violencia y la inseguridad no disminuyen.
En otras palabras, las instituciones pacifican, crean calma y dan salida pacífica a las tensiones sociales solo cuando ellas disfrutan de legitimidad o de plena confianza entre los habitantes, siempre y cuando haya legitimidad. Pero la existencia de zonas sin Estado y, por ende, sin instituciones, hace más fácil la violencia y la instauración de órdenes violentos.
La seguridad no puede existir sin el correcto binomio de institución-ciudadanía. Por eso, en último término, la violencia se vuelve una institución.
