Crisis Alimentaria en Colombia: hambre, problemas nutricionales y ausencia de información

El cambio climático avanza en el mundo y sus efectos se hacen cada vez más notorios. Uno de ellos se manifiesta en la inseguridad alimentaria y nutricional, cada vez más aguda en Colombia. Aquí le contamos los determinantes de esta situación y los retos que debe enfrentar el país para resolverla.

Sara Eloisa Del Castillo Matamoros*

Retos globales exacerbados en Colombia         

La convergencia del cambio climático y los problemas nutricionales tiene profundas implicaciones para los sistemas alimentarios. El cambio climático, caracterizado por el aumento de las temperaturas y la modificación de los regímenes de precipitaciones, puede provocar una disminución de la productividad agrícola, un aumento de los precios de los alimentos y, por esa vía, una creciente inseguridad alimentaria. Esto, a su vez, puede generar problemas nutricionales y, a la inversa, las dietas poco saludables contribuyen significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, exacerbando así el cambio climático.

En el contexto del cambio climático y la crisis alimentaria, los problemas alimentarios y nutricionales surge un claro patrón de Sindemía, o la concentración de dos o más epidemias, que constituye un reto complejo y multidimensional al que se enfrenta Colombia y muchos otros países latinoamericanos. Implica diversos factores con efectos interrelacionados y que se refuerzan mutuamente, como los impactos climáticos en la biodiversidad, incluida la alimentaria, que agrava los problemas nutricionales en sus extremos de desnutrición y obesidad, así como las desigualdades sociales, que afectan de manera desproporcionada la salud y el bienestar de los grupos más marginados del país.

El problema alimentario y nutricional en Colombia

El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria y nutricional son problemas persistentes en Colombia, América Latina y el mundo. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 13 millones de personas, están en inseguridad alimentaria moderada o severa, de los cuales 1,6 millones se encuentran en inseguridad alimentaria severa. 

En comparación con los resultados reportados por el PMA en 2022, la seguridad alimentaria de la población colombiana mejora al pasar de un 30% a un 25% de hogares en inseguridad alimentaria moderada o severa, lo que se traduce en una reducción de 2,5 millones de personas en esta situación.

En la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mediante ocho preguntas enfocadas en la medición de estos temas en el país, reportan que la inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares colombianos pasa de 28,1 % en 2022 a 26,1 % en el 2023, y la inseguridad alimentaria grave disminuyó de 4,9 % en 2022 a 4,8 % en 2023. Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa.

Como se nota en las cifras, las mediciones de la inseguridad alimentaria en los mismos periodos son diferentes. Una disminución de la inseguridad alimentaria en los hogares colombianos en el 5 % o en el 2 % implica una diferencia de más de 540 mil hogares, es decir cerca de 2 millones de personas que, en alguna de las dos mediciones, faltan o sobran. Reconociendo la idoneidad de las dos entidades de cooperación que reportan los datos, la diferencia responde a las metodologías usadas, pero no es un tema menor para las acciones que deben desplegarse en términos de atención a la población en inseguridad alimentaria.

Las políticas públicas en lo alimentario y nutricional deben contar con estadísticas centralizadas que no dejen duda en el alcance de las intervenciones y las responsabilidades de las entidades que deben garantizar la superación del hambre de la población en Colombia. Esta incertidumbre vuelve a poner sobre la mesa el llamado de la academia y las sociedades científicas de la nutrición del país, sobre la ausencia de datos especializados que debería estar proporcionando la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN).

La ENSIN ajusta casi una década de retraso, sin posibilidad de proporcionar estadísticas a profundidad. Esto condena la toma de decisiones en nutrición y alimentación en Colombia al uso de información que considera sólo una dimensión de la seguridad alimentaria y a ninguna información de la seguridad nutricional, mucho menos a la posibilidad de analizar alguno de sus determinantes.

En 2022, profesoras y profesores de once universidades parte de la Alianza Universitaria por el Derecho a la Alimentación—ALUDHAA, entregaron el informe del estudio multicéntrico sobre la inseguridad alimentaria y la inseguridad hídrica de 12 ciudades de Colombia. Para dicho informe, se utilizó la misma metodología de medición de la ENSIN, mostrando que 7 de cada 10 hogares están en inseguridad alimentaria y 16 de cada 100 hogares padecen de inseguridad hídrica, siendo una muestra mayoritariamente de hogares urbanos. 

Dada la magnitud del problema que muestran esas cifras, la situación debería abordarse como una emergencia nacional. Pero a casi 2 años de haber entregado el reporte a las instancias nacionales responsables, aún no hay acciones contundentes e integrales para hacerle frente a un país con un porcentaje considerable de su población padeciendo hambre.

Los determinantes invisibilizados del hambre 

Colombia, al igual que toda Latinoamérica, ha experimentado el aumento más alto del coste de las dietas saludables en comparación con las otras regiones del mundo. Esta situación mina la asequibilidad a una alimentación saludable de una gran parte de la población y afecta directamente la nutrición de los niños y niñas, mujeres gestantes, lactantes y en edad fértil, así como la de otros grupos vulnerables.

La configuración actual de los sistemas alimentarios socava los derechos humanos, agudizan las desigualdades, amenazan la biodiversidad y contribuyen con el cambio climático. De acuerdo con el  Relator Especial sobre el Derecho a la alimentación, Michael Fakrhi: “La mayoría de los productores de alimentos del mundo trabajan a pequeña escala y la pandemia los afecta con dureza al limitar su acceso al territorio y a los mercados”; señala también que son las mujeres, quienes tienen más probabilidad de pasar hambre mientras cargan con la responsabilidad de alimentar a su familia, y además sufren discriminación  en la propiedad de tierras y ganado, así como en salarios.

De manera paralela, la intensificación industrial ha desequilibrado los ecosistemas con impactos negativos en el uso del suelo y el agua, contribuyendo a su degradación y agotamiento. Además de incidir con la pérdida de la biodiversidad y la emisión de la tercera parte de gases de efecto invernadero. Colombia posee una rica biodiversidad que ofrece una gran variedad de recursos alimentarios. Sin embargo, también se enfrenta a graves dificultades en materia de seguridad alimentaria y nutricional, como los altos niveles de desnutrición en algunas regiones y el aumento de las tasas de obesidad en todo el país.

Aunque muchos países de la región se enfrentan a retos similares relacionados con la seguridad alimentaria y la transición energética, el contexto específico de Colombia está influido por su singular geografía, biodiversidad e historia social y política. Por ejemplo, a diferencia de algunos países latinoamericanos que dependen en gran medida de un solo cultivo o recurso, los diversos ecosistemas de Colombia permiten una amplia gama de actividades agrícolas. 

En ese sentido, el logro del derecho a la alimentación es un imperativo, y la ruta para su cumplimiento se enmarca en las escalas de realización social. Es necesario un camino enfocado en la soberanía alimentaria como precondición de la seguridad alimentaria y nutricional genuina, en donde las autonomías alimentarias constituyen el ejercicio concreto en los territorios que reconoce el entretejido de la alimentación, la agricultura, los ecosistemas y la cultura, movilizando otras relaciones sociales, ambientales y económicas justas y sustentables. 

Todos esos son determinantes que deben incluirse en una política pública amplia que apunte a enfrentar el hambre y la inseguridad alimentaria en Colombia desde el logro de sistemas alimentarios sustentables, garantes del derecho a la alimentación, para no retroceder a respuestas asistencialistas y sectoriales, aparentemente superadas en Colombia.

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